| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radicado | Partes | Medio de Control o Acción | Tema Central | Descriptores | Problema Jurídico | Tesis | Decisión | Fecha de la Providencia | Magistrado Ponente | Leyes o Normas Fuente | Notas de Relatoría | Ver aquí providencia | |||||||||||||
2 | 63001-2333-000-2026-00011-00 | Demandante: Procurador 34 Judicial I Ambiental y Agrario de Armenia / Demandado: DANE y Parques Nacionales Naturales de Colombia | ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO | HABITANTES | DERECHO ADMINISTRATIVO > ACCIONES CONSTITUCIONALES > ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO > DEMANDA DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO/CARACTERIZACIÓN HABITANTES PARQUES NACIONALES | "Le corresponde al Tribunal determinar si el medio de control de cumplimiento es el procedente para ordenar al Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y a la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia la puesta en marcha de una ruta para caracterizar a las familias habitantes de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. De ser así se deberá establecer si ¿existe un deber legal atribuido en el parágrafo del artículo 29 de la Ley 2294 de 2023 e incumplido por el DANE y la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia?." | "Sí. El Tribunal sostendrá que el medio de control incoado cumple con los requisitos de procedencia, sin embargo, conforme a las pruebas allegadas es posible colegir que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia han dado cumplimiento al deber que les fue atribuido en el parágrafo del artículo 29 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. (...) No. [...] el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia han dado cumplimiento al deber que les fue atribuido en el parágrafo del artículo 29 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026." | NIEGA | 5/3/2026 | JUAN CARLOS BOTINA GÓMEZ | Ley 2294 de 2023 artículo 29; Ley 393 de 1997 artículos 8, 9, 22; Ley 1955 de 2019 artículo 7; CPACA artículo 188; CGP artículo 365. | Sentencia del 13 de febrero de 2025 (Rad. 20001-2333-000-2024-00331-01); Sentencia T-101 de 2010. | Ver Providencia | |||||||||||||
3 | 63001-3333-002-2026-00052-01 | Accionante: Jheyson Smith Rosero Coral / Accionado: Departamento del Quindío | ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO | EMPLEO PÚBLICO | Empleo público > Carrera administrativa > Teletrabajo > Política interna | ¿Se ajustó a derecho la sentencia de primera instancia | No. La tesis que sostendrá el Tribunal es que la sentencia de primera instancia no se ajustó a derecho y por lo tanto debe ser revocada para en su lugar disponer el cumplimiento de la ley. | REVOCA | 16/4/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA- Sala Quinta de Decisión | Ley 1221 de 2008; Decreto 1072 de 2015; Decreto 1227 de 2022; Ley 393 de 1997 | Sentencia T-101 de 2010 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
4 | 63001-3333-003-2026-00148-01 | Accionantes: Juan David Londoño Quintero y Diego Alberto Valencia Serna (en nombre propio). Accionado: Municipio de Armenia – Secretaría de Salud Municipal. | Acción de Cumplimiento (Cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos) – Sentencia de segunda instancia (apelación de la parte accionante) (0121-002-2026). | Improcedencia de la acción de cumplimiento por falta de válida constitución en renuencia (art. 8 Ley 393 de 1997 y art. 161 num. 3 CPACA) respecto de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los Desfibriladores Externos Automáticos – DEA (Ley 1831 de 2017, Decreto 1465 de 2019 y Resolución 3316 de 2019): aunque el escrito se tituló «Constitución de Renuencia» y citó el art. 8 de la Ley 393 de 1997, su contenido material fue predominantemente informativo (razones de la omisión, copia de informes y reporte de medidas), sin exigir de manera clara, concreta e inequívoca el cumplimiento de un deber legal específico; la renuencia no exige fórmulas sacramentales, pero sí un contenido material de reclamación; no se trata de un formalismo contrario al art. 228 C.P.; ante la falta del requisito de procedibilidad, lo procedente es declarar improcedente la acción y no negar las pretensiones, por lo que se modifica el fallo y se exhorta a la jueza a verificar la renuencia desde el inicio del trámite. | ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO; REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD; CONSTITUCIÓN EN RENUENCIA; RECLAMACIÓN PREVIA DE CUMPLIMIENTO; CONTENIDO MATERIAL DE LA SOLICITUD; AUSENCIA DE FÓRMULAS SACRAMENTALES; DERECHO DE PETICIÓN INFORMATIVO FRENTE A SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO; DEBER LEGAL CONCRETO; SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA NORMA INCUMPLIDA; RENUENCIA EXPRESA Y TÁCITA; PERJUICIO IRREMEDIABLE COMO EXCEPCIÓN A LA RENUENCIA; PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL; IMPROCEDENCIA FRENTE A NEGACIÓN DE PRETENSIONES; FALLO INHIBITORIO; DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA); LEY 1831 DE 2017; DECRETO 1465 DE 2019; RESOLUCIÓN 3316 DE 2019; INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD; SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL; PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO; EXHORTO AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA; COSTAS EN ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. | Corresponde a la Sala determinar si debe modificarse la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la acción de cumplimiento, para, en su lugar, declarar su improcedencia, por no haberse acreditado el requisito de procedibilidad consistente en la válida constitución en renuencia de la autoridad demandada, previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997 y reiterado en el numeral 3 del artículo 161 del CPACA. | Sí. La Sala modificará la sentencia apelada para declarar improcedente la acción de cumplimiento, por no haberse acreditado el requisito de procedibilidad consistente en la válida constitución en renuencia de la autoridad accionada. (…) Descendiendo al caso concreto y examinado el escrito radicado por los accionantes el 13 de febrero de 2026, observa la Sala que, aunque en su encabezado se hace referencia a la “Constitución de Renuencia” y se cita el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997, el contenido material del documento no corresponde a una verdadera reclamación de cumplimiento en los términos exigidos por la ley. (…) Dicho de otra manera, el escrito no contiene una verdadera petición de cumplimiento, sino una solicitud predominantemente informativa. (…) Así, el defecto advertido en este caso no es de carácter formal sino sustancial. La improcedencia de la acción no deriva de la forma en que fue elaborado el documento, sino de que éste no cumplió la finalidad material que el legislador atribuyó a la constitución en renuencia (…). Al respecto, es de precisar que cuando se verifica la ausencia de un requisito de procedibilidad, la consecuencia jurídica no consiste en negar las pretensiones de la demanda, sino en declarar improcedente la acción, precisamente porque la falta del presupuesto previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997 y art. 161 numeral 3° del CPACA impide al juez adentrarse en el estudio material del presunto incumplimiento normativo. | Primero: Modifica la sentencia del 9 de julio de 2026 del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia. Segundo: En su lugar, declara improcedente la acción de cumplimiento por no encontrarse acreditada la válida constitución en renuencia (art. 8 Ley 393 de 1997 y art. 161 num. 3 CPACA). Tercero: Exhorta al juzgado de primera instancia para que verifique desde la etapa inicial el cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad, en especial la constitución en renuencia. Cuarto: Sin condena en costas. Quinto: Devolución al juzgado de origen previa anotación en SAMAI. | 6 de agosto de 2026 | Luis Carlos Marín Pulgarín (con salvamento de voto del magistrado Luis Javier Rosero Villota) | Constitución Política, arts. 87 y 228; Ley 393 de 1997, arts. 4, 5, 7, 8, 10 num. 5, 21, 26 y 27; Ley 1437 de 2011 (CPACA), arts. 146, 153, 161 num. 3, 164 num. 1 lit. e), 188 (adicionado art. 47 Ley 2080 de 2021) y 243; Código General del Proceso, art. 280; Ley 1831 de 2017; Decreto 1465 de 2019 (adiciona el Título 13, Parte 8, Libro 2 del Decreto 780 de 2016); Resolución 3316 de 2019 del Ministerio de Salud. | Cita Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia de 2 de diciembre de 2021, rad. 05001-23-33-000-2021-01697-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra (transcrita); providencia de 20 de octubre de 2011, exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo; sentencia de 9 de junio de 2011, exp. 47001-23-31-000-2011-00024-01, M.P. Susana Buitrago; providencia de 24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, M.P. Darío Quiñones Pinilla; sentencias de 15 de diciembre de 2015, rad. 25000-23-41-000-2016-02003-01, de 17 de noviembre de 2016, rad. 15001-33-33-000-2016-00690-01, y de 15 de septiembre de 2016, rad. 15001-23-33-000-2016-00249-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 1998 (inexequibilidad parcial del art. 5 de la Ley 393 de 1997, citada en nota). | 003-2026-00148-01.pdf | |||||||||||||
5 | 63001-3333-002-2026-00041-01 | Accionante: Álvaro Díaz / Accionado: Municipio de Armenia y otros | Acción de Tutela | PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR | Derechos fundamentales > Vida digna > Salud > Adulto mayor > Carencia actual de objeto > Hecho superado | ¿Debe declarar como responsable al Municipio de Armenia – Secretaría de Desarrollo Social de la vulneración de los derechos a la vida en condiciones de dignidad, salud y protección del adulto mayor sujeto a especial protección; o en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado? | No. Se configura la carencia actual de objeto por hecho superado cuando la entidad accionada despliega las actuaciones necesarias para superar la vulneración de los derechos de manera anterior a la orden judicial, como el traslado efectivo del adulto mayor habitante de calle a una institución idónea para su cuidado integral. | REVOCA | 9/4/2026 | ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO | Constitución Política, artículos 13, 46, 86; Decreto 2591 de 1991; Ley 1251 de 2008; Ley 2055 de 2020. | Corte Constitucional, sentencias T-0182-2024, T-439 de 2018 y SU-540 de 2007. | Ver aquí providencia | |||||||||||||
6 | 63001-3333-002-2026-00097-01 | Accionante: Ferney Vidales Moreno / Accionado: Banco BBVA-Superfinanciera de Colombia | ACCIÓN DE TUTELA | Derecho de petición | Derechos fundamentales > Petición > Debido proceso administrativo | Le corresponde a la Sala determinar si se concretó una vulneración de su derecho fundamental al debido proceso por parte del Banco BBVA, al omitir información precisa y puntual sobre las deducciones efectuadas en su cuenta bancaria y las consignaciones obtenidas en su favor en virtud de la obligación por libranza N ° 9621152313 suscrita con dicha entidad financiera; así mismo de ser afirmativa la respuesta, deberá establecerse si resulta procedente vía tutela la devolución de saldos a favor del accionante. | Sí. La omisión de la entidad en suministrar información veraz, cierta, completa y oportuna al consumidor financiero vulneró su derecho fundamental al debido proceso y acceso a la información, el cual tiene estrecha relación con el derecho de petición; se impone modificar la sentencia de instancia, en el sentido adicionar el amparo del derecho fundamental al debido proceso y acceso a la información | MODIFICA | 14/5/2026 | ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO | Constitución Política; Decreto 2591 de 1991; Ley 1328 de 2009; Ley 1564 de 2012; Ley 1480 de 2011 | Sentencia T-032 de 2020; Sentencia T-676 de 2016; Sentencia T-302 de 2020; Sentencia T-136 de 2013; Sentencia T-482 de 2023; Sentencia T-188 de 2020; Sentencia T-800 de 2012; Sentencia T-436 de 2005; Sentencia T-108 de 2007; Sentencia T-375 de 2018; Sentencia T-056 de 1994; Sentencia T-456 de 1994; Sentencia T-1116 de 2000; Sentencia T-849 de 2009; Sentencia T-300 de 2010; Sentencia T-015 de 2019; Sentencia T-124 de 2017; Sentencia T-786 de 2008; Sentencia C-149 de 2013; Sentencia T-103 de 2019; Sentencia T-548 de 2023; Sentencia SU-213 de 2021; Sentencia T-680 de 2012; Sentencia T-167 de 2013; Sentencia C-951 de 2014 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
