Abogados del denunciante o querellante

En su denuncia, Cano relató que la Dirección General de Rentas (DGR) reclamaba desde 2002 el pago de $ 11 millones (sin contar multas e intereses) a la empresa Gasnor, pero, luego, el Ministerio de Economía a cargo de Jorge Jiménez dejó sin efecto el reclamo. La presentación sugiere que esta empresa de servicios públicos se habría liberado de la deuda mediante el pago de $ 900.000 a funcionarios del Gobierno de José Alperovich.

Elio Hernández, gerente de Gasnor; Jorge Jiménez, ministro de Economía

Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción en lo Penal Nº3 de San Miguel de Tucumán; Alfonso Arsenio Zóttoli, juez de Instrucción en lo Penal Nº5 de San Miguel de Tucumán (luego ascendido a camarista penal)

Pedro Gallo, fiscal anticorrupción de San Miguel de Tucumán

Archivo. El 13 abril de 2005, dos meses después de la presentación de la denuncia, el juez Pisa cerró la investigación al considerar que no había pruebas sobre la posible comisión de delitos y que el ministro Jiménez había actuado en el ámbito de su competencia. El fiscal Gallo había dictaminado que correspondía investigar.

Justicia de Córdoba y de Santa Fe, y Ministerio de Seguridad de Tucumán

En las actuaciones que dieron origen a este expediente consta que agentes judiciales cordobeses y santafesinos se habían comunicado con el Juzgado de Instrucción Nº5 de San Miguel de Tucumán para corroborar si la solicitud de extradición de dos delincuentes había sido emitida por esa unidad jurisdiccional. Luego se descubrió que había varios oficios apócrifos con firmas falsificadas de magistrados y funcionarios de Tucumán: el juez Juan Francisco Pisa; el fiscal Guillermo Herrera, y los secretarios Daniel Clemente y Norma Díaz Volachec. Pablo Baillo, entonces ministro de Seguridad, comunicó la novedad a la fiscala de turno, Teresita Marnero.

Manuel Ruiz y Dardo Oscar Campos, sargentos de la Policía de Tucumán; Enrique Díaz, oficial de la Policía de Tucumán; Sergio Gustavo Escobar, policía de Córdoba; Alfredo "Fredy" Juárez, concejal de Las Talitas; Manuel Ojeda y Juan Correa, respectivos empleado y prosecretario de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº10 de San Miguel de Tucumán; Roberto Flores, abogado penalista

Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción en lo Penal Nº3 de San Miguel de Tucumán (se inhibe por ser uno de los afectados); Emely Ana Amenábar, jueza civil de feria; Víctor Manuel Pérez, juez de Instrucción en lo Penal Nº4 de San Miguel de Tucumán; Alfonso Zóttoli, juez de Instrucción en lo Penal Nº5 de San Miguel de Tucumán (deja el caso por un ascenso a camarista); Mirta Lenis de Vera, jueza de Instrucción en lo Penal Nº5 de San Miguel de Tucumán

Teresita Marnero, fiscala de Instrucción en lo Penal Nº3 de San Miguel de Tucumán; Adriana Giannoni, fiscala de Instrucción en lo Penal Nº8 de San Miguel de Tucumán; Pedro Gallo, fiscal anticorrupción de San Miguel de Tucumán; Alejandro Noguera, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº5 de San Miguel de Tucumán

Guillermo Orso, Sergio Gómez, Jorge Ávila, Arnaldo Ahumada y Juan Carlos Nacul

El 11 de febrero, el Colegio de Abogados de Tucumán se reúne con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para exigir que se investigue también al fiscal Guillermo Herrera y al juez Juan Francisco Pisa. A posteriori, la Corte comunica al fiscal Alejandro Noguera que habría anomalías en 12 causas penales. En el transcurso del proceso, el fiscal Alejandro Noguera prueba que el edil César Alfredo Juárez, de Las Talitas, había confeccionado los sellos truchos y lo detiene. Por este caso, el edil Juárez perdió su banca en Las Talitas el 30/3/2005 y fue reemplazado por su esposa, Stella Maris Aballay. En mayo, se advirtió que el concejal tenía en su poder un auto secuestrado por la Justicia, sin chapa patente.

Las actuaciones que dieron origen a este expediente refirieron que una serie de oficios falsos permitieron el levantamiento de embargos y la posterior venta de inmuebles. Los instrumentos afectaron procesos en trámite en los juzgados de Documentos y Locaciones de la capital Nº1 y 8 respectivamente a cargo de Graciela López Valverde y de Tito Raúl Moreno. Los oficios exhiben firmas falsificadas de distintos funcionarios y hasta de María Cristina Díaz, prosecretaria de Superintendencia de la Corte.

Alejandro Noguera, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº5 de San Miguel de Tucumán

"Oficios de alcoholemia truchos"

Lilia Moyano de Colombres, bioquímica y encargada de los dosajes de alcohol de la Policía de Tucumán

Las actuaciones que dieron origen a este expediente refirieron la sustracción de un dosaje de alcoholemia que había dado positivo por otro que daba negativo, en el ámbito de una investigación penal. El hecho ocurrió en el Poder Judicial de Tucumán y, para concretarlo, habrían falsificado el sello y la firma de la denunciante. Las denuncias dan cuenta de que este no sería el único caso y de que habría una banda encargada de falsificar los oficios de alcoholemia.

Raquel Asís, fiscala de Instrucción en lo Penal Nº9 de San Miguel de Tucumán

Luis Iriarte y Carmen Fontán, cónyuges, abogados constitucionalistas y dirigentes del Movimiento Popular Tres Banderas

Los denunciantes solicitaron que se investigue la pretensión del gobernador José Alperovich de construir 3.000 viviendas de interés social (complejo "Lomas de Tafí") mediante un decreto de necesidad y urgencia en el que se autoriza a sí mismo a asignar las obras en forma discrecional o directa (sin licitación pública). Según Carmen Fontán y Luis Iriarte, el gobernador miente cuando dice que el Gobierno nacional, que es quien financia el proyecto, impuso plazos que impiden licitar.

José Alperovich, gobernador (PJ), y otros funcionarios de su gabinete implicados en este megaemprendimiento de obra pública

Esteban Jerez, diputado nacional (Recrear)

Según el denunciante, la construcción sin licitación de 3.000 casas de interés social (barrio "Lomas de Tafí") entrañaría una posible malversación de fondos. Jerez dijo que las casas destinadas en teoría para ciudadanos de escasos recursos costarán mucho más que los $ 30.000 presupuestados en el convenio con la Nación. "Los costos serán propios de una vivienda en un country", advirtió en la denuncia.

José Alperovich, gobernador (PJ); Gustavo Durán, interventor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, y otros funcionarios implicados en este megaemprendimiento de obra pública

Rodolfo Canicoba Corral, juez federal en lo Criminal y Correccional N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires (a cargo de la investigación atinente a los funcionarios porteños); Felipe Federico Terán, juez federal Nº2 de Tucumán; Mario Racedo, juez federal Nº2 subrogante

Gustavo Gómez, fiscal general federal; Carlos Brito, fiscal federal Nº1

Agustín Ferrari (abogado de Gustavo Durán)

En agosto de 2006, el juez federal Racedo rechazó un planteo nulidad de Durán de la investigación preliminar desarrollada en esta causa. En la misma resolución, Racedo incluso llamó a una nueva indagatoria a Durán. En 2014 y en virtud de una manifestación de la legisladora radical Silvia Elías de Pérez, que sostuvo que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano había pagado el 44% más que el valor original de las casas de Lomas de Tafí, se supo que este expediente "seguía abierto". El denunciante Jerez dijo que la última novedad de la causa era un informe del Ministerio de Planificación Federal de la Nación firmado por el ministro Julio De Vido, que había ingresado en noviembre de 2012. Y añadió que la defensa de Durán había logrado que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán declarara la nulidad de las actuaciones desarrolladas por el entonces juez subrogante Racedo, con la excepción de la denuncia. Por ese motivo, la causa había empezado de nuevo en 2009.

Rodolfo Danesi, legislador (Ciudadanos Independientes)

En 2004, el Gobierno de Tucumán habilitó la instalación de 1.000 máquinas tragamonedas sin licitación. Según Danesi, esta concesión favorable a Casino Club, del empresario kirchnerista Cristóbal López, podría implicar un perjuicio al Estado.

Pedro Gallo, fiscal anticorrupción de San Miguel de Tucumán

"Títulos de educación truchos"

Pedro Gallo, fiscal anticorrupción (actuación de oficio)

Las actuaciones que dieron origen a este expediente refieren que la sección de Asuntos Jurídicos de la entonces Secretaría de Educación de la Provincia había detectado la existencia de alrededor de 300 títulos apócrifos de maestro de grado. Estos certificados habían sido presentados para obtener cargos. El fiscal Pedro Gallo inició la investigación de oficio luego de que la investigación administrativa tomara estado público. En el transcurso del proceso se determinó que en algunas localidades del sur de la provincia se vendían títulos truchos por $ 1.500 de entonces.

Carolina Marcela Jadur de Ríos, maestra suplente de la escuela Brígido Terán (Los Ralos); Diego Ismael Quiroga y Cristian Palavecino, docentes; Celia Urrutia de Tuma, vocal de la Junta de Clasificación Inicial y Primaria

Pedro Gallo, fiscal anticorrupción de San Miguel de Tucumán

Ignacio Walter Rodríguez y Manuel Miguel Gutiérrez

Roberto Sadir, jefe de Instrucción Jurídica de la Secretaría de Educación, dice que los docentes involucrados provenían mayoritariamente del interior de la provincia. En sede administrativa llegó a haber 342 docentes con sumario. También se sospechó de Celia Urrutia de Tuma, vocal de la Junta de Clasificación Inicial y Primaria. A comienzos de mayo de 2005, la Secretaría de Educación radicó una denuncia penal contra 140 aspirantes a la docencia que habrían presentado títulos adulterados.

Las actuaciones que dieron origen a este expediente se remiten al acto administrativo del Tribunal de Cuentas que objetó la intención de comprar 130.000 guardapolvos a $ 20 por unidad destinados a alumnos de escasos recursos. Según ese órgano, el Gobierno alegó el inminente inicio de las clases para evitar la licitación pública y pagar precios más altos que los del mercado a una firma radicada afuera de la provincia. La operación finalmente se cayó.

Joaquin Ferre, subsecretario de Desarrollo Social de la provincia

Pedro Gallo, fiscal anticorrupción de San Miguel de Tucumán

Una denuncia anónima advierte que Manuel Marcelo González se dedicaría a fabricar carnés de manejo truchos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a cambio de $ 30. La Policía detiene al sospechoso haciéndose pasar por un "cliente".

Manuel Marcelo González, ciudadano domiciliado la calle San Martín 2.364 de San Miguel de Tucumán

Víctor Manuel Pérez, juez de Instrucción en lo Penal Nº4 de San Miguel de Tucumán

Pedro Gallo, fiscal anticorrupción de San Miguel de Tucumán

"Certificados de salud truchos"

Roberto Palazzo, jefe de Cirugía del Hospital Centro de Salud

En una consulta médica, el denunciante Roberto Palazzo descubre certificados con su sello, pero con firmas apócrifas. Los instrumentos habrían sido usados para justificar licencias por enfermedad y para constar aptitud física.

Julio Pérez, cabo primero del Servicio Penitenciario Provincial

Guillermo Herrera, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº10 de San Miguel de Tucumán; Pedro Gallo, fiscal anticorrupción

El 7 de junio, el entonces fiscal Guillermo Herrera sugiere que el caso tiene nexos con la política porque son "varios los legisladores" que se interesaron en la investigación (no identifica a ninguno).

Oscar López, abogado y peronista disidente

El denunciante sostiene que el entonces fiscal Guillermo Herrera habría encubierto la maniobra delictiva perpetrada por el gobernador José Alperovich y el ministro de Economía, Jorge Jiménez, para permitir la explotación de 1.000 máquinas tragamonedas a la firma Casino Club, de Cristóbal López, obviando la licitación pública. Oscar López afirma que en cinco meses Herrera no ha actuado para esclarecer los hechos expuestos en una presentación de noviembre de 2004 y que, como el tiempo transcurría sin novedades, él se presentó en la Fiscalía Nº10 de Herrera donde le informaron que la causa no estaba radicada allí y que se había "traspapelado". "Herrera habría ocultado y sustraído las actuaciones con el fin doloso de garantizar la impunidad a los denunciados", dice el denunciante.

Guilllermo Herrera, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº10 de San Miguel de Tucumán

"Plan alimentario para desnutridos"

Ricardo Bussi, senador nacional (Fuerza Republicana)

El denunciante solicitó la apertura de una investigación a propósito de la auditoría nacional que detectó irregularidades en la ejecución del Programa Focalizado de Rehabilitación Nutricional. Las anomalías alcanzan a un plan alimentario para 36.000 desnutridos menores de 14 años. La auditoría abarca fondos por $ 15,7 millones. Según el informe nacional, la Provincia reparte menos bolsones que los que compra y los adquiere a precios más altos que los ofertados por supermercados minoristas. Agrega que los padrones de beneficiarios no son confiables y que, en lugar de emplearse una cuenta específica para aplicar los fondos -como convino el Gobierno local-, se usan varias, lo que dificulta el seguimiento de los movimientos.

José Alperovich, gobernador (PJ), y otros funcionarios de su gabinete

En paralelo, Esteban Jerez, diputado nacional (Recrear), solicitó la apertura de una causa por los mismos hechos en la Fiscalía General Administrativa a cargo de Abel Fleitas Ortiz de Rozas (Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Gumersindo Parajón, presidente de Pueblo Unido

El denunciante solicitó la investigación de la aparición de 12 toneladas de polenta y trigo en mal estado en la finca de Joaquín Ferre, entonces secretario de Desarrollo Social de José Alperovich (inicialmente se dijo que el campo pertenecía al empresario José Miguel de la Jara). Los alimentos habían sido comprados por el erario para ayudar a víctimas de la hambruna que generó un estado de emergencia en la provincia durante 2001-2002. El cargamento estaba valuado en $ 8.000.

Joaquín Ferre, subsecretario de Desarrollo Social de la provincia; Hugo Andrés Gatti, subsecretario de Administración del Ministerio de Desarrollo Social; Héctor Ángel Lobo, encargado del depósito de la secretaría de Políticas Sociales

Jorge Parache, juez federal Nº1 (jubilado); Daniel Bejas, juez federal Nº1; Alicia Noli, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Gabriel Casas, vocales del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán

Incompetencia. El 11 de agosto de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) resolvió que el caso era de competencia provincial con los votos de Casas y de Jiménez Montilla. Noli disintió: según su criterio, el juicio oral debía celebrarse (la audiencia pública estaba programada para el 5 y el 12 de septiembre). Curiosamente, el 30 de junio de 2011, la Justicia Federal de Tucumán había ratificado que era competente para juzgar a los presuntos responsables de haber permitido que 12 toneladas de polenta y trigo se pudriesen en la finca de propiedad de Joaquín Ferre, entonces secretario de Desarrollo Social del Gobierno de José Alperovich. En ese momento ya habían pasado seis años desde el hallazgo de la mercadería en mal estado. El fiscal federal ante el TOF, Pablo Camuña, no apeló la resolución. En septiembre de 2017, la causa pasó definitivamente a la Justicia penal provincial. Según consta en el diario La Gaceta del 9/8/2005, el Gobierno quiso siempre llevar el caso de la "Polenta Podrida" a la jurisdicción provincial. En su momento, el denunciante Parajón dijo que se iba a oponer a esa decisión porque los Tribunales provinciales no ofrecían garantías de independencia.

