En Colombia, el acceso a la justicia sigue siendo un desafío significativo. La congestión judicial, los largos tiempos procesales y las barreras económicas y sociales limitan la garantía de un verdadero acceso a una justicia oportuna y equitativa, afectando el cumplimiento de derechos humanos fundamentales. Frente a este panorama, la justicia predictiva, basada en inteligencia artificial, se posiciona como una herramienta prometedora para transformar el sistema judicial, democratizando el acceso a la justicia y acelerando la resolución de conflictos.

Esta ponencia aborda una pregunta central: ¿cómo puede la justicia predictiva contribuir a garantizar el acceso real y oportuno a la justicia, fortaleciendo los derechos humanos en Colombia? Para responder, el análisis se desarrolla en cinco etapas. Primero, se plantea el contexto actual del sistema judicial colombiano, destacando sus principales limitaciones y cómo estas afectan a las poblaciones más vulnerables. Segundo, se presenta el concepto de justicia predictiva, explicando cómo herramientas de inteligencia artificial podrían ser utilizadas para prever resultados en procesos judiciales, optimizar recursos y agilizar la gestión de casos. En este punto, se exploran las oportunidades que estas tecnologías podrían ofrecer en el contexto colombiano, tomando como referencia tendencias globales en la modernización de sistemas judiciales.

El enfoque metodológico combina una revisión documental de iniciativas relevantes en la integración de tecnología en la justicia, con simulaciones proyectadas para estimar el impacto de la justicia predictiva en áreas críticas como la reducción de tiempos procesales, la orientación jurídica inicial y la asignación eficiente de recursos. A lo largo del análisis, también se identifican retos éticos, como la necesidad de transparencia en los algoritmos, la eliminación de sesgos en los datos y el respeto al debido proceso.

La conclusión principal es clara: la justicia predictiva tiene el potencial de aliviar la congestión judicial y democratizar el acceso a la justicia al eliminar barreras económicas y geográficas. No obstante, su implementación requiere de un marco normativo y ético robusto que garantice su uso justo y equitativo, protegiendo los derechos fundamentales de todas las personas.

Esta ponencia no busca únicamente resaltar las posibles ventajas de la inteligencia artificial en el derecho, sino también abrir un debate sobre su implementación responsable en Colombia. Al final, el objetivo es presentar recomendaciones concretas, como el diseño de proyectos piloto en sectores específicos, la capacitación de operadores judiciales en el uso de herramientas tecnológicas y el desarrollo de políticas públicas que fomenten el acceso inclusivo a la justicia.

La justicia predictiva no es una solución mágica, pero sí una oportunidad para repensar cómo garantizar el acceso a la justicia en un sistema que lo necesita urgentemente. Con la implementación adecuada, puede convertirse en una herramienta para transformar la relación entre el ciudadano y el sistema judicial, haciendo que la justicia sea más accesible, eficiente y humana.

Sumario de la ponencia:

El constitucionalismo reticular como método de interpretación novedoso para comprender los neuroderechos

El avance de la neurotecnología ha planteado desafíos sin precedentes para el derecho, en particular para el constitucionalismo. La emergencia de los llamados neuroderechos—derechos fundamentales que buscan proteger la identidad, privacidad y autonomía mental frente a la intervención tecnológica—exige una revisión de los paradigmas jurídicos tradicionales. En este contexto, el constitucionalismo reticular se presenta como un enfoque innovador para interpretar y abordar estas nuevas problemáticas desde una perspectiva dinámica y adaptativa.

El constitucionalismo clásico ha estado históricamente anclado en modelos estáticos y jerárquicos que, si bien han servido de base para la evolución del derecho, resultan insuficientes para comprender fenómenos tan complejos como los neuroderechos. La propuesta del constitucionalismo reticular introduce una visión descentralizada e interconectada del derecho constitucional, inspirada en el funcionamiento de redes dinámicas. Este modelo permite entender los derechos fundamentales como nodos interdependientes dentro de un sistema jurídico en constante evolución, donde las conexiones entre principios constitucionales, tratados internacionales, avances científicos y desarrollos tecnológicos se vuelven fundamentales para la interpretación y aplicación del derecho.

En este sentido, los neuroderechos exigen un enfoque normativo que supere la fragmentación actual del derecho y aborde su complejidad desde una estructura flexible e interconectada. Conceptos como el derecho a la privacidad mental, la identidad personal y la autodeterminación cognitiva requieren una interpretación que no se limite a las categorías tradicionales del derecho constitucional, sino que incorpore elementos de la ética, la ciencia y la filosofía.

El constitucionalismo reticular ofrece herramientas para enfrentar estos desafíos al reconocer que las normas y principios jurídicos no existen en compartimentos estancos, sino que forman parte de un entramado normativo en el que interactúan múltiples actores y disciplinas. Desde esta óptica, la protección de los neuroderechos no puede depender únicamente de los marcos constitucionales nacionales, sino que debe abordarse a través de una red de normativas supranacionales, regulaciones tecnológicas y principios éticos compartidos.

Este enfoque también permite repensar la relación entre el derecho y la tecnología. En lugar de considerar la neurotecnología como una amenaza que debe ser contenida mediante prohibiciones, el constitucionalismo reticular abre la posibilidad de un diálogo normativo que equilibre la innovación con la protección de los derechos fundamentales. De este modo, se propone una gobernanza jurídica distribuida, en la que las constituciones no sean documentos cerrados, sino estructuras vivas capaces de adaptarse a los cambios sociales y científicos.

En conclusión, el constitucionalismo reticular no solo proporciona un marco teórico adecuado para comprender los neuroderechos, sino que también ofrece un método interpretativo flexible y acorde con la realidad jurídica del siglo XXI. La interconexión entre el derecho, la tecnología y los derechos humanos exige modelos normativos que trasciendan las estructuras rígidas del constitucionalismo tradicional y se orienten hacia una comprensión en red de los principios fundamentales. Así, esta ponencia invita a repensar el derecho constitucional como un ecosistema en constante evolución, donde la protección de los neuroderechos depende de nuestra capacidad para interpretar el derecho de manera innovadora y adaptativa.

La ponencia aborda la relación entre las neurociencias, las neurotecnologìas con los
derechos humanos. En ese marco, la pregunta problema indaga acerca del tipo de lineamientos jurídicos esenciales que desde el ámbito de los derechos humanos puede proponerse para velar por la protección de los neuroderechos en Colombia.

Para dar respuesta a este interrogante, se precisará en un primer momento la naturaleza, el sentido y el alcance de los denominados neuroderechos, con el propósito de develar su matriz filosófico-política y de esta manera determinar sí nos encontramos frente a un nuevo catálogo de derechos del sujeto de la era digital y revolución tecnológica o sí se trata de escenarios que requieren de una reinterpretación robusta de los derechos fundamentales consagrados en la carta política de 1991 y en los preexistentes tratados internacionales en derechos humanos. Adicional, se mostrará el estudio comparado de los procesos de regulación jurídica por los que se encuentran transitando algunos países latinoamericanos y sobre estos insumos, se propondrán los lineamientos fundamentales para el marco de protección jurídica de los neuroderechos en Colombia.

La investigación es de tipo cualitativa y de alcance descriptivo. Se hará uso del método analítico y método comparado para el cumplimiento de los objetivos.

Roberto Mauricio Romero Cárdenas- Johanna Marcela Durán Molina

La relación de las tecnologías de inteligencia artificial (TIA) y los derechos fundamentales ha concitado la atención de la investigación jurídica y esta se ha situado, casi unánimemente, en un enfoque individualizador. Este adopta como premisa que las acciones de identificación, evaluación y limitación de los riesgos que representan las TIA lo son con relación a específicas instituciones en escenarios determinados. El ejemplo más claro del abordaje con un enfoque individualizador es el de la injerencia de las TIA en específicos derechos fundamentales, como las injerencias en la intimidad derivadas de la recolección, procesamiento y uso masivos de datos personales; para la igualdad, en la medida que las máquinas inteligentes podrían discriminar en la asignación de ayudas o derechos producto de los sesgos con los que pueden ser programadas y entrenadas; para las garantías procesales, producto de su utilización en la actividad policial y en la investigación y el juzgamiento penales, etc.

La hipótesis de esta propuesta consiste en que ese enfoque individualizador es insuficiente para dar cuenta de las complejas relaciones existentes entre los derechos fundamentales y las TIA; y que, en consecuencia, requiere ser complementado con un enfoque sistémico que considere que los riesgos que representan las TIA tienen dicho carácter, es decir, que «son riesgos que afectan a todo el sistema» (Bartneck et al., 2021, p. 47). El enfoque sistémico que se sostiene parte de la base que las TIA tienen un carácter disruptivo y que sus efectos son transversales a distintas esferas de la organización social; en consecuencia, trascienden a instituciones o regulaciones específicas. El enfoque sistémico adopta dos presupuestos. El primero, que el desarrollo y utilización de las TIA se hace dentro del marco económico y social propio del capitalismo. Este determina que las TIA se orienten, predominantemente, a la producción de bienes y servicios, a la eficiencia de esos bienes y servicios y a la maximización de las utilidades provenientes del desarrollo o utilización de tales tecnologías. Como contrapartida, las lógicas capitalistas aplicadas al desarrollo y uso de las TIA pueden conducir a escenarios potencialmente incompatibles con el sistema democrático, como la comodificación de los derechos humanos o la inclusión predatoria. El segundo presupuesto que adopta el enfoque sistémico es el de la necesidad de construir dispositivos teóricos para la identificación y evaluación de los efectos de las TIA desde la realidad del Sur Global americano; y, en consecuencia, para el desarrollo de remedios también desde esas realidades. El Norte Global concentra un porcentaje muy mayoritario de la producción científica en materia de TIA y ha llegado a ser su principal productor. El Sur Global, destinado a ser comprador y usuario de TIA, debe lidiar, además, con modelos teóricos e investigación realizada sobre la base de una fenomenología que no le es propia.

En en enfoque sistémico es posible advertir que las TIA tienen una capacidad de reconfiguración potencial de los elementos estructurantes del estado de derecho democrático, de tipo disruptivo. Esta capacidad de reconfiguración constituye el riesgo sistémico que representan las TIA que se expresa en diversos aspectos de aplicación del sistema democrático y determinan el contenido y eficacia de los instrumentos de contención de esas amenazas. Los efectos y alcances de la capacidad de reconfiguración se determinan por la naturaleza esencialmente económica del contexto capitalista que ha permitido el desarrollo de las TIA. Las lógicas capitalistas aplicadas al desarrollo y uso de las TIA producen una constante tensión con los valores del sistema democrático y llevan a la creación de escenarios potencialmente incompatibles con este último. Esas incompatibilidades se concretan en que las TIA pueden llegar a contradecir el conjunto de condiciones básicas de desenvolvimiento del sistema democrático y, con ello, de los derechos humanos. El punto de partida de este enfoque macro se encuentra en la Primera Ley de Kranzberg: “La tecnología no es ni buena ni mala; tampoco es neutral” (1995, p. 5). La no-neutralidad de la tecnología se refiere al hecho que esta produce efectos, deseados o no, sobre la realidad en la que esta se aplica. En el caso de las TIA, las y los investigadores han expresado sus preocupaciones sobre los derechos fundamentales en el contexto de las transformaciones producidas por la introducción de la IA. Estas preocupaciones se refieren a los efectos positivos y negativos que tales tecnologías pueden tener sobre la vigencia efectiva de los derechos humanos.

Ha surgido una intensa discusión sobre el alcance y significado de los efectos de las TIA, la datificación y la plataformización en el ámbito económico. Como lo describe Morozov (2022), investigadoras e investigadores han visto en este proceso el término del capitalismo y su reemplazo por un modelo basado en estructuras feudales de generación y apropiación de valor (sustitución de la ganancia o utilidad capitalista, por la renta feudalista) (el denominado 'tecnofeudalismo': Dean, 2020; Durand, 2021; Varoufakis, 2024; Wark, 2019). Otros autores, en cambio, evalúan esos efectos como una disrupción del capitalismo o como un conjunto de recurrencias dentro del mismo (Piletić, 2024, pp. 438-439). STAIR no es sobre la disputa por la supervivencia o término del capitalismo, sino que tiene un interés más modesto: los efectos, cuya ocurrencia no se cuestionan, que las TIA pueden tener en el las relaciones económicas que impacten los derechos de tercera generación, en la taxonomía de derechos propuesta por Vasak (1977). Entre ellos, los derechos fundamentales en el ámbito laboral. La vigencia de estos derechos es tensionada por las TIA (Baxi, 2007, p. 43). STAIR asume que las TIA han provocado el surgimiento de un nuevo orden económico (Hicks, 2020, p. 3; Verdegem, 2022): el capitalismo de la IA (Käll, 2023; Verdegem, 2022) que es una evolución del capitalismo industrial y financiero (Demir and Çakmak, 2023, pp. 202–203). El capitalismo de la IA comenzó a forjarse junto con la gran crisis financiera de 2007-2008, coincidiendo con el aumento del poder computacional y los grandes flujos de dinero que los estados pusieron en circulación como medida anticrisis y que sirvieron para la financiación de la investigación y desarrollo de las IA. El capitalismo de la IA se caracteriza por la radicalización de las estructuras económicas neoliberales (Bilić et al., 2021, pp. 21–22), como la flexibilización, la precarización laboral, procesos de privatización o recortes de gasto público (Piletić, 2024, p. 442).

Desde una perspectiva de economía política de la IA se puede sostener que el capitalismo de la IA intensifica los building blocks o bloques estructurantes capitalistas, generando una relación de conflicto con las instituciones básicas de las democracias liberales y sociales que se materializa en una restricción o eliminación de las condiciones necesarias para la eficacia de los derechos y un aumento de la conflictividad social. Por un lado, provocando un aumento en la frecuencia de los conflictos sociales; y por otro, la resistencia al cambio tecnológico. Tal como lo ha mostrado Mokyr (1992), el surgimiento del capitalismo industrial hizo que grupos sociales adoptaran una actitud resistente a la mecanización que comenzaron a experimentar los procesos productivos. Entre ellos, los sindicatos de trabajadores, y con justa razón. La mecanización implicó un deterioro en las condiciones laborales, pérdida de puestos de empleo y, en general, empobrecimiento para sectores de la sociedad. La resistencia se expresó por diferentes vías, como huelgas, sabotajes o protestas, y muchas de ellas condujeron a conflictos para cuya gestión el derecho penal se presentó (y sigue presentándose) como una alternativa preferida por las clases gobernantes. En el contexto del capitalismo de la IA es razonable pensar que ese escenario vuelva a producirse y, en el mejor de los casos, podría discutirse solo un tema de intensidad o de las vías por las cuales se expresará la resistencia.

Referencias:
Bartneck, C., Lütge, C., Wagner, A. and Welsh, S. (2021). An introduction to ethics in robotics and AI. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51110-4
Baxi, U. (2007). Failed Decolonisation and the Future of Social Rights: Some Preliminary Reflections. In D. Barak-Erez & A. M. Gross (Eds.), Exploring Social Rights : Between Theory and Practice (pp. 41–55). Hart Publishing. https://doi.org/10.5040/9781472564214.ch-003
Bilić, P., Prug, T. and Žitko, M. (2021). The Political Economy of Digital Monopolies. Contradictions and Alternatives to Data Commodification. Policy Press. https://doi.org/10.1332/policypress/9781529212372.001.0001
Dean, J. (2020). Neofeudalism: The End of Capitalism? Https://Lareviewofbooks.Org/Article/Neofeudalism-the-End-of-Capitalism/.
Demir, C. and Çakmak, S. (2023). Artificial Intelligence, Technological Change, and the Future of Capitalism. In A. Ari (Ed.), Capitalism at a Crossroads. A New Reset? (pp. 197–210). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23257-2_11
Durand, C. (2021). Tecnofeudalismo. Crítica de la economía digital. La Cebra/Kaxilda.
Hicks, J. (2020). Digital ID capitalism: how emerging economies are re-inventing digital capitalism. Contemporary Politics, 26(3), 330–350. https://doi.org/10.1080/13569775.2020.1751377
Käll, J. (2023). Posthuman Property and Law. Commodification and Control through Information, Smart Spaces and Artificial Intelligence. Routledge.
Kranzberg, M. (1995). Technology and History: “Kranzberg’s Laws.” Bulletin of Science, Technology & Society, 15(1), 5–13. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/027046769501500104
Mokyr, J. (1992). Technological Inertia in Economic History. The Journal of Economic History, 52(2), 325–338. https://doi.org/10.1017/S0022050700010767
Morozov, E. (2022). Crítica de la razón tecnofeudal. New Left Review, 133/134, 99–140.
Piletić, A. (2024). Continuity or change? Platforms and the hybridization of neoliberal institutional contexts. Review of International Political Economy, 31(2), 438–462. https://doi.org/10.1080/09692290.2023.2220088
Varoufakis, Y. (2024). Tecnofeudalismo. El sigiloso sucesor del capitalismo (M. Valdivieso, Trans.). Ediciones Deusto.
Vasak, K. (1977). A 30-year struggle. The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights. The UNESCO Courier, November, 29–32.
Verdegem, P. (2022). Dismantling AI capitalism: the commons as an alternative to the power concentration of Big Tech. AI & Society. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00146-022-01437-8
Wark, M. (2019). Capital is dead: Is This Something Worse? (Edición EPUB). Verso.

Esta ponencia examina críticamente la incidencia de las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial (IA), en la participación ciudadana en decisiones judiciales en América Latina, enfocándose en el litigio estratégico como mecanismo de acción política y jurídica. La pregunta de investigación que guía este trabajo es: ¿cómo inciden las nuevas tecnologías, y particularmente la inteligencia artificial, en la participación ciudadana en la toma de decisiones judiciales en América Latina, a través de mecanismos como el litigio estratégico, desde una perspectiva crítica y emancipadora? La hipótesis parte de que, si bien las tecnologías emergentes prometen mejorar la eficiencia y accesibilidad del sistema judicial, en la práctica pueden reforzar dinámicas de exclusión y tecnocratización que debilitan el control ciudadano y la función transformadora del litigio estratégico. El trabajo se estructura en seis momentos: una introducción que contextualiza el surgimiento de la IA en el ámbito judicial latinoamericano, seguida de un marco teórico sustentado en la teoría crítica del derecho y en autores latinoamericanos como Boaventura de Sousa Santos, Óscar Correas y Raquel Yrigoyen, que permiten comprender las relaciones entre derecho, poder y exclusión. Luego se analiza el vínculo entre tecnologías emergentes, justicia algorítmica y litigio estratégico, destacando el riesgo de despolitización que puede implicar la adopción de herramientas tecnológicas en la administración de justicia. En el centro del trabajo se presenta un estudio de caso representativo (Colombia, Argentina y Brasil) donde se ilustra cómo el uso de sistemas algorítmicos o plataformas digitales ha impactado los procesos judiciales impulsado por organizaciones sociales. La metodología es cualitativa y se basa en análisis documental, revisión crítica de literatura clave en litigios estratégicos. Asimismo, se aplican herramientas de análisis discursivo para rastrear las narrativas de legitimación tecnológica en el discurso jurídico. Las fuentes se extraen de bibliografía académica especializada, informes institucionales, sentencias y bases de datos de repositorios latinoamericanos como CLACSO, SciELO y RedALyC. La conclusión principal sostiene que la implementación de inteligencia artificial en el sistema judicial no es neutral, sino que conlleva una carga ideológica que puede erosionar la participación democrática si no se establecen mecanismos de transparencia, control social y apropiación crítica de estas herramientas por parte de los movimientos sociales. A pesar de experiencias donde actores sociales han sabido incorporar tecnologías para potenciar sus luchas, se advierte una tendencia a la automatización opaca y a la sustitución de decisiones humanas por procesos algorítmicos, lo cual podría despolitizar el litigio y reducir su potencia emancipadora. Se propone, en consecuencia, avanzar hacia un modelo de gobernanza tecnológica en la justicia que privilegie la inclusión, el conocimiento situado y la deliberación democrática, evitando así que las promesas tecnológicas se conviertan en nuevos dispositivos de exclusión. Esta ponencia, desde una perspectiva crítica latinoamericana, invita a repensar los vínculos entre derecho, tecnología y ciudadanía más allá de la eficiencia técnica, apostando por una justicia verdaderamente accesible, participativa y orientada a la transformación social.