7 | 63001-3333-003-2026-00071-01 | Accionante: [ANONIMIZADO POR INICIALES] J.Á.G. / Accionado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Grupo de Ejecución de Decisiones Judiciales (GUDEJ) / Dirección de Talento Humano (DITAH). | ACCIÓN DE TUTELA | Derecho de petición | Derechos fundamentales > Petición > Cumplimiento de sentencia | Teniendo en cuenta el escrito de amparo constitucional y la impugnación presentada, le corresponde a la Sala determinar si se debe declarar improcedente la acción de tutela o si contrario a ello, se vulneró el derecho fundamental de petición al no darse cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 97- 2022 dentro del proceso 63001-3333-004-2017-00226-00, siendo la tutela el mecanismo efectivo para garantizar el cumplimiento de una sentencia judicial. | Sí. Existe una vulneración al derecho fundamental de petición del accionante, como quiera que éste solicitó información sobre la expedición del acto de reconocimiento de las prestaciones ordenadas en sentencia judicial... las mismas faltan al principio de congruencia; se amparará el derecho fundamental de petición, ordenando a la accionada que emita respuesta clara | CONFIRMA | 14/5/2026 | ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO | Constitución Política; Ley 1755 de 2015; Ley 1437 de 2011; Código General del Proceso | Sentencia T-032 de 2020; Sentencia T-103 de 2019; Sentencia C-149 de 2013; Sentencia T-023 de 2022; Sentencia T-560A de 2014; Sentencia T-096 de 2015; Sentencia T-154 de 2018; Sentencia T-247 de 2021; Sentencia C-007 de 2017; Sentencia SU-587 de 2016; Sentencia T-230 de 2020; Sentencia T-522 de 2017 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
8 | 63001-3333-005-2026-00099-01 | Accionante: Gloria Bonilla de Naranjo / Accionado: La Nueva EPS S.A -EPS Suramericana S.A | ACCIÓN DE TUTELA | Traslado EPS salud | Derechos fundamentales > Salud > Traslado de EPS | Le corresponde a la Sala determinar si confirma el amparo al derecho fundamental a la vida digna, salud, integridad personal y dignidad humana de la accionante, al ordenar a la EPS Suramericana S. A autorizar, agendar y/o programar, los servicios de salud y el tratamiento integral; o si le asiste existe una falta de legitimación en la causa por pasiva, al no ser la obligada a dar cobertura en salud. | Sí. No es posible anteponer trámites interadministrativos sobre la salud y vida de una persona que requiere con urgencia la continuidad en el servicio de salud, máxime cuando se trata de un sujeto de especial protección Constitucional; se confirma integralmente la sentencia impugnada | CONFIRMA | 28/5/2026 | ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO | Constitución Política; Decreto 2591 de 1991; Decreto 780 de 2016; Ley 1751 de 2015 | Sentencia SU-377 de 2014; Sentencia T-177 de 2015; Sentencia T-282 de 2008; Sentencia T-205 de 2008; Sentencia T-1029 de 2000; Sentencia T-170 de 2002; Sentencia T-993 de 2002; Sentencia T-109 de 2003; Sentencia T-270 de 2005; Sentencia T-246 de 2005; Sentencia T-261 de 2017; Sentencia T-196 de 2018; Sentencia T-031 de 2025; Sentencia T-327 de 2024; Sentencia SU-508 de 2020 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
9 | 63001-3333-007-2026-00172-01 | Accionante: Gloria Elena Jaramillo Pérez / Accionado: Ejército Nacional -Octava Brigada-Armenia-Batallón de Alta Montaña N°05 Génova Quindío | ACCIÓN DE TUTELA | Derecho de petición | Derechos fundamentales > Petición > Reserva legal | ¿se debe declarar improcedente la acción de tutela, ante la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado, o si contrario a ello, existe vulneración de los derechos fundamentales alegados ante la falta de respuesta de fondo argumentando reserva legal de la información solicitada? | No. Al no agotarse el citado recurso de reposición, ni haber interpuesto el recurso de insistencia, la acción de tutela se torna improcedente, dicha improcedencia deviene de no agotar los mecanismos legales previstos para la protección de los derecho, y no por la configuración de carencia actual de objeto por hecho superado como se manifestó en primera instancia; se confirma porque se ajustó a derecho la decisión de primera instancia | CONFIRMA | 28/5/2026 | ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO | Constitución Política; Ley 1755 de 2015; Ley 1712 de 2014; Ley 1621 de 2013; Decreto Ley 2591 de 1991; CPACA | Sentencia C-149 de 19 de marzo de 2013; Sentencia T-103 de 2019; Sentencia T-173/2025; Sentencia SU-191 de 2022; Sentencia T-324 de 2024; Sentencia T-487/2017; Sentencia SU-540 de 2007; Sentencia T-788 del 12 de noviembre de 2013; Sentencia T-439 del 2018; Sentencia T-261 de 2017; Sentencia T-011 de 2016; Sentencia T-321 de 2016; Sentencia T-032 de 2020 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
10 | 63001-33-33-003-2026-00136-01 | Accionante: Luz Daicy Londoño Hernández / Accionado: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Fiduprevisora S.A | ACCIÓN DE TUTELA | SEGURIDAD SOCIAL | Seguridad social > PENSIÓN DE JUBILACIÓN DOCENTE > Inclusión en nómina > Subsidiariedad > Proceso ejecutivo | Le corresponde a la Sala determinar, si se declara improcedente la acción de tutela ante la falta de subsidiariedad, o si contrario a ello, la tutela se torna procedente para obtener el cumplimiento de una sentencia judicial, en este caso, la inclusión en nómina pensional. | No. [...] esta Sala concluye que en el presente caso no existe certeza sobre la debilidad manifiesta de la accionante que le haga imposible ventilar sus pretensiones ante la jurisdicción ordinaria, en otras palabras, la accionante no acreditó una afectación cualificada de los derechos al mínimo vital y vida digna que la exceptúe de la carga procesal de acudir ante la jurisdicción ordinaria, como tampoco se probó que se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Se confirma porque se ajustó a derecho la decisión de primera instancia. | CONFIRMA | 3/7/2026 | ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO | Decreto 2591 de 1991; Decreto 306 de 1992; Decreto 1272 de 2018; Código General del Proceso, arts. 422-445; Ley 1437 de 2011, art. 297 | Sentencia T-005 de 2015; Sentencia T-023 de 2022; Sentencia T-426 de 2018; Sentencia T-865 de 2009; Sentencia T-222 de 2014; Sentencia T-396 de 2009; Sentencia T-820 de 2009; Sentencia T-354 de 2012; Sentencia T-140 de 2013; Sentencia T-491 de 2013; Sentencia T-327 de 2014; Sentencia T-471 de 2014 | Ver providencia Aquí | |||||||||||||
11 | 63-001-3333-004-2026-00127-01 - Asi aparece en la caratula de la providencia | Accionante: Jorge Oliveros Piedrahita / Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- | ACCIÓN DE TUTELA | SEGURIDAD SOCIAL | Seguridad social > Historia laboral > Mora patronal > Allanamiento a la mora > Adulto mayor | Le corresponde a la Sala determinar si se amparar el derecho fundamental a la seguridad social del accionante, ordenando la corrección y actualización de su historia laboral, o si contrario a ello, la acción de tutela se torna improcedente de acuerdo con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991. | Sí. [...] Colpensiones ante la mora generada debía adelantar el cobro de los aportes, sin embargo, al incumplir dicha carga, vulneró las obligaciones derivadas del cobro de los aportes pensionales al no recaudar efectivamente los periodos en deuda, lo que conlleva a la vulneración del derecho fundamental a la seguridad social del accionante... razón que impone confirmar la sentencia proferida el 02 de junio de 2026, por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia. Se confirma porque se ajustó a derecho la decisión de primera instancia. | CONFIRMA | 19/6/2026 | ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO | Constitución Política, art. 86; Decreto 2591 de 1991, art. 6; Ley 100 de 1993, art. 24, 57; Ley 1276 de 2009, art. 7 | Sentencia T-048 de 2025; Sentencia T-463 de 2016; Sentencia T-079 de 2016; Sentencia T-101 de 2020; Sentencia T-043 de 2025; Sentencia T-156 de 2023 | Ver providencia Aquí | |||||||||||||
12 | 63001-3333-005-2026-00114-01 | Accionante: Berta Oliva Taborda de Gallego / Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP | ACCIÓN DE TUTELA | SEGURIDAD SOCIAL | Seguridad social > Sustitución pensional > Derecho de petición > Mínimo vital > Hecho superado | Le corresponde a la Sala determinar si se debe ordenar a la UGPP, el reconocimiento de la sustitución pensional en favor de la parte actora, así como la inclusión en la nómina, efectuando el pago del retroactivo pensional, o por el contrario, la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad. | Sí. [...] de conformidad con lo expuesto por la jurisprudencia Constitucional la Corporación se encuentra limitada a confirmar en este aspecto la sentencia proferida el 14 de mayo del 2026, por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, en el sentido de amparar el derecho fundamental de petición de la parte actora. No obstante, frente a la sustitución pensional, se declara improcedente por no demostrar afectación al mínimo vital. Se modifica la decisión de primera instancia. | MODIFICA Y CONFIRMA | 4/6/2026 | ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO | Constitución Política, art. 23, 48, 49, 86; Decreto 2591 de 1991, art. 6, 20; Ley 100 de 1993, art. 46, 47; Ley 797 de 2003, art. 12; Ley 717 de 2001, art. 1; Ley 1755 de 2015 | Sentencia T-251 de 2021; Sentencia SU-149 de 2021; Sentencia T-018 de 2014; Sentencia T-103 de 2019; Sentencia SU-975 de 2003; Sentencia T-439 de 2018 | Ver providencia Aquí | |||||||||||||
13 | 63-001-33-33-005-2026-00118-01 | Accionante: Adiela Carvajal Arboleda / Accionado: Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO A LA SALUD | Salud > Régimen exceptuado Magisterio > Continuidad en el servicio > Suministro de medicamentos > Derecho de petición | Le corresponde a la Sala determinar si existe una falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Ministerio de Educación Nacional para dar cumplimiento a la orden de amparo de los derechos fundamentales a la salud, vida en condiciones dignas, integridad personal y petición de la parte actora como afiliada al FOMAG -Fiduprevisora S.A, y, como consecuencia de ello, procede su desvinculación del caso concreto. | Sí. [...] considera la Sala que existe una vulneración del derecho fundamental de petición... Asimismo, los derechos fundamentales a la salud, vida en condiciones dignas e integridad personal se encuentran vinculados directamente al derecho fundamental de petición... las entidades aquí vinculadas están legitimadas en la causa pasiva y por ende obligadas a garantizar la cobertura de los servicios prescritos a la accionante. Se confirma porque se ajustó a derecho la decisión de primera instancia. | CONFIRMA | 12/6/2026 | ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO | Constitución Política, art. 23, 48, 49, 86; Ley 91 de 1989; Acuerdo 003 de 2024 FOMAG; Ley 1751 de 2015; Ley 1755 de 2015 | Sentencia T-032 de 2020; Sentencia T-332 de 2022; Sentencia C-313 de 2014; Sentencia SU-508 de 2020; Sentencia T-103 de 2019 | Ver rovidencia Aquí | |||||||||||||