Joaquín Ferre fue desvinculado de la investigación penal. Luego de haber sido despedido por el gobernador José Alperovich, reasumió como asesor del Poder Ejecutivo (ver: http://www.lagaceta.com.ar/nota/148262/politica/ferre-seria-encargado-atraer-inversiones.html)

El denunciante advierte que el Gobierno de José Alperovich compró en forma directa (sin licitación) 38.000 docenas de huevos en el ámbito de un programa nacional de ayuda para niños desnutridos y embarazadas. Romero sostiene que la Provincia hizo la operación sin respetar el régimen de contratación vigente y pagando sobreprecios. La compra denunciada se concretó en marzo de 2005 por un importe de $ 226.200 y $ 435.000 con un costo de $ 2,90 por docena de huevos. Según Romero, cada unidad costaba $ 1,33 en el Mercofrut y en agosto podía comprarse por $ 1,50. El sobreprecio ascendería al 150%. Las empresas involucradas son Avícola Mestre y Sebynor SRL. Esta última pertenece a Nora Ramos, quien es esposa de Ricardo Veliz, contador fiscal del Tribunal de Cuentas. En Sebynor SRL había participado como socio Sebastián Schilman, pero, antes del estallido del escándalo, este transfirió su parte a Mario Alberto Toledano.

José Alperovich, gobernador (PJ); propietarios de las empresas Avícola Mestre y Sebynor SRL

En julio de 2006 el denunciante Romero amplió la denuncia porque, según una auditoría del Tribunal de Cuentas, no sólo hubo sobreprecios sino que los huevos tampoco llegaron a sus destinatarios.

Pedro Gallo, fiscal anticorrupción (actuación de oficio)

El fiscal anticorrupción abre una causa para determinar si hubo daño al erario de la Municipalidad de Bella Vista. Previamente, el gobernador José Alperovich había intervenido esa institución por denuncias de abundantes irregularidades a partir de un decreto de necesidad y urgencia. Un grupo de concejales (José Argentino Moreno, Nilda Liliana Nieva, Adrián Guido Mamaní y María Isabel Ocaranza) habían acusado al intendente peronista Luis Espeche por el manejo de fondos de forma arbitaria y discrecional, y sin rendir cuentas. Los concejales dijeron que se habría recibido sumas de dinero para obras no ejecutadas.

Luis Espeche, intendente de Bella Vista (PJ)

Pedro Gallo, fiscal anticorrupción de San Miguel de Tucumán

Félix Herrero, director de Catastro de la Provincia, y la ciudadana María Laura Díaz Camacho Alderete

La denuncia da cuenta de la presunta falsificación de una resolución de Félix Herrero, director de Catastro provincial, para habilitar la venta de lotes fiscales. En este caso el hallazgo habría evitado la operación de un inmueble de 437 hectáreas ubicado en La Encrucijada (Leales). Existiría, además, un contrato de arrendamiento trucho por las tierras. Luego, Camacho Alderete expone que dos individuos habrían procedido a vender un inmueble perteneciente a su madre (ya fallecida) con instrumentos apócrifos y firmas falsas. En la maniobra habrían participado notarías de Tucumán y de Santiago del Estero.

Beatriz Tula, escribana; Daniel Osvaldo Salcedo, supuesto comprador

Pedro Gallo, fiscal anticorrupción de San Miguel de Tucumán

Ministerio de Economía de la Nación y Procuración del Tesoro de la Nación (informe de auditoría en los Juzgados Federal Nº1 y Nº2 de Tucumán)

Una auditoría advierte la maniobra consistente en la adquisición de títulos públicos en "default" (cesación de pagos) a posteriori de la emisión de la medida cautelar dictada por el ex juez federal Felipe Terán que ordenaba al erario el pago de los papeles en dólares, en las condiciones previas a la pesificación forzosa dispuesta en 2001. En esta causa había en juego U$S 5,2 millones, que nunca llegaron a cobrarse. El reclamo original era por U$S 600.000.

Felipe Terán, ex juez federal Nº2; el abogado Daniel Martín; el abogado Alfredo Ducca; el productor bursátil Jorge Rigourd y tres dependientes en MA Valores SA: César Daniel Barboza, Fernando Recalde y Pablo Rossi.

Mario Racedo, juez federal Nº2 subrogante; Edgardo López Herrera, conjuez federal Nº2; Graciela Fernández Vecino, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tuucmán; los conjueces Juan Carlos Veiga, Alicia Carranza, Carlos Bravo y Marta Tejerizo, y los camaristas Alicia Noli, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga, vocales del Tribunal Oral en lo Criminal Federal

Carlos Brito, fiscal federal Nº2; Leopoldo Peralta Palma, fiscal federal subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán

Pablo Bauque, Rodolfo Burgos, Walter Ojeda Ávila (reemplazó a Luis Acosta), Cesar Merlo, Augusto De Gregorio y Mario Salvo

Condenas de ejecución condicional, inhabilitación especial y sobreseimiento para algunos de los imputados. Esta causa se acumuló con "Camandona" y fueron juzgadas juntas. El 30 de septiembre de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán declaró culpables a Felipe Terán, ex juez federal N°2; a los abogados Daniel Martín y Alfredo Ducca y al productor bursátil Jorge Rigourd (en disidencia parcial, la camarista Alicia Noli votó por la absolución de Ducca). El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) atribuyó a los tres primeros la comisión del delito de falsificación de documentos mientras que condenó a Rigourd por una tentativa de fraude en perjuicio de la administración pública (Terán resultó desvinculado de este delito). A todos ellos impuso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional con inhabilitación de seis años para ejercer cargos públicos (Terán); la abogacía (Martín y Ducca) y la producción bursátil (Rigourd). Los demás imputados fueron absueltos. Al 12 de septiembre de 2017, el fallo aún no estaba firme. Ver sentencia: https://es.scribd.com/document/252381748/Fallo-Borquez

Forma parte de la serie de causas denominada "Títulos Públicos" que terminaron con la carrera de los jueces federales Felipe Terán (fue destituido en 2006) y Jorge Parache (renunció en 2007). Las maniobras detectadas incluso generaron una auditoría por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación. Ver "Camandona", "Taranto" y "Scaravilli López".

Ministerio de Economía de la Nación y Procuración del Tesoro de la Nación (informe de auditoría en los Juzgados Federal Nº1 y Nº2 de Tucumán)

Una auditoría advirtió la maniobra consistente en la adquisición de títulos públicos en "default" (o cesación de pagos) a posteriori de la emisión de la medida cautelar dictada por el ex juez federal Felipe Terán que ordenaba al erario el pago de los papeles en dólares, en las condiciones previas a la pesificación forzosa dispuesta en 2001. Al igual que en "Borquez", en “Camandona” tampoco fueron percibidos los U$S 139.000 correspondientes a los bonos adquiridos antes del "default". En este caso también hubo una medida cautelar sin monto favorable al peticionante, y en ella coincidieron como imputados Martín y Terán.

Felipe Terán, ex juez federal Nº2, y el abogado Daniel Martín

Mario Racedo, juez federal Nº2 subrogante; Graciela Fernández Vecino, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; los conjueces Juan Carlos Veiga, Alicia Carranza, Carlos Bravo y Marta Tejerizo; y los camaristas Alicia Noli, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga, vocales del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán

Carlos Brito, fiscal federal Nº2; Leopoldo Peralta Palma, fiscal federal subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán

Pablo Bauque y Rodolfo Burgos

Condenas de ejecución condicional. Esta causa se acumuló con "Borquez" y fueron juzgadas juntas. La imputación de tentativa de perjuicio a la administración pública no prosperó para ninguno de los dos imputados, según la sentencia del 30 de septiembre de 2014. Al 12 de septiembre de 2017, el fallo no estaba firme. Ver sentencia: https://es.scribd.com/document/252381748/Fallo-Borquez

Forma parte de la serie de causas denominada "Títulos Públicos" que terminaron con la carrera de los jueces federales Felipe Terán (fue destituido en 2006) y Jorge Parache (renunció en 2007). Las maniobras detectadas incluso generaron una auditoría por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación. Ver "Borquez", "Taranto" y "Scaravilli López".

Ministerio de Economía de la Nación y Procuración del Tesoro de la Nación (informe de auditoría en los Juzgados Federal Nº1 y Nº2 de Tucumán)

Una auditoría advirtió la maniobra consistente en la adquisición de títulos públicos en "default" (o cesación de pagos) a posteriori de la emisión de la medida cautelar dictada por el ex juez federal Jorge Parache que ordenaba al erario el pago de los papeles en dólares, en las condiciones previas a la pesificación forzosa dispuesta en 2001. A diferencia de "Borquez" y de “Camandona”, en esta causa sí fueron percibidos los $ 1,3 milón correspondientes a los bonos adquiridos antes del "default". En este caso también hubo una medida cautelar sin monto favorable al peticionante, y en ella está imputado Daniel Martín, quien también aparece acusado en "Borquez" y en "Camandona".

Jorge Parache, ex juez federal Nº1, y el abogado Daniel Martín

Mario Racedo, juez federal Nº2 subrogante; Nicanor Rodríguez del Busto (conjuez), Federico Rivas Suñen (conjuez), Juan Carlos Reynaga (camarista ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca), y los conjueces Adolfo Raúl Guzmán, Alicia Carranza y Marcelo Billone

Carlos Brito, fiscal federal Nº2; Pablo Camuña, fiscal federal Nº2

Fernando Poviña y Hernán Frías Silva (Parache); José Agustín Ferrari (Martín); Juan Carlos Malek (Taranto)

En octubre de 2013, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán se expidió, y avaló los procesamientos de Parache y de Martín en “Taranto” que había dispuesto en 2011 el ex juez subrogante Mario Racedo. La sentencia fue firmada por el magistrado catamarqueño Juan Carlos Reynaga, y los conjueces Adolfo Raúl Guzmán, Alicia Carranza y Marcelo Billone. El fallo, que da pie a la prosecución de la pesquisa abierta en 2006, advirtió que el ex juez federal N°1 dictó todas las medidas cautelares a sabiendas de su carácter ilegítimo. “El objeto fue lograr el cobro indebido de la suma de $ 1,3 millón con el consecuente perjuicio al Estado Nacional”, concluyó la alzada. Forma parte de la serie de causas denominada "Títulos Públicos" que terminaron con la carrera de los jueces federales Felipe Terán (fue destituido en 2006) y Jorge Parache (renunció en 2007). Las maniobras detectadas incluso generaron una auditoría por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación. Ver "Borquez", "Camandona" y "Scaravilli López".

Ministerio de Economía de la Nación y Procuración del Tesoro de la Nación (informe de auditoría en los Juzgados Federal Nº1 y Nº2 de Tucumán)

Una auditoría advirtió la maniobra consistente en la adquisición de títulos públicos en "default" (o cesación de pagos) a posteriori de la emisión de la medida cautelar dictada por el ex juez federal Jorge Parache que ordenaba al erario el pago de los papeles en dólares, en las condiciones previas a la pesificación forzosa dispuesta en 2001. Esta maniobra habría generado un perjuicio al Estado de $ 1.215.301,50. Al igual que en "Taranto", sí se cobraron las sumas de dinero.

Jorge Parache, ex juez federal Nº1, y el abogado César Roque Paliza (h)

Hugo Mariano Danesi (conjuez); Adolfo Raúl Guzmán, Juan Carlos Reynaga, Alicia Estela Carranza (conjueza), Carlos Alberto Bravo (conjuez) y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Carlos Brito, fiscal federal Nº2; Pablo Camuña, fiscal federal Nº2

Fernando Poviña y Hernán Frías Silva

En diciembre de 2015, el fiscal Camuña cerró la investigación y solicitó el juzgamiento sólo respecto del ex juez federal Parache, pese a que en septiembre de 2014 la Cámara Federal ad hoc había procesado al letrado César Paliza. Forma parte de la serie de causas denominada "Títulos Públicos" que terminaron con la carrera de los jueces federales Felipe Terán (fue destituido en 2006) y Jorge Parache (renunció en 2007). Las maniobras detectadas incluso generaron una auditoría por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación. Ver "Borquez", "Camandona" y Taranto".

Alberto Lebbos, padre de la víctima Paulina Lebbos, denunció la existencia de una red de encubrimiento orquestada desde el Estado para impedir el esclarecimiento del homicidio de su hija, quien desapareció el 26 de febrero de 2006 (sus restos fueron encontrados el 11 de marzo). Esta presunción fue respaldada por la condena a tres policías investigados por su proceder en la escena del hallazgo del cuerpo en la localidad de Raco: Enrique Antonio García, Manuel Exequiel Yapura y Roberto Oscar Lencina. El tribunal formado por los vocales Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Emilio Páez de la Torre solicitó, a su vez, la investigación de los superiores de los acusados: el ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella; el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez; el ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera, y al ex jefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito. Esta actuación se acumuló al expediente de la causa principal.

Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguriadd de la gestión de José Alperovich; el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez; el ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera; el ex jefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; Héctor Waldino Rodríguez, ex policía; Luis Gómez (acusado como partícipe en el presunto homicidio)

Víctor Manuel Pérez, juez de Instrucción en lo Penal Nº4 de San Miguel de Tucumán; Eudoro Albo, Enrique Pedicone y Liliana Vitar, vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción; Carlos Caramuti, Rafael Macoritto y Dante Ibáñez, vocales de la Sala III de la Cámara Penal de la capital

Alejandro Noguera, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº5 de San Miguel de Tucumán; Carlos Albaca, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº2 de San Miguel de Tucumán; Diego López Ávila, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº4 de San Miguel de Tucumán; Juana Prieto de Sólimo, fiscala de Cámara Penal Penal Nº3 de San Miguel de Tucumán; Carlos Sale, fiscal de Cámara Penal Nº1 de San Miguel de Tucumán; Carlos Saltor, fiscal de Cámara Penal Nº6 de San Miguel de Tucumán

Gustavo Carlino (Barrera); Eduardo Andrada Barone (Sánchez); Gustavo Morales (Di Lella); Cergio Morfil (Brito); Macario Santamarina (Gómez); Juan Carlos López Casacci y Carlos Posse (Rodríguez)

Emilio Mrad y Roberto Tejerizo

Ver casos "Lebbos" (II) y "Albaca". Días después del hallazgo de los restos, Gendarmería presenta un informe en el que indica que había habido irregularidades en el procedimiento practicado respecto del hallazgo del cuerpo de la víctima. El 20 de marzo de 2006, renuncia Pablo Baillo, ministro de Seguridad Ciudadana y, días después, su sucesor, Mario López Herrera, es interrogado sobre el avance del caso en la Legislatura. El 12 abril, en una sesión secreta del Concejo Deliberante, ante las graves irregularidades detectadas durante la investigación, los ediles deciden unificar las licencias de taxis y remises mediante la creación del Sistema Único de Transporte de Pasajeros (Sutrappa). El 12 de mayo comienza a regir la llamada Ley de las 4 AM, medida que ordena a los boliches y a los bares a cerrar a esa hora: fue derogada ocho años más tarde, en 2014. El 19 de abril, Alejandro Noguera, fiscal que dirige la investigación del caso, concurre a una reunión en la casa del gobernador Alperovich: oficialmente se informó que había asistido a ese encuentro para solicitar recursos para seguir con la pesquisa. Un día después, el entonces ministro fiscal Luis de Mitri, lo separa del caso y designa a Carlos Albaca al frente de la investigación. Durante siete años este mantiene el secreto de sumario: ni Alberto Lebbos puede acceder al expediente. Cuando su tarea comienza a ser cuestionada, Albaca pone en duda que la joven haya sido asesinada y opina que podría haber muerto en una práctica sexual extrema. El 13 de febrero de 2013, en su carácter de abogado del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, Bernardo Lobo Bugeau se presenta y comienza a monitorear el expediente. En marzo de ese año, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán también le pide a Albaca que informe sobre el desarrollo de la causa. En junio, Lobo Bugeau confirma que la investigación estaba paralizada. De Mitri vuelve a cambiar de fiscal y coloca a Diego López Ávila en el caso. Mientras tanto, comienza el sumario administrativo, y aparecen denuncias penales y pedidos de destitución contra Albaca y De Mitri. Ambos se sostienen en sus cargos hasta mediados de 2014, cuando se jubilan con el beneficio del 82% móvil (ver "Albaca"). López Ávila, por su parte, repite las medidas de pruebas practicadas respecto del celular de la víctima, y ordena la detención de Maximiliano Gallardo y Luis Gómez, quienes habían puesto su chip en el aparato de Lebbos. Luego, Gallardo queda desvinculado, mientras que Gómez cumple el plazo completo de la prisión preventiva. Además, López Ávila detiene a las autoridades policiales Brito y Barrera, y empieza a investigar a Di Lella, Rodríguez y Sánchez, como consecuencia de las actuaciones de la Sala III de la Cámara Penal en la causa "Lebbos II" (ver). En 2014, especialistas confirman la imposibilidad de cotejar dos cabellos hallados en el cuerpo de Paulina Lebbos por su mal estado de conservación: se frustran las pruebas genéticas proyectadas respecto de César Soto (pareja de la víctima), Gallardo, Gómez, Luis Olivera (encargado en un camping de El Cadillal), Juan Pedro y Jorge Hernán Jiménez (vecinos de Soto), Héctor Gustavo “Gordo” González (referente de la barra brava de Atlético) y su sobrino Héctor Guillermo Ramos, Gabriel Alperovich, Sergio Kaleñuk (hijo de Alberto Kaleñuk), el remisero Juan Pedro Cruzado y Roberto Lorenzo Díaz (amigo de Soto). El 15 de febrero de 2015, el fiscal López Ávila pide que Gómez sea enjuiciado por la posible privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. También solicita el enjuiciamiento de Di Lella, Sánchez, Barrera, Brito y el policía retirado Rodríguez por el supuesto encubrimiento. El 11 de septiembre de 2015, el juez Pérez dispone la elevación a juicio en contra de todos los acusados, tal como lo había solicitado el fiscal López Ávila, y considera que Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk no deben ser sobreseídos por el momento. En marzo de 2016, el fiscal Sale zanja la diferencia a favor de Alperovich y de Kaleñuk. Durante ese año, la Cámara de Apelaciones confirma la elevación a juicio del expediente y, a continuación, sale sorteada la Sala III de la Cámara Penal, que resuelve iniciar el juzgamiento el 6 de febrero de 2018. En mayo de 2017, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Gandur, encomendó el juzgamiento en un plazo razonable de este caso. El 17 de noviembre de 2017, Alejandro Javier Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos (Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación), pide autorización a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para "tomar vistas y extraer copias" de un conjunto de 33 procesos de la Justicia provincial. Collia dice que la observación iba a ser desarrollada por dos abogados de la Nación: Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia. En la nómina de expedientes adjuntada hay 19 del fuero penal (esta causa, entre ellos); uno del correccional y 13 del fuero de familia de la capital. El sugrupo "causas penales de interés público" incluye a los siguientes procesos: 1) “Manzur”; 2) “Terraf, Díaz Ricci y Vidal" (Excedentes financieros); 3) "Poder Legislativo" ("Gastos sociales I"); 4) "Khoder"; 5) "Yedlin" ("Funsal"); 6) "Jiménez" ("Voto fallido"); 7) "Jiménez"; 8) "Paz"; 9) "Pisa"; 10) "Yapura Astorga"; 11) "Lebbos"; 12) "Albaca"; 13) "Brito" ("DAU"); 14) "Teves"; 15) "Falú"; 16) "Rigourd"; 17) "Valdez"; 18) "Jorrat" y 19) "Pérez".

Las actuaciones que dieron origen a este expediente endilgan al personal policial de Raco el presunto encubrimiento del crimen cometido contra Paulina Lebbos. El 11 de marzo de 2006, el comisario García confeccionó y rubricó un acta de igual fecha relacionada con la investigación llevada a cabo en la causa “Autores Desconocidos s/ Homicidio -Víctima Paulina Lebbos-” junto con el oficial ayudante Yapura y el suboficial mayor Lencina, cuyo contenido no se correspondería con la veracidad de lo ocurrido, según lo narrado por los testigos Marcelo Adrián Goitea y Sergio Luján Goitea el 6 de abril de 2006 en sede judicial. El fiscal Alejandro Noguera (entonces a cargo de la causa) consideró que esta maniobra fue efectuada con el fin de obstaculizar su investigación. Además, García y Yapura habrían confeccionado y rubricado un acta el día 7 de marzo de 2006 en el mismo proceso donde la firma y la manifestación efectuada por el testigo Diego Nieva en la Comisaría de Raco no se corresponde con el contenido del acta original que entregaran a la fiscalía interviniente.

Enrique Antonio García, Manuel Exequiel Yapura y Roberto Oscar Lencina, respectivos comisario y policías de la Comisaría de Raco

Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Emilio Páez de la Torre, vocales de la Sala III de la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán; Antonio Gandur, Antonio Estofán y Daniel Posse, vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán

Juana Prieto de Sólimo, fiscala de Cámara Penal Nº3 de San Miguel de Tucumán. Ver casos "Lebbos I" y "Albaca".

Darío Casiva; Salvador Rotondo; Roberto Blasco

Condenas firmes. El 18 de diciembre de 2013, la Sala III de la Cámara Penal condenó a Enrique Antonio García a la pena de cinco años de prisión por encontrarlo autor voluntario y responsable del delito encubrimiento agravado; a Manuel Exequiel Yapura a la pena de cuatro años de prisión por encontrarlo autor voluntario y responsable del delito encubrimiento agravado, y a Roberto Oscar Lencina, a la pena de dos años de prisión condicional por encontrarlo autor voluntario y responsable del delito de falsedad ideológica en instrumento público. Los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Emilio Páez de la Torre ordenaron la investigación de los cinco ex funcionarios que habrían participado en la maniobra de encubrimiento: Hugo Sánchez, ex jefe de Policía; Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad; Nicolás Barrera, ex subjefe de la Polícia; Héctor Rubén Brito, ex jefe de la Regional Norte, y el ex policía Héctor Waldino Rodríguez. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmó la sentencia de la Sala III el 3 de mayo de 2016. Ver sentencia: https://es.scribd.com/document/372466035/Causa-Lebbos-II-Garci-a

Ver casos "Lebbos" y "Albaca". La Sala III de la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán inició el debate oral y público el 4 de diciembre de 2013 mientras que la lectura de la sentencia se realizó el 18 de diciembre de 2013.

Rodolfo Danesi, legislador (Ciudadanos Independientes)

El denunciante adujo que las elecciones de convencionales constituyentes de 2006 habían dado lugar al reparto de todo tipo de prebendas y dádivas a cambio de votos. Danesi consideró que el sector afín al gobernador José Alperovich habría cometido los delitos de coacción, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito. Danesi adjuntó numerosas publicaciones periodísticas sobre reparto de bolsones y el traslado de electores, y dijo estar sorprendido de que ningún funcionario haya actuado de oficio ante la violación de las leyes vigentes.

José Alperovich, gobernador de Tucumán (PJ-Frente para la Victoria)

Alejandro Noguera, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº5 de la capital; Carlos Sale, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº1 de la capital (por la incompetencia del primero)

En junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación giró al fiscal Noguera un expediente que, por el mismo tema (reparto de bolsones durante los comicios), había iniciado el legislador Danesi en la órbita del alto tribunal.

Rodolfo Danesi, legislador (Ciudadanos Independientes)

El denunciante adujo que el gobernador José Alperovich habría incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al decretar un aumento de sueldo de los miembros del Poder Ejecutivo en violación a la Constitución provincial.

José Alperovich, gobernador de Tucumán (PJ-Frente para la Victoria)

María de las Mercedes Carrizo, fiscala de Instrucción en lo Penal Nº9 de San Miguel de Tucumán (actuación de oficio)

Ante las declaraciones periodísticas de María Jesús Rivero, titular de Arut, la fiscala Carrizo decidió investigar de oficio la existencia de una supuesta Municipalidad de San Miguel de Tucumán paralela, que permitiría la circulación de remises a cambio del pago de coimas. Según Rivero, los remiseros pagan $ 30 por semana "para trabajar tranquilos"

María de las Mercedes Carrizo, fiscala de Instrucción en lo Penal Nº9 de San Miguel de Tucumán

Leonardo Coria (abogado de Rivero)

Gustavo Usandivaras, concejal de San Miguel de Tucumán (UCR)

El denunciante manifestó que, al contratar a empresas para la ejecución de obras públicas, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán no exigía la presentación de certificados de libre deuda de aportes previsionales (Anses) y de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo.

Fernando Insaurralde, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Luis Iriarte, abogado constitucionalista y dirigente del Movimiento Popular Tres Banderas

El denunciante acusó al gobernador José Alperovich de haber incurrido en un abuso de autoridad, exacciones ilegales y asunción de hecho de facultades extraordinarias al presentarse como "dueño" de los convencionales constituyentes que le respondían (32 de 40) en la Convención Constituyente de 2006.

José Alperovich, gobernador de Tucumán (PJ-Frente para la Victoria)

Mirta Lenis de Vera, jueza de Instrucción en lo Penal Nº5 de San Miguel de Tucumán

Carlos Albaca, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº2 de San Miguel de Tucumán

Archivo. En julio de 2006, el fiscal Albaca desestimó la denuncia. Según su criterio, el gobernador Alperovich y sus convencionales constituyentes no habían cometido delito alguno. La decisión de archivar fue tomada dos semanas después de que Iriarte presentara la denuncia.

El denunciante pidió que se investigue la posible comisión de delitos vinculada al traslado de militantes en micros costeados por el Estado provincial para participar de los actos oficiales por el 25 de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

José Alperovich, gobernador de Tucumán (PJ-Frente para la Victoria)

Teresita Marnero, fiscala de Instrucción en lo Penal Nº3 de San Miguel de Tucumán

Pablo Walter, presidente de Recrear; Ricardo Bussi, presidente de Fuerza Republicana

Los denunciantes pidieron que se investigue el uso de fondos públicos para movilizar simpatizantes oficialistas a los actos oficiales del 9 de Julio. Según Walter y Bussi, empleados estatales fueron presionados y amenazados por las autoridades locales que querían brindar "un baño de masas" al presidente Néstor Kirchner.

José Alperovich, gobernador de Tucumán (PJ-Frente para la Victoria)

Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción en lo Penal Nº3 de San Miguel de Tucumán

Alejandro Sangenis, legislador (Movimiento Popular Tres Banderas)

Sangenis denunció que la subdirectora Meneghello podría haber cometido delitos al consentir la expropiación -para instalar una antena- de un terreno registrado a su nombre. También aparecen como propietarios del fundo el abogado Jorge Esteban Posse Ponessa, quien se desempeña como asesor en el Estado. Meneghello y Posse Ponessa son socios en el estudio jurídico. Sangenis cuestionó que se haya expropiado una hectárea para instalar la Estación Repetidora LS82TV-Canal 7 Argentina cuando en el convenio firmado por la Provincia y Canal 7 se hablaba de que bastaban 25 metros cuadrados.

Silvia Meneghello, subdirectora judicial de la Fiscalía de Estado; Jorge Posse Ponessa, asesor del interventor del Subsidio de Salud, Mario Koltan

Esteban Jerez, diputado nacional (Recrear)

El denunciante pidió la investigación de la compra directa de la aeronave que debía ser usada con fines sanitarios pero que terminó afectada al traslado del gobernador Alperovich, de su familia y de sus colaboradores. Jerez también objetó la compra directa de un autómovil 0 KM para los desplazamientos del mandatario en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo acusó a Alperovich de afectar el patrimonio del Estado al facultar al Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano a responder por créditos que las empresas contratadas en forma directa tomen con el Banco del Tucumán.

José Alperovich, gobernador de Tucumán (PJ-Frente para la Victoria)

La denunciante dijo que había sido nombrada como secretaria de bloque en la Municipalidad de Las Talitas, pero, en realidad, trabajaba como empleada doméstica de la concejala Norma Graciela Ramírez (PJ). Por su tareas, Ramayo percibía $ 150 pese que el sueldo de funcionaria era de $ 1.000.

Norma Graciela Ramírez, concejala de Las Talitas (PJ)

Emma De Nucci, jueza de Instrucción en lo Penal Nº2 de San Miguel de Tucumán

Mercedes Carrizo, fiscala de Instrucción en lo Penal Nº9 de San Miguel de Tucumán

Gustavo Gómez, fiscal general federal (actuación de oficio)

El fiscal abrió una actuación preliminar para investigar el uso de un avión sanitario por parte del Gobierno de José Alperovich. Gómez sospecha que habría sido falsificada la documentación relativa a la tripulación y a los itinerarios de la nave adquirida por U$S 6,2 millones.

José Alperovich, gobernador de Tucumán (PJ-Frente para la Victoria)

La repartición pública provincial pidió a la Justicia que investigue la usurpación de 65 lotes en Tafí del Valle. En estas maniobras estarían involucrados funcionarios municipales y dirigentes sociales.

Mónica García de Targa, fiscala de Instrucción en lo Penal Nº1 de Monteros

Rodolfo Danesi, legislador (Ciudadanos Independientes); Alejandro Sangenis, legislador (Movimiento Popular Tres Banderas)

Los denunciantes pidieron al ministro público fiscal, Luis De Mitri, que investigue si el gobernador José Alperovich cometió un delito al decir que algunos legisladores se habían enriquecido, pero omitir dar los nombres concretos. Cuestionaron también la resistencia de Alperovich a llamar a licitación pública para contratar el servicio de recolección de residuos.

José Alperovich, gobernador de Tucumán (PJ-Frente para la Victoria)

Juan Roberto Robles, legislador (Unión Cívica Radical)

El denuciante solicitó a la Justicia que investigue si ediles de San Miguel de Tucumán recibieron una coima a cambio de rebajar un tributo aplicable a las máquinas tragamonedas. La tasa pasó de $ 700 a $ 90 mensuales gracias a los 10 concejales que votaron a favor de la ordenanza. El edil Oscar Ramón Cano (sindicato mercantil) había atribuido la medida "a una orden de arriba".