Resumen de la ponencia:
En la era de la transformación digital, el uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA) ha crecido exponencialmente en América Latina, incidiendo directamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y en la calidad de la democracia. Ecuador y Colombia, como países vecinos con marcos constitucionales garantistas, enfrentan el desafío de adaptar sus ordenamientos jurídicos para regular el impacto de la IA sin afectar los principios del Estado constitucional de derecho. Esta ponencia propone un análisis comparado entre ambas legislaciones, para evaluar los avances normativos, las vacancias legales y los desafíos éticos que la IA impone a los derechos humanos y la democracia.
Pregunta de investigación:
¿Cómo han respondido Ecuador y Colombia, desde sus respectivos marcos constitucionales y legales, a los desafíos que plantea la inteligencia artificial sobre los derechos humanos y la democracia, y qué elementos pueden contribuir a una regulación más garantista, con énfasis en el contexto ecuatoriano?
Metodología:
El estudio adoptará una metodología cualitativa, de carácter exploratorio y analítico. Se utilizará el método de análisis documental para examinar normativas, proyectos de ley, jurisprudencia relevante y políticas públicas en ambos países. Además, se empleará el enfoque de derecho comparado para identificar semejanzas y diferencias entre los marcos regulatorios y constitucionales de Ecuador y Colombia frente a la IA. Asimismo, se integrarán perspectivas críticas provenientes del neoconstitucionalismo latinoamericano y los estudios sobre tecnología y derechos, incluyendo el análisis de casos emblemáticos en el uso de IA en la administración pública, justicia y seguridad.
Esquema de trabajo:
1. Introducción: Contextualización del avance de la IA en la región andina. Relevancia del tema para la democracia y los derechos humanos.
2. Marco teórico: IA y derechos fundamentales desde el derecho constitucional. Principios orientadores: dignidad humana, no discriminación, transparencia algorítmica.
3. Análisis del caso ecuatoriano:
o Ausencia de una ley específica de IA.
o Aplicación de normas generales de protección de datos (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de 2021).
o Riesgos identificados: vigilancia masiva, uso policial de tecnología sin control judicial, sesgo en algoritmos.
4. Análisis del caso colombiano:
o Experiencias regulatorias incipientes.
o Marco constitucional y jurisprudencia relevante (Corte Constitucional, derechos digitales).
5. Comparación crítica entre ambos países:
o Avances, vacíos y buenas prácticas.
o Rol de las altas cortes y de las agencias de protección de datos.
6. Conclusión preliminar y propuestas:
o La regulación de la IA en Ecuador aún es incipiente y fragmentaria, con grandes riesgos para la democracia si no se adoptan principios constitucionales claros que guíen el desarrollo tecnológico.
o Colombia presenta una ventaja relativa en la formulación de políticas públicas, pero también enfrenta desafíos normativos y de implementación.
o Se propone avanzar hacia un modelo de IA constitucionalmente compatible, que garantice la rendición de cuentas algorítmica, el control judicial efectivo y la participación ciudadana informada.
Conclusión preliminar:
La inteligencia artificial plantea retos sin precedentes a la garantía de los derechos humanos y al funcionamiento de los sistemas democráticos. En Ecuador, la falta de una regulación especializada pone en riesgo principios básicos como la igualdad y la transparencia, especialmente ante la implementación de tecnologías en ámbitos sensibles como la seguridad y la justicia. Aunque Colombia ha desarrollado políticas públicas más estructuradas, aún carece de una legislación integral con enfoque de derechos. Esta ponencia aboga por una regulación en ambos paises basada en principios constitucionales compartidos y adaptados al contexto andino, donde la tecnología no sustituya los derechos, sino que los potencie.

La presente ponencia analiza la posibilidad jurídica y material de implementar agentes de inteligencia artificial (IA) en el proceso monitorio laboral introducido por la Ley 2452 de 2025 (Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social). El trabajo parte de una conceptualización rigurosa de los agentes de IA y sus potencialidades, y confronta su uso con los principios rectores de la actividad judicial establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia T-323 de 2024 y por el Acuerdo PCSJA24-12243 del Consejo Superior de la Judicatura. Se argumenta que el proceso monitorio, por su estructura cerrada, naturaleza documental y baja complejidad, constituye un espacio idóneo para pilotar sistemas automatizados con supervisión judicial, bajo estrictos criterios de transparencia, responsabilidad, no sustitución de la racionalidad humana y garantía del debido proceso.

Esta ponencia parte de una inquietud central además de fundamental: ¿puede la inteligencia artificial (IA), al incorporarse en los procesos judiciales, convertirse en una aliada para garantizar mayor imparcialidad o, por el contrario, puede abrir nuevas puertas a sesgos más complejos y sutiles? esta pregunta cobra relevancia en el contexto colombiano, donde el sistema judicial enfrenta cuestionamientos sobre su eficiencia, objetividad y legitimidad. Resaltemos que esta posible afectación no sólo podría comprometer derechos fundamentales Sino también quizás otros intereses jurídicamente protegidos
El contenido está distribuido en cuatro momentos. En la introducción, se presenta un panorama general sobre la irrupción de la IA en la justicia, tanto a nivel global como en el ámbito nacional, con un enfoque en el contexto post-pandemia y el posterior auge de herramientas como CHAGPT, IBM WATSON, CASETEXT O DONOTPAY En el marco teórico, se trata un enfoque conceptual sobre la inteligencia artificial, justicia algorítmica y principios constitucionales como la imparcialidad, el debido proceso y la autonomía judicial. (ideales) En el tercer momento, análisis de caso, se interpreta y analiza la Sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional, que aborda críticamente el uso de IA en decisiones judiciales, incluyendo las recomendaciones del Consejo Superior de la Judicatura. Y por último en la discusión y conclusiones, se reflexiona sobre las implicaciones del uso de estas tecnologías y si este representa un avance o un retroceso para la justicia constitucional y ordinaria en Colombia.
La idea principal plantea que la IA no es neutral por su propia esencia; Está condicionada por los datos con los que ha sido entrenada y/o programada, el comportamiento de los algoritmos de inteligencia artificial no es completamente autónomo ni neutral; está profundamente influenciado tanto por los datos que se utilizan para su entrenamiento como por las intenciones de quienes los diseñan y operan. El lenguaje natural, por ejemplo, está cargado de sesgos culturales, históricos y sociales, lo que implica que incluso un programador que actúe con razonabilidad y pretenda ser neutral no puede desprenderse totalmente de su humanidad y sus propios marcos de referencia. En consecuencia, aunque estas herramientas pueden ofrecer eficiencia y soporte técnico en la administración de justicia, también corren el riesgo de amplificar desigualdades. La Corte Constitucional ha advertido en la sentencia analizada que la tecnología puede apoyar, pero no reemplazar el juicio humano. Este fallo refleja una postura prudente frente a la innovación tecnológica, subrayando la necesidad de supervisión, transparencia y límites claros en su uso.
El enfoque metodológico que se emplea es cualitativo, con una mirada que combina lo dogmático y lo hermenéutico. Es decir, se parte del análisis jurídico tradicional, pero también se hace un esfuerzo por interpretar el contexto, las decisiones judiciales y las implicaciones reales que tiene el uso de la inteligencia artificial en la justicia. No se trata solo de revisar normas o sentencias, sino de entender cómo estas tecnologías pueden afectar en la práctica a las personas y al sistema judicial en general. Se emplea el análisis de fuentes jurisprudenciales (particularmente la Sentencia T-323 de 2024), normativas (como la Ley 2213 de 2022 sobre virtualización judicial y la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales), doctrinales (artículos académicos sobre justicia algorítmica y ética digital), Igualmente documentos de política pública como la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Este tipo de análisis me ayuda a ver los vacíos, tensiones y a plantear preguntas que muchas veces se dejan de lado y que muestre los choques o contradicciones entre innovación tecnológica, garantías constitucionales y legitimidad del sistema judicial.
Como cierre, esta ponencia quiere sumar al debate académico y jurídico sobre cómo usar la inteligencia artificial de manera responsable en la justicia. La idea no es que las máquinas reemplacen al ser humano, sino que se construyan formas de trabajo conjunto (armónico), donde la IA sea una herramienta de apoyo que complemente, pero no reemplace, la experiencia, el criterio y la sensibilidad de quienes imparten justicia

Pregunta de Investigación: ¿Cómo deben adaptarse los regímenes políticos y las políticas públicas para garantizar el respeto a los derechos humanos y la estabilidad democrática ante el avance de la Inteligencia Artificial (IA)?

Justificación:
La irrupción de la IA en la gestión pública y en los procesos políticos plantea un desafío sin precedentes para los regímenes democráticos y los marcos constitucionales. Su uso en la toma de decisiones gubernamentales, la automatización de servicios públicos y el monitoreo ciudadano exige un análisis profundo sobre sus implicaciones en el ejercicio de los derechos fundamentales y la estructura misma de los Estados. Esta ponencia examina cómo las políticas públicas y las constituciones pueden responder al impacto de la IA en la democracia, con especial énfasis en el equilibrio entre innovación tecnológica y garantías constitucionales en un sistema de interoperabilidad gubernamental.

Esquema de Trabajo:
Introducción:
- Planteamiento del problema: el desafío de la IA para la democracia y los derechos humanos.
- Pregunta de investigación y objetivos del estudio.

Régimen Político y Gobernanza Digital:
- La IA como actor en la toma de decisiones gubernamentales.
- Riesgos para la legitimidad y la representación en los sistemas democráticos.
- Modelos de gobernanza digital y su compatibilidad con la democracia constitucional.

Impacto de la IA en los Derechos Humanos y la Constitución:
- Derechos fundamentales y desafíos constitucionales ante la IA.
- Privacidad, libertad de expresión y sesgo algorítmico: tensiones constitucionales.
- Principios de control y rendición de cuentas en el uso de IA por el Estado.

Políticas Públicas y Regulación de la IA:
- Análisis comparado de estrategias gubernamentales en la regulación de IA.
- Marco normativo internacional y su influencia en la legislación nacional.
- Propuestas de políticas públicas para un desarrollo tecnológico democrático e inclusivo.

Conclusiones y Propuestas:
- Síntesis de los hallazgos sobre IA, democracia y derechos humanos.

Metodología:
Se empleará un enfoque de análisis cualitativo con una metodología de revisión documental y estudio normativo. Se analizarán marcos constitucionales, tratados internacionales y políticas públicas sobre IA, además de casos emblemáticos de su impacto en procesos democráticos. También se revisarán modelos de regulación de IA en distintos regímenes políticos, contrastándolos con principios constitucionales y de derechos humanos.

Introducción
La democracia participativa y pluralista como modelo se consolidó dentro de la dogmática constitucional colombiana a partir de la expedición de la Constitución de 1991. No obstante, la democracia ha venido enfrentándose a un panorama crítico, no solo en Colombia, sino en múltiples estados democráticos, en los cuales se siente una desilusión generalizada por la democracia, a la vez que aumenta una tendencia hacia el populismo autoritario. Por esta razón, se justifica no solo seguir hablando de la construcción de la democracia sino del desarrollo de su faceta deliberativa.

Sobre la pertinencia de la democracia deliberativa en el escenario político actual, Ugarriza (2012) advierte que, si bien hasta este momento en Colombia el pueblo no ha consentido en volver hacia los modelos no democráticos del pasado, lo cierto es que la democracia ha perdido credibilidad entre la sociedad. Esto obedece a que, pese al transcurso de los años, treinta y cuatro desde la promulgación de la Constitución de 1991, persiste una significativa insatisfacción de las necesidades básicas como salud, alimentación, educación y vivienda. Este desencanto se ha puesto de presente en múltiples oportunidades, siendo una de las más recientes y multitudinarias, el paro nacional de 2021 contra la administración del expresidente Iván Duque Márquez. Si bien, en esa movilización social la consigna inicial se enmarcaba en la negativa ante el proyecto de reforma tributaria, no pasó mucho tiempo para que se discutieran otras problemáticas que aquejan a la población como colombiana la reforma a la salud, la situación de pobreza generalizada, el conflicto armado, el mal manejo de la pandemia y la precarización de la educación pública.

Acerca de las causas que han llevado hacia este declive democrático, Ugarriza (2012) considera que la decisión tomada en la consolidación del Frente Nacional fue un primer paso. Es de recordar que, debido al recrudecimiento de la violencia en todo el país, detonada por el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, era necesario un acuerdo que trajera de vuelta la paz a los territorios y a la sociedad. Por eso, los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, acordaron una tregua que consistía en turnarse el poder cada cuatro años. No obstante, resalta Ugarriza (2012) el error de las élites políticas fue considerar que los intereses de los dos partidos tradicionales envolvían todos los intereses del pueblo colombiano. En otras palabras, en un país en esencia multicultural se desconoció de plano su diversidad.

Sumado a esta causa, Castillo (2014) expone cuatro fuentes más del panorama de desilusión democrática. La primera de ellas es el marcado hiperpresidencialismo que aún define a día de hoy el sistema constitucional colombiano, pues esa acumulación de funciones deja un margen muy reducido para que otros órganos o incluso el pueblo mismo decida sobre los asuntos públicos. La segunda causa o fuente recae sobre el Congreso y su imposibilidad para representar a la totalidad del pueblo colombiano, esto debido a la discriminación histórica de grupos humanos como la comunidad indígena, afrodescendiente, LGBTIQ+, ROM, las personas con discapacidad y las mujeres. Como tercera fuente de desilusión, Castillo (2014) menciona la perdida de credibilidad de las instituciones públicas debido a sus flagrantes tendencias al clientelismo y a la corrupción. Y, por último, la cuarta causa es reprochable a la ciudadanía, debido al uso mínimo que les ha dado a los mecanismos de participación ciudadana.

Una vez se han aclarado las causas de las fisuras de la democracia colombiana se pasará a presentar lo que se espera que otorgue nuevas esperanzas al escenario político y es la materialización del modelo de democracia deliberativa. Al respecto, se abordará su definición por parte de algunos doctrinantes colombianos, sus características principales, las ventajas de su aplicación y finalmente, se abordarán algunos de sus desafíos.

Pregunta de investigación:

Lo anterior nos lleva a la siguiente formulación del problema: ¿Cómo es posible continuar con la consolidación de la democracia en el marco de un escenario de déficit democrático? Al cual se intentará dar respuesta en el siguiente apartado.

Metodología:

Esta es una investigación documental descriptiva de tipo jurídico, en la que se usaron las técnicas de análisis documental y análisis jurisprudencial.

Desarrollo
Habiendo aclarado la urgencia de un cambio en el escenario político, es la intensión de esta ponencia plantear que un desarrollo de la característica deliberativa de nuestro constitucionalismo puede ser una pieza clave para solventar el panorama de crisis democrática que se vive en Colombia y en múltiples estados.
Para esto es necesario hacer mención a la deliberación dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Empezando con el rango constitucional el valor y principio de la deliberación se extrae a partir de una interpretación sistemática de la Constitución de 1991, ya que sobre esta se encuentra insumos en los artículos 1, 3, 40, 95, 145, 241, 342, entre otros. Ahora bien, la teoría constitucional de la democracia deliberativa deriva según Mejía (2010) de los planteamientos de los filósofos del derecho Rawls y Habermas quienes coinciden en proponer un modelo de democracia consensual o deliberativa, en el cual la participación ciudadana se orienta a través de la razón pública. Lo cual implica que dicho modelo tiene como finalidad fortalecer la formación de la voluntad y la opinión públicas, promoviendo así el desarrollo individual y la acción emancipatoria (Mejía, 2010).
Específicamente sobre la definición de este modelo de democracia deliberativa, Ugarriza (2012) expone que:
Una democracia deliberativa es un sistema político organizado alrededor de debates conducentes a la toma de decisiones, en los que los participantes intervienen en condiciones de igualdad y libertad, intercambian de manera respetuosa argumentos dirigidos a proteger el bien común y demuestran franca disposición a cambiar posiciones a la luz de mejores argumentos. (p. 55)
De la anterior conceptualización se evidencia que la deliberación realmente no es un mero acto de participación en una discusión, sino que cuenta con unas características claras. Acerca de las posibles características o rasgos de la democracia deliberativa García (2015) expone que la democracia deliberativa debe ser la sumatoria de cinco rasgos principales: i) la deliberación es necesariamente pública y no del fuero interno del individuo; ii) la deliberación se circunscribe a las necesidades del momento histórico particular; iii) el modelo deliberativo soluciona sus propios problemas a partir de la deliberación misma; iv) la deliberación permite volver sobre las decisiones pasadas y reformularlas; y v) la deliberación se da en condiciones de igualdad y libertad.
Teniendo claro cuál es la esencia de la democracia deliberativa, resulta más sencillo decantar las ventajas que su aplicación podría tener sobre el que hacer de instancias como el Congreso, la Corte Constitucional, el Gobierno, los medios de comunicación y la ciudadanía, lo cual ayudaría a solventar el clima de déficit democrático que se ha venido mencionando. En relación con estas ventajas, García (2015) realizó una lista detallada de los beneficios que podría traer una aplicación fiel de la democracia deliberativa. A continuación, se explican brevemente cuáles son estas ventajas:
En primer lugar, la democracia deliberativa promueve un intercambio público e incluyente, lo que permite a los participantes identificar y corregir errores en sus argumentos, reconociendo cuándo estos podrían ser excluyentes o perjudiciales para ciertos sectores, especialmente para las minorías. Como segunda ventaja se tiene que el intercambio de argumentos amplía la comprensión de los temas tratados. En palabras de García (2015) “el intercambio de opiniones con los demás modera nuestra parcialidad y ensancha nuestra perspectiva; se nos hace ver las cosas desde otros puntos de vista, así como los límites de nuestra propia visión” (p. 261). Un tercer beneficio es que la exteriorización de opiniones en el espacio público facilita la revisión crítica y constante de las posturas políticas, confrontándolas con los principios constitucionales, lo que fortalece la coherencia normativa y ética del discurso democrático (García, 2015).
Asimismo, una cuarta ventaja de la deliberación es que fomenta el principio constitucional de solidaridad, ya que, al considerar los problemas ajenos, se desplaza el enfoque individualista y se promueve una perspectiva más colectiva y empática. Como quinto beneficio del modelo deliberativo es que este visibiliza los intereses de las minorías, dándoles la oportunidad de expresar sus preocupaciones en igualdad de condiciones. Siguiendo por esta línea, Waldron, quien es citado por García (2015), sostiene que “la deliberación es valiosa, porque, además de mejorar las decisiones, permite a las voces disidentes ejercer su derecho a ser escuchadas” (p. 262). Además, como sexta ventaja está que el deber de argumentar públicamente actúa como un mecanismo de control democrático sobre los poderes constituidos, tales como el Congreso, la Corte Constitucional y el Gobierno, quienes deben justificar sus decisiones ante el poder constituyente.
Finalmente, García (2015) expone la séptima y octava ventaja de la democracia deliberativa. La séptima se refiere a que la interacción constante entre deliberantes también facilita la identificación de estrategias fallidas del pasado, lo que incentiva la innovación en la formulación de propuestas y políticas públicas. Y la octava, menciona que al requerir que las decisiones resultantes sean aceptadas por todos los participantes, la democracia deliberativa impulsa la búsqueda de valores comunes, fundamentales para la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.
No obstante, como no puede existir una teoría sin sus detractores, el modelo de democracia deliberativa planteado por Rawls y Habermas y desarrollado aquí con las ideas de autores colombianos, encuentra como principal detractora a la politóloga Chantal Mouffe. Acerca de la democracia deliberativa, Mouffe (2012) afirma que este modelo nunca se ha preocupado demasiado por considerar el desacuerdo en la sociedad. En otras palabras, Mouffe (2012) estima que teóricos como Rawls y Habermas han pasado por alto la posibilidad de que existan puntos de vista irreconciliables entre los individuos. En ese sentido no siempre será posible llegar a un consenso o postura principal que los envuelva a todos y todas. Sobre todo, cuando se está hablando de sociedades tan plurales, como es el caso de Colombia.

Conclusión

En el contexto actual, donde las posturas autoritarias han cobrado fuerza, resulta más apremiante que nunca reafirmar y fortalecer el ideal democrático. Es importante recordar que la democracia no es un estado garantizado, sino un proyecto en constante construcción que exige atención, participación activa de la ciudadanía e instituciones dispuestas a abrirse al diálogo y la deliberación.

Se espera entonces que el fortalecimiento de la democracia deliberativa aliviará en parte el clima de descontento generalizado y la crisis democrática al permitir oportunidades de expresión por parte de los ciudadanos sobre las problemáticas más álgidas del Estado. Desarrollando la deliberación se impregnará a su vez la legitimidad a las decisiones estatales que en múltiples ocasiones se estima perdida.

A su vez, la participación activa y el debate abierto, generan condiciones para transformar estructuras injustas, promover la inclusión y fortalecer los vínculos sociales, lo que impulsa cambios significativos en las dinámicas de poder, equidad y justicia social.