14 | 63-001-3333-006-2026-00130-01 | Accionante: José Rusben Franco Nieto / Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) | ACCIÓN DE TUTELA | DEBIDO PROCESO | Debido proceso administrativo > Calificación pérdida de capacidad laboral > Términos procesales > Interpretación pro actione > Notificación electrónica | Como cuestionamiento principal le corresponde a esta Sala establecer si se amparan los derechos fundamentales a la seguridad social y debido proceso del accionante, ordenado a Colpensiones, tener como presentada en término oportuno la inconformidad manifestada por el actor frente al dictamen de determinación de pérdida de capacidad laboral del 16 de enero de 2016... o contrario a ello, se debe declarar la improcedencia de la acción de tutela. | Sí. [...] se debe entender que la petición del usuario fue presentada el día de incorporación al correo, esto es, el 12 de febrero de 2026... resulta aplicable la presunción de veracidad de los hechos relatados por el accionante... lo que impone confirmar la sentencia proferida el 27 de mayo de 2026 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia. Se confirma porque se ajustó a derecho la decisión de primera instancia. | CONFIRMA | 19/6/2026 | ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO | Constitución Política, art. 48, 86; Decreto 019 de 2012, art. 142; Ley 962 de 2005, art. 10; Ley 1562 de 2012, art. 17; Decreto 2591 de 1991, art. 20, 26 | Sentencia T-252 de 2017; Sentencia T-056 de 2014; Sentencia T-044 de 2018; Sentencia SU-540 de 2007; Sentencia T-439 de 2018 | Ver providencia Aquí | |||||||||||||
15 | 63001-3333-007-2026-00042-01 | Accionante: Ana Milena Marín Romero / Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES | Acción de Tutela | PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN | Derechos fundamentales > Debido proceso administrativo > Derecho de petición > Notificación electrónica > Autorización expresa | Corresponde a la Corporación resolver si se debe revocar o confirmar la decisión de instancia; para tal efecto se deberá constatar si ¿COLPENSIONES, vulnera los derechos fundamentales de petición y debido proceso de la señora Ana milena Marín Romero, al no haber notificado el acto administrativo que dio respuesta a la solicitud pensional por ella elevada al medio de notificación autorizado de forma expresa por la peticionaria? | Sí. Las entidades pensionales vulneran el debido proceso y el derecho de petición al notificar por aviso actos administrativos cuando el ciudadano autorizó expresamente la notificación electrónica, siendo nula cualquier notificación realizada a correos erróneos o medios no elegidos. | REVOCA | 23/4/2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Constitución Política, artículo 84; Ley 1437 de 2011; Ley 1755 de 2015; Decreto 2591 de 1991. | Corte Constitucional, sentencias SU-077 de 2018, C-146 de 2015 y T-569 de 2023. | Ver aquí providencia | |||||||||||||
16 | 63001-3333-005-2026-00071-01 | Accionante: María Fanny Rivillas Cardona / Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES | ACCIÓN DE TUTELA | Derecho de petición | Derechos fundamentales > Petición > Notificación actos administrativos | Corresponde a la Corporación resolver si se debe revocar o confirmar la decisión de instancia; para tal efecto se deberá constatar si ¿COLPENSIONES, vulnera los derechos fundamentales de petición y debido proceso de la señora María Fanny Rivillas Cardona, al no haber notificado en debida forma el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, por medio de correo electrónico como se encontraba autorizado? | Sí. Esta Corporación considera que se debe revocar el fallo de instancia en lo que respecta a la notificación del dictamen DML- 3746792 del 3 de enero de 2020 - por medio del cual se calificó la pérdida de la capacidad laboral de la accionante -. Lo anterior en la medida que COLPENSIONES certificó haber realizado notificación por aviso a través de publicación en página web, prerrogativa que el Legislador habilita para notificar cuando se desconoce la información de residencia del destinatario13; supuesto que no se configuró en el caso bajo estudio, pues tal como se colige del expediente administrativo allegado por la misma entidad accionada, se contaba tanto con los datos del domicilio de la señora Rivillas Cardona como con su correo electrónico, el cual había sido autorizado en múltiples ocasiones - algunas previas - para ser notificado de forma electrónica a través de él. En tal sentido, se tutelarán los derechos invocados y se ordenará a COLPENSIONES que en un término perentorio notifique a la señora María Fanny Rivillas Cardona por medio del correo electrónico fanrivcar@gmail.com, el Dictamen DML 3746792 de fecha 3 de enero de 2020, por medio de la cual se calificó la pérdida de la capacidad laboral a la accionante. | MODIFICA | 14/5/2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Constitución Política Art. 23, 29, 86; Decreto 2591 de 1991; Ley 1755 de 2015; CPACA Art. 56, 69. | Corte Constitucional Sentencia SU 077 de 2018; Corte Constitucional Sentencia SU-108 de 2018; Corte Constitucional Sentencia SU-391 de 2016; Corte Constitucional Sentencia T-307 de 2017; Corte Constitucional Sentencia SU-075 de 2018; Corte Constitucional Sentencia T-225 de 2018; Corte Constitucional Sentencia SU 213 de 2021; Corte Constitucional Sentencia C-951 de 2014; Corte Constitucional Sentencia C-146 de 2015. | Ver providencia aquí | |||||||||||||
17 | 63001-3333-006-2026-00075-01 | Accionante: Jaime Andrés López Gómez / Accionado: La Previsora SA Compañía de Seguros | ACCIÓN DE TUTELA | CONTRATO DE SEGURO | Contrato de seguro > Accidente de tránsito > Indemnización | ¿corresponde a la Corporación resolver si se debe revocar o confirmar la decisión de instancia que declaró improcedente la acción de Tutela para el reconocimiento y pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial frente al ente accionado y tuteló el derecho al debido proceso del actor? | SÍ. Para la Sala la decisión de instancia se debe confirmar, por cuanto no se cumple con el presupuesto de la subsidiaridad de que trata el Decreto 2591 de 1991 art 6. Lo anterior, en la medida que no se cumple con los requisitos previstos por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional para reconocer de forma excepcional por tutela el reconocimiento y pago de indemnización por incapacidad permanente parcial, derivada de un contrato de seguro. | CONFIRMA | 22/5/2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Constitución Política art. 86; Decreto 2591 de 1991 art. 5; Decreto 2591 de 1991 art. 6; Decreto 2591 de 1991 art. 10; Decreto 2591 de 1991 art. 42; Código de Comercio art. 1080; Código General del Proceso art. 121; Código General del Proceso art. 368; Código General del Proceso art. 390; Código General del Proceso art. 590 | Sentencia SU-077 de 2018; Sentencia SU-075 de 2018; Sentencia T-462 de 2022; Sentencia T-233 de 2023; Sentencia T-501 de 2016; Sentencia T-003 de 2020; Sentencia T-195 de 2024; Sentencia T-902 de 2013; Sentencia T-058 de 2016; Sentencia T-379 de 2022 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
18 | 63001-3333-006-2026-00073-01 | Accionante: Juan Pablo Laverde Mejía / Accionados: Fondo Protección, La Nueva EPS, y Arcos Dorados SAS | ACCIÓN DE TUTELA | INCAPACIDAD LABORAL | Seguridad social > Incapacidad laboral > Pago de incapacidades | Corresponde a la Corporación resolver si se debe revocar o confirmar la decisión de instancia; para tal efecto se deberá constatar inicialmente si ¿existen elementos de prueba que demuestren que las incapacidades médicas transcritas por la NUEVA EPS, por periodos causados después del día 541, corresponden a las mismas patologías por las que se le venía reconociendo y pagando el subsidio de incapacidad al accionante? y ¿si el empleador del actor Arcos Dorados SAS vulneró el derecho fundamental de petición del actor al no expedirle certificación de no reintegro a sus obligaciones laborales? | Sí. El Tribunal considera que hay lugar a confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, toda vez que el accionante tiene derecho a que se tutelen sus derechos fundamentales, ya que quedó acreditado que las incapacidades médicas expedidas entre el día 25 de febrero de 2026 y 24 de abril de 2026 fueron otorgadas por patologías que concuerdan con los diagnósticos a partir de los cuales viene siendo incapacitado el accionante (...), por lo que se confirma porque se ajustó a derecho la decisión de primera instancia. | CONFIRMA | 14/5/2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Constitución Política art. 48; Constitución Política art. 86; Decreto 2591 de 1991 art. 30; Decreto Ley 19 de 2012 art. 142; Ley 100 de 1993 art. 41 | Sentencia SU-077 de 2018; Sentencia SU-075 de 2018; Sentencia T-462 de 2022; Sentencia T-233 de 2023; Sentencia T-084 de 2015; Sentencia T-206 de 2018; Sentencia T-230 de 2020; Sentencia T-563 de 2023; Sentencia C-951 de 2014 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
19 | 63001-3333-006-2026-00076-01 | Accionante: [ANONIMIZADO POR INICIALES] A.G.B. agenciada por A.G.B. / Accionada: La Previsora SA Compañía de Seguros [inconsistencia nombres completos en encabezado] | ACCIÓN DE TUTELA | CUIDADOR DOMICILIARIO | Salud > Prestación del servicio de salud > Cuidador domiciliario | Le corresponde a la Sala determinar - conforme con los motivos de inconformidad planteados por la accionante -, ¿se debe revocar la decisión de instancia respecto a la no autorización y asignación del servicio de cuidador domiciliario pretendido; en la medida que contrario a lo señalado por la primera instancia, cumple con los requisitos previstos por la Jurisprudencia Constitucional para su autorización o procedencia?. Como problema jurídico asociado, se deberá determinar si resultaba procedente extender el reconocimiento Tutelar a una persona que no goza de la calidad de accionante dentro de la Acción de Amparo. | No. Esta Corporación considera que hay lugar a modificar la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia. Lo anterior, ya que si bien resulta acertada la decisión de primera instancia al ordenar al FOMAG - FIDUPREVISORA la prestación del servicio de enfermería (…), la Sala estima que el concepto de imposibilidad material se reemplazará por el de afectación desproporcionada sobre el núcleo familiar, por lo que NO se ajustó a derecho la decisión de primera instancia. | MODIFICA | 28/5/2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Decreto 2591 de 1991 art. 10; Decreto 2591 de 1991 art. 30; Decreto 2591 de 1991 art. 32; Resolución 2718 de 2024 | Sentencia SU-077 de 2018; Sentencia SU-108 de 2018; Sentencia SU-391 de 2016; Sentencia T-307 de 2017; Sentencia T-277 de 2015; Sentencia T-219 de 2012; Sentencia T-155 de 2025; Sentencia SU-075 de 2018; Sentencia T-462 de 2022; Sentencia T-233 de 2023; Sentencia SU-508 de 2020; Sentencia T-358 de 2022; Sentencia T-625 de 2009; Sentencia T-196 de 2018; Sentencia T-406 de 2024; Sentencia T-011 de 2025; Sentencia T-150 de 2024; Sentencia T-012 de 2024; Sentencia SU-367 de 2025; Sentencia T-525 de 2024; Sentencia T-447 de 2023; Sentencia T-583 de 2023; Sentencia T-167 de 2025; Sentencia SU-515 de 2013; Sentencia SU-484 de 2008; Sentencia SU-195 de 2012; Sentencia T-634 de 2017 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