Carlos Issa Assán, concejal del Partido Justicialista; Oscar Cano, concejal del Partido Justicialista; Ramón Santiago Cano, concejal del Partido Justicialista; Armando Cortalezzi, concejal del Partido Justicialista; Eloy del Pino, concejal del Partido Justicialista; Gloria Díaz, concejal del Partido Justicialista; Juan Carlos Mamaní, concejal del Partido Justicialista; José Miranda, concejal del Partido Justicialista; Carolina Vargas Aignasse, concejal del Partido Justicialista; Hugo Osvaldo Danesi, concejal de Concertación para la Democracia

Arnoldo Suasnábar, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº7 de San Miguel de Tucumán

En noviembre de 2006, el intendente Domingo Amaya vetó la polémica ordenanza.

Alberto Colombres Garmendia, abogado y dirigente de Recrear

El denunciante dijo que sospechaba que el gobernador José Alperovich había cometido delitos al señalar a la prensa que los legisladores opositores José Cano (Unión Cívica Radical), Roberto Palina (Partido de los Trabajadores) y Alejandro Sangenis (Movimiento Popular Tres Banderas) tenían "ñoquis" (empleados sin funciones) en la Legislatura, pero omitió hacer la denuncia correspondiente en los Tribunales.

José Alperovich, gobernador de Tucumán (Partido Justicialista)

Arnoldo Suasnábar, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº7 de San Miguel de Tucumán

Juan Luis Fernández, ex interventor del Tribunal de Faltas

El denunciante pidió la investigación de supuestos delitos cometidos por los jueces de Faltas de San Miguel de Tucumán. Fernández apuntó contra el intendente Domingo Amaya por no haber dispuesto la conformación de un Jurado de Enjuiciamiento para analizar las conductas de los funcionarios cuestionados.

Domingo Amaya, intendente de San Miguel de Tucumán (PJ-Frente para la Victoria)

Mirta Lenis de Vera, jueza de Instrucción en lo Penal Nº5 de San Miguel de Tucumán

Guilllermo Herrera, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº10 de San Miguel de Tucumán

En noviembre de 2006, Herrera solicitó a Lenis de Vera que inicie la investigación jurisdiccional puesto que Amaya tenía fueros (privilegios constitucionales).

"Ley de Administración Financiera"

Esteban Jerez, diputado nacional (Recrear); Ramón Eduardo Ruiz Pesce

La denuncia sostuvo que existirían irregularidades en los anticipos financieros otorgados a municipios, comunas, organismos descentralizados y entes autárquicos; anomalías en el manejo de los recursos nacionales y en los aportes no reintegrables por parte de la Secretaría de Coordinación de Municipios y Comunas Rurales; un desvío de dinero público y una contabiildad maliciosa de saldos en cuentas especiales. Todo esto surgiría del análisis de la cuenta de inversión del año 2005.

José Alperovich, gobernador de Tucumán (PJ-Frente para la Victoria); Sergio Mansilla, secretario de Coordinación de Comunas y Municipios

Guilllermo Herrera, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº10 de San Miguel de Tucumán

En marzo de 2007, Jerez se presentó ante el fiscal Hererra para ampliar su denuncia sobre la base del informe lapidario sobre la cuenta de inversión de 2005 que elaboró el Tribunal de Cuentas. Este documento refiere a la falta de registro de los movimientos de fondos; la resistencia de las autoridades a presentar documentación pública y la violación sistemática de las leyes. Además, Jerez denunció movimientos irregulares en las cuentas especiales. Dijo, por ejemplo, que el dinero del Banco Interamericano de Desarrollo pasaron a los municipios sin el control del Tribunal de Cuentas.

Sara Francisca Jiménez; Ramón Antonio Ablanedo

La denuncia adujo que el comisionado rural Robles pagaba $ 150 a empleados contratados que en realidad figuraban como personal de planta con haberes superiores ($ 500 a $ 1.000). La irregularidad quedó expuesta cuando el personal precario intentó obtener un plan social: en el sistema constaba que era empleado de la Comuna de El Chañar.

Enrique Ignacio Robles, comisionado rural de El Chañar (Partido Justicialista); Humberto López, subdelegado comunal; María Argelia Robles, secretaria habilitada de la Comuna y hermana del comisionado

Víctor Manuel Rougés, juez correccional en lo Penal Nº2 de San Miguel de Tucumán; Emma de Nucci, jueza de Instrucción en lo Penal Nº2 de San Miguel de Tucumán; Víctor Manuel Pérez, juez de Instrucción en lo Penal Nº4 de San Miguel de Tucumán

Guilllermo Herrera, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº10 de San Miguel de Tucumán.

Luis Romero Abadie; Gustavo Morales

En enero de 2007, el juez Rougés ordenó la detención del comisionado y de su hermana. En paralelo, el entonces gobernador José Alperovich intervino la comuna y puso Carlos Sergio Salazar a cargo (había sido candidato a comisionado en 2003). Días después, Rougés también ordenó la detención del subdelegado López, pero, para entonces, este ya había huído con documentación, según reconstruyeron los testigos. El último día de la feria judicial, el juez dictó la prisión preventiva para Robles y su hermana. En marzo, el fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Carlos Castellanos, opinió que Robles habría cometido el delito de peculado al distraer hacia su propio peculio las sumas destinadas a sueldo del personal.

Ariel García, presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical

García dijo que el funcionario de José Alperovich debía ser investigado por la falta de rendición de cuentas del 70% de las 93 comunas rurales durante 2006. Según García, Mansilla debía exigir las rendiciones y, luego, remitirlas al Tribunal de Cuentas. El opositor sostuvo que, frente al incumplimiento, el secretario debía frentar la habilitación de nuevos recursos públicos. La denuncia fue ampliada con posterioridad por las dudas sobre el uso de fondos para prevenir inundcaciones en el sur de la provincia

Sergio Mansilla, secretario de Coordinación de Comunas y Municipios de la gestión de José Alperovich

Guilllermo Herrera, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº10 de San Miguel de Tucumán; Carlos Castellanos, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de Tucumán; Carlos Albaca, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº2 de San Miguel de Tucumán

Gonzalo Javier Ortega; Lía López

El gobernador José Alperovich elogió al fiscal que ordenó el archivo y lo definió como una persona de bien, un gran hombre y un gran trabajador. Además, pidió a los jueces y fiscales que no se dejen influenciar por LA GACETA. Agregó que él iba a protegerlo (al fiscal) porque necesitaba una justicia independiente. "Así como yo no influyo, no voy a permitir que ningún medio, menos LA GACETA, influya sobre la Justicia. Porque, en ese caso, yo voy a proteger a los jueces". Consultado De Mitri por LG sobre la posibilidad de investigar al poder político, contestó: "el dicho es que a los funcionarios públicos se los investiga sólo cuando dejan de serlo. Esa frase es una demostración de la dificultades que hubo y hay en este tema" (ver http://www.lagaceta.com.ar/nota/216545/notas-tapa/admiten-hay-problemas-para-investigar-funcionarios.html) Ariel García y Esteban Jerez, diputado nacional, presentan en la Legislatura un planteo de destitución contra Herrera por el archivo de la causa. Ante esto, Alperovich adelantó que no iba a prosperar porque no les darían los números en la comisión de juicio político. Finalmente, dicha comisión archivó el planteo. En paralelo, De Mitri ordena el desarchivo del expediente y se lo pasa a Albaca para que prosiga la investigación.

Carlos Alberto Núñez; Ramón Antonio Ablanedo

El denunciante Núñez, un vecino de la ciudad de Juan Bautista Alberdi, dijo que la Legislatura lo había contratado como empleado transitorio, pero nunca le habían permitido acceder a una boleta de sueldo ni conocer las condiciones en las que había sido nombrado. Núñez dijo que su designación constaba en el decreto 1.803 de diciembre de 2003, que llevaba la firma del entonces vicegobernador Fernando Juri. Según relató, debía trabajar con el legislador oficialista Sisto Terán, pero, a posteriori, en una reunión con el habilitado de la Legislatura, Ramón Roque Cativa, y el intendente de Alberdi, Luis Campos, se decidió que prestaría servicios en la Secretaría de Obras Públicas de ese municipio, donde desarrolló diversas tareas durante dos años sin conocer qué sueldo le correspondía oficialmente ni poder usar la obra social. Núñez dijo que acudía al domicilio de Cativa para cobrar y que los pagos eran realizados por el concejal Rolando Toledo, que no sólo le abonaba a él, sino a muchos otros empleados.

Fernando Juri, vicegobernador (Partido Justicialista); Sisto Terán, legislador (Partido Justicialista); Ramón Roque Cativa, funcionario de la Legislatura; Luis Campos, intendente de Juan Bautistsa Alberdi (Partido Justicialista); Rolando Toledo, concejal de Alberdi (Partido Justicialista)

Alejandro Noguera, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº5 de San Miguel de Tucumán; Carlos Albaca, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº2 de San Miguel de Tucumán

Ángel Fara (abogado de Núñez); Gustavo Morales (abogado de Ablanedo)

Ariel García y Esteban Jerez, diputado nacional, presentan en la Legislatura un planteo de destitución contra Herrera por el archivo de la causa. Ante esto, Alperovich adelantó que no iba a prosperar porque no les darían los números en la comisión de juicio político. Finalmente, dicha comisión archivó el planteo.

El denunciante solicitó que se investigue si la ausencia de rendiciones de cuentas de las comunas rurales de la provincia configura un delito. Según Romero, los comisionados e intendentes están sometidos económicamente al arbitrio del Gobierno provincial, quien envía fondos en forma discrecional y en función de su conveniencia. "Los municipios y comunas son las cajas negras del Gobierno", dijo. El opositor puso en duda que estas instituciones hayan recibido los $ 400 millones presupuestados en 2006. A posteriori, Romero acusó también a Osvaldo Morelli, intendente de Concepción, por presentar una rendición de apenas tres carillas.

José Alperovich, gobernador de Tucumán (PJ-Frente para la Victoria); Jorge Jiménez, ministro de Economía; Sergio Mansilla, secretario de Coordinación de Comunas y Municipios; Osvaldo Jaldo, interventor de la Caja Popular de Ahorros; Osvaldo Morelli, intendente de Concepción (aliado a Alperovich)

Gustavo Gómez, fiscal general federal de Tucumán

José Luis Vázquez, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán; Miguel Eduardo Marcotullio, vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán

Las autoridades universitarias denunciaron el hallazgo de decenas de casos de estudiantes que figuraban ausentes en las actas de exámenes libres y, posteriormente, aparecían aprobados en el sistema informático, por lo general con 4. La Dirección de Registro de Alumnos manejaba este dispositivo. Como consecuencia de estos hechos, Derecho decidió revisar las calificaciones y suspender las colaciones de grado. Las irregularidades surgieron a partir de una auditoría practicada por el secretario de Políticas Administrativas, Carlos Saltor, y el asesor informático Marcelo Vargas. La investigación constató la existencia de 97 anomalías.

Francisco Agüero, director de Registro de Alumnos, y otros 25 empleados no docentes

Mario Racedo, juez federal subrogante Nº2; Fernando Luis Poviña, juez federal Nº2 (excusado); Daniel Bejas, juez federal Nº1 (excusado); Edgardo López Herrera (conjuez); Juan Carlos Nacul (conjuez);

La investigación abarcó las dos centenas de enmiendas irregulares detectadas en el sistema con una serie de adulteraciones en las actas de exámenes y, en última instancia, con la emisión de diplomas de abogado, escribano y procurador. En 2012, y en el ámbito de un sumario administrativo ordenado en la UNT, el ex rector Juan Alberto Cerisola suspendió por cinco años a ca si 100 alumnos involucrados en la maniobra. La Facultad de Derecho, por su parte, sancionó a un grupo de no docentes. Los dos jueces titulares, Fernando Luis Poviña (Nº2) y Daniel Bejas (Nº1), se inhibieron en esta causa. En 2014, el conjuez federal Juan Carlos Nacul declaró de oficio la nulidad de 60 procesamientos dictados en la causa y confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones: sólo se mantuvo en pie la imputación contra el no docente Francisco Agüero. “En esta investigación se ha profanado en demasía el derecho de defensa en juicio, circunstancia que impide el progreso del debido proceso”, dijo Nacul.

El denunciante adujo que las autoridades de la comuna de Los Puestos retenían su sueldo mensual. Dijo que había comenzado a trabajar el 1 de noviembre de 2005 y que había permanecido 13 meses sin percibir haberes. En enero y febrero cobró $ 200. Según Herrera, el comisionado se quedaba con el dinero que le correspondía.

Norberto Omar Rivadeneira, comisionado comunal de Los Puestos

Arnoldo Suasnábar, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº7 de San Miguel de Tucumán

El legislador radical se presentó ante la Justicia para pedir la investigación del gobernador Alperovich y del concejal capitalino Mamaní. Cano expresó que el mandatario había dicho públicamente que no se podía impedir el reparto de bolsones en tiempos electorales. "¿Cómo vamos a decirle a Mamaní que no entregué bolsones? ¿Con qué ley? No le mientamos a la gente (sic)", había manifestado Alperovich. Mamaní, entonces aliado al vicegobernador Fernando Juri, replicó: "yo no sabía de estas cosas y ahora (Alperovich) me critica por lo que él me enseñó". Según Cano, estas manifestaciones son en realidad admisiones de haber practicado el clientelismo político consistente en la adquisición de bienes y materiales con fondos públicos para entregarlos con criterios partidistas.

José Alperovich, gobernador de Tucumán (PJ-Frente para la Victoria); Juan Carlos Mamaní, concejal de San Miguel de Tucumán (Partido Justicialista)

Alberto Ambrosio Leal, legislador (Partido Justicialista)

El legislador Leal acusó a su hermano, el intendente de Burruyacu, de no haber registrado en la Municipalidad el ingreso de fondos nacionales y provinciales. Según el denunciante, la omisión alcanza a aportes del Tesoro de la Nación y a aportes no reintegrables. También se puso en duda la realización de una serie de ascensos y designaciones de personal. Por último, el legislador denunció que su hermano no podría explicar su enriquecimiento.

Jorge Abraham Leal, intendente de Burruyacu (Partido Justicialista) y hermano del denunciante; Víctor Hugo Jiménez, funcionario municipal

Mercedes Carrizo, fiscala de Instrucción en lo Penal Nº9 de San Miguel de Tucumán

Héctor Hugo Gómez, vecino de la localidad de Cebil Redondo

Gómez denunció que el delegado comunal de Cebil Redondo pagaba en negro $150 mensuales a por lo menos tres personas que habría contratado por montos superiores.