En Colombia, el ejecutivo ha construido y reforzado una memoria militarista que apela a la participación de los militares en los asuntos de gobierno. Para rastrear este proceso se recurre a la teoría de la “dependencia del camino” y se muestra cómo un hecho contingente produce la adopción de un acuerdo institucional y pone en movimiento una secuencia auto-reforzante o un patrón determinista que consigue mantenerse incluso después de una transición democrática. A diferencia de la mayor parte de estudios sobre relaciones cívico-militares en América Latina que se centran en las fuerzas armadas como actor político o en los mecanismos institucionales de control civil sobre ellos, este trabajo se enfoca en el poder ejecutivo y advierte que la militarización en Colombia no es sólo una herencia institucional, sino una construcción política activada desde éste.

A pesar de los diferentes instrumentos jurídicos dispuestos para evitar que los partidos políticos otorguen avales electorales a candidatos inhabilitados a cargos de elección popular, como la figura de la revocatoria de la inscripción de la candidatura, la evidencia empírica parece apuntar a resultados dirigidos en un sentido contrario. La mencionada evidencia ofrece indicios de que los partidos políticos adoptan comportamientos estratégicos en aras de obtener una ventaja electoral a partir del margen normativo derivado de una lectura del sistema de incentivos que ofrece el actual diseño y aplicación de la revocatoria de la inscripción de la candidatura por parte del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, también se evidencian indicios que permiten inferir que la labor del Consejo Nacional Electoral ha sido afectada por fallas regulatorias especialmente relacionadas con la asimetría de información, así como indicios de agentes sin pericia y capacidades organizacionales.
Por lo tanto, en la ponencia que se espera ofrecer se formulará el siguiente interrogante ¿es posible estructurar un modelo regulatorio en materia de asignación de avales capaz de abarcar escenarios más allá del incumplimiento estratégico de la regulación?
En consecuencia, se expondrá inicialmente una revisión de la regulación vigente, especialmente de la normatividad e instituciones políticas implicadas en el otorgamiento de avales electorales a candidatos al Congreso de la República de Colombia realizado por los partidos políticos. Así mismo, se presentará cómo se lleva a cabo dicha regulación al interior de las mismas organizaciones políticas con la finalidad de prevenir la revocatoria de la inscripción de la candidatura.
Posteriormente, también se expondrá el análisis de una muestra de las diversas decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral frente a las candidaturas controvertidas en el marco de dos elecciones al Congreso de la República, con el propósito de determinar los patrones de decisión del Consejo Nacional Electoral en materia sancionatoria, como los patrones de decisión de los partidos políticos en el otorgamiento de avales electorales, en el marco de las elecciones del Congreso de la República de Colombia para los periodos constitucionales 2014-2018 y 2018-2022.
Finalmente, se propondrán criterios orientadores para una regulación que suponga una estructura alternativa de incentivos para la revocatoria de la inscripción de la candidatura, para ello, inicialmente se formula un modelo explicativo diseñado para contribuir a la comprensión de la realidad empírica que se observa en la toma de decisiones al interior de las organizaciones políticas, basado en el análisis económico del derecho y la teoría de la regulación. Posteriormente se opta por la exploración de la regulación responsiva como una alternativa a la regulación de asignación de avales electorales y, a su vez, una propuesta de criterios orientadores, tanto para un esquema procedimental de administración concertada en materia sancionatoria que intente materializar los mencionados postulados de dicha regulación responsiva, como para un ejercicio de autorregulación sobre esta materia, concluyendo que si es posible una alternativa regulatoria en materia de asignación de avales electorales.

Pregunta de investigación: La presente ponencia se orienta por la siguiente pregunta de investigación: ¿Está siendo rechazada la democracia en el siglo XXI debido a su distanciamiento con las necesidades reales de participación ciudadana y el monopolio del sufragio como único mecanismo visible de participación política? Esta inquietud busca examinar si el modelo democrático contemporáneo está cumpliendo su función como sistema de inclusión y representación efectiva de la ciudadanía, si la democracia es real y efectiva, o si, por el contrario, está siendo vaciado de contenido por la falta de apropiación y uso de los mecanismos de participación directa consagrados en la Constitución, éstos exigen umbrales para su cumplimiento y como esto puede afectar también a la democracia. Objeto de estudio analizado al ejercicio democrático en el contexto colombiano, particularmente en torno a la participación política efectiva más allá del voto, y la percepción ciudadana sobre su utilidad y legitimidad.
Esquema de trabajo: La ponencia se organizará en cinco apartados principales:
1. Introducción
Presentación de la pregunta de investigación.
Justificación del tema en el contexto político y jurídico contemporáneo.
Breve mención a la tesis central: la democracia no ha sido completamente rechazada, pero enfrenta una crisis de legitimidad derivada de la reducción de la participación ciudadana al solo acto del voto.
En el siglo XXI, la democracia como sistema de gobierno enfrenta una creciente desafección por parte de la ciudadanía. Aunque formalmente se sostiene sobre los pilares de la participación popular, la justicia y la libertad, en la práctica, muchas personas perciben que sus demandas no encuentran eco en las estructuras institucionales. Esta ponencia parte de la pregunta de investigación: Con base en esta inquietud, se analizará el estado actual de la democracia en relación con la participación ciudadana, proponiendo una reflexión sobre sus limitaciones reales y sus posibilidades de revitalización.
2. Marco conceptual: democracia, participación y ciudadanía
Definición clásica de democracia (Lincoln y otras teorías relevantes).
Concepto de participación ciudadana en el marco del Estado democrático de derecho.
Principios constitucionales colombianos relacionados (Arts. 1, 13, 40, 103 y 41 C.N.).
La democracia ha sido clásicamente definida como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, según la expresión de Abraham Lincoln. En este sistema, el pueblo ejerce el poder político ya sea de forma directa o indirecta, lo cual implica no solo el derecho al voto, sino también un conjunto amplio de formas de participación. En el marco del constitucionalismo colombiano, el artículo 1 de la Constitución establece que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en la participación ciudadana, concordando con el artículo 13 que consagra el principio de igualdad ante la ley. El artículo 40 reconoce el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y el artículo 103 contempla mecanismos concretos de participación ciudadana más allá del sufragio. Finalmente, el artículo 41 establece la obligación del Estado de fomentar la educación cívica y constitucional para promover una cultura democrática.
3. Crisis de la democracia: desafección política y participación mínima
Análisis de la percepción ciudadana frente a los mecanismos de participación.
Centralidad del sufragio y desconocimiento de los otros instrumentos democráticos.
Brecha entre representación política y voluntad popular: el problema de las mayorías silenciadas.
Aunque la democracia se presenta como un ideal de inclusión y pluralismo, en la práctica muchas personas la perciben como un sistema que no responde a sus necesidades cotidianas. Esta percepción genera una desafección creciente que se traduce en una participación limitada al voto cada cuatro años, dejando de lado otros mecanismos disponibles. Las personas reducen su vida política a un acto esporádico, perdiendo de vista que el contrato social implica una corresponsabilidad permanente. Esta crisis se manifiesta en la contradicción entre la teoría democrática y su realización concreta: mientras se proclama el gobierno del pueblo, en muchos casos las decisiones se concentran en élites o en minorías movilizadas, debilitando la legitimidad del sistema.

4. Paradojas del sufragio y representatividad política
¿Mayorías gobernadas por presidentes elegidos por minorías?
Dilemas en torno al voto igualitario y el contrato social.
Riesgos de individualización extrema del voto como amenaza a la cohesión democrática.
El sufragio universal es una de las bases fundamentales de la democracia moderna, pero su ejercicio también presenta paradojas. Uno de los dilemas centrales surge cuando las mayorías se ven gobernadas por presidentes elegidos por minorías, debido a abstencionismo o sistemas electorales no representativos. El presidente, elegido por los votantes (directamente) y los no votantes (indirectamente), debe gobernar para todos, no solo para quienes lo eligieron. Sin embargo, cuando el interés gubernamental se orienta exclusivamente hacia los sectores que apoyaron su elección, se vulnera el principio de inclusión democrática. Una de las soluciones en principio sería modificar el valor del voto para corregir estas distorsiones, pero no es viable, pues conduciría a una individualización extrema que pondría en riesgo la cohesión social garantizada por el artículo 13 de la Constitución.
5. Mecanismos de participación distintos al voto: potencial y realidad
Análisis de los mecanismos previstos en el Art. 103 C.N.
Casos o ejemplos breves de su uso (consulta popular, revocatoria de mandato, etc.).
Obstáculos estructurales, políticos y sociales para su implementación efectiva.
La Constitución colombiana, en su artículo 103, reconoce mecanismos como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. No obstante, el conocimiento y uso de estos instrumentos es mínimo entre la población. Es irónico que en un sistema que ofrece diversas formas de intervención política, la mayoría solo recurra al voto. Esta situación evidencia no solo una desinformación generalizada, sino también una cultura política pasiva, donde la ciudadanía no se siente convocada a ejercer plenamente su rol soberano. A pesar de su potencial, estos mecanismos se ven obstaculizados por barreras jurídicas, burocráticas y comunicativas que limitan su impacto real, al exigir en algunos casos umbrales para su cumplimiento.
6. Educación cívica y formación democrática como solución estructural
El papel del Art. 41 C.N. en la formación de una cultura ciudadana activa.
Diagnóstico de su cumplimiento en la práctica.
Propuestas para fortalecer la conciencia participativa desde la educación.
El artículo 41 de la Constitución establece la obligatoriedad de la enseñanza de la Constitución y la instrucción cívica en todos los niveles educativos. Sin embargo, la implementación de esta disposición ha sido deficiente. Una educación que forme ciudadanos activos y críticos es esencial para revitalizar la democracia. La enseñanza de los principios y mecanismos democráticos debe ir más allá de lo teórico: debe incluir prácticas reales de participación y debate, desde el ámbito escolar hasta el comunitario. El fomento de una cultura participativa desde edades tempranas puede contrarrestar la desafección y reactivar el interés por la cosa pública.
Conclusión: El análisis presentado permite afirmar que la democracia no está siendo rechazada en esencia, sino que se encuentra en crisis debido a la desconexión entre su teoría y su práctica cotidiana. La democracia no es entonces una tiranía de la mayoría, sino que es un régimen basado en el principio de la mayoría pero que debe satisfacer igualitariamente los intereses de todos. Existe una distancia notable entre la democracia formal —garantizada por la Constitución y las leyes— y la democracia real, percibida por los ciudadanos en su experiencia diaria. Esta brecha ha generado desafección política, apatía social y una falsa impresión de que la única participación válida es el sufragio periódico. Los hallazgos preliminares muestran que el modelo democrático contemporáneo se ha centrado excesivamente en el voto, relegando otros mecanismos de participación consagrados en la Constitución, que son desconocidos o subutilizados por la población. El desafío, por tanto, no es rediseñar la democracia, sino revitalizarla desde la educación cívica, el empoderamiento ciudadano y el uso efectivo de los instrumentos participativos. Para ello, es urgente que el Estado asuma su deber pedagógico, tal como lo establece el artículo 41 de la Constitución, y promueva prácticas democráticas que conecten el ideal democrático con la realidad social de sus ciudadanos. La democracia del siglo XXI no debe ser simplemente el eco de las urnas cada cuatro años, sino una práctica cotidiana, inclusiva y consciente. Su legitimidad dependerá no solo de sus instituciones, sino del compromiso activo de una ciudadanía que la comprenda, la ejerza y la exija en todas sus formas.

Metodología: El enfoque metodológico que orienta esta ponencia es cualitativo y se apoya en los métodos dogmático, hermenéutico y crítico, con un componente interdisciplinario que integra análisis jurídico, político y sociológico. En primer lugar, el método dogmático permitirá examinar la normativa constitucional colombiana, particularmente los artículos 13, 41 y 103 de la Constitución Política, los cuales establecen principios fundamentales sobre igualdad ante la ley, educación cívica y mecanismos de participación ciudadana. En segundo lugar, el enfoque hermenéutico se empleará para interpretar tanto los textos constitucionales como los discursos y prácticas asociadas al ejercicio democrático en Colombia, entendiendo la democracia no solo como una estructura jurídica sino también como una experiencia vivida en el contexto social y político contemporáneo. Este enfoque facilita una comprensión profunda de los conceptos de libertad, sufragio y participación desde la perspectiva de los derechos fundamentales y del contrato social moderno. El análisis se nutre de una aproximación crítica que cuestiona la eficacia del sufragio universal como único mecanismo de participación política efectiva, frente a la realidad de una ciudadanía desmovilizada y una democracia percibida como insatisfactoria. Se evaluará el uso limitado de mecanismos como el plebiscito, la consulta popular o la revocatoria del mandato, y se propondrá una reflexión sobre la desafección política contemporánea.
Las fuentes empleadas serán principalmente normativas y doctrinales, complementadas con referencias jurisprudenciales pertinentes y algunos datos empíricos de carácter ilustrativo (por ejemplo, estadísticas sobre participación electoral o uso de mecanismos de participación ciudadana). En conjunto, este enfoque metodológico busca ofrecer un análisis riguroso, contextualizado y comprometido con la realidad democrática del siglo XXI en Colombia.

La firma del acuerdo de paz entre el Estado Colombiano y las FARC-EP ha marcado un momento crucial en la historia de Colombia, instaurando un marco constitucional para la transición a una “paz estable y duradera”. Este proceso no solo ha implicado el cese de hostilidades sino la implementación de políticas públicas orientadas a reparación integral de víctimas, reformas rurales y reintegración a la vida civil de excombatientes, Si bien hablamos de avances significativos, la presente ponencia busca responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se han traducido los compromisos del Acuerdo Final de Paz de 2016 en políticas públicas en Colombia, y de qué manera estas se han desarrollado conforme al marco constitucional del Estado Social de Derecho?
Si bien la implementación del acuerdo de paz es un proceso que requiere el compromiso del Estado y sociedad, persisten desafíos que requieren atención para evitar reprocesos en la consolidación de la paz, la cual demanda una arquitectura constitucional robusta. Por lo anterior se hará énfasis en el análisis de los indicadores del PMI que es el Plan Marco de Implementación con actualización al 2024 como el documento guía sobre las acciones pactadas en el acuerdo de paz.
La presente ponencia adoptará un enfoque cualitativo, sustentado en un análisis normativo que examina la correspondencia entre el contenido del Acuerdo de Paz y los principios constitucionales establecidos en la Constitución Política de Colombia. Asimismo, se aplicarán los lineamientos del ciclo de las políticas públicas para analizar los principales programas derivados del acuerdo, tales como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la reforma rural integral, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y las políticas orientadas a la reincorporación de excombatientes y la atención a víctimas del conflicto armado.
A modo de conclusiones, se tiene como hipótesis principales que; el nivel de ejecución del Acuerdo de paz cuenta con avances significativos en reincorporación de excombatientes y formalización de tierras mientras que componentes como reparación integral y simbólica de las víctimas, seguridad territorial y enfoque de género son áreas donde el rol del Estado tiene que mejorar, además que el enfoque de análisis de políticas públicas permite identificar fallas estructurales en la formulación, implementación y evaluación de los programas derivados del acuerdo, revelando debilidades institucionales, problemas de articulación intergubernamental y deficiencias en la asignación y ejecución de recursos.
Por ultimo, la construcción de una paz estable y duradera no significa ausencia del conflicto, sino como la consolidación de una presencia estatal activa, legítima y eficaz en los territorios, expresada en el cumplimiento real de derechos, el acceso a la justicia y el desarrollo de políticas públicas transformadora.

Pregunta de investigación: Analizar si la Ley 1805 de 2016, conocida como la “Ley de Donación de Órganos”, cumple con los requisitos constitucionales y si su contenido respeta los derechos fundamentales y principios constitucionales en Colombia, delimitar con precisión el objeto de estudio en la acción pública de inconstitucionalidad, específicamente por posibles vicios sustantivos en la ley, como podrían ser violaciones a derechos constitucionales, principios de igualdad, autonomía, o límites al poder legislative, el objetivo es determinar si la ley presenta vicios que la hagan inconstitucional desde una perspectiva sustantiva, y cuáles serían esos vicios, para así garantizar que la normativa se ajuste a los preceptos constitucionales en Colombia.

Esquema de trabajo:

1. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
La finalidad, que se concluya que esta ley adolece de aptitud sustantiva requerida para que sea constitucional, evento en el cual se deba imponer la adopción de fallo inhibitorio.
2. ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VICIOS SUSTATIVOS DE LA LEY
En cuanto a esta ley, la finalidad del presente ponencia corresponde a plasmar las condiciones que varios autores han presentado como “condiciones de Inexequibilidad o inconstitucionalidad”, lo que se pretende es demostrar con argumentos jurídicos que a la luz del derecho internacional y la Constitución Política de Colombia, empleando el derecho comparado, se pueda determinar que la “Presunción legal” que se presenta en el artículo 1, el “consentimiento” a que hace referencia el Artículo 2, el “derecho a oponerse” referido en el artículo 3, y finalmente a lo referido con “expresando su voluntad de no ser donante de órganos y tejidos, mediante un documento escrito que deberá autenticarse ante Notario Público y radicarse ante el Instituto Nacional de Salud (INS)”, del artículo
4 de esta ley, perfectamente se configuran como inexequibles o inconstitucionales por la flagrante violación a varios derechos fundamentales de la persona y de la familia como núcleo de la sociedad.

2.1 Norma constitucional vulnerada

Se cita textual los artículos de la Ley para poner en contexto del presente ensayo al lector, sin que remitirse a buscar la norma lo distraiga del papel importante que representan los “términos o vocablos” empleados en la
redacción de la norma estudiada y que se configuran como violatorios a varios

de los principios fundamentales de nuestra constitución política y de varios tratados internacionales
3. CELEBRACIÓN Y VIGENCIA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES
Se deben definir los plenos poderes. – el consentimiento del Estado se establece
4. FUNDAMENTOS DE LA VIOLACIÓN
Las convenciones establecidas se aplicarán a todo tratado realizado por voluntad entre dos a más estados o países, organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales.
4.1 LEY 32 DE 1985

Mediante la Ley 32 del 13 de febrero de 1985, el Congreso de Colombia acoge o aprueba la Convención de Viena.

4.2 DECRETO NUMERO 2493 DEL 4 DE AGOSTO DE 2004

Se cita apartes de la norma, los cuales son fundamentales para que se pueda determinar su inconstitucionalidad.

5. DONACIÓN DE COMPONENTES ANATÓMICOS
Derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Colombia.
Artículo 15. Prohibición de remuneración.
Artículo 16. Utilización de los componentes anatómicos. Artículo 17. Mecanismos de donación.
Artículo 19. Presunción legal de donación.

5.1 CRITERIOS A TENER EN CUENTA

Se define que, los “derechos fundamentals” y “los principios” están por encima de las “normas escritas” o derecho positivo, el IUS NATURALISMO, está por encima del IUS POSITIVISMO, demostrando que el derecho se debe llevar más allá de lo simplemente observado por el hombre en el mundo físico.

Ø ELEMENTOS FORMALES EN OTROS PAISES
Cuadro que da cuenta del sistema legal en la actualidad que rige para varios países.
Ø ELEMENTOS NO FORMALES – Costumbres, preceptos morales, preceptos culturales.
Aquí se desarrollará el punto con base en el art. 42 de la C.P. C - de la familia.

6. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD - OMS PROPONE LINEAMIENTOS GLOBALES PARA TRANSPLANTES DE ÓRGANOS
Se estudia el artículo del 30 de marzo de 2007 que publicó la OMS.

6.1 ACUSACIONES EN CONTRA DE LA POLÍTICA

Como ya se logró establecer, esta ley se encuentra violando la regla fáctica a “La honra, la dignidad y la intimidad de la familia”, las cuales se establecen en la Constitución como derecho fundamental de carácter inviolable.

6.2 CASO VILLAVECES

La condición planteada por esta ley en sus artículos del 1 al 4, se pueden considerar por los familiares de una persona fallecida que, durante su existencia, no determinó mediante un documento formal en notaría que cuando exista consentimiento previo e informado o presunción legal de donación, que se tiene un daño moral.

6.3 FORO GLOBAL PARA EL TRANSPLANTE

Un estudio realizado en 98 países, demostró que el órgano más buscado para transplantes es el riñón, 66.000 riñones fueron transplantados en 2005, representando esta cifra sólo el 10% de la demanda.

Según la OMS, cada vez más el transplante es la mejor solución ante la falla de un órgano humano. Además, es la única opción viable ante algunas condiciones del hígado, tales como la cirrosis o el cáncer.

7. SOLICITUD DECLARACIÓN DE INEXEQUIBILIDAD PARCIAL DE LA LEY”
Es así, como se debe derogar parcialmente esta ley en sus artículos del 1 al 4, al igual que se han hecho con otras normas con fuerza de ley que la Corte ha dado sentencia sobre su INEXIQUIBILIDAD como el Decreto Ley de Fortalecimiento del Control Fiscal1.