20 | 63001-3333-001-2026-00082-01 | Accionantes: Oscar Andrés Muñoz Ramírez y otros / Accionado: Nación – Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio | ACCIÓN DE TUTELA | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Derechos fundamentales > Participación ciudadana > Debido proceso administrativo > Plataforma SUCOP > Recicladores de oficio > Falla técnica | Corresponde a la Corporación resolver si se debe revocar o confirmar la decisión de instancia; para tal efecto se deberá constatar si ¿El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y participación ciudadana de los aquí accionantes - teniendo en cuenta el interés que les asiste como recicladores -, cuando se probó la existencia de una falla técnica que limitó en 57 minutos el término de publicación con el que contaban para radicar los comentarios al proyecto regulatorio “por el cual se expide la reglamentación del esquema operativo de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo, y se dictan directrices del régimen de regularización para las organizaciones de recicladores de oficio prestadoras de la actividad”? | Sí. Esta Corporación considera que se debe confirmar el fallo de instancia, toda vez que al acreditarse de forma técnica que el 15 de abril de 2026 existió una falla en la plataforma SUCOP que impidió - en el término de 57 minutos - cargar comentarios al proyecto regulatorio propuesto por el ente accionado, sumado a que cada uno de los accionantes probó la imposibilidad de subir su información al presentar error; configura la vulneración del derecho a la participación ciudadana encuadrado en la posibilidad del gremio de recicladores de participar en las decisiones que los afectan. Se confirma porque se ajustó a derecho la decisión de primera instancia. | CONFIRMA | 4/6/2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Constitución Política, art. 2, 40, 78, 86, 103, 270, 311, 340, 369; Decreto 2591 de 1991, art. 5, 6, 10, 30, 31, 32, 42; Ley 1437 de 2011, art. 8 | Sentencia SU 077 de 2018; Sentencia SU-108 de 2018; Sentencia SU-391 de 2016; Sentencia T-307 de 2017; Sentencia T-277 de 2015; Sentencia T-219 de 2012; Sentencia T 155 de 2025; Sentencia SU-075 de 2018; Sentencia T-462 de 2022; Sentencia T-233 de 2023; Sentencia C-617 de 2002; Sentencia C-350 de 1997; Sentencia T-540 de 1992; Sentencia C 065 de 2021; Sentencia C-146 de 2015 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
21 | 63001-3333-003-2026-00093-01 | Accionante: Osbaldo Frencie Salazar Castaño / Accionado: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Armenia, INPEC | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO A LA SALUD | Derechos fundamentales > Salud > Personas privadas de la libertad > Remisión a especialista > Gastroenterología > Competencia entidades penitenciarias | Le corresponde a la Sala determinar - conforme con los motivos de inconformidad planteados por el accionante -, ¿se debe revocar la sentencia de instancia mediante la cual se tuteló el derecho a la salud del accionante y se ordenó a la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Armenia, al INPEC, a la UT Medisalud Integral PPL, a la USPEC y a la fiduprevisora SA como vocera del Patrimonio Autónomo Fondo de Atención en Salud PPL, garantizar la continuidad del tratamiento especializado del paciente, - valoración gastroenterólogo, laboratorios clínicos y entrega de medicamentos ordenados -, en la medida que tal obligación no les compete a algunos de los accionados, aunado a que las remisiones y entrega de medicamentos ya fueron cumplidas en favor del paciente?. | Sí. Esta Corporación considera que, si bien es ajustada la decisión de tutelar el derecho de salud del accionante, quien se encuentra privado de la libertad en el EPMSC de Armenia y presenta una orden médica de remisión a gastroenterología la cual no ha sido materializada; hay lugar a modificar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Armenia, respecto a la competencia de las entidades obligadas a garantizar la prestación de los servicios de salud demandados por el paciente. No se ajustó a derecho la decisión de primera instancia frente a la determinación de competencias. | MODIFICA | 12/6/2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Constitución Política, art. 2, 44, 86; Decreto 2591 de 1991, art. 10, 30, 31, 32, 42; Ley 1751 de 2015, art. 6, 10; Ley 65 de 1993, art. 14, 104, 105; Ley 1709 de 2014, art. 65, 66; Decreto 4150 de 2011, art. 4, 5, 20; Resolución 5159 de 2015; Decreto 2245 de 2015; Decreto 1142 de 2016; Resolución 3595 de 2016 | Sentencia SU 077 de 2018; Sentencia SU-108 de 2018; Sentencia SU-391 de 2016; Sentencia T-307 de 2017; Sentencia T-277 de 2015; Sentencia T-219 de 2012; Sentencia T 155 de 2025; Sentencia SU-075 de 2018; Sentencia T-462 de 2022; Sentencia T-233 de 2023; Sentencia T-950 de 2003; Sentencia T-034 de 2022; Sentencia T-632 de 2013; Sentencia C-1081 de 2001; Sentencia T-760 de 2008; Sentencia T-625 de 2009; Sentencia T-196 de 2018; Sentencia T-234 de 2014; Sentencia T-124 de 2016; Sentencia T 673 de 2017; Sentencia T-063 de 2020; Sentencia T 330 de 2022 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
22 | 63001-3333-003-2026-00095-01 | Accionante: Yurizay de Armas Duque / Accionados: Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, La Nueva EPS, y BIO SAS | ACCIÓN DE TUTELA | SEGURIDAD SOCIAL | Seguridad social > Incapacidades médicas > Pago de prestaciones económicas > Mínimo vital > Origen común > Responsabilidad empleador/EPS/AFP > Subsidiariedad | Corresponde a la Corporación resolver si se debe revocar o confirmar la decisión de instancia; para tal efecto se deberá constatar si ¿existen incapacidades médicas otorgadas al accionante entre el 17 de enero y 26 de abril del año 2026 que no han sido reconocidas y pagadas, y de serlo, a que entidad de previsión social corresponde hacerlo? | Sí. Esta Corporación considera que hay lugar a modificar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Armenia, toda vez que la accionante tiene derecho a que se tutelen sus derechos fundamentales, ya que quedó acreditado que las incapacidades médicas expedidas entre enero y abril de 2026 fueron otorgadas por patologías que concuerdan con el diagnóstico a partir del cual viene siendo incapacitada de forma ininterrumpida la accionante desde el 2 de septiembre de 2024. No obstante, frente las pretensiones encaminadas a que la entidad empleadora BIO SAS asuma el pago directo de las incapacidades médicas correspondiente a los meses de abril y mayo de 2025, así como el reajuste y corrección de aportes al sistema de seguridad social la acción de tutela no cumple con el requisito de la subsidiariedad. Se modifica la decisión de primera instancia. | MODIFICA | 12/6/2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Constitución Política, art. 48, 86; Ley 100 de 1993, art. 6, 41; Decreto 2591 de 1991, art. 6, 10, 30, 32; Decreto 780 de 2016, art. 3.2.1.10, 2.2.3.6.1; Decreto Ley 019 de 2012, art. 121, 142; Ley 1753 de 2015, art. 67; Decreto 1427 de 2022; Decreto 2353 de 2015, art. 44 | Sentencia SU 077 de 2018; Sentencia SU-108 de 2018; Sentencia SU-391 de 2016; Sentencia T-307 de 2017; Sentencia T-277 de 2015; Sentencia T-219 de 2012; Sentencia T 155 de 2025; Sentencia SU-075 de 2018; Sentencia T-462 de 2022; Sentencia T-233 de 2023; Sentencia SU-961 de 1999; Sentencia C-270 de 2023; Sentencia T 563 de 2023; Sentencia T-421 de 2023 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
23 | 63001-3333-004-2026-00116-01 | Accionante: Rodrigo Pineda Gaviria / Accionado: ADRES, Sanitas EPS, municipio de Armenia y BNP Paribas Cardif Seguros SA | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO A LA SALUD | Derechos fundamentales > Salud > Régimen subsidiado > Desafiliación > Error de reporte > Habeas data | Le corresponde a la Sala determinar, ¿se debe confirmar la sentencia de instancia mediante la cual se tuteló el derecho a la salud, seguridad social y petición del accionante y se ordenó a los entes accionados que en un término perentorio, de forma coordinada y desde su competencia, adelantar las diligencias correspondientes para que se eliminara la novedad que le impedía su permanencia o reafiliación al Sistema de salud en el régimen subsidiado, con el consecuente aseguramiento a través de Sanitas EPS? Igualmente deberá dilucidar si a ¿la ADRES le asiste responsabilidad y competencia en el trámite administrativo que conlleva al restablecimiento del servicio de salud del accionante? | Sí. Esta Corporación considera que hay lugar a confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia, en la medida que como consecuencia de un error interpretativo en la información reportada al sistema de salud, el accionante fue desafiliado del régimen subsidiado, estando probado que contrató un póliza de vida y cáncer la cual al ser indemnizatoria difiere de un plan voluntario en salud en los términos del artículo 169 de la Ley 100 de 1993, sustituido por el 37 de la Ley 1438 de 2011. Se confirma porque se ajustó a derecho la decisión de primera instancia. | CONFIRMA | 19/6/2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Constitución Política, art. 86; Decreto 2591 de 1991, art. 10, 31, 32; Ley 100 de 1993, art. 169; Ley 1438 de 2011, art. 37; Ley 1751 de 2015, art. 6; Ley 1753 de 2015, art. 66 | Sentencia SU 077 de 2018; SU-108 de 2018; SU-391 de 2016; T-307 de 2017; T-277 de 2015; T-219 de 2012; T 155 de 2025; SU-075 de 2018; T-462 de 2022; T-233 de 2023; SU-508 de 2020; T 358 de 2022; T-632 de 2013; C-1081 de 2001; T-760 de 2008; T-625 de 2009; T-196 de 2018; T-234 de 2014; T-124 de 2016; T 673 de 2017; T-750 de 2014; C-800 de 2003; T-545 de 2013; T-035 de 2010; T 505 de 2015; T-137 de 2008 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
24 | 63001-3333-005-2026-00129-01 | Accionante: Juan Eduardo Mona Zuluaga / Accionado: Nueva EPS | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO A LA SALUD | Derechos fundamentales > Salud > Libre elección de IPS > Red de servicios > Transporte y acompañante > Capacidad económica | Le corresponde a la Sala determinar - conforme con los motivos de inconformidad planteados por el accionante -, ¿se debe modificar la sentencia de instancia mediante la cual se tuteló el derecho a la salud del accionante y se ordenó a la Nueva EPS la remisión al IV nivel de atención; por cuanto tal remisión no se hizo de forma específica para una IPS en particular- Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali - , aunado a que debió ordenarse el traslado del paciente con un acompañante y asumir sus gastos? | Sí. Esta Corporación considera que hay lugar a modificar la decisión de primera instancia. Lo anterior, por cuanto la EPS accionada si bien tiene la obligación de garantizar dentro de su red prestadora la remisión al IV nivel de atención de complejidad, el usuario cuenta con la posibilidad en el marco de dicha red de escoger la IPS. No obstante, cuando se pretende la atención de una IPS por fuera de esa red contratada se debe evidenciar que las existentes son negligentes o incapaces de prestar el servicio, lo cual aquí no se probó. Frente al cubrimiento del servicio del transporte para un acompañante, en el caso bajo estudio no se modificará por cuanto no se cumple con las subreglas jurisprudenciales para su procedencia, luego resulta acertada la decisión de instancia. No se ajustó a derecho la decisión de primera instancia en lo relativo a la libertad de elección de IPS. | MODIFICA Y CONFIRMA | 3/7/2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Constitución Política, art. 49, 86; Decreto 2591 de 1991, art. 10, 31, 32; Ley 100 de 1993, art. 153, 157, 159, 178; Ley 1751 de 2015, art. 6; Resolución 2292 de 2021 MinSalud | Sentencia SU 077 de 2018; SU-108 de 2018; SU-391 de 2016; T-307 de 2017; T-277 de 2015; T-219 de 2012; T 155 de 2025; SU-075 de 2018; T-462 de 2022; T-233 de 2023; SU-508 de 2020; T 358 de 2022; T-632 de 2013; C-1081 de 2001; T-760 de 2008; T-625 de 2009; T-196 de 2018; T-234 de 2014; T-124 de 2016; T 673 de 2017; T-122 de 2021; T 270 de 2025; T-161 de 2023; T-147 de 2023; T 422 de 2024; T-136 de 2021; T-519 de 2014; T-413 de 2020; T-171 de 2015; T-745 de 2013 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