Guillermo Herrera, fiscal de Instrucción Nº10 de San Miguel de Tucumán

El fiscal Herrera hizo cuatro allanamientos (tres en el edificio comunal y uno en la casa del comisionado). Por pedido del fiscal, el juez Alfonso Zottoli dispuso la detención de Encina, a quien le imputó la presunta comisión de los delitos de peculado, estafa y enriquecimiento ilícito. Por causa de esto, el Poder Ejecutivo intervino la comuna poniéndola a cargo de Javier Noguera, que se desempeñaba como secretario de Gobierno en ese momento. Once días después de su detención, Encina fue liberado.Este expediente se relaciona con la del delegado comunal de El Chañar (ver), Enrique Ignacio Robles, donde también está denunciada su hermana, María Argelia Robles, que era secretaria habilitada de esa comuna. En el caso de Cebil Redondo, a ese cargo lo desempeñaba Marcela Cabrera, esposa de Encina. Consultado por la prensa sobre la causa, Alperovich declaró: "en un sistema democrático, al que roba hay que cortarle la mano, y, si descubro a un funcionario que está metiendo la mano en la lata, yo mismo hago la denuncia penal" (ver http://www.lagaceta.com.ar/nota/216767/politica/no-tengo-miramientos-nadie-dijo-alperovich.html). El abogado defensor criticó la manera en la que actuó el fiscal, ya que el denunciado fue notificado de su detención al día siguiente de producida.

Oscar López, abogado y peronista disidente

López denunció al fiscal Guillermo Herrera por haber archivado la causa contra el secretario de Coordinación con Municipios y Comunas, Sergio Mansilla, sin haberlo indagado por la falta de entrega de los balances bimestrales del 90% de las comunas rurales. Por esto, el denunciante pide que se investigue si dicho fiscal y el entonces ministro de gobierno Edmundo Jiménez cometieron los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y cohecho agravado. Como al consultar el trámite del expediente el denunciante advirtió que su escrito se había extraviado, reiteró su presentación esta vez ante el ministro fiscal De Mitri, a quien le solicita, además, que disponga una investigación especial por los delitos de encubrimiento, retardo de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público para determinar quién extravió su escrito original.

Guillermo Herrera, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº10 de San Miguel de Tucumán; Edmundo Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia

El denunciante pidió la investigación del secretario Mansilla por la presunta violación de deberes de funcionario público porque no habría actuado para frenar las contrataciones presuntamente irregulares que terminaron con la detención del excomisionado de El Chañar, Enrique Ignacio Robles, y la intervención de esa comuna, y porque, incluso, las designaciones están avaladas por la secretaría a cargo de Mansilla. El letrado Morales también denunció que el gobierno dejó cesante a un empleado que fue testigo clave en la causa "Encina" (ver).

Sergio Mansilla, secretario de Coordinación de Comunas y Municipios de la gestión de José Alperovich

Emma de Nucci, jueza de Instrucción en lo Penal Nº2 de San Miguel de Tucumán

Guillermo Herrera, fiscal de Instrucción en lo Penal N°10 de San Miguel de Tucumán; Pedro Gallo, fiscal Nº1 de San Miguel de Tucumán; Carlos Castellanos, fiscal de cámara de San Miguel de Tucumán

Archivo. En 2008, la jueza Emma de Nucci abrió la investigación jurisdiccional, pero luego cerró la causa.

El fiscal Herrera se inhibió de actuar en este expediente por haber emitido opinión sobre la conducta de Mansilla al archivar la denuncia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, por eso el caso a la fiscalía Nº 1, que elevó el expediente a la fiscalía de Cámara para que dirima la cuestión de la competencia.

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

De una inspección que realizó la AFIP-DGI en una empresa que el funcionario tenía en Tafí del Valle para verificar su situación impositiva (período fiscal 2002) surge que este había exteriorizado gastos en la declaración jurada del impuesto a las Ganancias sin contar con la documentación respaldatoria, lo cual le permitió reducir indebidamente la magnitud del tributo. Según consta en el escrito del fiscal, el contribuyente presentó una declaración jurada de Ganancias con un saldo a favor de la AFIP de $20.700, cuando lo que en realidad debía al fisco eran $105.000.

José Manuel Paz, ministro de Desarrollo Productivo

Mario Racedo, juez federal N°2 subrogante

Guillermo Jaureguiberry; José Antonio Sarmiento

Paz fue denunciado por haber incurrido en un presunto delito de defraudación al Estado nacional al no devolver un crédito que este le había otorgado en 1994, en el ámbito del proyecto "Propagación y cuarentena de especies frutihortícolas".

José Manuel Paz, ministro de Desarrollo Productivo

Felipe Terán, juez federal Nº2; Marina Cossio, Graciela Fernández Vecino, Ricardo Sanjuán, Ernesto Wayar y Raúl David Ménder, vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Emilio Ferrer, fiscal federal Nº1; Gustavo Gómez, fiscal general federal

En agosto de 2005, el fiscal federal N° 1, Emilio Ferrer, requirió al juez Felipe Terán que cite a Paz para que preste declaración indagatoria. Según Ferrer, Paz había utilizado su condición de ministro para obstaculizar y paralizar los trámites sobre la cobranza del préstamo. Terán desestima este requerimiento y ordena el archivo de las actuaciones. Ferrer apela la decisión por entender que había delito, lo que fue también ratificado por Gustavo Gómez, fiscal federal general, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirma la resolución de Terán. Gómez dedujo recurso de casación que fue concedido, y, como consecuencia, se giró el asunto a la Cámara Nacional de Casación Penal.

Las actuaciones que originaron este expediente relatan que, partir de un pedido de informes realizado por Julio Martín Vera, contador fiscal del Tribunal de Cuentas de la Provincia, sobre la evolución del crédito de la ex Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos), surgió que el Estado habría perdido $53 millones de pesos correspondientes a deudas de usuarios que presuntamente se encuentran prescriptas, según datos aportados desde el Departamento de Gestión y Mora, y del Departamento Jurídico de la institución. El jefe del sector jurídico, Juan Caligari, ratificó que solo $4 millones se encontraban en gestión judicial de cobro y que no se dio trámite a todos los juicios por la falta de entrega de bonos profesionales por el organismo, pero este argumento fue desmentido por la División Contabilidad. Además, se agregó un planteo por presuntas irregularidades en la compra de 4.830 litros de combustible para una serie de máquinas que estaban sin uso, descompuestas o desmanteladas. Por todo esto, el interventor del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys) fue acusado de la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos. Algunas semanas después, esta denuncia se amplió con una presentación que expone la existencia de un expediente del organismo mencionado que autoriza a llevar a cabo una licitación pública para adquirir materiales para la provisión de agua potable y para construcciones en una serie de barrios, por el monto de $60.000. El detalle es que las obras mencionadas ya habían sido realizadas.

Adrián Cúneo Verges, interventor del Sepapys

Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción en lo Penal Nº3 de San Miguel de Tucumán

Carlos Albaca, fiscal de Instrucción en lo Penal N°2 de San Miguel de Tucumán

La Justicia comenzó a investigar la posibilidad de que un abogado del Sepapys haya realizado gestiones para el cobro judicial de las deudas considerándose facultado para ello por un instrumento administrativo que sería falso. La consecuencia de esto es que los cálculos de pasivo que haya hecho el abogado sin estar debidamente apoderado, sean nulos y, por tanto, la provincia no cuente con un título válido de ejecución para reclamar el pago. Los hechos implicarían a una abogada del servicio jurídico, Cynthia Mariela Benitez. Ver causas "Sepapys" (II) y "Sepapys" (III).

Walter Fabián Delgado y Marcelo Ruiz Huidobro, gremialistas del Sitsepapys

Con anterioridad al escándalo por la prescripción de deudas de usuarios de la ex Dipos por $53 millones, gremialistas del sector sanitarista denunciaron al jefe del sector jurídico del Sepapys por irregularidades en la compra de bonos profesionales para litigar e iniciaron una querella por la presunta comisión de delitos de defraudación a la administración pública, falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Caligari fue quien en la causa Sepapys informó que el organismo no proveía de los bonos para litigar. Según consta en la denuncia de Delgado y Ruiz Huidobro, Caligari solicitó la compra de 500 juegos de bonos profesionales por $7500. Resolución mediante, se aprueba la compra y se emiten las órdenes de pago y los cheques por $3500 al Colegio de Abogados y por $4500 a la Caja de Abogados y Procuradores de Tucumán. Parecería que Caligari no habría obtenido los bonos de esas instituciones sino de una firma privada, por lo que habría podido quedarse con una diferencia a su favor.

Juan Alberto Caligari, jefe del sector jurídico del Sepapys

Guillermo Herrera, fiscal de Instrucción en lo Penal N°10 de San Miguel de Tucumán; Alejandro Noguera, fiscal de Instrucción en lo Penal N°5 de San Miguel de Tucumán

El fiscal Alejandro Noguera requirió la elevación a juicio de este expediente. Antes de la denuncia en sede judicial, la Fiscalía de Estado había recibido una acusación contra Juan Alberto Caligari realizada por el secretario general del Sindicato de Trabajadores del sector (Sitsepapys), José Hipólito Bustos. Sin embargo, la Fiscalía archivó las actuaciones fundándose en que el servicio jurídico del Sepapys (del que está a cargo el propio Caligari) había negado la veracidad de la denuncia y en que ello había sido avalado por el interventor del organismo. Ver causas "Sepapys" y "Sepapys" (III).

Alejandro Sangenis, legislador (Movimiento Provincial 3 Banderas)

Sangenis dijo que una de las hipótesis sobre qué había pasado en la causa de la prescripción de las deudas a favor de la ex-Dipos por 53 millones es la posibilidad de que hayan actuado abogados que no estaban facultados por el organismo para hacerlo. Es decir, que usaron un poder presuntamente falso para litigar en nombre del Estado. El legislador Alejandro Sangenis alertó al fiscal Herrera sobre la existencia de una resolución melliza, la Nº28, del 17 de enero de 1997, que acreditaría esta conjetura. Mientras la que sería auténtica se refiere al contrato laboral de un médico, en la fraguada constaría la autorización para que el abogado Juan Alberto Caligari represente legalmente al Sepapys, instituto "heredero" de la ex Dipos. La falsedad de la resolución adquiere sustentación con el aporte por el denunciante del instrumento de designación de Caligari en el organismo, que tiene una fecha posterior a la del poder, lo cual sería una incongruencia.

Juan Alberto Caligari, jefe del sector jurídico del Sepapys; Cyntia Mariela Benítez, abogada del Estado

Susana Montaldo, ministra de Educación de la provincia

Las actuaciones que dieron origen a este expediente refieren que una auditoría practicada en la Tesorería del Ministerio de Educación de la provincia descubrió que 80 cheques (equivalentes a $150.000) que correspondía a sueldos de varios docentes habían sido cobrados por terceros y no por los beneficiarios. La ministra de Educación hizo la denuncia penal, y separó de sus cargos a la tesorera Liliana Wexler y a la subtesorera Viviana Manzur de Juri.

Liliana Wexler, tesorera del Ministerio de Educación; Viviana Manzur de Juri, subtesorera del Ministerio de Educación; Miguel Ángel Juri, esposo de la subtesorera; Sandra Patricia Manzur, hermana de subtesorera; David Manzur y Francisca Lidia Perello, padres de la subtesorera

Teresita Marnero, fiscala de Instrucción en lo Penal N°3 de San Miguel de Tucumán; Adriana Giannoni, fiscala de Instrucción en lo Penal Nº8 de San Miguel de Tucumán

En 2015, la fiscala Giannoni requirió la elevación a juicio de este expediente. En marzo de 2018 este expediente ingresó a la Sala III de la Cámara Penal a los efectos de la celebración del juicio oral.

Mario Enrique Gómez, apoderado de Yuhmak (concesionaria de motos)

El apoderado de una concesionaria de motos denunció que habían desaparecido de su depósito tres motocicletas. Al principio creyeron que el responsable era un camionero que tuvo acceso al lugar, pero, luego, los policías a cargo de la investigación encontraron que dos de los móviles en cuestión estaban en poder de cuatro compañeros suyos. La versión de estos últimos es que dieron con las motos mientras realizaban un recorrido de prevención, las llevaron a la seccional en la que prestaban servicio y contaron lo sucedido al oficial de guardia, pero no dejaron nada asentado ni lo comunicaron a la autoridad correspondiente. A partir de ese día, comenzaron a utilizarlas para trámites personales.

Oficial Romano; sargentos Bravo y Subelsa; agente Rojas

Arnoldo Suasnábar, fiscal de Instrucción en lo Penal N°7 de San Miguel de Tucumán

Rodrigo Martearena; Ulises Véliz; Diego Piedrabuena; Roberto Blasco

"Dirección Provincial de Vialidad"

Raúl Basilio, interventor de la Dirección Provincial de Vialidad

Las actuaciones que dieron origen a este expediente indican que una auditoría sobre el manejo financiero practicada en Vialidad provincial arrojó irregularidades sobre el manejo de $3 millones. Esta suman habría sido desviada hacia las cuentas del Sindicato y de la Mutual de trabajadores viales, mediante un sistema de sobregiros, y pagos anticipados de cuotas sociales y comerciales, y de aportes.

Carlos Sale, fiscal de Instrucción en lo Penal N°4 de San Miguel de Tucumán

"Cobro del alumbrado público en Simoca"

Francisco Saavedra, concejal de la ciudad de Simoca

La tasa de alumbrado público les cuesta a los vecinos el doble de lo que fijan las ordenanzas del municipio. En su denuncia contra el intendente Miguel Paliza por la presunta comisión de los delitosnde defraudación, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, el edil responsabiliza al jefe municipal, al secretario de Hacienda, José Pereyra y a la contadora general del Departamento Ejecutivo, Sara del Valle Abdo. Argumenta que las tasas mal cobradas durante ocho años fueron a parar a fondos comunes con poco control y claridad.

Miguel Paliza, intendente de la ciudad de Simoca

Pedro Gallo, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº1 de San Miguel de Tucumán (investigación de oficio)

El fiscal decidió abrir una investigación luego que La Gaceta publicara en su edición del 24 de agosto dos fotografías -registradas por un lector- en las que aparece una camioneta del Ente Tucumán Turismo repleta de alfajores Havanna. Además, un empleado de ese local comercial manipulaba esos productos en la caja de carga del vehículo, que había sido estacionado frente al Café Havanna. El fiscal abrió una causa judicial para determinar si hubo malversación de caudales públicos, ya que la franquicia pertenecía al esposo de Mercedes Paz, presidenta del Ente Tucumán Turismo, y a su socio empresarial, Fernando Forté, director de Administración del área turística del Gobierno.

Mercedes Paz, presidenta del Ente Tucumán Turismo; Gaspar Herrera, esposo de esta última; Fernando Forté, director de Administración del área turística del Gobierno

Pedro Gallo, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº1 de San Miguel de Tucumán

La publicación de las fotos de la camioneta del Ente de Tucumán Turismo cargada de alfajores frente al café cuyo propietario es esposo de la presidenta de aquel organismo originaron también esta otra denuncia por peculado contra Paz.

Mercedes Paz, presidenta del Ente Tucumán Turismo; Gaspar Herrera, esposo de esta última; Fernando Forté, director de Administración del área turística del Gobierno

José Domingo Décima, ex candidato al ejecutivo municipal de Bella Vista (Cruzada Peronista); José Coronel, ex candidato a intendente de Bella Vista (Acción Provinciana)

Con decenas de fotos como prueba, Décima denunció al intendente justicialista de la ciudad de Bella Vista, Luis Espeche, por defraudación en contra de la administración pública, por hacer figurar como ejectudas una serie de obras que o nunca se habrían realizado o que habrían sido sobrevaluadas. El costo de las obras rondaría los $4 millones.