8. CONCLUSIONES
Ahora bien, es posible que este asunto legal merezca un estudio más amplio que considere dos sistemas o estructuras jurídicas. Es allí cuando el derecho comparado echa mano del análisis denominado macro-comparativo, el cual, a diferencia del anterior, involucra variables más amplias, la aplicación del derecho y de la jurisprudencia, ha de ser más claro y preciso.

Metodología: métodos cualitativos, dogmáticos, hermenéuticos, comparados e interdisciplinarios; se hará la utilización de fuentes jurisprudenciales, normativas, doctrinales y empíricas o de costumbre.

Antecedentes: La violencia contra la mujer sigue vulnerando los derechos de las mujeres y profundizando la discriminación y la desigualdad de género. Con el propósito de abordar esta problemática, el municipio de Sogamoso ha creado y actualizado una política pública. Aunque se han ampliado los objetivos y los horizontes temporales, sigue siendo necesario analizar hasta qué punto estas modificaciones han tenido un impacto real en la vida de las mujeres y de la sociedad en general.
Objetivo: Establecer los alcances y limitaciones de la política pública de mujer y género de Sogamoso frente a la violencia contra la mujer, con el fin de generar orientaciones que faciliten su ajuste y mejora desde una perspectiva normativa, social y propositiva.
Metodología: Se utiliza un enfoque de investigación mixto: cualitativo y cuantitativo. Se usan técnicas de recolección de información como Citation Pearl Growing, cala documental y encuestas. Las técnicas de análisis de datos son: análisis de contenido con el método de Gioia, estadística descriptica, análisis multivariados como cluster-Kmeans y escalamiento multidimensional y teoría de cambio como método analítico.
Resultados: El derecho a la igualdad y el derecho a una vida libre de violencia son pilares fundamentales para analizar las políticas públicas de mujer y género. Las medidas de política identificadas en las normas son: cooperación internacional, modificación de los patrones socioculturales a través de los medios de comunicación. La gobernanza en la política pública de Sogamoso no ha logrado consolidar un espacio democrático, amplio, activo y plural de participación. Se observa la persistencia de la brecha de género en la percepción de la reducción de la desigualdad y discriminación entre hombres y mujeres y la VCM. Existe una tendencia de los participantes a agruparse en tres tipos: Entusiastas, Moderados y Escépticos. La política de Sogamoso es una política adaptativa, ya que reconoce y responde a la problemática de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero no está diseñada para cambiar las normas de género, como los estereotipos de género.
Conclusiones: Los alcances son: la ampliación del acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la creación de espacios de discusión donde se promueven la diversidad y la inclusión. Las limitaciones son: las personas no participaron en el diseño de la política pública ni se beneficiaron de alguna de las soluciones, la falta de reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres, de la violencia contra la mujer y de la discriminación, por último, la falta de solidez en la rendición de cuentas sobre la política pública de mujer y género de Sogamoso. Se propusieron seis orientaciones para ajustar o mejorar la política pública. Las implicaciones metodológicas son: usar estas técnicas permitiría enriquecer la interpretación de datos y fortalecer los resultados de la investigación, esto llevaría a superar la visión normativa tradicional del derecho y nutriría la comprensión de los fenómenos sociales y jurídicos complejos. Las implicaciones conceptuales giran en torno a la propuesta de una nueva comprensión de los conceptos de gobernanza y valor público en el sentido de una gobernanza feminista y un valor público con enfoque de género.

Colombia ha sido históricamente marcada por el conflicto armado, la violencia estructural y la debilidad del Estado en muchas regiones del país. En este contexto, el uso de mecanismos constitucionales como los estados de excepción, y particularmente el estado de conmoción interior, representa una herramienta jurídica de carácter extraordinario. No obstante, su aplicación debe ser analizada bajo los principios del Estado social de derecho, donde la centralidad de los derechos humanos es ineludible.
por lo que esta ponencia se propone analizar desde una perspectiva jurídico-constitucional y de derechos humanos la declaratoria del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, considerando su adecuación a los principios constitucionales, los controles establecidos por la Corte Constitucional y su impacto en el goce efectivo de derechos en contextos de grave alteración del orden público.
Lo cual conlleva a plantear la siguiente pregunta: ¿Qué impacto tiene la declaratoria del estado de conmoción interior en el goce efectivo de los derechos humanos en la región del Catatumbo, y hasta qué punto esta medida excepcional se ajusta a los principios constitucionales y a los estándares internacionales de derechos humanos?
La metodología es cualitativa de revisión documental de la constitución, la ley, la jurisprudencia y el dogma; examina el caso del Catatumbo, región gravemente afectada por el conflicto armado, el narcotráfico y la ausencia estatal, donde se declaró el estado de conmoción interior mediante el Decreto Legislativo 062 de 2025. El análisis no se limita a verificar el cumplimiento formal y material de los requisitos constitucionales y legales, sino que incorpora una perspectiva crítica centrada en los derechos humanos, evaluando si esta medida excepcional garantiza o pone en riesgo los derechos fundamentales de la población civil.
La Constitución de 1991 instauró un modelo garantista en el cual los derechos humanos tienen una posición central. En su artículo 93, establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos prevalecen en el orden interno, incorporando de forma directa el bloque de constitucionalidad. Esta disposición obliga al Estado colombiano a respetar, garantizar y proteger los derechos fundamentales incluso en situaciones de excepción.
El artículo 214 de la Constitución y la Ley Estatutaria 137 de 1994 regulan el uso del estado de conmoción interior. Esta ley establece que incluso bajo estados de excepción se deben respetar principios como necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad y finalidad específica, y que no podrán ser suspendidos derechos como la vida, la integridad personal, el debido proceso, la libertad de conciencia, entre otros.
Desde el derecho internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) permiten medidas excepcionales en tiempos de emergencia, pero bajo condiciones estrictas. Estas normas exigen que cualquier limitación de derechos sea estrictamente necesaria y no discriminatoria, y que los Estados informen a los organismos internacionales correspondientes sobre las medidas adoptadas y su justificación.
La región del Catatumbo, ubicada en el noreste de Colombia, representa un territorio históricamente excluido, con profundas desigualdades sociales, alta presencia de cultivos ilícitos, conflictos por la tierra y una compleja disputa entre actores armados ilegales. La declaratoria del estado de conmoción interior en esta región se justifica formalmente por un escenario crítico de violencia, alteración del orden público y amenaza a la seguridad nacional.
Sin embargo, desde una perspectiva de derechos humanos, esta medida genero una serie de preocupaciones al interior de la población civil y de organizaciones defensoras de derechos humanos que manifestaron su rechazo. Las facultades excepcionales otorgadas al Ejecutivo pueden traducirse en restricciones severas a derechos como la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la privacidad de las comunicaciones y la libertad personal, especialmente a través de detenciones administrativas o controles militares. Estas medidas, si no están debidamente controladas y justificadas, pueden resultar en abusos de poder y profundizar la desconfianza de las comunidades hacia las instituciones del Estado.
Además, organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han advertido que los estados de excepción no pueden convertirse en un instrumento de represión ni en una vía para encubrir el incumplimiento estructural del deber estatal de garantizar derechos económicos, sociales y culturales (DESC), tales como la educación, la salud, el acceso al agua potable o el trabajo digno. En contextos como el del Catatumbo, donde la población vive en condiciones de pobreza estructural, con barreras históricas para el ejercicio de sus derechos, el uso del poder excepcional debe ser evaluado con el más alto estándar de escrutinio democrático.
Asimismo, las medidas excepcionales deben ser temporales, transparentes y supervisadas por mecanismos judiciales y de control político. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que los estados de excepción no son una licencia para restringir el núcleo esencial de los derechos fundamentales, ni para ejercer una autoridad sin límites. La actuación del Estado debe guiarse siempre por el principio de dignidad humana, reconociendo a cada persona como sujeto de derechos y no como objeto de control.
En conclusión, la declaración del estado de conmoción interior en el Catatumbo refleja la tensión permanente entre el restablecimiento del orden público y la protección de los derechos humanos. Si bien existen condiciones objetivas que justifican una intervención extraordinaria, esta no puede ser utilizada para reemplazar las políticas públicas estructurales ni para prolongar el abandono institucional en zonas históricamente marginadas.
La legitimidad del uso de poderes excepcionales dependerá de su sometimiento estricto al marco constitucional, a los estándares internacionales de derechos humanos y al principio de proporcionalidad. Cualquier decisión estatal que afecte a la población civil debe estar orientada a la protección del interés público y no a la vulneración de las garantías fundamentales.
La situación del Catatumbo debe ser una oportunidad para repensar la presencia integral del Estado en los territorios, donde la protección de los derechos humanos sea el eje central de cualquier estrategia de seguridad, paz y desarrollo.
Referencias o Bibliografía
Constitución Política de Colombia.
Ley 137 de 1994 ley Estatutaria de los Estados de Excepción.
Sentencia C 179 de 1994
Decreto legislativo 62 de 2025
AUTO Referencia: expediente RE-361 Control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 0062 de 24 de enero de 2025, “Por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”

La presente investigación pretende responder a la pregunta ¿Cómo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas ayuda a garantizar el derecho a la vivienda adecuada? Teniendo en cuenta que la interdependencia es uno de los principios de los Derechos Humanos, fueron escogidos estos derechos para su análisis en los casos de estudio de Colombia y México. El interés por realizar esta investigación radica en la visible limitación al acceso de vivienda propia en América Latina, así como por determinar si el empleo informal en la misma región influía en esta situación.

La metodología usada en esta investigación de carácter correlacional entre el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda se fundamenta en estudios de caso de Colombia y México. Tiene como base el análisis de fuentes documentales normativas y de cifras oficiales de las entidades de estadística de cada país. Así mismo tiene un componente de interpretación de la información, con el objetivo de identificar el cumplimiento de los lineamientos internacionales en materia de vivienda.

Partiendo desde un análisis de los instrumentos internacionales que han ratificado estos dos Estados pertenecientes al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, se contrasta el contenido de la normativa interna de cada Estado en materia de trabajo y de vivienda y se analiza el cumplimiento de los lineamientos internacionales a partir de las cifras oficiales de entidades estatales en materia de vivienda adecuada y empleo informal. De la misma forma, se analiza cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estudiado y protegido el derecho a la vivienda en sus sentencias. Siguiendo, se identifican las autoridades que en cada país tienen como función la realización del derecho a la vivienda y se contrasta la realidad de las viviendas en cada país para verificar si cumplen con los elementos de la vivienda adecuada que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha establecido.

Se concluye afirmando en primer lugar que, teniendo en cuenta las cifras del empleo informal tanto en México como en Colombia, se tiene acceso restringido a derechos prestacionales derivados del empleo formal que han sido consagrados en normativas interna y externas como son la seguridad social y el mínimo vital. Con fundamento en las cifras se considera que existe precariedad laboral en ambos países. Es necesario que desde las políticas públicas estatales se fomente la formalización del empleo y se aseguren medios para acceder al mismo.
En segundo lugar, al contrastar la legislación interna de cada Estado con el contenido de los instrumentos internacionales ratificados por estos, se encuentra que sí existe correspondencia entre los mismos. Cabe resaltar de la normativa interna en materia de trabajo de México, las constantes actualizaciones que responden a los cambios del mundo laboral.
En tercer lugar y de acuerdo con los datos emitidos por el DANE y el DNP, así como por el INEGI, se encuentra que muchas de las viviendas tanto de Colombia como de México, no cuentan con los elementos de la vivienda adecuada consagrados en instrumentos internacionales. Por lo anterior, es preciso que se implementen planes de adecuación y mejora de las viviendas existentes y que las viviendas que se proyecten para construcción cuenten con todos los elementos necesarios. Lo anterior se debe hacer teniendo en cuenta el crecimiento poblacional y demográfico de las ciudades en la actualidad.
Finalmente, se considera que la realización del derecho al trabajo permite tener mayor acceso a la realización del derecho a la vivienda. Teniendo en cuenta los derechos de prestaciones sociales que derivan del empleo formal y a los cuales se obligan los empleadores, así como la estabilidad y la seguridad del ingreso de un salario fijo, se hace posible el acceso a un crédito para vivienda, sea en entidades de carácter público o privado.

La pregunta que pretende responder la investigación es: ¿El Estado Colombiano tiene responsabilidad internacional por las vulneraciones a los derechos a la familia (17), de los niños y las niñas (19), a la integridad personal (5) y a la vida (4), contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, como resultado del incremento del reclutamiento ilícito cometido por el ELN, el Clan del Golfo y el EMC, en Colombia, durante los últimos 2 años?

Para responderla, el trabajo consiste en un análisis sobre la dinámica del reclutamiento ilegal de NNA a partir del Acuerdo Final, y particularmente desde 2017, basado en información de la Defensoría del Pueblo, el programa de desvinculación del ICBF, los autos e informes de la JEP y los informes de ONU- DDHH, con el fin de determinar el alcance del fenómeno y tratar de identificar sus causas y contextos. Posteriormente, se estudiará el comportamiento del Estado Colombiano frente a esta situación, su respuesta frente a los riesgos generales, y la relación entre las decisiones (y omisiones) de políticas públicas relacionadas con la presencia de fuerza pública, el desarrollo de planes y programas de protección de los NNA y el control de los mensajes que inciten al reclutamiento.

De la investigación se concluye que según la información recolectada por el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, luego de la firma del Acuerdo Final hubo una variación en la práctica del reclutamiento ilícito, que incluye una tendencia a la reducción del delito entre 2018 y 2021. Sin embargo, a partir de 2022 la práctica del reclutamiento ha venido incrementándose exponencialmente hasta llegar a cifras históricas en 2025, todas las instituciones, nacionales e internacionales coinciden en ello y así se ha venido advirtiendo al gobierno en estos últimos años. Confluyeron diferentes elementos, pero especialmente la política de paz total y el cese al fuego bilateral con el ELN y luego con el EMC (establecido en concordancia con el gobierno nacional), lo que incidió en una importante disminución de la presencia y accionar de la fuerza pública, al tiempo que se incrementó el cultivo de hoja de Coca. Tampoco ha habido, pese a la información conocida por el Estado, una política directa y decidida contra el reclutamiento, incluida alguna forma de control de las redes sociales que se han transformado en un vehículo de publicidad para convencer a los menores de edad.

Frente a ello, la Corte IDH ha desarrollado algunos estándares jurisprudenciales, que, relacionados con el conjunto de artículos sobre responsabilidad internacional de los Estados, dan lugar a entender que el Estado Colombia, al tener conocimiento del riesgo de reclutamiento que tienen los NNA, en particular en el departamento del Cauca, en el bajo Cauca Antioqueño y en la región del Catatumbo- Arauca, tenía un deber acentuado de protección de los NNA, tanto a partir de una presencia militar e institucional activa, como a partir de medidas de control de los medios de publicidad que se usan para el reclutamiento.

La conclusión de la ponencia es demostrar que: por un lado, el Estado tiene un deber de protección especial y prioritaria de los NNA frente al reclutamiento ilegal en circunstancias de conflicto armado no internacional que tiene como sustento el corpus Iuris interamericano como premisa mayor, y que en el caso del Estado colmbiano surge de 1. su conocimiento de la amenaza, 2. el interés superior de los NNA en la constitución, 3. el compromiso internacional de protección de sus derechos y 4. la contribución que el Estado ha hecho en la generación del riesgo de reclutamiento. Además, tiene una responsabilidad global en el incremento del delito, y una responsabilidad individual en casos en que se logre demostrar la incidencia directa del cese bilateral de hostilidades con la presencia y control territorial de los GAOs.

Tras los impactos negativos producidos al interior del conflicto armado colombiano, como han sido las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la normatividad nacional en concordancia con preceptos de rango constitucional y convencional, ha venido constituyendo lineamientos jurídicos y administrativos con el fin de resarcir los daños causados, garantizar los derechos de las víctimas y plasmar referentes sociales y jurídicos para prevenir y evitar hechos de grave marginalización a los derechos humanos.
De este modo, se ha venido estructurando un panorama garantista con respecto a las víctimas reconocidas al interior del conflicto armado, sin embargo, es necesario analizar como los hechos victimizantes también generaron consecuencias negativas a otro tipo de víctimas fuera del espectro antropocentrista, en especial, al medio ambiente, pues los diferentes hecho desarrollados al interior del conflicto armado como lo fue la implementación de minas antipersonales, sembramiento y producción de cultivos ilícitos, asentamiento de grupos al margen de la ley, deforestaciones, enfrentamientos, entre otros hechos victimizantes, han generado consecuencias nocivas para la conservación del medio ambiente.
Así, tras la implementación del acuerdo final para la paz, suscrito entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, la misión principal del mismo radica en la construcción de una paz integral, no obstante, hasta la fecha ha sido posible visualizar que el panorama de construcción del post-acuerdo se ha enfocado mayoritariamente a reconocer un conflicto de carácter socio político eludiendo las implicaciones y afectaciones producidas al medio ambiente al interior del conflicto, evitando catalogar al mismo como un conflicto socioambiental, lo que permitiría que la finalidad de una paz integral, realmente abarque diferentes aristas y esferas del conflicto tendientes a una verdadera justicia social, política y ambiental.
El panorama de reparación, se encuentra estructurado a través de lineamientos convencionales plenamente reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional y la jurisprudencia constitucional de Colombia, como es el caso de la Convención Americana de Derechos humanos la cual en su artículo 63.1 establece a la reparación como producto de una grave violación a los derechos y libertades protegidas por la mencionada convención, y en especial, es necesario destacar la Resolución 60/147 de 2005 de Naciones Unidas, por medio de la cual se establecen los principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
En la mencionada Resolución se plasma la reparación como un recurso adecuado, efectivo y rápido como parte del derecho que les asiste a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Es por esto, que su adaptación al interior del ordenamiento jurídico colombiano ha conllevado a realizar un análisis propio de la norma con el fin de entender el objetivo de la reparación, de este modo es claro entender que la reparación no solo tiene un finalidad económica, sino que está contempla un esfera de integralidad, por lo que debe entenderse que ha sido catalogada como restitutio in integrum, pues además de un factor pecuniario, la reparación contempla factores de restitución, reivindicación, satisfacción, rehabilitación y garantía de no repetición de los hecho victimizantes sobre los que recae las graves violaciones a derechos humanos.
Es por esto que la reparación fijada a través de la normatividad como la Ley 1448 de 2011, es una herramienta fundamental e importante en la estructura social democrática y post conflictual colombiana que establece garantías transformadoras de relaciones sociales que permiten en sentido amplio evitar la producción y continuación del conflicto, como también generar espacios de prevención para el futuro, entonces es coherente resaltar que la reparación proviene en cabeza del Estado como medio de protección y garantía de los derechos de la víctimas, que no se encuentra solo estructurado bajo el panorama jurídico nacional sino también gracias al desarrollo internacional basada en la responsabilidad internacional que este genera a los Estados, buscando en estricto sentido una reparación integral para las víctimas de hechos ilícitos.
Sumada a la importancia de la finalidad de una reparación integral, es necesario resaltar el espectro de protección fijado de la mencionada reparación, pues con la implementación de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos de ley adicionales como es el caso de los decretos 4633, 4634, 4635, 4800 y 4802 de 2011 se ha creado el Programa Administrativo de Reparación Colectiva, permitiendo que comunidades, colectividades y grupos que preexistían con anterioridad al desarrollo del conflicto armado y que además sufrieran diferentes aspectos de vulneraciones a la esfera individual y colectiva de sus derechos, les sea proporcionado una reparación integral; a este punto, es claro observar como la reparación integral, la cual ya ha sido reconocida como un derecho fundamental, esta guiada para ampara al sujeto de derecho que desde el derecho clásico ha sido la persona humana.
Sin embargo, a pesar de existir una nueva construcción a esa visión del sujeto de derechos del derecho clásico con la consolidación del reconocimiento de sujeto de derechos al medio ambiente a través de pronunciamientos de la Corte Constitucional u lineamientos jurisprudenciales de rango constitucional, como ha sido el caso del Río Atrato como sujeto de derechos, este reconocimiento no ha tenido un categoría general, por lo que ha sido un reto implementar el reconocimiento individual de garantías propias al medio ambiente en su generalidad, más aún desde un espectro de impactos y daños producto de un conflicto armado en proceso de resarcimiento a los mencionados efectos negativos.
En los últimos años, la Jurisdicción Especial para la Paz, ha venido implementando lineamientos y enfoques ambientales y territoriales con el objetivo de adaptar medidas de garantía y resarcimiento a los efectos nocivos al medio ambiente, y así implementar focos de eco justicia que permitan garantía, protección, mitigación y conservación del medio ambiente tras un panorama de post acuerdo de paz; esto en el entendido de la existencia de un compromiso internacional con respecto a los preceptos estipulados por el derecho internacional humanitario que ha venido apuntando el medio ambiente natural desde una concepción de supervivencia para el ser humano.
Ahora bien, si bien existe una construcción de herramientas jurídicas que permitan avanzar en la construcción de un eco justica y establecer un panorama de post acuerdo desde un especto de justicia y paz verde, hasta el momento no existen lineamientos que permitan una protección, reconstrucción tanto del tejido social como del medio ambiente; de este modo, y tras analizar como el medio ambiente hacer parte tanto de los derechos colectivos, como también parte identitaria de ciertas comunidades, es preciso analizar las medidas de reparación para una pronta protección medioambiental que a futuro pueda ser base concreta de un reconocimiento concreto de protección exclusiva del medio ambiente.
Por lo anotado, y bajo el análisis antecedido, se ha formulado el siguiente problema de investigación: ¿Cómo las medidas de reparación colectiva fijadas promueven la protección del medio ambiente y el territorio como derecho fundamental de las comunidades para la construcción de una paz integral en el marco del post acuerdo colombiano?
Así mismo, y con el fin de dar respuesta a la incógnita propuesta en la presente investigación en curso, se ha fijado como objetivo general Analizar las medidas de reparación colectivas que promueven la protección del medio ambiente y el territorio como derecho fundamental de las comunidades para la construcción de la paz integral en el post acuerdo colombiano.
Seguido a este, los objetivos específicos como lo son: 1.) Identificar la categoría de reparación colectiva como un producto del reconocimiento de la responsabilidad del Estado en Colombia. 2.) Explicar el alcance del medio ambiente y el territorio como un derecho fundamental de las comunidades en Colombia. 3.) Estudiar los factores para la construcción de una paz integral en el post acuerdo a través del reconocimiento de la reparación colectiva a los grupos minoritarios; lo anterior de la mano con el desarrollo de una metodología investigativa basada en un paradigma y enfoque cualitativo, debido al contenido normativo y contextual del problema; en el mismo sentido, el método de investigación es histórico hermenéutico, ya que se partirá de un estudio histórico a cerca de la protección jurídica estipulada en el marco nacional como también internacional de los derechos humanos en torno a la reparación como garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano, para posteriormente determinar tras la interpretación de tratados internacionales y el Acuerdo Final para la paz, como gracias a la reparación colectiva, se estructuran factores de protección al medio ambiente y el territorio como sujetos de protección en relación a las víctimas del conflicto y como estas garantías jurídicas de la paz integral en el proceso de post acuerdo en Colombia. Finalmente, para cumplir con los objetivos planteados en la investigación se emplearán técnicas de investigación como la revisión documental, jurisprudencial y normativa que permitirán el análisis y la respuesta a la pregunta problema.