25 | 63001-3333-006-2026-00123-01 | Accionante: Jesús David Moreno Gallego / Accionada: Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC | ACCIÓN DE TUTELA | DEBIDO PROCESO | Acción de tutela > Debido proceso administrativo > Jurado de votación > Notificación electrónica > Inducción a error > Subsidiariedad | A la Corporación le corresponde resolver si se debe revocar o confirmar la decisión de instancia que declaró improcedente la acción de Tutela. Para resolver lo anterior, se determinará si se cumple con los requisitos de procedencia de la acción de tutela, en especial la subsidiariedad. | No. Para la Sala la decisión de instancia se debe confirmar, por cuanto no se cumple con el presupuesto de la subsidiaridad de que trata el Decreto 2591 de 1991 art 6. Lo anterior, en la medida que con la tutela se pretende dejar sin efectos un procedimiento administrativo sancionatorio que a la fecha no se ha probado que se haya iniciado... Se confirma porque se ajustó a derecho la decisión de primera instancia. | CONFIRMA | 3/7/2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Constitución Política, art. 86; Decreto 2591 de 1991, art. 5, 6, 10, 31, 32; Decreto 306 de 1992; Código Electoral, art. 105, 106, 107, 108, 109; Ley 1437 de 2011, art. 47, 48, 49 | Sentencia SU 077 de 2018; Sentencia SU-108 de 2018; Sentencia SU-391 de 2016; Sentencia T-307 de 2017; Sentencia T-277 de 2015; Sentencia T-219 de 2012; Sentencia T 155 de 2025; Sentencia SU-075 de 2018; Sentencia T-462 de 2022; Sentencia T-233 de 2023; Sentencia T-231 de 2023 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
26 | 63001-3333-003-2026-00039-01 | Accionante: Carlos Andrés Salinas González / Accionado: Unidad Nacional de Protección – UNP | ACCIÓN DE TUTELA | SEGURIDAD PERSONAL | Derecho a la seguridad > Medidas de protección > Estudio de riesgo | ¿Vulnera la accionada UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN -UNP-, los derechos fundamentales a la vida y seguridad personal del señor CARLOS ANDRÉS SALINAS GONZÁLEZ al no adelantar el estudio de riesgo para la continuidad y/o incremento del esquema de seguridad, conforme al nuevo hecho de amenaza y condiciones especiales del accionante? | Sí. El Estado tiene el deber de diseñar, adoptar e implementar las medidas necesarias para proteger a las personas frente a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de tolerar, debiendo realizar el estudio de riesgo de manera rigurosa. | CONFIRMA | 23/4/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Constitución Política, artículos 2, 11, 22; Decreto 1066 de 2015 | Sentencia T-719 de 2003; Sentencia T-339 de 2010 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
27 | 63001-3333-001-2026-00043-01 | Accionante: Juan Manuel Cardona González / Accionado: UGPP – FOPEP | ACCIÓN DE TUTELA | PRESTACIONES SOCIALES | Seguridad social > Pensiones > Pensión de sobrevivientes | ¿Vulneraron las entidades accionadas los derechos fundamentales del accionante al suspender el pago de su pensión de sobreviviente por escolaridad, alegando falta de acreditación de la condición de estudiante? | No. La continuidad en el pago de la pensión de sobreviviente para mayores de 18 años está condicionada a la acreditación periódica de la calidad de estudiante ante la entidad competente. | REVOCA | 23/4/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Ley 100 de 1993; Ley 1574 de 2012; Decreto 1889 de 1994 | Sentencia T-490 de 2007; Sentencia T-1160A de 2001; Sentencia C-980 de 2010 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
28 | 63001-3333-006-2026-00039-01 | Accionante: Sirley Yohana Mejía Nieto / Accionado: La Previsora S.A. y Junta Regional de Calificación de Invalidez | ACCIÓN DE TUTELA | SEGURIDAD SOCIAL | Seguridad social > Calificación de invalidez > Debido proceso | ¿Vulneraron las accionadas el debido proceso de la accionante al no remitir oportunamente el recurso de apelación contra el dictamen de pérdida de capacidad laboral a la Junta Nacional de Calificación? | Sí. La omisión en el trámite de los recursos contra dictámenes de invalidez vulnera el debido proceso y el acceso a la seguridad social, debiendo garantizarse la remisión pronta a la instancia superior. | CONFIRMA | 16/4/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Ley 100 de 1993, art. 41; Decreto 1352 de 2013 | Sentencia T-045 de 2013; Sentencia T-336 de 2020 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
29 | 05001-3333-039-2026-00093-01 | Accionante: Sandra Milena Aguirre Martínez / Accionado: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV | ACCIÓN DE TUTELA | ATENCIÓN A VÍCTIMAS | Derechos fundamentales > Víctimas > Desplazamiento forzado > Indemnización administrativa | ¿Vulneró la UARIV los derechos fundamentales de la accionante al no dar una respuesta de fondo sobre su turno de indemnización administrativa y no realizar el estudio de priorización mediante el Método Técnico de Priorización? | Sí. El derecho de petición de las víctimas incluye obtener una respuesta clara sobre su situación en el proceso de reparación y el deber de la entidad de aplicar criterios de priorización de manera oportuna. | CONFIRMA | 16/4/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Ley 1448 de 2011; Decreto 1084 de 2015; Constitución Política, art. 23 | Sentencia T-908 de 2014; Sentencia T-068 de 2015 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
30 | 63001-2333-000-2026-00042-00 | Demandante: Dairo Antonio Peña Triana / Demandado: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia | ACCIÓN DE TUTELA | HECHO SUPERADO | Acción de tutela > Debido proceso > Plazo razonable > Mora judicial > Hecho superado | ¿falta de trámite judicial que diera lugar a la expedición de las copias auténticas y demás documentos solicitados dentro del proceso judicial radicado No. 63001-3333-003-2019-00162-00? Y si pese a ello, ¿se encuentra configura la existencia de un hecho superado? | Sí. En el caso en estudio, encuentra la Sala que el origen de la controversia planteada era la omisión del Juzgado accionado en la expedición de las copias auténticas de las sentencias proferidas a favor de los intereses del demandante, de las cuales ya existe prueba que fueron remitidas al correo informado (...) por lo que se configura un hecho superado. | HECHO SUPERADO - DENIEGUESE | 28/5/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Constitución Política art. 29, 228; Ley 270 de 1996; Código General del Proceso art. 121; Decreto 2591 de 1991 art. 31 | Sentencia C-341 de 2014; Sentencia T-348/93; Sentencia T-945 A/98 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
31 | 63001-33-33-002-2026-00078-01 | Demandante: Fabio Acosta Gómez / Demandado: AFP Colfondos S.A. – Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones | ACCIÓN DE TUTELA | COSA JUZGADA | Acción de tutela > Debido proceso > Cosa juzgada constitucional > Derecho de petición | ¿Sí en el presente asunto, se acreditan o no los presupuestos para que se configure este fenómeno, respecto a las pretensiones encaminadas a obtener una respuesta de fondo a la solicitud presentada el 16 de abril de 2025 y la pretensión relacionada con el reconocimiento de la pensión de vejez del señor FABIO ACOSTA GÓMEZ? | Sí. (…) en el presente asunto tiene lugar la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR CONFIGURARSE UN HECHO SUPERADO, como quiera que el mencionado cumplimiento fue acreditado durante el trascurso de la presente acción de tutela. En consecuencia, la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA el 20 de agosto de 2019, será CONFIRMADA como quiera que exista cosa juzgada frente al derecho de petición, y de CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR CONFIGURARSE UN HECHO SUPERADO al haberse satisfecho durante el trámite del proceso la pretensión relacionada con la emisión y traslado del bono pensional. | CARENCIA ACTUAL DE OBJETO Y CONFIRMA | 7/5/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Constitución Política art. 86, 241, 243; Decreto 2591 de 1991 art. 6, 27, 42, 52 | Sentencia T-661/13; Sentencia T-001/16; Sentencia T-427/17; Sentencia T-019/16 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
32 | 63001-33-33-002-2026-00105-01 | Demandante: Johan Alexis Arenas Jaramillo / Demandado: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV | ACCIÓN DE TUTELA | HECHO SUPERADO | Acción de tutela > Víctimas > Indemnización administrativa > Hecho superado | ¿Si la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV, vulnera los derechos fundamentales de petición, mínimo vital, vida digna, debido proceso y a la reparación integral del señor JOHAN ALEXIS ARENAS JARAMILLO, derivada de la petición presentada el 18 de marzo de 2026 relativos a la indicación de la fecha en que se hará efectiva la entrega de la indemnización administrativa? | Sí. Considera la Sala que la respuesta dada por la entidad en el caso concreto al actor constituye una correcta atención de la solicitud presentada por el peticionario, garantizando con ello el mínimo de protección que debe recibir quien pertenece a esta población. Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior y los requisitos mencionados previamente, en el presente asunto el peticionario si recibió una respuesta de fondo, la cual se sustentó en un estudio juicioso y apropiado de lo solicitado y se ajustó a los criterios jurisprudenciales antes mencionados, para atender esta clase de solicitudes y por ello hay lugar a la configuración del hecho superado como lo indicó la A quo. De conformidad con lo argumentado, se CONFIRMARÁ el fallo de tutela proferido por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA el 07 de mayo de 2026, mediante el cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. | consecuencia, DENIÉGUESE, el amparo solicitado. | 28/5/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Ley 387 de 1997; Ley 1448 de 2011 art. 132; Resolución 1049 de 2019; Decreto 2591 de 1991 art. 30 | Sentencia C-228/02; Sentencia C-370/06; Sentencia C-579/13; Sentencia C-462 de 2013 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
33 | 63001-33-33-003-2026-00090-01 | Demandante: Ana Patricia Cuadrado Arévalo / Demandado: Ministerio de Educación Nacional – FOMAG - Fiduprevisora S.A. | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO DE PETICIÓN | Acción de tutela > Derecho de petición > Núcleo esencial > Pronta respuesta | ¿Vulnera las entidades accionadas NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG) y la FIDUPREVISORA S.A. los derechos fundamentales de petición, a la vida y seguridad social de la señora ANA PATRICIA CUADRADO AREVALO al no dar respuesta a la petición del 27 de febrero de 2026, mediante el cual solicita información sobre la fecha de inclusión en nómina de la Resolución 08725 del 01 de diciembre de 2025, a través de la cual se le reconoció la PENSIÓN DE JUBILACIÓN DOCENTE? | Sí. se MODIFICARÁ el fallo de tutela proferido por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA el 29 de abril de 2026, respecto al derecho fundamental amparado, esto es el derecho de petición, así como la orden respecto al cumplimiento de la acción constitucional. | MODIFICA Y CONFIRMA | 14/5/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Constitución Política art. 23, 86; Ley 1755 de 2015 art. 13, 14, 21; Decreto 1272 de 2018; Decreto 2591 de 1991 art. 30 | Sentencia T-025 de 2004; Sentencia SU-273 de 2022 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