Luis Espeche, intendente de Bella Vista (Partido Justicialista)

Alejandro Sangenis, legislador (Movimiento Provincial 3 Banderas)

El legislador denunció a dos empleados del Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán (Epret) por una supuesta usurpación de títulos y fraude en perjuicio de la administración pública. Los denunciados habrían presentado en ese organismo títulos apócrifos para cobrar adicionales funcionales.

Marcelo Edmundo Palacios; María Elizabeth Granelli

Luis María Peña, consultor y ex director de la Administración Federal de Ingresos Públicos

Durante el Gobierno de Julio Miranda, Jiménez, quien después sería ministro de Economía de José Alperovich, firmó un contrato con la consultora que integra Peña facultándola para inspeccionar a los grandes contribuyentes extrajurisdiccionales. Por ese trabajo, la provincia debía abonar cerca del 17% del monto detectado en los controles. Como el actual ministro de Economía paralizó ese pago, Peña lo denunció por supuesta malversación de caudales públicos.

Alejandro Noguera, fiscal de Instrucción en lo Penal N°5 de San Miguel de Tucumán

Ernesto Baaclini; Gustavo Atim

Según el denunciante, Giúdice habría incurrido en supuesto fraude a la Caja Previsional de Abogados y Procuradores de Tucumán (CPAPT) porque, mientras se desempeñaba como fiscal de Estado adjunto en el año 2007 y encontrándose jubilado desde 2003, habría ejercido como abogado, lo que infringe la Ley Provincial N°6.059 sobre Caja de Jubilaciones. También agrega que el denunciado realizaba funciones incompatibles con su cargo público, ya que es empleado en relación de dependencia de la firma Pevisa SRL.

Víctor Manuel Pérez, juez de Instrucción en lo Penal N°4 de San Miguel de Tucumán

Teresita Marnero, fiscala de Instrucción en lo Penal N°3 de San Miguel de Tucumán

Romero promovió una denuncia en contra del director del Ente de Cultura de Tucumán por la presunta comisión del delito de peculado. Según surge de la presentación, de un teléfono celular asignado a Mauricio Guzmán se realizadon una serie de llamadas realizadas desde Europa facturadas en $5.000. El detalle es que esas comunicaciones se efectuaron cuando el funcionario estaba en Tucumán. Consultado por La Gaceta, Guzman explicó que, por un error, intercambiaron celulares con un hijo suyo que viajaba por una beca y, al advertirlo, él lo autorizó a usar la línea cuya cuenta habría pagado con su patrimonio.

Mauricio Guzman, director del Ente de Cultura de Tucumán

José Cano, legislador (Unión Cívica Radical)

El legislador José Cano acudió a la Justicia para denunciar un presunto delito en perjuicio de la administración pública por una contratación de servicio que hizo el Ente Tucumán Turismo con un monotributista identificado como LAB por más de $140.000 sin que haya existido, aparentemente, proceso licitatorio alguno. Cano afirmó que en el domicilio que aparecía en la factura no había ninguna imprenta ni oficina comercial y que, además, el Estado pagó al contratista en un día $107.200 cuando un monotributista no podía facturar más de $12.000 por mes. También mencionó en su denuncia otro caso similar por un monto de $90.000 cuya factura había sido, según él, falsificada.

Esteban Jerez, legislador (Coalición Cívica por la Resistencia)

La suba del canon mensual que el Gobierno tucumano pagaba al Banco Tucumán, agente financiero de la provincia, pasó de $550.000 a $1,5 millón. Esta renegociación del contrato dio origen a una denuncia contra José Alperovich y contra el banquero Jorge Brito por la presunta comisión de fraude en perjuicio del Estado. Además, Jerez acusó al mandatario de haber realizado supuestas negociaciones incompatibles con la función pública y al presidente del Banco Macro SA de haber sido partícipe necesario en esas negociaciones. Para ello sostuvo que mientras que en el año 2002 la provincia decretó que se transformaban a pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses y que ese criterio fue aplicado para pagar la deuda del Estado con el Banco Empresario por la compra del terreno de Los Pocitos donde luego se construiría Lomas del Tafí (decisión que fue terminal para aquella entidad ya disuelta), convirtieron el canon del Banco Tucumán en una relación de 3 a 1, es decir, sin respetar la pesificación forzosa.

José Alperovich, gobernador (PJ-Frente para la Victoria); Jorge Brito, presidente del Banco Macro SA

El propietario de una lavandería de autos denunció que un inspector de la secretaría de Trabajo, Martel, pretendió cobrarle $1.000 para otorgarle el acta de registro de los empleados de su comercio, aún cuando ya había obtenido el alta provisoria. Previo pago, fotocopió por orden de la fiscala diez billetes de $100 y luego se los dio a Martel. Cuando oficiales del Departamento de Informaciones de la Policía comprobaron que los billetes que el inspector tenía en su poder se correspondían con los fotocopiados, lo arrestaron.

Julio Martel, inspector de la secretaría de Trabajo

María de las Mercedes Carrizo, fiscala de Instrucción en lo Penal N°9 de San Miguel de Tucumán

El denunciante estuvo involucrado en el cobro irregular de planes sociales durante su gestión como delegado comunal de Delfín Gallo. Al momento de la denuncia, estaba nombrado como "personal de Gabinete" del Ministerio de Gobierno de la Provincia.

El denunciante tomó conocimiento de que figuraba como empleado de la Municipalidad de Las Talitas y que alguien cobraba un sueldo de $320 a su nombre. Para asegurarse de que los rumores fueran ciertos, acudió al Municipio y solicitó un certificado de trabajo en el que efectivamente constaba su ingreso en diciembre de 2003. Con estos elementos, se dirigió a la Justicia y radicó su denuncia contra el intendente de Las Talitas, Luis Morghenstein.

Luis Morghenstein, intendente de Las Talitas (PJ-Frente para la Victoria)

Arnoldo Suasnábar, fiscal de Instrucción en lo Penal N°7 de San Miguel de Tucumán

Carolina Ramírez; Paula Madozzo

"Dirección Provincial de Vialidad" (II)

El denunciante acudió a la Justicia para que se investigue el pago de guardias a empleados de la Dirección Provincial de Vialidad que no habrían cumplido con ese sevicio, además de viáticos y desarraigos injustificados. Manifestó que se trataría de un fraude fiscal o de una malversación de fondos públicos. Todo surgió a raíz de que el jefe de personal de la repartición advirtió el incremento injustificado en esos rubros a quienes no estarían en condiciones de acceder a tales beneficios. La suma ascendería a $2,2 millones.

Con posterioridad a la denuncia, el jefe de Personal fue desplazado de su cargo.

Con la asistencia profesional de Edmundo Javier Jiménez y de Ana Lucía Jiménez, hijos del entonces ministro de Gobierno y Justicia de Tucumán, Edmundo Jiménez, Severini denunció que Teves, dos de sus hijos y su nuera, habrían privado de la libertad y extorsionado a su padre, Augusto Severini, fallecido en septiembre de 2009, meses antes de la denuncia. Como consecuencia de esta presentación, el entonces fiscal Guillermo Herrera (Nº10) pidió y obtuvo la detención de Teves, quien se reivindicaba como concubina de Augusto Severini. También encarceló a sus familiares, y, a continuación, al carpintero Miguel Albarracín. La jueza Emma De Nucci dictó las resoluciones favorables a Severini. En cautiverio, Teves renunció a sus derechos sobre un patrimonio entonces valuado en U$S 5 millones y se autoincriminó: gracias a eso, ella y sus familiares recobraron la libertad, pero continuaron imputados. En 2015 y luego de que el Colegio de Abogados de Tucumán citara su caso como ejemplo del obrar extorsivo de la Justicia penal provincial, Teves dijo que sus derechos humanos habían sido conculcados y que era víctima de Jiménez, y de un grupo de jueces y de abogados que le respondían. En abril de 2015 y debido a una auditoría sobre causas objetadas de Herrera, Jiménez, ya en su condición de jefe de los fiscales nombrado por el gobernador José Alperovich, asignó el caso "Teves" a la fiscala Adriana Giannoni, quien, pese a sus vínculos personales con la familia de su jefe, optó por requerir el juzgamiento de Teves. La imputada solicitó reiteradas veces ser juzgada para probar su versión sobre la violación de derechos humanos perpetrada con el afán de despojarla del patrimonio. Ante la falta de respuesta, incluso fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Roxana Teves (y tres familiares) y Miguel Albarracín

Emma De Nucci, jueza de Instrucción en lo Penal Nº2 de Tucumán (falleció en 2012); Eudoro Albo y Enrique Pedicone, vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción

Guillermo Herrera, fiscal de Instrucción Nº10 de San Miguel de Tucumán; Adriana Giannoni, fiscala de Instrucción Nº8 de San Miguel de Tucumán

Alfredo Falú; Juan Andrés Robles y Juan Roberto Robles

Ana Lucía Jiménez; Edmundo Javier Jiménez; Facundo Maggio

El 31 de marzo de 2015, el Colegio de Abogados de Tucumán mencionó este caso como ejemplo del uso extorsivo de la Justicia penal de Tucumán. Como consecuencia de ello, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó una auditoría sobre una serie de expedientes controlados por el todavía fiscal Guillermo Herrera (Nº10). Edmundo Jiménez, ministro público fiscal, se opuso a la fiscalización e, incluso, prometió a los auditores de la Corte que podrían tener problemas si leían los expedientes. La auditoría corroboró un sinnúmero de irregularidades en "Teves" y otras causas, y dio lugar a la apertura de investigaciones contra Herrera, quien en septiembre de 2015 renunció para jubilarse. El entonces gobernador José Alperovich aceptó la renuncia del ex fiscal el mismo día de su presentación. Ver causas "Herrera-Teves"; "Herrera-Rigourd"; "Herrera-Albarracín" y "Herrera-Valdez". Ver http://www.lagaceta.com.ar/nota/633318/politica/teves-se-siente-como-lebbos-trimarco.html. Giannoni, que asumió el control de la causa "Teves" por orden de su jefe, Jiménez, elevó el expediente a juicio en septiembre de 2015. En febrero de 2017, Teves denunció su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A comienzos de ese año, el abogado Maggio, sobrino político de Jiménez, asumió el rol de actor civil por parte de Severini. Un mes y medio después, el gobernador Manzur designó a Maggio en el Juzgado de Instrucción Nº2, donde tramita la causa "Teves", pero luego, por las repercusiones vinculadas a expedientes de derechos humanos, retiró el pliego de la Legislatura. En octubre, el juez Albo rechazó la queja por retardo de justicia que había presentado Teves contra Giannoni, por la demora en elevar su causa a juicio. Albo reenvió a Teves a Jiménez, pese a que los abogados de esta habían indicado que el jefe de los fiscales tenía interés en la dilación. Con el argumento de que se había enterado por la prensa sobre la existencia de la queja, el juez Pedicone, colega de Albo, solicitó el traslado de dos funcionarios: Jimena Suárez, hija de Giannoni, y del secretario Mario Visuara. A continuación, Pedicone exigió a la fiscala la entrega del expediente iniciado en 2009, pero esta se opuso.El 17 de noviembre de 2017, Alejandro Javier Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos (Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación), pidió autorización a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para "tomar vistas y extraer copias" de un conjunto de 33 procesos de la Justicia provincial. Collia dijo que la observación iba a ser desarrollada por dos abogados de la Nación: Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia. En la nómina de expedientes adjuntada hay 19 del fuero penal (esta causa, entre ellos); uno del correccional y 13 del fuero de familia de la capital. El sugrupo "causas penales de interés público" incluye a los siguientes procesos: 1) “Manzur”; 2) “Terraf, Díaz Ricci y Vidal" (Excedentes financieros); 3) "Poder Legislativo" ("Gastos sociales I"); 4) "Khoder"; 5) "Yedlin" ("Funsal"); 6) "Jiménez" ("Voto fallido"); 7) "Jiménez"; 8) "Paz"; 9) "Pisa"; 10) "Yapura Astorga"; 11) "Lebbos"; 12) "Albaca"; 13) "Brito" ("DAU"); 14) "Teves"; 15) "Falú"; 16) "Rigourd"; 17) "Valdez"; 18) "Jorrat" y 19) "Pérez".

Administración Federal de Ingresos Públicos

La AFIP pidió la investigación de la maniobra consistente en la creación de empresas fantasmas con el fin de obtener bonos fiscales de un plan nacional por $ 26,5 millones (los valores son de 2009) que luego eran vendidos a terceros. La organización encabezada por el político Kuchar habría surgido luego de la publicación del decreto N°379 (de 2001), por el cual la Nación había dado forma al plan de fomento a la fabricación de bienes de capital, informática y telecomunicaciones.

Guillermo Federico Kuchar, dirigente y candidato del Partido de los Trabajadores, y de la Alianza Con Conciencia Voluntad Solidaria; Marcelo Ricardo Corisi, dirigente y candidato del Partido de los Trabajadores; Oscar Germán Fernández Castro; Ramón Miguel Giuliano; Salvador Domingo Ross; Víctor Miguel Paz; Guillermo Federico Kuchar del Moral (hijo); Héctor Raúl Lamoglia; Ana Rosa Escudé; Javier Antonio Castaño; Gustavo José Capetta; Miguel Alberto López; Miguel Héctor Otaño; Daniel Emilio Sandalie; José María Moya; Andrea Martha Jiménez y Pablo Fernando Rivas

Mario Racedo, juez federal subrogante Nº2; Fernando Luis Poviña, juez federal Nº2;

Carlos Brito, fiscal federal Nº2; Pablo Camuña, fiscal federal Nº2

En agosto de 2015, el fiscal Camuña pidió la elevación a juicio contra los presuntos integrantes de una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado nacional.

Ariel García, dirigente de la Unión Cívica Radical

Una foto de un camión comunal descargando ladrillos frente a una vivienda que, según García, es propiedad del vicepresidente segundo de la Legislatura, Amado, motivó una denuncia por la supuesta comisión del delito de peculado contra este último y el comisionado rural de Capitán Cáceres, Julio César Rodríguez. Enterado de la acusación, Amado manifestó que esa casa no era suya sino de un familiar y que actualmente se encuentra alquilada, y es el inquilino el que está construyendo. Además, agregó que el que vendió los ladrillos era beneficiario del plan "Manos a la obra" pensado para que las familias puedan generar empleo y que en estos casos suelen pedir prestado el camión a la comuna para vender.

Regino Amado, presidente subrogante de la Legislatura (Partido Justicialista); Julio César Rodríguez, delegado comunal de Capitán Cáceres.

Enterado de la acusación, Amado manifestó que esa casa no era suya sino de un familiar y que actualmente se encuentra alquilada, y es el inquilino el que está construyendo. Además, agregó que el que vendió los ladrillos era beneficiario del plan "Manos a la obra" pensado para que las familias puedan generar empleo y que en estos casos suelen pedir prestado el camión a la comuna para vender.

