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TópicoInforme BacheletRespuesta GobiernoObservacionesDesvíos
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Derecho a la alimentación11. El salario mínimo ha perdido su poder adquisitivo. Cubre el 4.7% de la canasta básica (del Cenda)12. Se han implementado medidas que impactan de manera positiva en el poder adquisitivo, como el Carnet de la Patria
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13. Cajas Clap no cumplen con las necesidades nutricionales de las personas. El Gobierno no ha utilizado todos los recursos para garantizar el derecho a la alimentación16. Se invierten recursos en los Programas de Alimentación Escolar, casas de alimentación, servicio de alimentación a personas bajo la tutela del Estado.
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14. Mujeres en su mayoría suelen pasar horas para obtener comida. Se reportaron casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar sexo por comida
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15. En esta última década aumentó la cantidad de personas que depende de programas de asistencia alimentaria
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Derechos económicos12. El desvío de recursos, la corrupción, la falta de mantenimiento y la subvensión ha resultado en violaciones al derecho a un nivel de vida adecuado 12. Se "omite el impacto de las medidas unilaterales de EEUU contra el país"
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25. La mayoría de las sanciones son selectivas. Sólo un país ha impuesto sanciones más amplias 34. Omite las medidas adoptadas el 19 de marzo de 2018 (prohibe transar con la criptomoneda del Estado) y la orden del 1 de noviembre de 2018 (prohíbe las operaciones con oro venezolano)
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26. Gobierno atribuye la crisis económica a las sanciones, que les dificulta importar alimentos y medicinas36. Omite las afirmaciones del Relator Especial y el Experto Independiente (no menciona su nombre)
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27. Economía venezolana estaba en crisis antes de las sanciones. Las medidas agravan los efectos de la crisis económica37. No considera el impacto de la reducción del precio del barril de petróleo desde 2014 como resultado de las acciones de Estados Unidos y la necesidad de levantar las medidas para superar la crisis económica
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Derecho a la salud16. Situación grave caracterizado por éxodo de personal de salud, carencias de atención basica y medicinas22. Las entrevistas se hicieron fuera del país. Se omite información recabada por la Acnudh, los datos del Estado y el impacto de las "medidas unilaterales". Se han graduado médicos comunitarios y médicos cirujanos
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17. Han reaparecido enfermedades que ya estaban controladas y otras que eran evitables con vacunas, como la difteria y el sarampión17. Se omite la información aportada sobre el control del Zika
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18. Falta de acceso a todos los anticonceptivos, aumento de la tasa de embarazo adolescente, aumento de la mortalidad materna 26. Datos oficiales indican que entre 2016 y 2018 la tasa de mortalidad materna se redujo 13,76 puntos
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19. Han muerto pacientes por falta de insumos y por las fallas eléctricas28. No se registraron pérdidas atribuibles a la falta de electricidad27. Gobierno asegura que en el informe dice que 20 mil niños moriran como consecuencia de la crisis. Esto es falso. Esta afirmación no aparece en el informe de la Acnudh
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20. Las violaciones al derecho a la salud se vinculan a falta de tratamientos, deterioro de los centros, servicios de inmunización, salud preventiva y reproductiva. Gobierno no publica cifras de salud pública30. No se toma en cuenta las medidas adoptadas por el Estado ni el impacto de las sanciones
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Programas sociales21. Los venezolanos dependen cada vez más de los programas sociales para acceder a niveles mínimos de ingresos y alimentos
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22. Personas aseguraron que no fueron incluidas en la lista de distribución de las cajas Clap porque no eran afectas al Gobierno31. No se hace mención a los datos sobre el alcance los Clap
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23. Carnet de la Patria es manejado por el partido oficial, que además monitorea la actividad política de los beneficiados33. La aseveración es falsa
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24. Mujeres han sido señaladas por su activismo, amenazadas por líderes y lideresas, así como grupos armados pro-gubernamentales y excluídas de los programas sociales
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Libertad de expresión28. El Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional. Ha cerrado medios de comunicación, bloqueado redes sociales y portales web40. Se omite la información en relación con el proceso de renovación de concesiones y normas que regulan el ejercicio del periodismo para extranjeros. Se otorgaron y renovaron concesiones de radio, televisión.