El agua y la tierra como patrimonio espiritual: Impacto del extractivismo en los bienes ambientales y culturales del consejo comunitario de San Marcos.


Esta investigación expone los resultados preliminares de una investigación jurídica y socioambiental centrada en el impacto del extractivismo sobre los bienes ambientales y culturales del Consejo Comunitario de San Marcos, ubicado en el distrito de Buenaventura (Valle del Cauca). El estudio se enmarca en una perspectiva cualitativa, con un enfoque crítico del derecho y un marco teórico fundamentado en el multiculturalismo, particularmente desde los planteamientos de Will Kymlicka y Daniel Bonilla. La pregunta que orienta esta investigación es: ¿De qué manera se ven afectados los bienes ambientales y culturales del consejo comunitario de San Marcos, en relación con el río Anchicayá, cuerpo hídrico que nutre la vereda?

El esquema de trabajo se organiza en cuatro apartados principales. En primer lugar, se presenta una contextualización histórica, territorial y sociocultural del Consejo Comunitario de San Marcos, con énfasis en su relación ancestral con los ríos y los rituales comunitarios ligados a estos territorios. En segundo lugar, se examina el fenómeno del extractivismo en Colombia y su presencia en Buenaventura, a través de prácticas como la minería ilegal en territorios colectivos.

En tercer lugar, se realiza un análisis jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana que abordan casos similares de afectación ambiental y cultural a comunidades afrodescendientes, identificando los avances y tensiones en la protección de sus derechos colectivos. Finalmente, se integran los hallazgos teóricos para evaluar las respuestas institucionales frente al conflicto, para lograr identificar cómo se materializan estas afectaciones en las personas pertenecientes a esta comunidad.

La metodología empleada es de carácter cualitativo y se basa en el análisis documental, jurisprudencial y normativo del derecho étnico-territorial, así como entrevistas semiestructuradas realizadas con líderes comunitarios y los habitantes del territorio. La investigación se nutre también de informes y artículos académicos que documentan las formas de resistencia cultural y territorial frente al extractivismo.

Desde el marco teórico, se adopta una lectura del multiculturalismo que reconoce el derecho de las comunidades afrocolombianas a conservar y ejercer sus prácticas culturales en condiciones de dignidad, autonomía y participación efectiva. Kymlicka propone un multiculturalismo que defiende los derechos colectivos como un complemento necesario a los derechos individuales, mientras que Bonilla insiste en la necesidad de un pluralismo jurídico que reconozca la legitimidad de los sistemas normativos de los pueblos étnicos.

De manera parcial, las conclusiones están orientadas a que el extractivismo en San Marcos ha generado un proceso de desterritorialización forzada que amenaza tanto los ecosistemas locales como los vínculos culturales, espirituales y políticos que la comunidad mantiene con su entorno. Aunque la Corte Constitucional ha producido avances significativos en el reconocimiento de los derechos étnicos-territoriales, existen limitaciones estructurales en la implementación de estas decisiones. Esta situación exige una transformación profunda en la forma en que se entiende y gestiona el territorio, que pase de una lógica de explotación a una de cuidado, respeto y autodeterminación de los pueblos.

Palabras clave: Extractivismo, Comunidades Afrodescendientes, Multiculturalismo.

En el departamento del Cauca, existe una problemática que influye directamente en la calidad de vida y el bienestar de miles de familias caucanas.
El déficit habitacional se clasifica en dos grandes categorías: cuantitativa y cualitativa.
Primero, déficit cuantitativo: familias que necesitan una nueva vivienda debido a condiciones estructurales inapropiadas o hacinamiento severo.
Segundo déficit cualitativo: familias conformadas que necesitan mejoras en aspectos como materiales de construcción o saneamientos básicos (agua, energía, alcantarillado, gas, etc.).
A continuación, una muestra de ello.

TOTAL HOGARES HOGARES EN DEFICIT DEFICT CUANTITATI VO DEFICIT CUALITATIVO

572.700 287.290 70.750 216.540

100%
50,16% 12,35% 37,81%
CABECERA RESTO CABECERA RESTO CABECERA RESTO CABECERA RESTO
206.370 366.330 39.190 248.100 9.960 60.790 29.230 187.310
100% 100% 18,99% 67,72% 4,83% 16,59% 14,16% 51,13%
La anterior grafica es tomada del plan de desarrollo del departamento del Cauca (2024-2027)

Podemos observar que ambos tipos son una muestra de la falta de vivienda que carece el departamento, y que afectan directamente como la zona urbana como la rural.
Según la información del DANE, los municipios de menor población suelen presentar los mayores niveles de déficit habitacional. En el departamento del Cauca, esto se presenta con mayor frecuencia en zonas rurales, donde las viviendas no cuentan con servicios básicos, muchas de ellas esta construidas con materiales poco favorables en materia de construcción el cual no ofrece condiciones mínimas para hacer habitadas. También a esta problemática le podemos sumar el conflicto armado que se está llevando en muchos municipios del departamento, donde ha conllevado a el desplazamiento forzado y así así creciendo significativamente la demanda de vivienda digna.


En todo el país decidieron no adquirir su vivienda durante 2023, siendo el 78% de estos casos en el segmento VIS.

La baja en las ventas ha tenido un impacto negativo en el inicio de nuevos proyectos habitacionales. En el país, los inicios de construcción se redujeron en un 28,4% en 2023, lo que limita aún más la posibilidad de cerrar la brecha habitacional existente.

Para enfrentar esta situación, es crucial que haya una colaboración entre el gobierno nacional, las autoridades locales y el sector privado. Es necesario reactivar los programas de vivienda social, asegurar los subsidios a la demanda y fomentar proyectos de construcción sostenibles y culturalmente apropiados para las comunidades étnicas y rurales del Cauca.

También nos podemos dar cuenta de cómo se violan derechos fundamentales como el derecho a la vivienda digna consagrado en el art.51 de la conspicuos política de colombianísimas y en acuerdos internacionales en la Declaración universal de derechos humanos en su art. 25 al igual lo ratifica el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales en su art. 11

En resumen, el déficit de vivienda en el Cauca es un problema estructural que necesita soluciones integrales, sostenibles y urgentes. Tener una vivienda digna no es solo contar con un techo: es un derecho fundamental y un pilar para la paz, la salud y el desarrollo social.

Una de las preguntas al respecto del tema es: ¿qué papel deberían jugar las comunidades locales y los gobiernos municipales en la solución del déficit de vivienda en el cauca, especialmente en las zonas rurales y afectadas por el conflicto? Tema que debe ser abordado y se debe empezar a pronunciar los gobiernos para buscar una solución, a temas importante como la vivienda.

¿Cómo ha evolucionado el reconocimiento constitucional con respecto a la espiritualidad indígena en Colombia, y hasta qué punto el orden jurídico actual garantiza de manera efectiva esta autonomía?
Esquema de trabajo: Describa la estructura general de su ponencia, es decir, cómo estará organizada. Por ejemplo, puede señalar los apartados que compondrán el desarrollo del texto (introducción, marco teórico, análisis de casos, discusión, etc.), indicando brevemente qué se aborda en cada sección.
La ponencia tendrá un esquema que se compondrá con una división del tema
Introducción:
Se iniciará por:
Presentación del tema y su relevancia en nuestro contexto constitucional colombiano.
Exponer las preguntas relevantes de la exposición y los objetivos de esta.
Contextualizar la marginación histórica por su espiritualidad y sus costumbres culturales.
Evolución histórica del trato a la espiritualidad
Revisar el contexto histórico es una parte importante, para estudiar lo que sucedió con estos grupos después de la independencia, cómo sus costumbres y su espiritualidad fueron marginadas y criminalizadas gracias al poder que tenía la religión católica en su momento, y cómo, gracias a su participación en la Constitución del 91, lograron adquirir su protección constitucional a su espiritualidad. El panel contendrá:
Cómo el ordenamiento jurídico trataba a estas comunidades después de la independencia hasta la Constitución de 1991.
Cómo se estigmatizaba y criminalizaba sus prácticas espirituales, así como sus costumbres.
Repasar el Marco Constitucional, Normativo y Acuerdos Internacionales
Revisar hermenéuticamente el marco jurídico de Colombia es importante para ver el contexto normativo y constitucional, así como convenios internacionales donde se protejan a estos grupos. El panel contendrá:
Ver los conceptos claves como lo son: autonomía indígena, espiritualidad y el pluralismo constitucional.
Normatividad: Constitución de 1991 y Convenio 169 de la OIT.
Análisis Jurisprudencial A fondo
Se estudiará la opinión y decisiones de la Corte Constitucional sobre el tema:
El análisis que ha tenido la Corte Constitucional en sus sentencias sobre estos grupos es clave. Con respecto a esto se estudiará:
Estudio de sentencias claves remitidas por la Corte Constitucional como lo son SU-510/98, C-882/11, T-110/18, T-606/15.
Cómo estas decisiones han contribuido con el reconocimiento de la espiritualidad y costumbres indígenas.
Conflictos actuales y tensiones con la normatividad colombiana
En la actualidad, estos grupos gozan de una jurisdicción especial, por lo que sus costumbres pueden llegar a chocar con la normatividad, lo cual podría generar un problema social:
Un choque entre la sociedad y las prácticas espirituales de estás comunidades (especialmente con el tema del yagé, el uso de la coca, entre otras).
Conclusión: El estudio y análisis preliminar permite afirmar que la espiritualidad indígena ha evolucionado de una negación histórica a un estado de reconocimiento formal. Este cambio se dio especialmente con la Constitución de 1991. El texto introdujo el pluralismo jurídico y reconoció la diversidad étnica y cultural de Colombia, abriendo las puertas a la protección constitucional de las prácticas espirituales indígenas como parte esencial de su núcleo y estilo de vida dentro de su identidad colectiva.
Las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional han sido clave para fomentar el avance en su reconocimiento. En sentencias como la SU-510 de 1998, se ha realizado un ejercicio interpretativo desde un enfoque intercultural, protegiendo el uso de plantas ancestrales como el yagé, dándoles un reconocimiento espiritual dentro de los rituales propios de estas comunidades. Los fallos reflejan un esfuerzo por armonizar el derecho positivo con la cosmovisión indígena.
En el tema del derecho penal colombiano, podemos notar el conflicto evidente en materia de sustancias psicoactivas, en donde las prácticas ancestrales son objeto de estigmatización o persecución. La falta de una legislación clara entre la jurisdicción indígena y la ordinaria limita la autonomía espiritual reconocida por la Constitución.
Las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional han sido clave para fomentar el avance en su reconocimiento. En sentencias como la SU-510 de 1998, se ha realizado un ejercicio interpretativo desde un enfoque intercultural, protegiendo el uso de plantas ancestrales como el yagé, dándoles un reconocimiento espiritual dentro de los rituales propios de estas comunidades. Los fallos reflejan un esfuerzo por armonizar el derecho positivo con la cosmovisión indígena.

En el tema del derecho penal colombiano, podemos notar el conflicto evidente en materia de sustancias psicoactivas, en donde las prácticas ancestrales son objeto de estigmatización o persecución. La falta de una legislación clara entre la jurisdicción indígena y la ordinaria limita la autonomía espiritual reconocida por la Constitución.

Metodología: Para el desarrollo de esta ponencia, se utilizará una metodología cualitativa que estará complementada por métodos dogmáticos, hermenéuticos e interdisciplinarios.
El enfoque cualitativo nos permitirá enfocar el objeto de estudio desde una perspectiva interpretativa y contextual; estará centrado en la comprensión de los significados culturales, espirituales, así como la historia acerca de la espiritualidad indígena. A través de este enfoque se podrá analizar cómo ha sido tratada esta dimensión espiritual por el ordenamiento jurídico a lo largo del tiempo, sin recurrir a datos cuantificables, priorizando el análisis jurídico.
El método dogmático se utilizará para el estudio sistemático del marco normativo vigente. Con este método se podrá identificar los fundamentos jurídicos con los que se respalda la protección y el reconocimiento de la autonomía espiritual indígena.
Con el método hermenéutico se permitirá la interpretación crítica de las decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con el tema, permitiendo comprender cómo la jurisprudencia ha abordado y protegido el derecho a la espiritualidad indígena.
Por último, desde una perspectiva interdisciplinaria, el análisis de la espiritualidad indígena no puede limitarse a lo legal, sino que requiere comprender el trasfondo cultural y espiritual de las comunidades. En cuanto a fuentes se utilizará: fuentes normativas y de carácter internacional como lo son la constitución de 1991, Convenio 169 de la OIT, entre otras,
Fuentes jurisprudenciales principalmente de la corte constitucional, fuentes doctrinales especialmente relacionadas con derecho indígena y pluralismo constitucional y por último fuentes empíricas como lo son documentales, medios académicos o informes sobre conflictos actuales.

Cali, en tiempos recientes, ha sido escenario de profundas transformaciones urbanas, sociales y culturales, altamente influenciadas por el fenómeno de la gentrificación. Este proceso, que combina la intervención del mercado inmobiliario, la implementación de políticas urbanas orientadas a la renovación de espacios y la llegada de nuevos actores socioeconómicos, trae consigo efectos multidimensionales. En lo social, puede profundizar las desigualdades al desplazar a comunidades de bajos recursos; en lo económico, genera un incremento en el valor de la tierra y de los alquileres; y en lo cultural, tiende a homogeneizar el paisaje urbano, en detrimento de las expresiones identitarias locales. Tales dinámicas no solo relegan a la periferia a quienes han habitado tradicionalmente sus barrios, sino que lesionan el derecho colectivo al ejercicio pleno de libertades y a la preservación de la memoria histórica.

El patrimonio cultural de Cali, entendido como el conjunto de bienes tangibles (arquitectónicos, monumentales, urbanísticos) e intangibles (festividades, saberes, manifestaciones artísticas) que configuran la memoria y el sentido de pertenencia de sus habitantes; corre el riesgo de ser sustituido por proyectos inmobiliarios de alto rendimiento y por intereses económicos que privilegian la revalorización del suelo. En este escenario, la pérdida de identidad cultural se traduce en la erosión de las prácticas comunitarias: plazas, esquinas, talleres y mercados tradicionales son reinterpretados o directamente eliminados para dar paso a centros comerciales, lofts de lujo o zonas de expansión empresarial.

La idea central de este estudio es analizar la vulneración del patrimonio cultural y de las zonas protegidas en Cali a raíz del embate gentrificador. Con este fin, se plantea caracterizar las causas que afectan el derecho a la cultura; y, en consecuencia, el derecho a la ciudad, identificando las dinámicas que obstaculizan un acceso equitativo a los bienes culturales y que deterioran la cohesión social e histórica. Para ello, se consideran tanto los actores públicos (instituciones gubernamentales, oficinas de planeación, entidades de patrimonio) como los privados (desarrolladores, empresas inmobiliarias, inversionistas), así como los grupos comunitarios y las organizaciones sociales que defienden el legado cultural.

Con miras a estructurar un análisis riguroso, se aplicará una matriz de Vester como herramienta metodológica. Esta matriz permite identificar y ponderar variables clave en el sistema complejo de la gentrificación, tales como:

Relacionamiento socio-económico: ¿Cómo las nuevas dinámicas entre nuevos habitantes y antiguos habitantes se gestan en el plano socioeconómico?
Desplazamiento poblacional de los lugares de interés: ¿La movilización y llegada de nuevos pobladores afecta directamente el acceso a los bienes culturales inmuebles?
Choque de civilizaciones entre antiguos y nuevos pobladores: ¿Cómo los patrones culturales, morales y valores de los nuevos pobladores choca directamente con las tradiciones y cosmovisión de los antiguos habitantes?
Preservación histórico-cultural de la ciudad y de sus espacios: ¿Cómo estos espacios de interés cultural pueden y deben ser protegidos, tanto por el Estado colombiano, como por la propia población civil?

La aplicación de esta matriz permitirá visualizar gráficamente las interacciones entre estos factores y determinar cuáles son los nodos de presión más críticos sobre el derecho al patrimonio cultural. Los análisis preliminares, basados en datos de población y observaciones de campo en barrios históricamente protegidos (San Antonio, El Peñón, Granada).