34 | 63001-33-33-007-2026-00102-01 | Demandante: Donelia Henao Ramírez / Demandado: NUEVA EPS S.A. - Instituto de Diagnóstico Médico S.A. IDIME | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO A LA SALUD | Salud > Prestación del servicio de salud > Continuidad en el servicio > Tratamiento integral | ¿Se vulneran los derechos fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas de la señora DONELIA HENAO RAMÍREZ por parte de la NUEVA EPS S.A. y el INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A. “IDIME”, ante la falta de prestación efectiva de los servicios médicos requeridos? | Sí. Como conclusión, se infiere que la protección al derecho fundamental a la salud y la vida en condiciones dignas de la señora DONELIA HENAO RAMÍREZ, como consecuencia de su condición de salud y tratamiento ordenado, debe de proteger y ceñirse a la normativa que regula la prestación de dicho servicio de salud. Si bien la NUEVA EPS, manifestó que se cuenta con orden médica de la Resonancia magnética de columna lumbosacra simple, no se advierte autorización de la misma, que pueda verse materializada por la IPS contratada que para el presente asunto corresponde a IDEIME. En este orden, se MODIFICARÁ la orden de primera instancia en el sentido que la Nueva EPS S.A. dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, autorice la orden médica, y adopte las medidas administrativas necesarias para la realización del procedimiento denominado “Resonancia de Columna Lumbosacra simple” a la señora Donelia Henao Ramírez, a través de IDIME y/o con la IPS de su escogencia y con la que tenga contrato para la prestación de este servicio. | CONFIRMA Y MODIFICA | 14/5/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Constitución Política art. 48, 49; Decreto 2591 de 1991; Decreto 1069 de 2015; Decreto 333 de 2021 | Sentencia T-760 de 2008; Sentencia SU-508 de 2020; Sentencia T-349 de 2024; Sentencia T-983 de 2001 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
35 | 63001-33-33-001-2026-00102-02 | Accionante: Julián García Forero / Accionado: COLPENSIONES | ACCIÓN DE TUTELA | CORRECCIÓN HISTORIA LABORAL | Seguridad social > Pensión de vejez > Historia laboral > Habeas data > Corrección de registros > Mora patronal | ¿Vulneran la entidad accionada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” y la vinculada PORVENIR S.A., los derechos fundamentales a la seguridad social, debido proceso administrativo, habeas data, igualdad y mínimo vital del señor JULIÁN GARCÍA FORERO al no actualizar en debida forma la historia laboral, y poder avanzar en el derecho pensional pretendido? | Sí. [...] dicha circunstancia no puede ser trasladada al afiliado, quien no tiene control sobre dichos procedimientos interadministrativos, persistiendo las inconsistencias durante un periodo prolongado, pese a su reconocimiento por parte de Colpensiones ante la mora generada debía adelantar el cobro de los aportes... lo que conlleva a la vulneración del derecho fundamental a la seguridad social del accionante. No se ajustó a derecho la decisión de primera instancia. | REVOCA | 19/6/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Constitución Política, artículo 86; Decreto 2591 de 1991, artículo 37; Ley 1581 de 2012, artículo 4; Código Sustantivo del Trabajo, artículo 264; Ley 100 de 1993, artículo 24 | Sentencia T-983 de 2001; Sentencia T-585 de 2002; Sentencia T-883-08; Sentencia SU-975-03; Sentencia T-058 de 2017; Sentencia T-043 de 2025; Sentencia T-490 de 2024; Sentencia T-551 de 2023; Sentencia T-502 de 2020; Sentencia T-222 de 2018 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
36 | 63001-33-33-002-2026-00117-01 | Demandante: Isabela Lozano Rengifo y Dyland Lozano Rengifo / Demandado: EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE PERSONAL | ACCIÓN DE TUTELA | ALIMENTOS | Derechos fundamentales > Niños > Cuota alimentaria > Ejecución de sentencia > Subsidiariedad > Perjuicio irremediable | ¿Se cumple con el requisito de subsidariedad o residualidad de la acción de tutela, para la protección del derecho fundamental incoado como vulnerado por la señora CLAUDIA MARCIE RENGIFO SUÁREZ en representación de sus hijos menores ISABELA LOZANO RENGIFO y DYLAND LOZANO RENGIFO? | No. [...] esta Sala considera IMPROCEDENTE decretar el amparo solicitado, por lo que se CONFIRMARÁ la sentencia proferida 14 de mayo de 2026... lo anterior al considerar que la controversia planteada debe ventilarse ante el juez de conocimiento del proceso de alimentos. Se confirma porque se ajustó a derecho la decisión de primera instancia. | CONFIRMA | 4/6/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Constitución Política, artículo 86; Decreto 2591 de 1991, artículos 31, 32; Decreto 1069 de 2015; Decreto 333 de 2021 | CORTE CONSTITUCIONAL. Sala tercera de revisión. Sentencia T-067 de 2011. Referencia: expediente … CONSEJO DE ESTADO. Sala plena de lo contencioso administrativo. Providencia del 13 de febrero de 1992. Exp. AC-03. C.P: Clara Forero de Castro. Actor. Jairo Bocanegra Aguirre. ... CONSEJO DE ESTADO. Sala plena de lo contencioso administrativo. Sentencia del 24 de enero de 1992. C.P: Joaquín Barreto Ruiz | Ver providencia aquí | |||||||||||||
37 | 63001-3333-002-2026-00122-01 | Demandante: María del Pilar Ramírez Bermúdez / Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES | ACCIÓN DE TUTELA | INCAPACIDADES MÉDICAS | Seguridad social > Incapacidades laborales > Pago de auxilio > Periodo mayor a 180 días > Responsabilidad fondo de pensiones > Subsidiariedad | ¿Se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la seguridad social y a la vida digna de personal con discapacidad de la señora MARÍA DEL PILAR RAMÍREZ BERMÚDEZ por parte de la accionada COLPENSIONES, a raíz de la omisión en el pago de las incapacidades prescritas a partir del día 180? | No. [...] la presente acción se torna improcedente. [...] se trata de prestaciones distintas, con las cuales se procura la protección de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital, por lo que al percibir pensión de invalidez cesó la vulneración. Se confirma porque se ajustó a derecho la decisión de primera instancia. | CONFIRMA | 12/6/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Constitución Política, artículos 48, 86; Decreto Ley 019 de 2012, artículo 142; Decreto 2943 de 2013, artículo 1; Ley 962 de 2005; Ley 1753 de 2015 | Sentencia T-585 de 2002 (CC); Sentencia T-246 de 2015 (CC); Sentencia SU-217 de 2017 (CC); Sentencia T-419 de 2015 (CC); Sentencia T-920 de 2009 (CC); Sentencia T-144 de 2016 (CC); Sentencia T-200 de 2017 (CC); Sentencia T-268 de 2020 (CC) | Ver providencia aquí | |||||||||||||
38 | 63001-33-33-004-2026-00128-01 | Accionante: Luz Marina Castañeda Bastidas y otros / Accionado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE S.A.S.) | ACCIÓN DE TUTELA | EXTINCIÓN DE DOMINIO | Acción de tutela > Debido proceso > Extinción de dominio > Desalojo > Propiedad > Buena fe > Subsidiariedad > Perjuicio irremediable | ¿Se cumple con el requisito de subsidariedad o residualidad de la acción de tutela, para la protección de los derechos fundamentales incoados como vulnerados por LUZ MARINA CASTAÑEDA BASTIDAS, JAIRO CASTAÑEDA BASTIDAS, FLOR MARÍA CASTAÑEDA DE MORENO, MARTHA LIBIA CASTAÑEDA BASTIDAS, MARÍA STELLA CASTAÑEDA BASTIDAS, CECILIA CASTAÑEDA BASTIDAS y NATALIA CASTAÑEDA BRAVO? | No. [...] dicha prueba, por sí sola, no resulta suficiente para estructurar la existencia de un perjuicio irremediable... lo anterior al considerar que existen otros mecanismos de defensa al interior del proceso de extinción de dominio. Se confirma porque se ajustó a derecho la decisión de primera instancia. | CONFIRMA | 12/6/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Constitución Política, artículo 86; Decreto 2591 de 1991, artículos 31, 32; Decreto 1069 de 2015; Decreto 333 de 2021; Ley 1708 de 2014 | Sentencia de tutela del 12 de mayo de 2022 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá; Sentencia SU-077 de 2018 (CC); SU-108 de 2018 (CC); SU-391 de 2016 (CC); T-307 de 2017 (CC); T-277 de 2015 (CC); T-219 de 2012 (CC); T-155 de 2025 (CC); SU-075 de 2018 (CC); T-462 de 2022 (CC); T-233 de 2023 (CC) | Ver providencia aquí | |||||||||||||
39 | 63001-2333-000-2026-00021-00 | Accionante: MANUELA RUDA GALLEGO y LUCERO GUTIÉRREZ CARDONA / Accionado: JUZGADOS TERCERO y CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO DE PETICIÓN | DERECHOS FUNDAMENTALES > DERECHO DE PETICIÓN | ¿si los Juzgados accionados vulneran los derechos fundamentales de petición invocado por Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona, ante la falta de una respuesta clara, congruente y de fondo respecto a la información solicitada? Y si pese a ello, ¿se encuentra demostrada la entrega a la parte actora de las respuestas otorgadas respecto de la petición de marras? | Sí. [...] habiéndose materializado lo pretendido por las accionante en el curso de la actuación procesal respecto del Juzgado Tercero Administrativo el Circuito de Armenia accionado, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado. | CARENCIA ACTUAL DE OBJETO - HECHO SUPERADO | 5/3/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Ley 1755 de 2015; Ley 1437 de 2011; Ley 2080 de 2021; Ley 80 de 1993; Ley 1551 de 2012; Ley 2220 de 2022 | T-262 de 1999; T-027 de 1999; T-1301 de 2001; T-001 de 2003; T-608 de 2002; T-552 de 2002 | Ver Providencia | |||||||||||||
40 | 25000-2315-000-2026-00201-00 | Demandante: JUAN ESTEBAN GÁLVEZ GIRALDO / Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL | ACCIÓN DE TUTELA | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHOS FUNDAMENTALES > ACCIÓN DE TUTELA > CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA | ¿Se cumple con el requisito de subsidariedad o residualidad de la acción de tutela, parala protección de los derechos fundamentales incoados como vulnerados por el señor JUAN ESTEBAN GÁLVEZ GIRALDO? En caso de cumplir con los requisitos de procedencia, se tendrá que establecer: ¿Sí el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL accionado vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, de defensa, y el principio de confianza legítima invocados por el señor JUAN ESTEBAN GÁLVEZ GIRALDO, con la expedición de la Resolución No. 10870 del 13 de noviembre de 2025 en la cual se le impuso sanción económica de $19.459.513 y la Resolución No. 1061 del 16 de febrero de 2026 por medio de la cual se confirma la sanción por el supuesto incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas, proferidas dentro del Expediente con radicado CNE-E-DG-2024-08767, al no valorar adecuadamente las pruebas aportadas y ser desproporcionada la sanción? | No. (...) teniendo en cuenta que se cuenta con otros mecanismos idóneos los cuales no ha sido utilizado, aunado al hecho de contar allí también con mecanismos como la suspensión provisional u otra medida cautelar que proteja su derecho que predica vulnerado20 . En síntesis, al observar que el caso bajo examen no cumple con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y que por haberse demostrado que existen otros mecanismos idóneos los cuales no han sido utilizado, esta Sala considera IMPROCEDENTE decretar el amparo solicitado. [...] argumentos que no van más allá de un estudio de legalidad de dichos actos administrativos, por lo que esta Sala denegara el amparo invocado al no cumplir con el requisito de subsidiariedad, pues del acervo probatorio no se desprende la existencia de un perjuicio irremediable. | IMPROCEDENCIA | 27/3/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Artículos 86 de la Carta Política, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1o numeral 37 del Decreto 333 de 2018 | CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Consejero Ponente: Dr. ALFONSO VARGAS RINCÓN. CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 29 de mayo de 2025, radicado: 25000-23-15-000-2025-00209-01, C.P: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 18 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 19 Ídem. del 5 de marzo de 2014. Radicación: 25000-23-42-000-2013-06871-01. Actor: GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO. Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. | Ver Providencia | |||||||||||||