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29. Se han detenido personas de forma arbitraria por expresar opiniones en redes sociales
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Represión en protestas30. Gobierno ha aplicado políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y de las instituciones democráticas43. La afirmación es falsa y no se menciona las acciones de violencia emprendidas por sectores de la oposición desde el 2002
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31. Decreto de estado de excepción otorga amplias facultades al Ejecutivo para preservar el orden interno, lo que implica el aumento de la militarización de las instituciones y la extensión de la utilización de la población en labores de defensa
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32. GNB y PNB han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014. Faes es presuntamente responsable de ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad. Sebin y Dgcim ha sido responsable de detenciones arbitrarias, maltratos y torturas a políticos opositores y familiares46. El Ministerio Público conoce 72 causas por presuntas torturas
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33. Fiscalía y Defensoría del Pueblo no investigan violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por actores estatales44. La información es errónea. 45. 44 personas fueron privadas de libertad por su presunta responsabilidad en homicidio en el contexto de las manifestaciones entre 2017 y 2019
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Persecución a la disidencia34. La retórica pública desacredita y ataca a los críticos al Gobierno (oposición, activistas y periodistas)
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35. Leyes y reformas han facilitado la criminalización de la oposición y demás críticos al Gobierno
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36. La represión selectiva contra opositores y líderes sociales infunde miedo al mostrar las consecuencias que puede acarrear el oponerse
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37. La Corte Suprema de Justicia (Tribunal Supremo de Justicia) levantó la inmunidad parlamentaria de 22 diputados47. Omite mencionar los hechos del 4 de agosto del 2018, 30 de abril del 2019 y los llamados a la intervención militar hechos por la oposición
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38. Familiares de políticos opositores, particularmente mujeres, han sido detenidos arbitrariamente como mecanismo de presión y castigo para los supuestos fugitivos.
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39. En ciertas protestas políticas, la GNB, PNB, las Faes y algunas policías estatales y municipales presuntamente hicieron uso excesivo de la fuerza de manera deliberada para infundir miedo. Colectivos armados también recurrieron a la violencia48. Se obviaron los datos suministrados por el Estado sobre las manifestaciones. 49. No se hace mención a las expresiones de violencia ejercida por los manifestantes.
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40. Gobierno negó muertos en protestas en el año 2018. Se hicieron detenciones arbitrarias, torturas y allanamientos ilegales
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Torturas y malos tratos41. Gobierno ha usado detenciones arbitrarias como instrumento para intimidar y reprimir cualquier expresión de disensión al menos desde 201450. Omite la información del Gobierno sobre las personas detenidas. Alarma que la Acnudh califique como detenidos "por motivos políticos" a condenados por violación de derechos humanos
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42. Se documentaron detenciones arbitrarias, algunos fueron desapariciones forzadas. También encontró repetidas violaciones de la garantía de juicio justo en estos casos
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43. Las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia sometieron a tortura a personas para extraer información, intimidar y sancionar. No se ha puesto a los presuntos responsables a la orden de la justicia.
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44. Se documentaron casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, por efectivos del Sebin, Dgcim y GNB
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45. Las condiciones de las detenciones de un número significativo de personas privadas de libertad no cumplen las reglas internacionales sobre tratamiento de reclusos51. Desconoce los avances en materia de régimen penitenciario, reconocidos por la Alta Comisionada. 52. No se hace distinción entre centros de detención preventiva y centros penitenciarios
37
46. La sede del Sebin en El Helicoide no está adapatado para cumplir los estándares específicos de género53. En Venezuela funcionan 17 establecimientos penitenciarios para mujeres. Están apegados a los estándares nacionales e internacionales
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Acción de las FAES47. Se documentaron casos de ejecuciones extrajudiciales, primero en el contexto de las Operaciones de Liberación del Pueblo y luego las operaciones de seguridad de las Faes. 54. Los párrafos 47 al 52 omiten la información sobre el descenso de los indicadores de criminalidad. 56. Se obvian datos sobre la investigación y sanción de las denuncias de violación de derechos humanos en las operaciones
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48. Familiares de hombres muertos por las Faes describen un modus operandi similar
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49. Testigos reportaron cómo las Faes manipularon la escena del crimen y las pruebas para demostrar que la víctima se había "resistido a la autoridad"
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50. Autoridades califican las muertes en las operaciones de seguridad como "resistencia a la autoridad". La información analizada por Acnudh indica que muchas de estas muertes pueden constituir ejecuciones extrajudiciales
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51. A la Acnudh le preocupa que las autoridades están utilizando a las Faes y otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo y mantener el control social
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52. Se documentaron seis casos de hombres jóvenes ejecutados por las Faes en represalia por su papel en las protestas del 2019
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Acceso a la justicia53. Gobierno ha reconocido que existe un problema de acceso a la justicia para todas las personas y ha pedido al Acnudh que les ayude a resolver esta situación.