En 2004, el entonces director de Rentas de la Provincia, Pablo Clavarino, ordenó una auditoria para establecer en qué situación recibía la repartición. De allí surgió que de 435 expedientes remitidos al archivo sin el debido control sobre si se encontraban amparados o no por el bloqueo fiscal (un beneficio impositivo), 268 fueron localizados y de estos, 191 representaban un interés fiscal para la provincia de $1,4 millón. Con estos antecedentes, el Tribunal de Cuentas inició una comprobación sumaria en Rentas: en los restantes 77 expedientes localizados existiría un perjuicio al erario que ascendería a $981.882. Aunque los demás expedientes desaparecieron, el interés fiscal en 75 de ellos acendería a $1,9 millón, con lo cual, el presunto daño patrimonial podría llegar a $2,8 millones, a los que hay que agregar los intereses resarcitorios. En paralelo al juicio por responsabilidad que el organismo de control inició contra tres funcionarios, el Tribunal de Cuentas giró el expediente a la Fiscalía de Instrucción Penal Nº1 para que determine si los hechos encuadran en conductas delictivas.

Emilio Armando De Lisi, ex director de Rentas; Hugo Arredondo, ex jefe del Departamento de Fiscalización; Silvio Bellomío, ex subdirector Técnico y Legal

"Financiación de la oposición"

El denunciante pidió la apertura de una investigación a propósito de las manifestaciones de oficialistas sobre que el Poder Ejecutivo financiaba las campañas políticas de la oposición. En declaraciones periodísticas, Mansilla, entonces presidente subrogante de la Legislatura, había dicho que los opositores pedían dinero al Gobierno.

José Alperovich, gobernador (Frente para la Victoria); Juan Manzur, vicegobernador (Frente para la Victoria); Sergio Mansilla, presidente subrogante de la Legislatura (Frente para la Victoria)

"Fondos opacos de la Legislatura"

Manzur fue denunciado por la presunta comisión de los delitos de corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos. Según Santillán, él solicitó informes al entonces presidente de la Legislatura sobre los gastos de bloque y la existencia de otros rubros monetarios que manejan los legisladores. Afirmó también el denunciante que Manzur permite y avala que cada uno de los legisladores perciba más de $100.000 por mes en negro, con lo cual estarían violando normas de orden público. Esto último fue consignado en una carta documento que le mandó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con motivo de la designación de Manzur como ministro de Salud de la Nación.

Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación y vicegobernador con licencia de Tucumán

José Cano, legislador (Unión Cívica Radical)

Luego del escándalo desatado en la localidad de Juan Bautista Alberdi en virtud del robo de $152.000 de cheques emitidos por la Municipalidad de esa ciudad, Cano pidió a la Justicia que investigue la responsabilidad del intendente. Con posterioridad al atraco, el Concejo Deliberante citó a Luis Campos para que explicase el trámite de las supuestas compras pagadas con los cheques en cuestión. Según Cano, el expediente fue fraguado, ya que lo iniciaron el intendente y su cuñado, Juan Lescano, secretario de Obras Públicas; lo cotizó su hermano, Jesús Campos, jefe de Compras, y lo aprobó su esposa, Sandra de Campos, que preside el Concejo Deliberante. Al denunciado se le imputa la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de instrumentos públicos, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y asocación ilícita.

Luis Campos, intendente de Juan Bautista Alberdi (PJ)

Eva Frías de Ruiz, fiscala de Instrucción en lo Penal Nº3 de Concepción

Daniel Ponce y Julio César Herrera

El senador Cano hizo una presentación ante el entonces ministro fiscal, Luis de Mitri, por entender que la actuación de la fiscala en la instrucción de la causa podría llevar a la nulidad de esta. Entre otras cosas, manifiesta que aunque Frías de Ruiz siempre se inhibió de actuar en los juicios en los que interviniera el abogado patrocinante Herrera, en este caso no lo hizo. Además, advirtió que la fiscal habría tomado declaración indagatoria a Campos vulnerando las garantías constitucionales de las que este goza por su condición de intendente.

Esteban Jerez, legislador (Coalición Cívica por la Resistencia)

Por la supuesta alteración de los índices de desnutrición y de la presunta desviación de los fondos destinados a los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps), como parte del Plan Nacer, el legislador formuló una denuncia penal contra el ministro de Salud, Pablo Yedlin. Le atribuye la posible comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario y de malversación de caudales públicos.

Alejandro Noguera, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº5 de San Miguel de Tucumán

Alejandro Sangenis, dirigente del Movimiento Popular Tres Banderas

Frente al crecimiento exponencial de la inversión prevista por el Estado para la construcción de la nueva sede legislativa -planteada en sus inicios como un proyecto de 7.000 metros cuadrados a un costo de $21 millones para después ser aprobado por el Tribunal de Cuentas por un total de $98,8, es decir, el 447% más-, Sangenis formalizó una denuncia penal por la presunta comisión del delito de fraude en perjuicio del Estado.

Arnoldo Suasnábar, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº7 de San Miguel de Tucumán

Romero denuncia que en virtud de la firma del Decreto Nº 1.825/3, de abril de 2003, que otorgó a la administración pública una compensación no remunerativa y no bonificable de $400 en concepto de ayuda social, Jorge Jiménez y José Jorge Alperovich evadieron al fisco. Argumenta que esas cifras no remunerativas no ingresan al sistema de Seguridad Social. Según los cálculos del denunciante, el Estado estaría evadiendo $237,6 millones anuales.

José Alperovich, gobernador de Tucumán (PJ-Frente para la Victoria); Jorge Jiménez, ministro de Economía de Tucumán

Ariel García, dirigente de la Unión Cívica Radical

Luego de que en la edición del 31 de enero La Gaceta publicara una foto que mostraba al gobernador Alperovich aterrizando en Tucumán después de sus vacaciones, García se presentó en la Justicia Federal para solicitar que investigue si el mandatario y su familia utilizaron el avión oficial para su beneficio particular. El dirigente cree que aquel podría haber incurrido en el empleo indebido de la aeronave y pidió que se lo investigue por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.

José Jorge Alperovich, gobernador de Tucumán

"Índices de mortalidad infantil"

López denunció la supuesta implementación de un plan destinado a producir la muerte de quienes nacen con hasta 500 gramos de peso en la Maternidad, para que figuren como muertes fetales y, así, "disminuir falsamente los índices correspondientes a la tasa de mortalidad infantil de Tucumán". Según su criterio, los presuntos delitos cometidos se encuadran en la tipología penal y en los derechos y obligaciones establecidos por los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación y vicegobernador con licencia de Tucumán; Pablo Yedlin, ministro de Salud; Roxana Chahla, directora de la Maternidad; José Núñez, jefe de sala de partos; Sandra Tirado, Cristina Majul (programa Materno Infantil) y Alba Brizuela, del sistema de salud provincial

Mario Racedo, juez federal subrogante Nº2

Gustavo Gómez, fiscal general federal; Emilio Ferrer, fiscal federal Nº1; Esteban Righi, procurador general de la Nación

Incompetencia. Ferrer se declaró incompetente y derivó la causa a la Justicia provincial. López insistió con su postura y presentó un escrito ante el juez federal Nº2 Mario Racedo para que declare la compentencia de ese tribunal, pero este coincidió con Ferrer.

Oscar López, peronista disidente; Raúl Moreno, vicepresidente de la Unión Cívica Radical

El Tribunal de Cuentas rechazó una resolución del presidente del Sistema Provincial de Salud -cargo ejercía el ministro de Salud Pablo Yedlin- por la que autoriza el pago de $800.000 a la Fundación Salud (Funsal) en concepto del dictado de cursos de odontología. Entre los puntos cuestionados se encuentra el hecho de que dicha fundación se inscribió para facturar los servicios prestados al Gobierno tres meses después de haber realizado los cursos sobre endodoncia. Además, el Ministerio de Salud no consignó los documentos de identidad de los asistentes a la capacitación. Por esto, denunciaron al ministro de Salud Yedlin, al vicegobernador (en uso de licencia) Juan Manzur y al presidente de Funsal, el profesional chileno Héctor Silva Olivares, para que la Justicia investigue si es posible que los funcionarios hayan incurrido en la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; malversación de caudales públicos; falsificación de instrumentos públicios, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario, y asociación ilícita. Además, la sede social de la fundación fue consignada en un domicilio cuyo teléfono figura a nombre de Raúl Penna, funcionario de la cartera de Salud de la Nación, a cargo de Manzur.

Pablo Yedlin, ministro de Salud Pública de Tucumán; Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación y vicegobernador de Tucumán en uso de licencia; Raúl Penna, asesor de la coordinación Unidad Ministro del ministerio de Salud de la Nación; Héctor Silva Olivares, presidente de la Fundación Salud; Alberto Sabaj, subsecretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa); Daniel Álvarez Garmendia, director de Recursos Humanos del Siprosa

Francisco Pisa, juez de Instrucción en lo Penal Nº 3 de San Miguel de Tucumán; Víctor Manuel Pérez, juez de Instrucción en lo Penal Nº4 de San Miguel de Tucumán; Liliana Vitar, Eudoro Albo y Elva Jiménez, vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de la Provincia

Luis De Mitri, ministro público fiscal; María de las Mercedes Carrizo, fiscala de Instrucción en lo Penal Nº9 de San Miguel de Tucumán; Carlos Sale, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº de San Miguel de Tucumán; Daniel Marranzino, fiscal de Cámara de Apelaciones en lo Penal

Aunque el ministro fiscal giró las actuaciones a la fiscalía de turno a cargo de Mercedes Carrizo, esta entendió que quien debía intervenir era el fiscal Carlos Sale, que era quien estaba de turno al momento del inicio del dictado de los cursos. Sale, a su vez, se inhibió y envió la causa a la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones para que resuelva el conflicto de competencia. La causa vuelve finalmente a Carrizo. Interviene en primer término el juez Pisa, que se inhibe y gira el expediente a su par Pérez. Este, con el argumento de que el día de la presunta comisión del delito (cuando Yedlin autorizó el pago a la fundación) estaba de turno Lenis de Vera, se lo remite a ella. Como la jueza discrepa con la postura de Pérez, lo envía a la Cámara de Apelaciones en lo Penal para que dirima el conflicto de competencia. Finalmente, el tribunal consideró que Pisa debía hacerse cargo del expediente. El pedido de la fiscala para que se inicie una investigación jurisdiccional en contra de Yedlin fue declarado nulo por el juez de Instrucción, por cuestiones formales. Dada la inacción de Carrizo ante esto (ni corrigió el requerimiento ni apeló la decisión), los denunciantes solicitaron al ministro fiscal que la apartara del caso. El Tribunal de Cuentas mientras tanto multó a Pablo Yedlin, a Alberto Sabaj (subsecretario médico del Siprosa) y al director de Recursos Humanos de ese organismo, Daniel Álvarez Garmendia, por las transgresiones legales. El castigo es el pago de cinco sueldos cada uno. A continuación, Carrizo se negó a seguir adelante con la investigación penal al considerar que los funcionarios cuestionados ya habían sido multados en sede administrativa. Para dictaminar por el archivo citó el principio "ne bis in idem". En 2014, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán informó el hallazgo de un requerimiento de investigación jurisdiccional "traspapelado" en el sistema y ordenó que, con él, la causa prosiguiera en la Fiscalía Nº9, donde ya no estaba Carrizo (se había jubilado). En septiembre de 2017, el denunciante López solicitó a Gandur que pidiera informes sobre esta causa en atención a que no había podido acceder a información sobre su desarrollo. En octubre de 2017, Gandur, a su vez, remitió el pedido de datos a la Fiscalía Nº9, pero su sucesor en el cargo, Daniel Posse, suspendió la averiguación y dijo a López que debía requerir la información al ministro público fiscal Edmundo Jiménez, a quien López había denunciado en su momento. El 17 de noviembre de 2017, Alejandro Javier Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos (Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación), pidió autorización a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para "tomar vistas y extraer copias" de un conjunto de 33 procesos de la Justicia provincial. Collia dijo que la observación iba a ser desarrollada por dos abogados de la Nación: Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia. En la nómina de expedientes adjuntada hay 19 del fuero penal (esta causa, entre ellos); uno del correccional y 13 del fuero de familia de la capital. El sugrupo "causas penales de interés público" incluye a los siguientes procesos: 1) “Manzur”; 2) “Terraf, Díaz Ricci y Vidal" (Excedentes financieros); 3) "Poder Legislativo" ("Gastos sociales I"); 4) "Khoder"; 5) "Yedlin" ("Funsal"); 6) "Jiménez" ("Voto fallido"); 7) "Jiménez"; 8) "Paz"; 9) "Pisa"; 10) "Yapura Astorga"; 11) "Lebbos"; 12) "Albaca"; 13) "Brito" ("DAU"); 14) "Teves"; 15) "Falú"; 16) "Rigourd"; 17) "Valdez"; 18) "Jorrat" y 19) "Pérez".

Oscar López, peronista disidente; Raúl Moreno, vicepresidente de la Unión Cívica Radical

La misma denuncia presentada en la justicia provincial por las irregularidades en el pago de $800.000 a una fundación fue iniciada también en la Justicia Federal (ver "Funsal"). López y Moreno consideraron que esta competencia extraordinaria se justifica porque dos de los funcionarios denunciados se desempeñan en la órbita de la Nación y que el hecho doloso imputado no puede escindirse de su función.

Pablo Yedlin, ministro de Salud Pública de Tucumán; Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación (y vicegobernador en uso de licencia); Raúl Penna, asesor de la coordinación Unidad Ministro del ministerio de Salud de la Nación; Héctor Silva Olivares, presidente de la Fundación Salud

Enrique Romero y Oscar López, peronistas disidentes

La denuncia contra el fiscal de Estado de la Provincia, Pedro Vicente Giúdice y al fiscal de Estado adjunto, José Rubén Domínguez, se funda en una transferencia de fondos mediante un convenio de dación en pago a dos particulares en el ámbito de la causa "Décima, Julio César Dante y otros contra Superior Gobierno" por $160.000 en un caso y $270.000, aproximadamente en otro. La acusación está centrada en la presunta comisión de los delitos de extorsión, exenciones ilegales, cohecho, falsificación ideológica de instrumentos públicos, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos ellos cometidos en asociación ilícita. Al parecer, el pago fue efectuado sin la autorización del gobernador y sin que se diera intervención al Tribunal de Cuentas, según lo establece la Ley de Administración Financiera. Aparentemente, estos funcionarios habrían violado con amplitud el límite legal de pagos directos por hasta $28.000

Pedro Giúdice, fiscal de Estado de la Provincia; José Rubén Domínguez, fiscal de Estado adjunto

Emma de Nucci, jueza de Instrucción en lo Penal nº2 de San Miguel de Tucumán; Francisco Pisa, juez de Instrucción en lo Penal N°3 de San Miguel de Tucumán

Carlos Sale, fiscal de Instrucción en lo Penal N°4 de San Miguel de Tucumán

Como el fiscal concluyó que existían elementos que justificaban el inicio de una investigación sumaria, formuló la requisitoria penal contra los dos funcionarios.

"Manejo irregular de cooperativas"

José Francisco Argañaraz, dirigente de la Unión Cívica Radical

Representantes de distintas cooperativas de trabajo denunciaron en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) el manejo irregular de los planes de ejecución de módulos habitacionales, como ser la realización de dichas obras en inmuebles que serían propiedad de familiares de funcionarios municipales o la compra de materiales en corralones vinculados a esos funcionarios. Esos programas son financiados con fondos de la Nación. Luego de que las anomalías adquirieran relevancia pública, el dirigente radical materializó una denuncia en la Justicia Federal por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, exacciones ilegales y falsificación de instrumentos públicos.