41 | 63001-33-33-004-2026-00011-01 | Accionante: NANCY MARLENY PARRA MUÑOZ / Accionado: DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA – UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD QUINDÍO | ACCIÓN DE TUTELA | ATENCIÓN EN SALUD | ATENCIÓN EN SALUD > ALCANCE DE LA ATENCIÓN EN SALUD/PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO(Consideraciones sobre el concepto de vida, la vida en condiciones dignas y a la seguridad social)/ Principio de integralidad del sistema de seguridad social en salud/De la libre elección de las IPS | ¿Se vulneran los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la integridad personal de la señora Nancy Marleny Parra Muñoz por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO y de NEUROCENTRO COLOMBIA S.A.S. al no autorizar y realizar los procedimientos y valoraciones de i) Bloqueo regional contiguo, ii) Consulta de control o seguimiento por especialista en dolor y cuidados paliativos, iii) Consulta de primera vez por especialista en ortopedia y traumatología, y iv) Inyección de anestésico en nervio simpático, ordenadas por los médicos especialistas tratantes y que requiere la accionante? | Si. (...) De otra parte, de acuerdo a lo acreditado, como se vio en la parte considerativa de esta providencia que el tratamiento integral correspondiente debe ser brindado independientemente de si lo requerido se encuentra incluido o no en el plan de beneficios y, conforme a lo prescrito por su médico tratante. De igual manera, atendiendo los postulados constitucionales citados y relacionados con la prevalencia del principio de continuidad, no se puede hablar que el tratamiento integral se trate de hechos futuros e inciertos, en la medida en que prima el derecho a la salud de la paciente, de modo que la prestadora de salud no puede negarse a garantizar el tratamiento ordenado por el médico tratante con base en tales manifestaciones, máxime teniendo en cuenta la condición particular de la paciente, de modo que los exámenes que le sean prescritos tanto para establecer el diagnóstico como los medicamentos y/o procedimientos que sean necesarios para la efectiva recuperación de la salud deben ser cubiertos por la entidad accionada. (...) En consecuencia, la entidad accionada debe suministrar a la accionante, NANCY MARLENY PARRA MUÑOZ el tratamiento integral que se prescriba para restablecer su estado de salud respecto a las presentes patologías, y lo que de ella se derive en virtud del principio de continuidad e integralidad en la prestación de los servicios de salud. Respecto a la inconformidad, del literal Tercero de la orden en el fallo de tutela de primera instancia, en el sentido de direccionar que la prestación de los servicios de salud que requiera la accionante se realice en la IPS NEUROCENTRO COLOMBIA S.A.S., previa consideración de los médicos tratante. A la luz de lo establecido por la Corte Constitucional, no resulta procedente, como quiera que para ello se requiere se presente alguna de las excepciones que fueron descritas en el ítem 2.6 de esta providencia. Lo anterior, guardando relación en un caso análogo, donde la Corte Constitucional, negó la solicitud de contratar con una IPS específica, previa sugerencia del médico especialista tratante, como quiera que no reunía los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional (...)Así las cosas, en el presente asunto, no se encuentra probado que los servicios requeridos por la accionante, no puedan ser prestado por la aseguradora por medio de sus IPS contratadas e incluso en otras ciudades, razón por la cual, se REVOCARÁ en numeral tercero del fallo impugnado. De conformidad con lo argumentado, se CONFIRMARÁ el fallo de tutela proferido por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA el 09 de febrero de 2026, mediante el cual amparó la protección de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la integridad persona de la accionante, REVOCANDO el numeral TERCERO, por las consideraciones expuestas en la presente providencia... | REVOCA Y CONFIRMA | 26/2/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Constitución Política art. 86; Decreto 2591 de 1991; Decreto 1069 de 2015; Ley 1751 de 2015 | Sentencia T-422 de 2024 | Ver Providencia aquí | |||||||||||||
42 | 63001-33-33-005-2025-00208-01 | DEMANDANTE: NICOLAS ANTONIO OROZCO PADILLA y OTROS DEMANDADO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG - FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora de los recursos del FOMAG | ACCIÓN DE TUTELA | MÍNIMO VITAL | Derechos fundamentales > Debido proceso > Igualdad > Seguridad social > Mínimo vital > Dignidad humana | ¿Vulnera las entidades accionadas MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG los derechos fundamentales de petición, debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital, dignidad humana y especial protección constitucional a persona de la tercera edad de los accionantes NICOLAS ANTONIO OROZCO PADILLA, MIRIAM LUZ OCHOA QUIÑONEZ, LACIDES EDUARDO TAFUR CORONADO y ALIX TERESA RAMIREZ PEÑALOZA al no dar respuesta a la petición del 17 de julio de 2025, mediante el cual solicitan el reconocimiento y pago de la prima de medio año?. | De conformidad con lo argumentado, se MODIFICARÁ el fallo de tutela proferido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA el 13 de enero de 2026, respecto a los accionantes frente a los cuales se ampara el derecho de petición, así como la orden respecto al cumplimiento de la acción constitucional. | MODIFICA, NIEGA Y CONFIRMA | 29/1/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Constitución Política | Sentencia T-426 de 2018. | Ver Providencia aquí | |||||||||||||
43 | 63001-33-33-006-2025-00198-01 | Accionante: JOSÉ GABRIEL / Accionado: INPEC REGIONAL VIEJO CALDAS | ACCIÓN DE TUTELA | TUTELA | Derechos fundamentales > Personas privadas de la libertad/DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS Y SU ALCANCE CUANDO SE TRATA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD - DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN EL CONTEXTO PENITENCIARIO | ¿Se vulneran los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la salud y a la libertad de culto del señor JOSÉ GABRIEL AYALA BECERRA por parte del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Armenia, así como por parte del INPEC – Regional Viejo Caldas y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, al no autorizarle el permiso para el ingreso y la preparación de sus propios alimentos, teniendo en cuenta su creencia religiosa al pertenecer a la comunidad adventista del séptimo día del accionante? | Por consiguiente, se advierte que el EPMSC Armenia no afectó los derechos fundamentales del actor, ni incurrió en un acto de discriminación en su contra, pues se reitera, la negativa de la autorización de proveer su propia alimentación se funda en aspectos de seguridad y brindó la alternativa de dieta adecuada a sus creencias, la que ha sido rechazada por el accionante. En suma, la autoridad accionada y las vinculadas no han incurrido en ninguna acción u omisión que comporte la vulneración del derecho a la libertad de cultos del accionante. De conformidad con lo argumentado, se CONFIRMARÁ el fallo de tutela proferido por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA el 09 de diciembre de 2025, mediante el cual negó el amparo constitucional solicitado por el señor José Gabriel Ayala Becerra. | CONFIRMA | 22/1/2026 | LUIS CARLOS ALZATE RÍOS | Decreto 2591 de 1991 | Sentencia T-044 de 2020 - Sentencia T-044 de 2020, M.P.: José Fernando Reyes Cuartas. | Ver Providencia aquí | |||||||||||||
44 | 63001-3333-001-2026-00040-01 | Accionante: Edison Esneider Marín Osorio / Accionado: INPEC y USPEC | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO A LA SALUD | Derechos fundamentales > Salud > Personas privadas de la libertad | ¿Vulneran el INPEC y la USPEC los derechos fundamentales a la salud y vida digna del interno al no garantizar la atención médica especializada y el suministro de medicamentos requeridos? | Sí. El Estado mantiene una relación de especial sujeción con los internos, lo que le obliga a garantizar el acceso real, oportuno e integral a los servicios de salud necesarios para la dignidad humana. | CONFIRMA | 23/4/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN - Sala Cuarta de Decisión | Constitución Política, art. 49; Ley 1751 de 2015 | Sentencia T-760 de 2008 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
45 | 63001-3333-001-2026-00042-01 | Accionante: William Ernesto Vásquez Osorio / Accionado: MEN, Fiduprevisora y Distrimedv | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO A LA SALUD | Derechos fundamentales > Salud > Docentes > Tratamiento integral | ¿Debe modificarse la sentencia proferida el 18 de marzo de 2026 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, habida cuenta que de un lado, la Fiduprevisora S.A. cumplió con las obligaciones de su competencia al haber contratado una institución prestadora de servicios para satisfacer las atenciones en salud reclamadas y del otro, las condiciones particulares del accionante no ameritan el otorgamiento de un tratamiento integral? | Sí. La imposición de barreras administrativas y la falta de continuidad en servicios e insumos para patologías crónicas vulneran el derecho a la salud, procediendo el amparo para garantizar el tratamiento integral. | CONFIRMA | 23/4/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN - Sala Cuarta de Decisión | Constitución Política, arts. 11, 49; Ley Estatutaria 1751 de 2015 | Sentencia T-160 de 2021; Sentencia SU-125 de 2025 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
46 | 63001-3333-003-2026-00047-01 | Accionante: Aleida Botero Arias / Accionado: Nueva EPS, Sagrada Familia e IDIME | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO A LA SALUD | Derechos fundamentales > Salud > Medidas de protección | ¿Debe modificarse la sentencia proferida el 27 de marzo de 2026 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, habida cuenta que las órdenes impartidas en el fallo no debieron involucrar a IDIME? | Sí. Las órdenes judiciales en sede de tutela solo deben vincular a las entidades que tengan la capacidad operativa y jurídica de cumplimiento, excluyendo a terceros que no han negado servicios. | MODIFICA | 16/4/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN - Sala Cuarta de Decisión | Constitución Política, art. 49; Decreto 2591 de 1991 | Sentencia SU-215 de 2022; Sentencia SU-125 de 2025 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
47 | 63001-3333-005-2026-00040-01 | Accionante: Angie Tatiana García García / Accionado: Ministerio de Educación y otros | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO A LA EDUCACIÓN | Derechos fundamentales > Educación > Título de bachiller > Registro oficial | ¿Vulneran las autoridades educativas los derechos de la accionante al negarse a legalizar su título de bachiller ante la falta de registro oficial en los libros de la institución educativa cerrada? | No. La tutela no es el mecanismo para validar títulos que carecen de respaldo en la realidad registral del Estado o presentan inconsistencias en los sistemas nacionales de matrícula (SIMAT). | CONFIRMA | 16/4/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN - Sala Cuarta de Decisión | Constitución Política, art. 67; Decreto 1075 de 2015 | Sentencia T-150 de 2025 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