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54. La mayoría de las personas señaladas en el informe no han tenido acceso efectivo a la justicia
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55. Las familias de los fallecidos en las protestas de 2017 y los hombres muertos en las operaciones de las Faes siguen enfrentando obstáculos a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación
47
56. La falta de independencia y la corrupción en el poder judicial son obstáculos a los que se enfrentan las víctimas
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57. El Ministerio Público ha incumplido su obligación de investigar y enjuiciar. El Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. El Fiscal General ha hecho parte de la retórica pública contra la disidencia58. La afirmación es errónea y se omiten los datos aportados por el EstadoSe menciona el párrafo 56 aludiendo que allí se acusa al Ministerio Público. Se mencionó a la institución en el párrafo siguiente
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58. Mujeres manifestaron hacer sido amenazadas, maltratadas e insultadas por funcionarios públicos.
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59. En ausencia de un proceso imparcial de búsqueda de la verdad, justicia y reparación, las familias entrevistadas por la Acnudh consideran el apoyo financiero brindado por la Comisión de la Verdad como un intento de comprar su silencio.59. No se menciona que las medidas incluyen acompañamiento jurídico, atención psicológica y/o psiquiátrica, atención en salud y protección socialSucede lo mismo que en el párrafo anterior. Se alude al Párrafo 58, aunque allí no se habla de la situación a la que se está respondiendo
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Pueblos indígenas60. Pueblos indígenas enfrentan desafíos a sus derechos humanos y colectivos
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61. La situación humanitaria perjudicó los derechos económicos y sociales de los pueblos indígenas, especialmente a un nivel de vida digno
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62. Los pueblos indígenas han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Se suma la presencia de bandas criminales y grupos armados. 61. No existe presencia de grupos armados extranjeros en el país. Venezuela ha sufrido las consecuencias generadas por el conflicto armado colombiano. 62. Se obvia la información entregada por el GobiernoTambién se alude a un párrafo anterior, aunque la información corresponde al párrafo siguiente
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63. La extracción de minerales ha dado lugar a violaciones al derecho de mantener costumbres, a ser consultados, daños ambientales y en la salud. Las mujeres y niñas corren riesgo de ser objeto de trata de personas.
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64. Se documentaron muertes en circunstancias violentas en 2019. Las autoridades indígenas son objeto con frecuencia de amenazas y ataques por agentes estatales.63. Solo dos comunidades (Kumaracapay y Manak Kru) participaron activamente en el proceso de recepción de la supuesta ayuda humanitaria y generaron episodios de violencia
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65. En febrero de 2019 se produjeron incidentes violentos en el territorio pemón en el contexto de la posible entrada de la ayuda humanitaria
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66. A la Acnudh le preocupan las declaraciones de testigos de los hechos de Kumaracapay, de las que cabe deducir más muertes. El Estado no ha investigado de forma independiente.
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67. La comunidad pemón de Maurak y dos comunidades indígenas siguen militarizadas
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68. Los hechos y el desplazamiento de los pemones ha causado daño a los pemones, que han sufrido violaciones de sus derechos individuales y colectivos
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Migrantes69. Más de 4 millones de personas se han visto obligadas a dejar Venezuela 65. La cifra es errada y exageradaSucede lo anteriormente descrito
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70. Violaciones de los derechos a la alimentación y la salud son los factores principales, así como la inseguridad, el colapso de los servicios básicos, el deterioro de la educación, falta de acceso a atención prenatal
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71. Las violaciones de los derechos económicos y sociales que impulsan la migración afectan las condiciones en que las personas dejan el país, como se desplazan y las situaciones de vulnerabilidad
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72. La situación de vulnerabilidad se ve agravada por los problemas que enfrentan los migrantes en los países de tránsito y destino, como la explotación laboral, discriminación y estereotipos hipersexualizados, en el caso de las mujeres, adolescentes y niñas
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73. Los venezolanos tropiezan con obstáculos para obtener o legalizar documentación, lo que vulnera su derecho a salir del país y tener una identidad66. El Ministerio Público registró 85 casos donde se encuentran vinculados funcionarios del Saime entre 2017 y 2019Lo mismo anteriormente descrito
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74. Las violaciones crean situaciones de vulnerabilidad que caracterizan el proceo migratorio y protección
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