Esta investigación pretende desarrollar un marco de análisis que, a través de la matriz de Vester, detecte las variables más influyentes y proponga medidas preventivas. Tales medidas incluirían desde políticas de control de rentas y estímulos a la conservación hasta la creación de consejos de patrimonio con representación comunitaria. El objetivo último es articular un modelo de gobernanza urbana donde el crecimiento económico y la conservación del patrimonio cultural no sean fuerzas contrapuestas, sino parte de un mismo proyecto de ciudad inclusiva y sostenible.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer en diciembre del año 2024 la sentencia “CASO PUEBLO INDÍGENA U’WA Y SUS MIEMBROS VS. COLOMBIA”. Esta decisión busca reparar las consecuencias adversas de proyectos militares, petroleros, mineros y turísticos que han afectado directamente el territorio e inexorablemente la existencia física y cultural del pueblo U’wa, conformado por 34 comunidades ubicadas en los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander. Desde la década de 1990 los U’wa se han opuesto a dichos proyectos y han manifestado su negativa a participar en procesos de consulta previa, por cuanto en ellos no se garantiza su derecho a decir “no”. Como muestra de lo anterior, se encuentra que ASOU'WA rechazó categóricamente la consulta previa señalando que “nuestro territorio no está a la venta”.
En el contexto colombiano pareciera que la consulta previa está diseñada para cumplir con los requisitos de forma, más no un mecanismos que permite de manera sustancial oponerse a proyectos extractivos. Esto ha evidenciado los límites de este mecanismo de participación. La sentencia de la Corte IDH evidenció la falta y/o falencias de la consulta previa, libre e informada afectó los derechos del pueblo U’wa, por lo cual se dispuso como medida de reparación que el Estado “deberá realizar un proceso de participación respecto de los proyectos extractivos vigentes y que fueron objeto de análisis en la presente Sentencia”.
Este fallo, que aún no ha sido suficientemente analizado, dio lugar a poner sobre la mesa las tensiones que se encuentran a la hora de materializar la consulta previa en el contexto de una economía de mercado que apunta al extractivismo. Esta ponencia tiene como pregunta de investigación: ¿Qué dijo la Corte IDH en el caso U`wa sobre cómo debe garantizar el Estado la consulta previa ante comunidades que se niegan a participar en dicho proceso? La respuesta a esta cuestión permitirá evidenciar las tensiones entre la concepción de la consulta previa que delimitó la Corte IDH y el alcance que se le ha dado en Colombia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esta lectura podrá dar luces de si son necesarias transformaciones en el ordenamiento jurídico para entender la consulta previa, libre e informada.
Para dar respuesta a este interrogante se hará uso de la metodología cualitativa, porque el interés está puesto en los significados que se le dan a la consulta previa, libre e informada, siendo la fuente la principal de estudio la sentencia proferida por la Corte IDH. Para el análisis del fallo se hará uso de la técnica de análisis de contenido con el fin de entender los alcances que se le dan a la consulta previa por medio del data coding. Cómo el objetivo de esta ponencia es hacer una lectura desde el ordenamiento jurídico colombiano, se tendrá en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional como son las sentencias: SU-039 de 1997, C-463 de 2014, SU-123 de 2018; SU-121 de 2022 y T-039 de 2024.
Se propone como esquema de trabajar, primero, dar cuenta del contexto y porque surgió el conflicto entre el pueblo U’wa y el Estado colombiano. Segundo, exponer cómo la Corte Constitucional colombiana ha ido delimitando lo que es la consulta previa a través de sus sentencias. Tercero, dar cuenta de qué se dijo sobre la consulta previa en el fallo de la Corte IDH. Cuarto, una vez se tengan las conceptualizaciones de los Corte Constitucional y la Corte IDH es posible determinar las tensiones y transformaciones que implica el mecanismo de participación. Finalmente, se darán las conclusiones a las que se llegó de la decisión desde una lectura del ordenamiento jurídico colombiano.

El objetivo de este documento de ponencia es analizar el derecho a la objeción de conciencia en Colombia a partir de perspectivas nacionales e internacionales respecto a la prestación del servicio militar obligatorio.
Para este propósito, a nivel nacional se examina el marco normativo del servicio militar, destacando la evolución de las normas que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano, fijando su carácter obligatorio desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 en su artículo 216 Capítulo VII de la Fuerza Pública, hasta las normas más actuales. A nivel internacional, se integrará la normatividad que protege el derecho fundamental a la objeción de conciencia. Que será abarcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 18, en la Convención de Derechos Humanos y en el Comité de Derechos Humanos que ha reconocido el derecho a objeción de conciencia al servicio militar como parte del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión consagrado en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En suma, se establecerá la actuación de la prestación del servicio militar en ciertos casos y aspectos en específico, esto mediante algunos de los fallos de la Corte Constitucional que se desarrollarán dentro de la ponencia. En tal sentido se fomentará una línea jurisprudencial, que permitirá definir como se desarrolla el derecho a la objeción de conciencia en la prestación del servicio militar, esto gracias al análisis de la normativa nacional e internacional.

Pregunta de investigación:
¿Cómo se implementa el derecho a la objeción de conciencia en el contexto del servicio militar obligatorio en Colombia?

Esquema de trabajo:
1. Introducción
2. Marco Normativo del Servicio Militar Obligatorio y sus Cambios a través del Tiempo:
- Constitución Política de Colombia de 1991 artículo 216 Capítulo VII de la Fuerza Pública.
- Ley 48 de 1993 (condiciones y procedimientos para el reclutamiento de los ciudadanos incluyendo criterios de selección y las excepciones).
- Decreto 1797 de 2000 (regula el régimen disciplinario dentro de las fuerzas militares, decreta las normas, los principios y procedimientos que deben regir la conducta de los miembros militares).
- Ley 1861 de 2017 (se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización).
- Ley 2341 de 2023 (tiene como objeto principal establecer las disposiciones especiales para resolver la situación militar para los mayores de veinticuatro años y los estudiantes universitarios que se encuentren cursando más de cinco semestres sin distingo de la condición en la que se encuentren).
- Ley 2384 de 2024 (introduce reformas significativas a la Ley 1861 de 2017 con el objetivo de mejorar las condiciones de los conscriptos, ampliar sus derechos y beneficios).
3. Normas Internacionales Sobre Objeción de Conciencia al Servicio Militar:
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- Declaración Universal de los Derechos Humanos
- Observación General No.22 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
- Convención Americana de Derechos Humanos
4. Integración de la Objeción de Conciencia en la Prestación del Servicio Militar Obligatorio a Través de los Fallos de la Corte Constitucional:
- Sentencia C-728 de 2009
- Sentencia T-455 de 2014
- Sentencia SU-108 de 2016
- Sentencia C-370 de 2019
5. Conclusión

Conclusión:
Resumiendo, este documento de ponencia ha permitido desarrollar una posible respuesta a la problemática planteada, respecto a la implementación del derecho a la objeción de conciencia en el contexto militar. Por lo cual se puede indicar que con el marco normativo se desarrollaron las leyes más relevantes en el proceso de evolución del servicio militar, como por ejemplo la Ley 48 de 1993 que regula el servicio militar y establece las condiciones bajo las cuales se debe prestar. El Decreto 1797 de 2000, que decreta las normas, los principios y procedimientos que deben regir la conducta de los miembros militares, asegurando que se mantenga un orden adecuado, una disciplina y el cumplimiento de los deberes en ejercicio de sus funciones.
Adicionalmente, la Ley 1861 de 2017 que tiene como finalidad regular todo lo relacionado con el servicio militar, el reclutamiento de los ciudadanos colombianos para el servicio y el control de reservas. Continuando con la base normativa, la Ley 2341 de 2023 fija las disposiciones especiales para resolver la situación militar de los mayores de veinticuatro años de edad y los estudiantes universitarios que se encuentren cursando más de cinco semestres sin distingo de condición en la que se encuentren. Por último, la Ley 2384 de 2024 decreta las mejoras de las condiciones de los conscriptos, respeto a sus derechos, beneficios y fomentar la incorporación a la prestación del servicio y garantizar de manera idónea los derechos, ampliar las prerrogativas y estímulos para quienes presten el servicio militar.
Esto permite señalar que efectivamente, con el desarrollo de este marco normativo se ha logrado evidenciar los diversos cambios y avances normativos, dejando abierta la posibilidad de creación de futuras leyes referentes al servicio militar. Que prospectivamente, da una respuesta de manera parcial a la problemática planteada al inicio de la ponencia, dando por entendido que en Colombia al implementar todas estas leyes que indican las obligaciones de los conscriptos, también establece sus derechos, planteando así, que si se tiene un proceso acorde a los derechos humanos.
Se logra determinar que existe un respaldo internacional, mediante los tratados internacionales, los pactos internacionales, las convenciones y demás pronunciamientos, como también la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo que se puede concretar que, en Colombia al ser un estado miembro de algunos de estos entes y organizaciones internacionales, puede encontrar una guía de obligatorio cumplimiento en tanto ratifique ciertos tratados, para que los creyentes, laicos y personas no afines a las acciones de la prestación del servicio militar, tengan garantías de sus libertades.
Como se ha afirmado antes, este texto de ponencia también establece una línea jurisprudencial a través de los pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional, considerada como una fuente del derecho encargada de unificar la interpretación de la ley. Las sentencias expuestas dentro del documento de ponencia han permitido englobar la integración del derecho a la objeción de conciencia en la prestación del servicio militar en casos específicos. Recordando que el derecho a la objeción de conciencia, es un derecho constitucional al estar establecido en la Carta Política de Colombia de 1991, por lo tanto, se debe cumplir.
Metodología:
El presente documento de ponencia hace parte del avance de un proyecto investigativo en curso, en donde se trabaja con un enfoque cualitativo, se instrumentaliza la técnica de análisis documental de normatividad y jurisprudencia sobre el servicio militar obligatorio en Colombia, adicionalmente los aportes del tipo internacional, como también de textos que tengan relación con la temática en desarrollo.

La industria de la moda es uno de los sectores de mayor relevancia en el sistema económico a nivel global. Esta industria se encarga de la producción de ropa, calzado y accesorios bajo la premisa de las tendencias, que inicialmente están divididas en las cuatro estaciones del año, o en invierno y verano, sin embargo, se ha caracterizado en los últimos años por la sobreproducción, generando tendencias fugases y exceso de prendas. Debido a que este sector se ha formado bajo las tendencias globales y económicas de la sociedad capitalista, desarrollado por el fenómeno de la globalización generado principalmente por el movimiento acelerado de las ciudades globales y las empresas transnacionales, superando así las fronteras nacionales.
A partir de esta idea, la siguiente ponencia pretende estudiar la estrategia del fast fashion que busca el crecimiento en el sector textil por medio de empresas transnacionales que producen masivamente, encontrándose en un modelo económico capitalista donde el consumo excesivo, el origen, uso y desecho de materias primas no es relevante, afectando del mismo modo, derechos humanos como de los trabajadores que se encuentran en condición de vulnerabilidad por la falta de garantías laborales como al medio ambiente que es contaminado diariamente. Por lo que se tiene como objetivo, analizar los efectos del fast fashion en la sociedad y su afectación a los derechos humanos tanto en el aspecto ambiental como en los derechos laborales de aquellas personas que se encuentran en los países periféricos que padecen la mayoría de las desigualdades sociales (Wallerstein,1979),
Conforme a lo anterior, la presente investigación presenta un enfoque cualitativo, se hace mediante el análisis teórico y documental de la sociedad moderna bajo la teoría de la globalización de Saskia Sassen, Bauman y Giddens en relación con la industria de la moda y la problemática de la estrategia del fast fashion. De seguido, frente a la estructura se dividirá en tres puntos específicos, correspondientes a la teoría de la globalización, la conceptualización de la industria de la moda y algunos derechos vulnerados.
En primer lugar, la teoría de la globalización se abordará como un fenómeno que ha sido debatido y de gran complejidad, generado principalmente por el modelo económico del capitalismo desarrollado por la apertura del libre mercado y la creación de cadenas de producción, analizando la asimetría de la globalización en los territorios y el funcionamiento de las empresas transnacionales frente a la movilidad transfronteriza que se presenta actualmente.
En la segunda sección se conceptualizará la industria de la moda, su configuración a nivel mundial y la importancia en el sistema económico. Del mismo modo, se revisarán los efectos derivados de la estrategia del fast fashion evidenciada en las sobreproducción generada por las dinámicas globalizadoras que abordan las empresas transnacionales. Conforme a lo anterior, se estudiará el fast fashion como estrategia de negocio de las empresas transnacionales. Posteriormente, se analizará el concepto de obsolescencia programada en la industria de la moda, haciendo énfasis al ciclo de vida de la ropa que se produce en la moda rápida.
Por último, en la tercera sección se realizará un estudio de la vulneración a los derechos humanos en la industria de la moda, limitándose a los derechos de los trabajadores quienes no cuentan con las garantías laborales mínimas por parte de empleador y la reglamentación interna donde se encuentran las fábricas de manufactura. Así mismo, el impacto al medio ambiente, el cual es contaminado diariamente debido al exceso de residuos de materia textil y afectando tanto el aire como el mar y los seres vivos que habitan en estos.
Encontrando así que la industria de la moda es basada en un sistema del modelo capitalista y bajo el fenómeno de la globalización se ha encargado de crear estrategias de consumo y sobreproducción que terminan afectando directamente los derechos humanos de toda la sociedad, principalmente donde se encuentran las fábricas de producción de las empresas transnacionales o donde termina la ropa y materia textil después de ser o no utilizada.

EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD UNA VISION LATINOAMERICANA

El control de convencionalidad, su concepto, clasificación, replantemaiento de principios, fuentes del Derecho e Instituciones, la construcción de un Derecho Constitucional Conmune en la Americas.

La investigación en curso aborda la tensión existente entre (i) la seguridad jurídica derivada de la jurisdicción nacional y su compatibilidad con la cosa juzgada extranjera y, (ii) la garantía del non bis ídem y el análisis de fondo de las providencias judiciales. Lo anterior con base en estudios de casos de exequátur proferidos por parte de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Se analiza si con las decisiones de la Sala Civil de la Corte Suprema al evaluar tanto aspectos formales como de fondo en las sentencias extranjeras, se vulneran garantías constitucionales que comprometen derechos adquiridos de las partes. La población objeto de estudio fue compuesta por sentencias y laudos arbitrales abordados por la sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia de Colombia durante el periodo 2000 a 2024 y se ciñó a procesos de naturaleza contractual y ejecutiva.

La metodología adopta un enfoque mixto que combina análisis documental, jurisprudencial y comparativo. La fase documental-normativa incluye revisión exhaustiva de fuentes primarias. La fase jurisprudencial implementa un análisis sistemático de decisiones de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Se categorizaron según 14 variables entre las que se destacan: el tipo de decisión, el país de origen de la providencia, la autoridad que la profirió y el término transcurrido entre la decisión adoptada originalmente y el exequátur en Colombia. Posteriormente se usó el método comparativo funcional para contrastar el ordenamiento jurídico colombiano con otros a fin de identificar las particulares desde de cada uno y extraer criterios de mejores prácticas. Finalmente, se efectuó una evaluación crítica que determina la coherencia entre la práctica judicial colombiana y los estándares internacionales.

El trabajo se estructura en cuatro ejes fundamentales. El primer eje desarrolla el marco teórico y normativo mediante el análisis del principio constitucional de non bis in ídem, el estudio del marco jurídico del exequátur en Colombia, la revisión de la competencia de la CSJ y el examen de tratados internacionales ratificados. El segundo eje comprende el análisis comparativo con énfasis en el contraste específico entre Colombia y España. El tercer eje se enfoca en el análisis jurisprudencial mediante la revisión sistemática de providencias referido. Por último, se examina el impacto en la seguridad jurídica, anticipando los efectos respecto de los bienes ubicados en territorio colombiano.

Las conclusiones parciales sugieren una problemática estructural significativa. Se confirma una vulneración sistemática del principio non bis in ídem, pues la sala Civil, Agraria y Rural realiza un segundo juzgamiento material sobre asuntos decididos por tribunales extranjeros competentes. Es decir, no se limita a la revisión formal sino que evalúa aspectos sustanciales ya resueltos. Se observa preliminarmente una desactualización normativa procedimental frente a acercamientos de otros ordenamientos en materia de asuntos contractuales. La carencia de armonía entre derechos adquiridos mediante providencias extranjeras y el condicionamiento de los alcances de las determinaciones adoptadas en aquellas en virtud del exequatur, genera inseguridad jurídica entre las partes.

Lo anterior apunta a la pertinencia de reformas integrales procurando la armonización con estándares internacionales, unificación de criterios jurisprudenciales y fortalecimiento de mecanismos de cooperación judicial internacional.

Andres Fernando Mejia Restrepo - Paulina Davila Idarraga

Hasta que se profirió el fallo Daubert en los Estados Unidos se aplicaba el criterio de aceptabilidad general o la denominada regla Frye para la admisibilidad de pruebas científicas. Sin embargo, en “The Federal Rules of Evidence” de 1975 el parámetro de aceptabilidad no fue incluido como requisito para su admisibilidad. Con el cambio normativo, la Corte Suprema estableció unos nuevos parámetros de “control” en la sentencia de 1993 que fueron confirmados en las decisiones Joiner de 1997 y Kumho de 1999. Los nuevos estándares referidos en la aquella decisión fueron:

1. Relevancia (Relevant ).
2. Confiabilidad (Reliable ).
3. Si es científico:
3.1. Si ha sido probado (tested).
3.2. Si ha tenido revisión por pares -publicado o teorías innovadora no publicada aún- (Peer review -published or Innovative theories not published-).
3.3. La tasa de error (rate of error).
4. ¿Califica como conocimiento? (Knowledge ).
5. ¿Es pertinente? (Pertinent ).
6. Aceptabilidad (Acceptability )

Metodología

En la investigación que se adelanta se revisa la adopción o reflejo normativo de los estándares del fallo Daubert en diez países de Suramérica omitiendo las objeciones presentadas por los jueces Rehnquist y Stevens en sus disidencias. El enfoque de la investigación es descriptivo y normativo, y el método de derecho comparado usado es tanto cuantitativo como cualitativo, con especial énfasis en el último. Para desarrollarla se usan métodos de derecho comparado: El funcionalismo es el enfoque prevalente en este campo en la actualidad, procurando analizar las instituciones desde su funcionamiento. Este y otros acercamientos de la disciplina han sido criticados por (1) su énfasis etnocentrista y (2) la prelación de la visión anglo-europea en el estudio del derecho . La aproximación etnocentrista parte de ubicar el propio derecho como superior a los demás. Los comparatistas occidentales perciben y evalúan las normas y culturas legales bajo los términos y preconceptos originados en sus costumbres, estándares y convenciones .

Finalmente, se tuvo en cuenta el método “(d/d) distancing and differencing” que propone Frankenberg. El “distancing” supone un cambio epistemológico en el investigador, quien debe reconocer y respetar los demás ordenamientos sin pretender domesticarlos . El “differencing” reconoce que el comparatista interpreta lo que ve dentro de una matriz provista por un contexto cultural específico que constituye derecho y también es constituido por éste. El investigador no describe ni compara de manera neutral u objetiva lo que ve o lee. Se acerca al derecho extranjero, con sesgos con una pre-compresión y con propósito dados por lo propio .

Se aclara que:

• La investigación en curso no busca un acercamiento a las reglas procesales de una especialidad particular como el derecho penal o civil .
• Se reconoce que las reglas Daubert no constituyen el único insumo para el decreto, práctica y valoración del testimonio experto o dictamen pericial.
• Es evidente que los criterios Daubert no resuelven los problemas ya que su ambigüedad genera importantes debates acerca de lo que se puede considerar o no relevante y confiable , entre otros problemas no menos importantes como su aplicabilidad frente a ciencia “basura”.

Por lo anterior, el alcance de esta indagación es exclusivamente descriptiva con base en la cual podrían sugerirse ajustes a las reglas normativas procesales.

El desplazamiento ambiental, en tanto fenómeno complejo, multicausal y en aumento, ha comenzado a tensionar las fronteras tradicionales del derecho internacional. En este contexto, uno de los grupos que enfrenta mayores niveles de desprotección normativa son los niños, niñas y adolescentes (NNA). Esta ponencia abordará los desafíos del derecho internacional para ofrecer una respuesta adecuada a la situación de NNA y sus referentes familiares que deben desplazarse por causas climáticas y ambientales, evidenciando un vacío normativo que los coloca en una situación de vulnerabilidad estructural e interseccional.

Actualmente, el marco jurídico internacional más consolidado para la protección de personas desplazadas es el régimen del refugio, particularmente la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967. Sin embargo, este instrumento exige como condición fundamental la existencia de una persecución individualizada por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. En consecuencia, el desplazamiento provocado por fenómenos naturales, degradación ambiental o efectos del cambio climático queda excluido del ámbito de protección del régimen de refugio. Esta exclusión deja sin cobertura a miles de personas que, forzadas a huir de sus hogares por amenazas existenciales vinculadas al ambiente, no cumplen con los requisitos jurídicos establecidos para ser reconocidas como refugiadas.

En el caso de los NNA, esta laguna normativa se agrava por su condición particular de vulnerabilidad. Los efectos de la crisis climática impactan de manera desproporcionada en las infancias tanto por su condición de sujetos en desarrollo, así como la pérdida de acceso a servicios básicos esenciales como salud, educación, vivienda o alimentación. A esto se suma que, muchas veces, los desplazamientos conllevan separación familiar, situaciones de violencia, abandono escolar, inseguridad alimentaria y exposición a redes de trata y explotación. La infancia migrante, en este sentido, enfrenta una “doble vulnerabilidad” o “vulnerabilidad interseccional”: por ser NNA y por ser población desplazada.

En tal sentido, la pregunta que orienta esta ponencia es: “¿Qué desafíos presenta el derecho internacional para garantizar la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes (NNA) desplazados por causas ambientales?” Para responderla, se propone un esquema estructurado en tres partes: Primero, se analiza el fenómeno del desplazamiento ambiental desde una perspectiva multicausal e interseccional, con énfasis en su impacto desproporcionado en las infancias. En segundo lugar, se examina críticamente el régimen jurídico internacional vigente (principalmente la Convención de Ginebra y la Convención sobre los Derechos del Niño) y su insuficiencia para abordar este fenómeno. Finalmente, se exploran propuestas doctrinales y normativas emergentes que buscan una mayor adecuación del derecho internacional a esta realidad. Para lograr estos objetivos, la metodología utilizada será la dogmática, con enfoque cualitativo y análisis documental, basada en la revisión sistemática de normas internacionales, observaciones generales de comités de Naciones Unidas, informes de organismos internacionales y literatura especializada. Esta aproximación permite identificar lagunas normativas, principios aplicables y vías posibles para avanzar hacia un marco de protección efectivo para los NNA desplazados por la crisis climática y ambiental.