Roxana Ledesma de Leal, coordinadora de la unidad ejecutora de la Capital

"Manejo iregular de las cooperativas" (II)

Claudio Viña, concejal (Fuerza Republicana)

También por el manejo irregular en la adjudicación de las obras de construcción de módulos habitacionales, el edil denunciante solicitó que se investigue la administración del "Programa Federal de Integración socio-comunitaria - Mejoramiento de viviendas recuperables por cooperativas". El plan implicaba un total de $5,4 millones para la construcción de 150 módulos por medio de cooperativas de trabajo.

Roxana Ledesma de Leal, coordinadora de la unidad ejecutora de la Capital

Ariel García, dirigente de la Unión Cívica Radical

A raíz de las declaraciones de José Cano en las afirmó que el Estado iba a pagar más del doble de lo debido en la licitación para la construcción del tramo Aguilares-Concepción de la ruta 38, Ariel García solicitó a la Justicia Federal que iniciara una investigación para determinar si había sobreprecio. El dirigente comparó la obra con la de la autopista de circunvalación oeste de Salta -con 21 puentes en su trayecto y enteramente iluminada- y sostuvo que resultaba escandaloso pensar que mientras esta había costado $12 millones por kilómetro, la de aquí costaría $14 millones, sin tener ni puentes, ni iluminación, ni doble trocha.

Ariel García, dirigente de la Unión Cívica Radical

El dirigente opositor denunció en la Justicia Federal supuestas irregularidades en la ejecución del programa en cuestión, luego de una publicación de La Gaceta referida a este plan social. En esa nota se consignó que durante una reunión por el lanzamiento de la segunda etapa del plan "Argentina Trabaja" el gobernador Alperovich destacó la importancia de este aporte social de la Nación para la realización de pequeñas obras vecinales en un año electoral y la necesidad de rendir cuentas adecuadamente para garantizar la fuente de trabajo de 15.000 tucumanos.

Mario Racedo, juez federal subrogante N°2; Daniel Bejas, juez federal N°1

Emilio Ferrer, fiscal federal Nº1; Gustavo Gómez, fiscal general federal; Carlos Brito, fiscal federal Nº1

Ablanedo denunció ante el ministro público fiscal al fiscal Carlos Albaca por la lentitud con la que marchaba la causa en la que estaba imputado el excomisionado rural de El Chañar, Enrique Ignacio Robles, iniciada por el mismo ciudadano en 2007. Para ello, sostuvo que Albaca en casi tres años había realizado dos medidas probatorias útiles y dilatado indebidamente la conclusión de la investigación.

Carlos Albaca, fiscal de Instrucción en lo Penal N°2 de San Miguel de Tucumán.

280 supuestos adquirentes de casas de los barrios judiciales

Un grupo de familias denunció haber sido víctimas de estafa por la sobreventa de 227 casas en el complejo habitacional Los Pocitos. En la Asociación Gremial de Empleados Judiciales les habrían cobrado $6.000 para la reformulación de planos y les habrían dado, supuestamente, un recibo que decía "adjudicatario". Según los denunciantes, en la entidad habían prometido publicar el padrón pero se demoraban en hacerlo porque quedaría en evidencia lo obvio: presuntamente había más personas inscriptas que casas para entregar. En el gremio atribuían esa demora al hecho de que los inscriptos no habían completado la documentación requerida por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu).

Ada Altuve, histórica secretaria general de Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Tucumán (AGET)

Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción en lo Penal Nº3 de San Miguel de Tucumán

Washington Navarro Dávila, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº5 de San Miguel de Tucumán

Daniel Rubio; Alberto Granara

En marzo de 2015, el fiscal requirió el juzgamiento de esta causa con el argumento de que Altuve habría perpetrado una presunta estafa continuada contra 280 aspirantes a casas del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Navarro Dávila expresó que el gremio de Altuve exigió el dinero a los beneficiarios pese a que el loteo era costeado por el Ipvdu y la empresa Dakar SA, y no por AGEJ. “Estos hechos concatenados ejecutados entre los años 2004 y 2010 produjeron un perjuicio económico de $ 1,3 millón”, calculó en el requerimiento. En diciembre de 2015, Pisa sobreseyó a la gremialista, quien falleció al año siguiente. Ver: http://www.lagaceta.com.ar/nota/629410/politica/altuve-dice-no-hubo-estafa-viviendas.html

Gustavo Pedraza, secretario de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán

El sábado 8 de mayo de 2010, el secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Ramiro Moreno; el no docente Damián Conte y el consejero estudiantil electo de la Facultad de Artes, Alejo Gallo, se reunieron en un bar para conversar sobre las elecciones del Rectorado de ese año. El denunciante Pedraza asistió a la reunión como acompañante de Gallo y, con una lapicera-filmadora, registró cómo Moreno le ofrecía contratos por $ 2.500 mensuales a cambio del voto para la fórmula Juan Alberto Cerisola-Alicia Bardón, que terminó ganando los comicios. Luego, Pedraza presentó la filmación en la Justicia Federal y solicitó la investigación de los hechos.

Ramiro Moreno, secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Tucumán; Damián Conte, no docente de la Universidad Nacional de Tucumán

Mario Racedo, juez federal subrogante Nº2; Fernando Luis Poviña, juez federal Nº2; Ricardo Mario Sanjuán, Raúl Mender, Graciela Fernández Vecino, Daniel Bejas (camarista subrogante) y Juan Carlos Reynaga, vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; Gabriel Casas, Alicia Noli y Carlos Enrique Jiménez Montilla, vocales del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán

Carlos Brito, fiscal federal Nº1; Gustavo Gómez, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Daniel Mendivil y Juan Carlos Véliz

El 3 de agosto de 2010, el entonces magistrado subrogante N°2, Mario Racedo, había procesado a Moreno y a Conde por la presunta comisión de cohecho activo. Las defensas de estos habían recurrido el fallo, y habían cuestionado la validez del video como material probatorio sobre la base de que este violaba sus derechos constitucionales a la privacidad y a la no autoincriminación. Pero la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazó ambos planteos. En agosto de 2015, Poviña decidió enviar el caso "Moreno" a juicio oral. En agosto de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal se declaró incompetente: según su criterio, corresponde a Poviña dictar sentencia respecto de estos hechos. La vocal Noli disintió con la posición de la mayoría que formaron Gabriel Casas y Carlos Enrique Jiménez Montilla.

Ramón Eudal; Oscar López, peronista disidente; Sindicatura General de la Nación (Sigen)

Tanto la Sigen como Eudal y López observaron por separado la existencia de irregularidades en el manejo de los $ 342 millones que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) recibió de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009, en concepto de utiliades de Minera Alumbrera. Las denuncias cuestionan tres actividades distintas: 1) la relación con YMAD y la defensa de los intereses de la UNT; 2) la ejecución de obras públicas y 3) la disposición de fondos en el mercado financiero. En cuanto a este último aspecto, los denunciados habrían optado por una elevada exposición al riesgo sin un rendimiento que justificara (tal decisión) como contrapartida y habrían hecho depósitos elevados a plazos largos en instituciones financieras de ‘menor nivel’ y a tasas similares que las obtenidas para inversiones de menor cuantía en instituciones bancarias de primer nivel. Al respecto, se habría pasado por alto la obligación de solicitar una opinión a la Tesorería General de la Nación y se habrían concretado depósitos millonarios sin llamar a licitación pública obviando normas de aplicación obligatoria y mediante meras notas de disposición de fondos carentes de requisitos mínimos de forma. La defensa de los intereses de la UNT en YMAD se habría visto perjudicada por la falta de control de la porción de utilidades correspondiente: 40% entre 2006 y 2008, y 20% a partir de ese año -el porcentaje se redujo en virtud del convenio firmado por el propio rectir Cerisola, que dio por cumplida la obligación original de YMAD-. Las utilidades repartidas antes y después nunca habrían alcanzado los porcentajes estipulados. En cuanto a las obras ejecutadas, las autoridades habrían dictado órdenes y resoluciones contrarias a la ley, actos que facilitaron la corrupción en la adjudicación de los trabajos y el pago de erogaciones no previstas. Se omitió someter al menos 16 obras a licitación pública y se pagaron sobreprecios del orden del 194%.

Juan Alberto Cerisola, ex rector en el período 2006-2014 de la Universidad Nacional de Tucumán y director de YMAD en representación de la UNT; Olga Cudmani, directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias; Luis Sacca, director administrativo de la Secretaría de Bienestar Universitario; ex subsecretario de Políticas Administrativas, no docente y ex diputado nacional (UCR) y Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones

Daniel Bejas, juez federal Nº1; Fernando Luis Poviña, juez federal Nº2; Ricardo Sanjuán, Marina Cossio y Ernesto Wayar, vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Alfredo Falú (Cudmani); Silvia Peyracchia (Cerisola); Marcelo Seidán (Sacca); Adolfo Bertini (defensor oficial de Venturino)

En 2014, el fiscal Carlos Brito pidió las primeras indagatorias atinentes a los hechos investigados en "Sigen". Un año después solicitó el interrogatorio de los imputados en "Eudal". En julio de 2016, el juez Poviña dictó el procesamiento de Cerisola, Sacca, Cudmani y Venturino (los denunciados Carlos Reimundín y Horacio Alfredo Lobo fueron sobreseídos). El 1 de noviembre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó los procesamientos y ordenó la profundización de la investigación relativa al manejo de los fondos que la Universidad Nacional de Tucumán recibió de parte de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. La sentencia de 182 carillas dispuso en forma expresa que se analice el circuito de los $ 342 millones asignados a la casa de estudios superiores en concepto de utilidades durante el período 2006-2009. Días después, el fiscal general Gómez pidió la detención de Sacca y de Cerisola mediante un recurso de aclaratoria en el que expuso que Glencore, la empresa operadora de Minera Alumbrera Ltd., había constituido una red de sociedades offshore, según la investigación global "Paradise Papers".

El 18 de agosto de 2010, el abogado López denunció a Manzur por presunto enriquecimiento ilícito “con base en las publicaciones periodísticas realizadas por los servicios on line de los diarios La Nación y La Gaceta”. Estos artículos daban cuenta que el médicto tucumano era el ministro más rico del gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El funcionario de 46 años había declarado bienes por $ 4,6 millones en julio de 2009, al momento de su ingreso al equipo presidencial. Al final de ese año, el patrimonio aumentó $ 300.000 (llegó a los $ 4,9 millones). En 2010, el médico dio cuenta de un peculio de $ 5,9 millones. Hasta 2015, López hizo media docena de ampliaciones de la denuncia original, a medida que se iban dando a conocer las sucesivas declaraciones juradas de Manzur.

Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación y vicegobernador con licencia de Tucumán

Daniel Bejas, juez federal Nº1; Ricardo Sanjuán, Marina Cossio, Ernesto Wayar y Graciela Fernández Vecino, vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Carlos Brito, fiscal federal Nº1; Gustavo Gómez, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (apartado por recusación); Diego Velasco, fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán

José Agustín Ferrari; Fernando Poviña; Hernán Frías Silva; Nicolás Pedro Brito

Sobreseimiento. El 13 de junio de 2014, el juez Daniel Bejas dijo que Manzur era inocente respecto del período 2009-2010. En abril de 2015, luego del lanzamiento de Manzur como candidato a gobernador, la Cámara Federal de Apelaciones ratificó que estaba justificado el incremento patrimonial detectado en el período 2009-2010. El tribunal sostuvo que debía iniciarse una causa distinta para investigar las denuncias ingresadas a partir de 2011. La sentencia de la Cámara quedó firme en mayo puesto que el fiscal general Diego Velasco no la apeló.

Diego Velasco, el fiscal general que consintió el sobreseimiento de Juan Manzur, había sido designado fiscal ante el Tribunal Oral tucumano por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a finales de 2014 (previo concurso en el Ministerio Público Fiscal). El 29 de mayo, tras avalar la desvinculación del entonces candidato a gobernador, fue trasladado a una fiscalía de su la capital del país por Alejandra Gils Carbó, procuradora generla de la Nación. Por ello, Pablo Camuña, fiscal federal Nº2 simpatizante de Justicia Legítima, asumió el cargo de subrogante ante el Tribunal Oral. En total, Velasco estuvo seis meses en Tucumán.

El denunciante acusó al juez de Paz Núñez de haber falsificado un acta en favor de Ángel "El Mono" Ale, integrante de un clan con antecedentes delictivos. Según Valdez, Ale había usurpado un predio de su propiedad: una finca de 67 hectáreas en la localidad de Los Pocitos. El acta confeccionada por Núñez fue determinante para la entrega del fundo a Ale. Valdez manifestó que el juez de Paz de Los Gómez actuó sin competencia y a sabiendas de que los hechos eran falsos en virtud de que previamente había perfeccionado otros actos respecto del mismo fundo. El denunciante manifestó que Núñez sabía que él estaba en posesión de la propiedad por haber acogido su amparo a la simple tenencia algunos meses antes y que Ale luego quiso defenderse de la acusación de usurpador -en otro proceso penal paralelo- mediante la exhibición del acta cuestionada.

Pedro Antonio Núñez, juez de Paz de Los Gómez (Leales)

Víctor Manuel Pérez, juez de Instrucción en lo Penal Nº3 de San Miguel de Tucumán

En 2016, el juez Pérez dispuso la elevación a juicio del expediente con el argumento de que existían abundantes pruebas en contra de Núñez. Esta causa guarda relación con expedientes objetados del ex fiscal Guillermo Herrera: al respecto ver "Herrera-Valdez".

García acudió a la Justicia para denunciar a su par y a los padres de este por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos (el padre era el exgobernador Antonio Domingo Bussi). Fundó su planteo en cuestiones vinculadas a una pesquisa que el juez Baltasar Garzón estaba realizando en España por la desparición de 600 ciudadanos de ese país durante el Gobierno militar en Argentina. En ese ámbito, habría existido documentación de la Justicia suiza sobre dos cuentas a nombre del ex mandatario provincial y una tercera a la que su esposa transfirió fondos. También apareció un poder en el que consta que José Luis Bussi habría sido nombrado administrador de una de esas cuentas, que es materia de investigación penal.

José Luis Bussi, legislador provincial (Partido Republicano Fundacional); Antonio Domingo Bussi, exgobernador de Tucumán; Josefina Bigolio, esposa de este último

"Designaciones en comunas"

La designación de 763 personas en comunas rurales fue el motivo de esta denuncia. Dirigentes de la UCR sostuvieron que estas contrataciones, a las que el Poder Ejecutivo destinó aproximadamente más de $3 millones, respondieron a objetivos políticos y no de gestión. Además, el personal no percibiría el 100% de lo que deberían cobrar, sino que están obligados a entregar una parte. Según un informe del entonces legislador radical José Cano, en 40 de las 93 comunas rurales había habido aumentos en la planta de personal -36 de las 40 estaban ubicadas en la sección este en la que el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, era candidato-. Sumado a ello, el 96% de los agentes auditados no estaría domiciliado en las comunas en las que fueron designados. El denunciante afirmaba que podría tratarse de irregularidades cometidas por funcionarios públicos que configurarían delitos contra la administración púbilca al desviar fondos del erario provincial para una finalidad netamente política.

La denuncia fue interpuesta contra las personas que determine la investigación.