De este modo, es posible precisar que el derecho internacional de los derechos humanos ofrece, no obstante, herramientas que permiten construir una interpretación más garantista frente a esta realidad. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CDTM), y la Observación General Conjunta N° 22 y 3 de sus respectivos Comités, permiten interpretar que los Estados tienen la obligación de proteger a los NNA desplazados por causas ambientales, a partir de principios fundamentales como el interés superior del niño, la unidad familiar y la no devolución (non-refoulement).

Asimismo, los recientes desarrollos en el soft law (como la Declaración de Cartagena de 1984, los principios formulados en 2022 por UNICEF y otros organismos internacionales) promueven una visión integral del fenómeno, que reconoce a los NNA desplazados climáticamente como titulares de derechos específicos. Estos principios reafirman la aplicabilidad directa de la CDN, exigen la participación informada de los NNA en las decisiones que los afectan, y demandan de los Estados la adopción de medidas urgentes para su protección. Aunque carecen de fuerza vinculante, estos instrumentos representan avances significativos en la configuración de un marco normativo emergente que reconoce la especificidad de las infancias afectadas por la crisis climática.

Pese a estos avances, aún no existe un cuerpo normativo internacional vinculante que aborde de manera directa y específica el desplazamiento ambiental de NNA. Las tres grandes propuestas que han surgido en la doctrina (flexibilizar la Convención de Ginebra, aplicar de manera armónica los instrumentos ya existentes, o redactar un nuevo tratado internacional) enfrentan importantes obstáculos políticos, jurídicos y prácticos. En este escenario, se hace urgente avanzar hacia una estrategia jurídica multinivel que permita interpretar, desde los derechos humanos, las obligaciones de los Estados frente a esta realidad.

La ponencia concluirá que el derecho internacional presenta una omisión normativa relevante frente a la situación de los NNA desplazados por causas ambientales, lo que constituye una vulneración a su derecho a la protección integral. Esta omisión se traduce en una insuficiencia del régimen jurídico vigente (particularmente la Convención de Ginebra de 1951) para dar cobertura a este tipo de movilidad forzada, al no contemplar el daño ambiental como causa legítima de protección internacional. Sin embargo, a la luz de principios reconocidos del derecho internacional de los derechos humanos, como el interés superior del niño, la no discriminación, la unidad familiar y el principio de no devolución, resulta jurídicamente exigible que los Estados adopten medidas legislativas, administrativas y judiciales que garanticen una protección diferenciada a los NNA en situación de desplazamiento ambiental. Además, el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos impone la obligación de garantizar de forma efectiva los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de estos niños y niñas, e inclusive, de sus referentes familiares. Por tanto, urge avanzar hacia un marco jurídico internacional específico, o al menos interpretativamente integrador, que reconozca explícitamente el desplazamiento ambiental como supuesto legítimo de protección, con un enfoque interseccional, pro persona y con eficacia directa

Entre el corpus iurus interamericano y el bloque de convencionalidad interamericano: La necesidad de una diferenciación conceptual

El control de convencionalidad es un mecanismo que busca garantizar la compatibilidad de las normas y prácticas internas de los Estados con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otros estándares interamericanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha expandido las fuentes para este control más allá de la CADH, incluyendo su jurisprudencia contenciosa, opiniones consultivas y otros tratados interamericanos.

Esta expansión ha llevado a que la doctrina denomine a este conjunto de fuentes como "corpus iuris interamericano", que algunos autores extienden hasta incluir costumbre interamericana previa a la OEA (1948).

Surge así una controversia conceptual: ¿debe emplearse el término corpus iuris interamericano como parámetro de convencionalidad o es más preciso hablar de un bloque de convencionalidad interamericano? Esto deriva en la siguiente pregunta: ¿Cuál es la diferencia conceptual entre el corpus iuris interamericano y el bloque de convencionalidad interamericano?

Para resolverla, se ha planteado el siguiente objetivo general: Determinar la diferencia conceptual entre el corpus iuris interamericano y el bloque de convencionalidad interamericano, el cual se desarrollará a partir de los siguientes objetivos específicos: (i) Estudiar los conceptos de corpus iuris y bloque de constitucionalidad como base del bloque de convencionalidad; (ii) caracterizar las diferentes normas jurídicas interamericanas; y (iii) identificar, a partir de sus características, las normas jurídicas interamericanas que correspondan al concepto de corpus iuris y bloque de convencionalidad.

El estudio se hará a partir de un paradigma cuantitativo, con enfoque histórico-hermenéutico y tipo documental. Su estructura incluye: (i) El control de convencionalidad en el derecho internacional; (ii) la caracterización del control de convencionalidad interamericano; (iii) el Sistema Interamericano más allá de la CADH; (iv) el concepto de corpus iuris en la doctrina internacionalista; (v) el bloque de constitucionalidad como base del bloque de convencionalidad; (vi) características de las normas interamericanas; (vii) normas pertenecientes al corpus iuris o al bloque de convencionalidad interamericanos.

A manera de hipótesis conclusiva se debe decir que existe consenso en que la CADH y la jurisprudencia de la Corte IDH son criterios para el control de convencionalidad. Sin embargo, la discusión se centra en otros instrumentos, como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada o la Convención de Belém do Pará, que otorgan a la Corte IDH competencia para declarar la responsabilidad estatal por su violación.
No obstante, hay una distinción clave: mientras el corpus iuris interamericano abarcaría tratados y derecho consuetudinario propios de la región, el bloque de convencionalidad se limitaría a normas que la Corte IDH aplica directamente para evaluar la responsabilidad internacional del Estado. Así, no todo el corpus iuris formaría parte del bloque de convencionalidad interamericano.

El objetivo de la ponencia es presentar los resultados de la investigación doctoral realizada en la Universidad Externado de Colombia y que será publicada en libro por dicha universidad.

La pregunta de investigación fue: ¿Cómo solucionar las contradicciones entre normas de derechos humanos interamericanas y colombianas desde la revisión judicial de la Corte Constitucional?

Esquema de trabajo: Para esta ponencia se presentará como uno de los resultados de dicha investigación, la construcción del concepto de diálogo convencional y constitucional de derechos humanos, su sustentación normativa, jurisprudencial y doctrinal y la conceptualización y caracterización de la decisión judicial que realiza el llamado al diálogo convencional y constitucional de derechos humanos.

En la investigación se construyó una definición de diálogo convencional y constitucional de derechos humanos, con justificación de su legitimidad democrática y de su garantía al cumplimiento de las obligaciones internacionales, teniendo en cuenta proposiciones como la “conversación entre iguales” del profesor argentino Roberto Gargarella, el diálogo significativo de la Corte Constitucional Colombiana, el compromiso significativo del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, y el diálogo social de que trata la Ley estatutaria 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, y se dio respuesta a las posibles críticas contra el diálogo y la decisión judicial de llamado a diálogo.

Sobre la decisión judicial que convoca al diálogo convencional y constitucional de derechos humanos se sostuvo que es el tipo de decisión judicial que se emplearía por la Corte Constitucional ante su falta de competencia para controlar la validez de normas constitucionales internas y cuando evidencie que las interpretaciones autorizadas de las normas convencionales de derechos humanos realizadas por la Corte IDH son incompatibles con las normas constitucionales internas.

También se concluyó que dicha decisión rompe el paradigma de la decisión judicial caracterizada por ser autoritativa o mandatoria, para ser una decisión facilitadora de un escenario de construcción colectiva democrático y deliberativo para interpretar y dar sentido a las normas en tensión y con ello maximizar la eficacia de estas normas y derechos, con lo cual satisface el principio de legitimidad democrática de origen y de resultado.

Se enfatizó en que se cumplía con el principio de responsabilidad internacional porque se atienden las obligaciones de adecuación del ordenamiento jurídico interno a los fines democráticos de la Convención, porque la decisión judicial ordena un diálogo abierto incluso a la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para apoyar ese escenario y la toma de decisiones.

La conclusión consistió en señalar que una de las formas de solucionar las contradicciones entre normas de derechos humanos interamericanas y colombianas desde la revisión judicial de la Corte Constitucional es una decisión judicial de llamado al diálogo convencional y constitucional de derechos humanos, por tener mayores grados de legitimidad democrática y satisfacción del principio de responsabilidad internacional estatal.

En resumen, con esta investigación se genera una reflexión sobre el rol del juez de constitucionalidad como juez de validez de normas, que entre garantizar la estabilidad y seguridad jurídica y promover el cambio social para la garantía de los derechos humanos, se le hace un llamado a promover metodologías más democráticas para la solución de las contradicciones normativas, tal como ya lo viene haciendo en sede de tutela para la garantía de los derechos sociales y económicos.

La metodología empleada es cualitativa, es decir de análisis documental.

El bloque de constitucionalidad es una de las más diestras creaciones de la jurisprudencia constitucional colombiana. Si bien, al denominarlo, la Corte eligió un término que ya se empleaba en España y Francia, el concepto y las funciones que le atribuyó en nuestro ordenamiento obligan a reconocerlo como un concepto enteramente novedoso y distinto, frente a las versiones europeas anteriores. Desde su creación, el bloque de constitucionalidad ha tenido un interesante desarrollo en la jurisprudencia: en sus orígenes, experimentó una fase de ampliación y afianzamiento conceptual; en la actualidad, debido a las fricciones que se han producido con ocasión del control de convencionalidad cuya aplicación exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su significado y su relevancia se han puesto en cuestión. En el panel, ahondaré en las consecuencias que han acarreado para el bloque de constitucionalidad estos desencuentros entre los dos tribunales. Además, con base en la jurisprudencia constitucional que ha aparecido luego de este enfrentamiento, propondré una reconstrucción teórica del bloque de constitucionalidad y enunciaré los elementos que hoy se integran en él.

John Milton fue un destacado poeta inglés, quien en Areopagítica (1644) impugnó la autoridad del régimen de censura parlamentaria implantado durante las guerras civiles inglesas de mediados del siglo XVII. Sin embargo, Milton, como un decidido republicano, no tuvo problema en aceptar ser censor de Cromwell en 1649, esto es un licenciador gubernamental en la Commonwealth of England.
A partir de la lucha propagandística en las complejas guerras civiles inglesas, los intentos de controlar la difusión escrita de ideas políticas y religiosas en un período revolucionario, y de una actitud de Milton quien luchó por liberar a impresores detenidos y licenciar todo libro que fue puesto en sus manos -hasta llegar a ser incómodo para el mismo gobierno- se relacionan con paradigmas que deben ser observadas en las sociedades actuales, azarosas en poder filtrar las mentiras, las noticias faltas y la información manipulada en los debates públicos.
El problema que se plantea se contrae a explicar, ¿cómo la impugnación de la censura en Areopagítica y la labor de licenciador de Milton pueden influir en los esfuerzos de las sociedades actuales para controlar las mentiras o noticias falsas difundidas en la esfera de lo público?
Hoy ya no es problema la proscripción de la censura previa, en contra de la cual Milton luchó por estar asegurada desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos-, sino en especial la contención del uso de medios indirectos para controlar la difusión de las ideas e información. En este contexto se debe renovar la confianza que tenía Milton en la inteligencia, la libertad y el estudio de cada persona para el crecimiento personal. Porque como dice la Ilustración: ¡la libertad os hará verdaderos!

La ponencia propone una reflexión crítica sobre la centralidad del trabajo en la configuración de las sociedades modernas, tomando como eje dos perspectivas fundamentales: el derecho a la pereza de Paul Lafargue y la noción de autoexplotación en Byung-Chul Han. La pregunta que guía esta ponencia es: ¿cómo dialogan las críticas al régimen laboral formuladas por Paul Lafargue y Byung-Chul Han, y qué aportes ofrecen para repensar el papel del derecho en la legitimación o transformación de las formas contemporáneas de trabajo? Desde un enfoque sociojurídico, esta ponencia no sólo busca analizar las ideas de ambos autores, sino, también, la manera en que las estructuras normativas han operado como dispositivos de control, disciplinamiento y producción subjetiva.
La ponencia se estructura en tres momentos: primero, se analiza la propuesta de Paul Lafargue, quien, en pleno siglo XIX marcado por la Revolución Industrial, denuncia la glorificación del trabajo como una alienación impuesta por el capitalismo y reforzada por la moral burguesa y el derecho. Para Lafargue, reivindicar el “derecho a la pereza” no es simplemente un llamado a la inactividad, sino una crítica a la forma en que el trabajo ha sido convertido en mandato social y jurídico. A continuación, se examina la tesis de Han, que describe cómo en el capitalismo tardío el sujeto ya no necesita ser disciplinado externamente, pues se explota a sí mismo bajo el imperativo de la productividad constante. Esta mutación del poder desde formas coercitivas hacia dinámicas autoimpuestas revela nuevas formas de dominación subjetiva, donde la idea de libertad sirve de máscara a nuevas formas de esclavitud voluntaria. Por último, se problematizará el rol del derecho en estos procesos: se argumenta que, tanto en la etapa industrial como en la neoliberal, el derecho ha sido un instrumento que, lejos de cuestionar la centralidad del trabajo, la ha reforzado, estructurando tanto la ciudadanía como la economía sobre la base de la productividad.
En términos metodológicos, esta ponencia adopta un enfoque cualitativo y crítico, basado en la lectura comparativa de los textos de Lafargue y Han, complementada con literatura secundaria en teoría crítica. El análisis se desarrolla a partir del supuesto de que el derecho no es neutral ni externo a las relaciones de poder, sino una herramienta que participa activamente en la formación de subjetividades y órdenes sociales. Por ello, el cruce entre filosofía, sociología y teoría jurídica permite una comprensión más profunda de los dispositivos que sostienen el ideal moderno del trabajo.
La conclusión de esta reflexión sugiere que tanto Lafargue como Han, desde contextos históricos distintos, coinciden en denunciar una lógica que subordina la vida al rendimiento, y que el derecho, en lugar de ofrecer un contrapeso emancipador, ha tendido a reproducir dicha lógica. Desde esta lectura, se propone repensar el derecho no solo como regulador del empleo, sino como posible garante de un “derecho al no-trabajo”: un derecho a la pausa, al ocio, al tiempo improductivo como dimensión legítima de la existencia. Frente a la autoexplotación contemporánea, la reapropiación del tiempo libre y la desobediencia al mandato del rendimiento podrían ser vías de resistencia que también interpelen al derecho como práctica transformadora.

LA LEY ANTE EL ESPEJO DE LA LITERATURA: ENTRE LA TRAGEDIA Y EL ABSURDO JURÍDICO

Resumen:
Esta ponencia parte de la siguiente pregunta: ¿de qué manera puede la literatura ofrecer una crítica estructural al derecho positivo y a las formas institucionales del castigo? En un contexto en el que el derecho es percibido frecuentemente como un sistema cerrado, técnico y autorreferencial, la literatura irrumpe como un campo capaz de desnudar sus aporías, poner en evidencia sus fundamentos ideológicos y, en algunos casos, revelar su impotencia frente a la justicia. La literatura no es un simple reflejo cultural del derecho, o de la economía, sino un lenguaje que los subvierte, los desestabiliza y los interpela desde sus márgenes éticos y simbólicos.
Se tomará como referente principal tres obras paradigmáticas: El proceso de Franz Kafka, Crimen y castigo de Dostoievski y Antígona de Sófocles. Cada una de estas ficciones narrativas plantea una confrontación radical con la noción de legalidad, abordando temas como el juicio sin ley, la culpabilidad sin redención, y la tensión irresoluble entre la ley y la conciencia, o entre el derecho positivo y un supuesto derecho natural. Leídas desde la filosofía del derecho y la teoría crítica, estas obras permiten rastrear una genealogía del castigo como estructura de poder, y de la justicia como aspiración que excede —y a veces contradice— el derecho codificado.
El esquema de trabajo se dividirá en cuatro secciones principales:
1. Marco teórico: una introducción al campo de los estudios de Derecho y Literatura (Law and Literature), distinguiendo entre los enfoques “Law in literatura” y “Law as Literature". Se presentarán los aportes de autores como Martha Nussbaum y Costas Douzinas, quienes han defendido la capacidad de la literatura para expandir la sensibilidad jurídica y criticar sus presupuestos.
2. Kafka y la burocracia sin rostro: análisis de El proceso como una parábola moderna sobre la alienación jurídica, en la que el protagonista es atrapado en un sistema sin normas claras, sin culpabilidad definida y sin salida posible. Se discutirá el concepto de “culpa ontológica” y su resonancia con las críticas contemporáneas a la justicia penal como aparato de control.
3. Dostoievski y la culpa más allá del derecho: lectura de Crimen y castigo como una exploración de la distancia entre el castigo legal y la expiación moral. Se indagará en la figura de Raskolnikov como síntoma de la fractura entre ética individual y ley positiva, y se conectará con debates actuales sobre justicia restaurativa.
4. Sófocles y la ley del corazón: aproximación a Antígona como la matriz trágica del conflicto entre la ley del Estado (Nomos) y la ley no escrita (Dike). Se estudiará la relevancia de esta tensión en contextos modernos de desobediencia civil, derechos humanos y legitimidad del poder político.
Como afirma Antígona frente al decreto de Creonte: "Como no era Zeus quien la había promulgado, no creí yo que tus decretos tuvieran tanta fuerza como para invalidar leyes divinas..." Esta declaración no solo anticipa la idea de un derecho natural por encima de la ley positiva, sino que reafirma una obligación ética primaria: enterrar a los muertos es un deber fraterno, filial. En ese gesto trágico de resistencia, Antígona no solo defiende la memoria de su hermano, sino también una justicia que trasciende los marcos legales de su tiempo.
La metodología será cualitativa, hermenéutica y comparativa. Se realizará un análisis textual de las obras literarias, cruzado con marcos teóricos del derecho, la ética y la crítica cultural.
La conclusión anticipada es que la literatura no solo proporciona imágenes alternativas de justicia, sino que revela los límites del derecho como forma institucionalizada de poder. Frente a un derecho que se presenta como neutro, técnico o inevitable, la literatura introduce la posibilidad de una justicia poética, que reabre las preguntas fundamentales sobre el sufrimiento, la culpa y la redención. En tiempos de endurecimiento penal y juridificación de la vida social, este tipo de crítica resulta más necesaria que nunca.

La presente ponencia tiene como propósito analizar, desde una perspectiva crítica, el contexto actual de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a nivel global. Se destaca cómo, en diversos países, ha resurgido una ola conservadora que busca restringir el acceso al aborto, a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual integral. Paralelamente, en otros contextos, han resurgido discursos y políticas orientadas a promover la natalidad como respuesta a la baja tasa de nacimientos y al envejecimiento de la población, priorizando incentivos económicos por encima de la autonomía reproductiva. En este marco, se propone una lectura de la novela “El cuento de la criada” de Margaret Atwood como una obra literaria que, desde la ficción distópica, permite advertir los riesgos sociales, políticos y jurídicos que representa el control patriarcal sobre los cuerpos femeninos.
La novela, escrita en la década de los ochenta, retrata un régimen teocrático ficticio en la República de Gilead, donde las mujeres fértiles son reducidas a simples instrumentos de reproducción. Bajo el pretexto de una crisis de natalidad, se instauran rituales religiosos que legitiman la subordinación, la violencia tanto simbólica como física y la supresión total de la autonomía corporal femenina. Esta construcción literaria se convierte en una poderosa herramienta de análisis frente a las problemáticas del mundo contemporáneo, particularmente ante las tensiones que hoy atraviesan los derechos sexuales y reproductivos en países como Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, Rusia e incluso diversas naciones de América Latina.
En la actualidad, diversas medidas políticas en estos países, como la limitación del aborto, los obstáculos al acceso a anticonceptivos o los incentivos económicos para promover la natalidad, evidencian cómo el cuerpo femenino se convierte en un campo de disputa entre la autonomía individual y los intereses del Estado. Estas decisiones, en lugar de garantizar los derechos de las mujeres, reproducen estereotipos de género y refuerzan la idea de la maternidad como deber natural y nacional.
A nivel normativo, Colombia ha avanzado en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos mediante sentencias como la C-355 de 2006 y la C-055 de 2022, que reconocen el aborto como parte del derecho a la salud y la dignidad. Así mismo, organismos internacionales como la CEDAW, la Convención de Belém do Pará o la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reafirmado que la autonomía corporal es un componente esencial de los derechos humanos. Sin embargo, estos avances se ven constantemente amenazados por discursos y normativas que intentan imponer una moral conservadora en detrimento de los derechos ya conquistados, o por políticas estatales que subordinan los derechos individuales a intereses demográficos, ideológicos o religiosos.
Esta ponencia, por tanto, no solo busca establecer un paralelismo entre una obra literaria y los conflictos contemporáneos, sino también evidenciar cómo el arte y la literatura pueden convertirse en formas de resistencia y conciencia crítica frente a los riesgos de perder libertades fundamentales. De esta manera, el libro El cuento de la criada nos recuerda que la regresión de derechos suele comenzar con justificaciones que parecen razonables, como las crisis demográficas, el orden moral o la protección de la familia, pero que finalmente terminan por despojar a las mujeres de derechos fundamentales, lo cual no debería ocurrir.
En ese sentido, la literatura distópica cumple una función ética: advertir, problematizar y proponer caminos de reflexión para no repetir los errores que, aunque narrados como ficción, reflejan peligros reales. Así, el cuerpo de la mujer sigue siendo hoy, como en Gilead, un territorio en disputa. Esta ponencia se suma al esfuerzo por desnaturalizar esa disputa y recuperar, desde la palabra, el derecho a decidir.

La dignidad humana como fantasía (y valor) en “El país de las Últimas Cosas”

Camilo Delgado Eraso
Brenda Lizeth Trochez Adrada


Antecedentes

Con anterioridad, diferentes autores han llevado a cabo análisis jurídicos de diferentes obras literarias, como en el caso de Castañeda Crespo (2013), que en El mercader de Venecia. Análisis-literario, habla sobre las costumbres mercantiles de la Venecia del Siglo XVI, mientras que Azalde, Rivera, Anaribar y García (2024), que en Exploraciones jurídico-literarias: aproximaciones a la representación del derecho en la literatura, al abordar los conceptos de justicia y derecho dentro de distintas novelas, les permite afirmar que “ la literatura no solo refleja las preocupaciones y debates jurídicos de su tiempo, sino que también brinda un espacio para imaginar y cuestionar el derecho y la justicia desde ángulos innovadores y críticos” (p. 5).

Pregunta de investigación

¿De qué manera se manifiesta o no el derecho de la dignidad humana en la novela El país de las últimas cosas?

Objetivo

Analizar la concepción de dignidad humana y abordar la dualidad que presenta como una fantasía inalcanzable y un valor de resistencia dentro del mundo distópico de la ficción El País de las Últimas Cosas, del escritor estadounidense Paul Auster, además, se busca comparar esta concepción con teorías filosóficas y marcos normativos sobre el concepto de dignidad humana y evaluar la manera en la cual la novela crítica la idea de la dignidad como algo estático e inherente y en cambio la sitúa como un acto de resistencia en condiciones de deshumanización extrema.

Metodología de la investigación

La metodología de esta, como lo plantea Avellanda-Vásquez (2024), en la que se pretende hablar del derecho en la literatura es necesariamente interdisciplinaria; se deben acercar los contenidos y métodos de ambas disciplinas para el estudio y el análisis del fenómeno que se quiera abordar. Además, para interpretar los contenidos literarios y hallar en ellos el fenómeno del derecho que se quiere estudiar, la investigación desde el movimiento Derecho y Literatura prefiere alejarse del paradigma positivista clásico que valora los elementos formalistas y cuantificables y en su lugar optar por paradigmas hermenéuticos o crítico sociales, que dan más valor al testimonio, la crítica, el debate y las experiencias (p. 7-8).
Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación tendrá un enfoque cualitativo, el cual resulta idóneo para la investigación del derecho en la literatura, ya que, a través de las experiencias, puntos de vistas y en general las expresiones humanas plasmadas en las obras literarias, se facilita la comprensión profunda y rigurosa del derecho, al explorar la manera en la que la narrativa (de hechos reales o ficticios) cuestiona o reinterpreta instituciones jurídicas.
Este trabajo investigativo no se limitará a describir cómo aparece la dignidad humana dentro de “El País de la Últimas Cosas ” ni a explorar su posible existencia o forma, sino que se analizará críticamente la dignidad humana como una fantasía (y un valor) jurídico-filosófico, esto quiere decir que, se va a explicar cómo y por qué este derecho aparece o desaparece dentro de la novela de Paul Auster y cómo esto dialoga con un marco normativo como el colombiano, por lo que es posible afirmar que contará con un nivel de profundización explicativo.

Resultados

A lo largo de la novela de Auster se pueden identificar situaciones que dejan al descubierto la fragilidad del concepto de dignidad humana y critica la idea que han perdurado los marcos normativos de que esta sea inherente o natural al ser humano, por lo que en su mundo distópico, la dignidad se vuelve una fantasía que parece inalcanzable; a pesar de ser una novela de ficción, las experiencias de los personajes no están muy alejadas de la realidad.

Por otro lado, se identifica el valor de la dignidad incluso en situaciones de crisis, colapso y desestabilidad en algunas acciones de los personajes que reflejan su intención de resistir su deshumanización y conservar su dignidad, aunque eso signifique la misma muerte, por ejemplo, los “corredores”, una secta que corre por las calles a máxima velocidad con el objetivo de morir lo antes posible.

Conclusiones

La literatura y en este caso específico, la novela de Auster, funcionan como herramienta de estudio crítica del derecho que permite otorgar una perspectiva humanista y única a conceptos jurídicos abstractos, como la dignidad humana. A su vez estudia la inestabilidad del concepto de dignidad humana, criticando las posturas que lo consideran algo estático y dado por sentado pero admitiendo la necesidad humana de resistir y dar valor a la vida.

Referencias

Avellanda-Vasquez, J. (2024). Metodología de investigación en Derecho y Literatura para la
educación jurídica y derechos humanos.

Azalde León, J. M., Rivera Cáceres, R. M., Aranibar Barriga, M. A., & García Paco, L. N. (2024). Exploraciones jurídico-literarias: Aproximaciones a la representación del derecho en la literatura. Revista de Derecho. Vol. 13 (II). pp. 1-35.

Castañeda Crespo, C. E. (2013). El mercader de Venecia. Análisis jurídico-literario. Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas.

NARRATIVAS DE LO HUMANO: MUJERES, LITERATURA Y DERECHO EN LOS TIEMPOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Vivimos una época marcada por la aceleración tecnológica. La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta poderosa que atraviesa nuestras vidas cotidianas, las decisiones políticas, los sistemas de salud, educación, justicia y comunicación. Sin embargo, junto con sus beneficios, también emergen interrogantes éticos profundos: ¿qué entendemos por lo humano en un mundo automatizado?, ¿cómo se transforman los derechos cuando las decisiones son mediadas por algoritmos?, ¿quiénes quedan fuera o son invisibilizadas por estos desarrollos?

Desde estas preguntas surge el interés por explorar cómo las narrativas literarias escritas por mujeres pueden ayudarnos a defender y resignificar los derechos humanos en este nuevo contexto. La literatura, como lenguaje simbólico, nos permite mirar más allá de los discursos oficiales del progreso y abrir espacio a la memoria, el dolor, la resistencia, la imaginación y la dignidad.

La pregunta que guía esta reflexión es:
¿Cómo las narrativas literarias escritas por mujeres contribuyen a la defensa y resignificación de los derechos humanos en el contexto de los desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial?

Para abordar esta pregunta, desde el marco conceptual, parto de tres dimensiones:

Primero, la literatura escrita por mujeres es como un campo de resistencia cultural y política, escritoras como Piedad Bonnett, Laura Restrepo, Carolina Sanín o Pilar Quintana han puesto en palabras lo que muchos algoritmos prefieren omitir: el dolor cotidiano, la violencia íntima, las formas silenciosas de control, pero también la capacidad de imaginar futuros posibles desde la fragilidad, el cuidado y la esperanza.

En sus relatos, la inteligencia artificial no aparece como protagonista, pero sí como sombra: la vigilancia, el anonimato, el poder que clasifica, la pérdida del rostro humano. Frente a esto, la literatura ofrece una defensa de lo esencial: la palabra como acto de memoria, la escritura como forma de justicia, el relato como escenario de dignidad.

Segundo, los derechos humanos entendidos no solo como declaraciones jurídicas, sino como construcciones éticas y culturales que deben adaptarse a los cambios históricos. La IA no es neutral: reproduce sesgos, discrimina, vigila, clasifica, excluye. Por ello, pensar los derechos humanos hoy exige cuestionar las estructuras que la IA legitima o refuerza.

Tercero, la noción de lo humano. En tiempos de inteligencia artificial, necesitamos repensar qué significa ser humano. ¿Lo humano está en la razón, la eficiencia, el control? ¿O está en la vulnerabilidad, el cuidado, la memoria? Las narrativas literarias de mujeres recuperan esta dimensión afectiva, ética y política de lo humano que muchas veces se pierde en el discurso técnico.

Esta investigación se basa en un enfoque cualitativo, hermenéutico y crítico, con herramientas del análisis literario, la crítica feminista y los estudios culturales. Se analizaron obras de escritoras contemporáneas que, desde diferentes géneros y contextos, exploran las tensiones entre cuerpo, identidad, poder y tecnología.

Las categorías centrales fueron:
• Representación del cuerpo y la autonomía.
• Vigilancia tecnológica y control de la vida.
• Identidades desplazadas por sistemas automatizados.
• Lenguaje, memoria y resistencia frente a la deshumanización.

Se puede concluir que en tiempos donde la inteligencia artificial redefine nuestras sociedades, las narrativas literarias escritas por mujeres nos recuerdan que lo humano no es un dato, sino una experiencia cargada de historia, dolor, lucha y esperanza.

Estas voces permiten denunciar las exclusiones, pensar críticamente los avances tecnológicos y, sobre todo, construir una ética más justa y humana, donde los derechos no se desdibujen en medio de la automatización.

Por ello, la literatura es un acto de resistencia democrática, una forma de recuperar lo sensible, lo simbólico, lo político. Es necesario incluir estas perspectivas en los debates sobre IA, no solo como objetos de estudio, sino como sujetos que piensan, sienten y crean futuros posibles.

No podemos hablar de derechos humanos en Colombia —ni en ninguna parte— sin considerar las narrativas que los sostienen. Y en tiempos de IA, esas narrativas están en riesgo. No porque las máquinas escriban mejor, sino porque su lógica de eficiencia amenaza con desplazar aquello que no se ajusta: lo lento, lo contradictorio, lo no medible. Es decir, lo profundamente humano.

“A las víctimas del conflicto armado colombiano y a sus familias, esas lucecitas que apagó la horrible noche del olvido pero que titilan todavía en algunos corazones adoloridos” (Rodríguez, 2022, p. 5). Esta dedicatoria, con la que se abre el poemario El espejo olvidado de Mario Rodríguez Saavedra, enmarca con fuerza el planteamiento central de esta ponencia: ¿cómo puede el derecho nutrirse de la literatura para ampliar sus marcos de comprensión del conflicto armado y de los procesos de justicia? A través del arte poético, el autor nos transporta a una dimensión emocional y simbólica que revela con crudeza las vivencias de quienes han sufrido la guerra, en especial aquellas que escapan a la narración jurídica convencional. El poema “Niño hablando de futuro” —“Ni astronauta ni pintor, cuando sea grande quiero ser un muerto encontrado”— sintetiza la devastación de las expectativas vitales de la infancia en medio del horror. Frente a ello, esta ponencia propone repensar el derecho no solo como un sistema normativo, sino como un campo interpretativo permeable a otras formas de narración del daño, la pérdida, la memoria y la justicia. En este sentido, el problema planteado no es simplemente la desconexión entre el derecho y las experiencias humanas, sino la urgencia de incorporar lenguajes sensibles que complementen la visión legalista y permitan un abordaje más humano de las víctimas y sus relatos.

La metodología empleada en esta investigación parte de un enfoque interdisciplinario que integra herramientas de análisis literario y jurídico. Desde el campo de la literatura, se identifican temas, imágenes y símbolos que revelan las dimensiones íntimas y colectivas del sufrimiento, el desarraigo, la muerte y la esperanza. Desde el campo del derecho, se exploran las limitaciones del lenguaje normativo para narrar y reparar estas vivencias, así como los avances en materia de justicia transicional, particularmente en el contexto colombiano. El trabajo se estructura en dos fases: una primera lectura crítica del libro El espejo olvidado, con énfasis en su tratamiento poético del conflicto armado; y una segunda fase de reflexión sobre cómo estas representaciones pueden dialogar con principios jurídicos como la reparación integral, la verdad, la memoria histórica y la justicia restaurativa. El propósito último de esta investigación es la creación de un monólogo que articule ambas dimensiones: la del dolor expresado en el arte poético y la del derecho como posibilidad de justicia. El monólogo será un ejercicio performativo y reflexivo que encarne, en la voz de un personaje imaginario, la convergencia entre literatura y derecho, y que será presentado como pieza de cierre de esta experiencia investigativa.

Estudiar el derecho desde la literatura no es una propuesta meramente estética, sino profundamente ética y política. En países marcados por violencias estructurales como Colombia, la normatividad legal ha demostrado ser insuficiente para captar la complejidad del sufrimiento humano. Los relatos judiciales, limitados por la forma y el procedimiento, muchas veces excluyen los matices emocionales, las memorias fragmentadas o los silencios impuestos por el miedo. La literatura, en cambio, permite decir lo indecible, recuperar lo olvidado, darle voz a quienes no la tuvieron en los estrados. En este contexto, es vital que las instituciones encargadas de hacer justicia —como la Jurisdicción Especial para la Paz— amplíen sus marcos interpretativos y se abran a nuevas formas de testimonio y de comprensión del daño. Incorporar la literatura en estos procesos no significa sustituir el derecho, sino enriquecerlo. Hoy más que nunca, en una sociedad que busca reconstruir su tejido social, el derecho debe mirar al arte, al dolor y a la palabra poética como fuentes legítimas de verdad. Porque solo así podrá responder de manera más completa a las víctimas que aún esperan ser reconocidas, no solo como sujetos procesales, sino como seres humanos que titilan —como dijo Rodríguez— en corazones adoloridos.

El mundo que hemos conocido ha concebido al humano como la unidad originaria de toda configuración de poder. La autonomía y la propiedad del sujeto humano, entendidas como libertades básicas, se erigen como los cimientos mínimos e inviolables de un Estado de derecho. Sin embargo, la emergencia de la inteligencia artificial generativa interroga de manera fundamental este orden. La tecnología ya no es únicamente una herramienta externa al humano; ahora comparte con él procesos de creación, toma de decisiones y, por lo tanto, ha mostrado tener una autonomía equivalente a la humana.
Por esta razón, el tiempo presente plantea al derecho el reto de imaginar escenarios en los que el paradigma “posthumano” y “transhumano” desplaza o matiza la centralidad de “lo humano”. El discurso según el cual la inteligencia artificial generativa reemplazará al ser humano es su mejor ejemplo. Ante ello, se han trazado respuestas diversas que, por supuesto, oscilan entre la prohibición prohumana y la permisividad inevitable. En este texto me interesa describir y analizar aquellas que se derivan de una obra dentro de la ficción especulativa del Sur Global.

Se trata de Kalpa Imperial, obra en que se narra la historia del Imperio Más Vasto que Nunca Existió. Se trata de una narración sobre lo humano, lo posthumano y lo transhumano. En este sentido, es un texto cuya interpretación —al menos la que aquí se presenta— invita a pensar la disputa por el estatus, problema central del derecho. Me interesa resaltar, dentro de la estructura del trabajo, las relaciones con otros autores y obras que, ubicándose más o menos dentro del mismo género, problematizan también la frontera entre lo humano y lo artificial (Kobo Abe, Osorio Lizarazo). Es posible que de una operación semejante —compatible con la agenda de los estudios de derecho y literatura— puedan bosquejarse elementos para un pensamiento jurídico capaz de adaptarse o asimilar el devenir híbrido al que nos ha arrojado la inteligencia artificial generativa.

En algún plano, considero que este trabajo contribuye a reconsiderar la titularidad de derechos, la noción de pertenencia a un grupo mediante estatus como el de ciudadano o miembro de grupo por afinidades, e incluso las ideas sobre el trabajo, la personalidad y la creación artística. Este trabajo complementa el análisis jurídico tradicional; no propone renunciar a él en favor de lecturas literarias, alegóricas o fabulares, sino añadir coordenadas que permitan comprender con mayor precisión los retos que enfrentamos en el presente respecto de nuestro valor humano y su lugar en el orden del derecho.

Este artículo presenta una antología de estatus que la literatura ha asignado a estos seres. Se trata de un ejercicio que busca identificar cómo las ficciones literarias amplían el horizonte de lo posible y sugieren nuevas formas de pensar la titularidad de derechos y la noción de ciudadanía en contextos mediados por inteligencias artificiales. Las obras seleccionadas —Kalpa Imperial de Angélica Gorodischer, Barranquilla 2343 de José Antonio Lizarazo y Historia de las pulgas que viajaron a la luna de Kobo Abe— ofrecen perspectivas heterogéneas, pero coinciden en mostrar que lo artificial no es meramente un instrumento: es, también, un actor con agencia y significado propios.

Estas narrativas no sustituyen el análisis jurídico ni ofrecen respuestas definitivas. Sin embargo, son indispensables porque nos obligan a confrontar las preguntas más complejas de nuestro tiempo: ¿Cómo debe transformarse el derecho para responder a la emergencia de entidades no humanas dotadas de agencia? ¿Qué principios deben guiar la distribución de derechos y responsabilidades en una sociedad donde lo humano ya no es el único productor de sentido y valor?

En suma, este artículo propone que la intersección entre derecho y literatura no es una simple curiosidad académica. Es, más bien, una herramienta para repensar críticamente las fronteras de la ciudadanía y los límites de la imaginación jurídica en un mundo en constante transformación.

El silencio tiene voz de mujer. Pero también la dignidad, la memoria, la Historia y la política. Pensar un mundo donde las vocees femeninas tengan una verdadera incidencia en el acontecer de humanidad, de Latinoamérica y de Colombia, debe dejar de ser una proeza de la retórica, para transformarse en una realidad política, jurídica y cultural. En un rostro más de la justicia y si acaso, en la verdad después de la verdad.
La presente ponencia pretende ser un reencuentro con la idea del impacto femenino en las raíces del mundo, que desde un matiz un tanto poético y en sinergia con las narrativas y disruptivas de la literatura colombiana, logre entretejer una correlación entre el rol de las mujeres en las distintas esferas del desarrollo humano y el reconocimiento de su activismo transgeneracional frente a la consolidación de diálogos jurídico-culturales menos escindidos y más diversificados.
Dicho reencuentro parte de una pregunta: ¿han sido las voces tejedoras de las mujeres, sus propuestas, sentires, saberes, aportes y reivindicaciones lo suficientemente escuchadas y permeantes en la construcción de una memoria histórica y de un presente y un futuro que las haga parte protagónica de su radar?
Para esbozar una posible respuesta a este interrogante y en un abrazo fraternal entre la literatura y el derecho, esta disertación tomará en cuenta, como un recurso ilustrativo y de construcción de pensamiento crítico, los libros Donde cantan las Ballenas y La mujer incierta, de las atoras colombianas Sara Jaramillo Klinkert y Piedad Bonnett, respectivamente. Sobre ellos, se explorarán los escenarios, las experiencias y los retos respecto de los cuales, el ordenamiento jurídico, a nivel nacional e internacional, debe responder asertiva y efectivamente para cristalizar la protección, garantía y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, en corresponsabilidad con el Estado y la sociedad.
Si cada anaquel de la vivencia colectiva femenina, demuestra una contracción con la realidad en el sentido amplio de la palabra, no es tanto por lo que, desde siempre ha salido a la luz, sino y en gran medida, por todo lo que premeditadamente ha dejado de contarse. Pero argumentar esa parcialización extrema, esa mutilación no consentida de los hechos y las palabras que son los hechos, bajo el escudo de un miedo infundado o de una incertidumbre, resulta absurdo. Si las mujeres han sido silencio, lo cierto es que también pueden ser renovación, innovación y transformación global. Frente a sus iniciativas comunitarias, se desborona un statu quo tan perjudicial que solo se levanta en los cimientos de lo inamovible, y que, por tanto, elimina, l cualquier forma disruptiva.
Es, en definitiva, tan importante como necesario resaltar y recordar, que más allá de la cicatriz de una aniquilación sistemáticamente asimilada por las prácticas culturales, ideológicas y7o políticas, tan propias de nuestro tiempo como de tiempos anacrónicos, es una noble tarea encomendada a quehacer un jurídico contestatario y no avasallador, aquella de otorgar espacios de pleno resarcimiento, frente a una deuda silenciosa y cómplice de la que muchos parecen no querer enterarse.