48 | 63001-3333-002-2026-00090-01 | Accionante: Diego Andrés Hernández Carvajal / Accionado: Dirección de Sanidad de la Policía Nacional e I.P.S. Oncólogos de Occidente S.A.S | ACCIÓN DE TUTELA | TRATAMIENTO INTEGRAL | Salud > Tratamiento integral > Carencia actual de objeto > Hecho superado | Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, o si, por el contrario, dicha decisión debe revocarse, al evidenciarse que la autorización puntual del medicamento no garantiza la continuidad ni la integralidad del tratamiento oncológico requerido por el accionante. | No. Se aclara que con esta disposición no se pretende invadir el margen de decisión de los médicos, sino que se busca precaver la posibilidad de que en el futuro se valore la pertinencia del reconocimiento de los servicios anotados en favor del actor por su condición de salud, motivo por el cual, desde ya se insta a Sanidad de la Policía Nacional para que en el evento de que tales servicios sean requeridos por el paciente u ordenados por los médicos, proceda a su concesión, atendiendo las pautas jurisprudenciales fijadas sobre la materia y referidas en precedencia. Así las cosas, la autorización puntual del medicamento no resulta suficiente para tener por superada la vulneración alegada, pues subsiste el riesgo cierto de interrupción del tratamiento en los ciclos posteriores, como de hecho ya ocurrió según lo expuesto por el accionante. En consecuencia, la Sala concluye que no se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, razón por la cual se procederá a revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales invocados, ordenando a las entidades accionadas garantizar la continuidad y prestación integral del tratamiento oncológico prescrito, además del tratamiento integral.. | REVOCA Y SE TUTELA | 7/5/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN | Ley 1751 de 2015 | Sentencia T-227 de 2022; Sentencia T-143 de 2022; Sentencia T-054 de 2020; Sentencia SU-522 de 2019; Sentencia T-439 de 2018; Sentencia T-085 de 2018; Sentencia T-261 de 2017; Sentencia T-512 de 2015; Sentencia T-788 de 2013 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
49 | 63001-33-33-003-2026-00099-01 | Accionante: Raúl Tobón Ciro / Accionado: NUEVA EPS S.A. | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO A LA SALUD | Salud > Prestación del servicio de salud > Suministro de medicamentos > Vacunas | ¿Debe revocarse o modificarse la sentencia proferida el 12 de mayo de 2026 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, habida cuenta que la Clínica La Sagrada Familia no dispone de la vacuna requerida por el accionante para la recuperación de su salud y en esa medida le corresponde exclusivamente a la Nueva EPS S.A. direccionar a otra IPS la prestación del servicio?. | No. El asunto examinado supera los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. - (...) esta Corporación estima que no basta con que la EPS hubiera pre-autorizado con destino a la Clínica La Sagrada Familia el biológico, para desligarla totalmente de sus obligaciones, pues en todo caso, ante eventuales inconvenientes como el alegado en la alzada dicha IPS, esto es, no contar con la vacuna en su inventario, en efecto le corresponde a la EPS redireccionar al paciente a otra prestadora de servicios y/o garantizar el suministro físico del vial para su inmediata inoculación, por lo que NO se ajustó a derecho la decisión de primera instancia. | MODIFICA Y CONFIRMA | 28/5/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN | Constitución Política art. 86, 116 inciso 1; Decreto 2591 de 1991 art. 32; Decreto 333 de 2021 | Sentencia T-259 de 2019; Sentencia T-178 de 2017; Sentencia T-365 de 2009; Sentencia T-369 de 2022; Sentencia T-475 de 2020; Sentencia T-081 de 2019 | ver providencia aquí | |||||||||||||
50 | 63001-3333-005-2026-00094-01 | Accionante: CM CITRUS FAMILY S.A.S. / Accionado: COLPENSIONES | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO DE PETICIÓN | ACCIÓN DE TUTELA > DERECHO DE PETICIÓN > DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR > RESPUESTA A LA SOLICITUD ELEVADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN | ¿Debe revocarse la sentencia proferida el 27 de abril de 2026 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, por medio de la cual se protegió el derecho fundamental de petición, teniendo en cuenta que Colpensiones carece de responsabilidad para ofrecer una respuesta congruente y de fondo a lo solicitado por la empresa CM Citrus Family S.A.S., en virtud a que la parte interesada radicó la petición a través de canales digitales no autorizados y por tanto, la misma debe tenerse como no presentada? Adicionalmente, se analizará si ¿en el caso concreto se configura una carencia actual de objeto por hecho superado, debido a que los fundamentos que motivaron la interposición de la acción desaparecieron con las contestaciones brindadas por la entidad de fechas 13 de abril y 06 de mayo de 2026? | Sí. CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de abril de 2026 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, pero por las razones explicadas Ut- Supra. | CONFIRMA | 22/5/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN | Constitución Política, arts. 86, 116; Decreto 2591 de 1991, art. 32; Decreto 333 de 2021; CPACA, art. 21; Decreto 806 de 2023; Ley 2213 de 2022. | Sentencias T-426 de 1992; T-167 de 2013; T-332 de 2015; T-051 de 2023; T-571 de 2015; SU-215 de 2022; SU-125 de 2025. | ver providencia aquí | |||||||||||||
51 | 11001-3334-006-2026-00130-01 | Accionante: LEHIDY PATRICIA MORA GÓMEZ / Accionado: MINVIVIENDA Y DNP | ACCIÓN DE TUTELA | HECHO SUPERADO | ACCIÓN DE TUTELA > CARENCIA ACTUAL DE OBJETO > HECHO SUPERADO > DERECHO AL DEBIDO PROCESO > PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ¿Debe revocarse la sentencia proferida el 4 de mayo de 2026 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, que amparó los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y participación ciudadana, con ocasión a la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto los fundamentos que motivaron la interposición de la acción de tutela desaparecieron? | SÍ. REVOCAR la sentencia proferida el 4 de mayo de 2026 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, que amparó los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso y participación ciudadana, invocados como vulnerados por la parte actora. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, en virtud a las razones analizadas. (...) se colige que en el sub examine se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, fenómeno jurídico definido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-522 de 2019 que hace referencia a “la satisfacción de lo pedido en la tutela antes de que el Juez constitucional profiera orden alguna, correspondiéndole al Juez constatar en estos casos: (i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu propio, es decir, voluntariamente” (Resaltado fuera del texto original). Al respecto es preciso aclarar que, si bien en otras Salas de Decisión -y, en asuntos de similares matices- se ha resuelto confirmar la decisión de primera instancia, cuando el cumplimiento de la orden se da con posterioridad a la expedición del fallo de tutela de primera instancia, lo cierto es que dicha situación, constituye un aspecto meramente formal que, no desdibuja el hecho de haber desaparecido las causas por las cuales se originó la acción constitucional y, en ese orden de ideas, resulta plausible cualquiera de las dos fórmulas para resolver el asunto, esto es, la que confirma la decisión del a quo o, como en este caso, la que revoca por existir carencia actual de objeto por hecho superado. | REVOCA | 22/5/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN | Constitución Política, artículos 13, 29, 40, 86 y 116; Decreto 2591 de 1991, artículos 23, 27, 32 y 52; Decreto 333 de 2021; Decreto 1381 de 2024. | Sentencia SU-522 de 2019; SU-215 de 2022; SU-125 de 2025. | ver providencia aquí | |||||||||||||
52 | 63001-2333-000-2026-00045-00 | Accionante: Sara Priscila Barahona Gómez / Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia (Q.) | ACCIÓN DE TUTELA | PROCEDIBILIDAD TUTELA | Acción de tutela contra providencia judicial > Requisitos de procedibilidad > Subsidiariedad > Incidente de nulidad | ¿En el sub judice concurren en su totalidad los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra la providencia judicial reprochada? | No. En el sub judice la solicitud de amparo constitucional NO supera de manera concurrente los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por consiguiente, se declarará su improcedencia. | DECLARA IMPROCEDENTE | 4/6/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN | Artículos 86, 13, 29, 229 de la Constitución Política; Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 333 de 2021; Artículo 202 del CPACA; Artículo 133 del CGP | C-543 de 1992; C-590 de 2005; SU-090 de 2018; SU-573 de 2019; SU-128 de 2021; SU-215 de 2022; SU-125 de 2025; T-799 de 2011; T-283 de 2013; T-160 de 2021; T-571 de 2015; SU-487 de 2024 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
53 | 63001-3333-002-2026-00127-01 | Accionante: José Ferney Ocampo Londoño / Accionado: Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO DE PETICIÓN | Víctimas del conflicto armado > Registro Único de Víctimas > Indemnización administrativa > Derecho de petición > Respuesta de fondo > Subsidiariedad | ¿Debe modificarse la sentencia proferida el primero (01) de junio de 2026 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia, en el sentido de ordenarse por la vía judicial la inclusión del demandante y su núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante de “desplazamiento forzado”? | Sí. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío confirmará -en lo atinente al derecho de petición-, la decisión adoptada por la Juez de Primera Instancia. [No obstante, se declara la improcedencia respecto a la inclusión en el RUV por inobservancia del requisito de subsidiariedad]. | MODIFICA | 19/6/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN | Artículos 86, 116, 23, 29, 1, 11, 13, 15 de la Constitución Política; Ley 1448 de 2011; Decreto 2591 de 1991; Decreto 333 de 2021; Decreto 1084 de 2015; Ley 2213 de 2022 | SU-215 de 2022; SU-125 de 2025; T-160 de 2021; T-404 de 2017; T-364 de 2015; T-519 de 2017; T-188 de 2007; T-462 de 2012; T-561 de 2017; SU-254 de 2013; T-066-17; SU-1150 de 2000; T-039 de 2023; T-025 de 2026; T-205 de 2021; T-377 de 2022; Auto 331 de 2019 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
54 | 63001-3333-003-2026-00113-01 | Accionante: Angélica María López Mejía / Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- | ACCIÓN DE TUTELA | PENSION DE SOBREVIVIENTES | Seguridad social > Pensiones > Pensión de sobrevivientes > Hijo inválido > Pérdida de capacidad laboral > Libertad probatoria > Valoración integral de la prueba | ¿Corresponde a la Sala Cuarta de Decisión determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la sentencia de primera instancia que amparó el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la señora Angélica María López Mejía y ordenó a Colpensiones practicar una nueva calificación integral de pérdida de capacidad laboral, o si, por el contrario, la acción de tutela resulta improcedente por existir otros mecanismos de defensa judicial y por tratarse de una controversia que corresponde ser resuelta mediante los procedimientos administrativos y judiciales ordinarios previstos para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y el reconocimiento de prestaciones pensionales? | Sí. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío modificará la sentencia de primer grado porque la valoración de la invalidez debe establecerse mediante una valoración integral del material probatorio, pues no existe una tarifa legal que imponga el dictamen de pérdida de capacidad laboral como único medio de prueba, no siendo procedente ordenar la práctica de una nueva calificación sino la emisión de una decisión administrativa motivada. | MODIFICA Y NIEGA | 9/6/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN | Artículos 86, 116, 29 de la Constitución Política; Decreto 2591 de 1991; Ley 100 de 1993 artículos 38, 41, 47; Ley 797 de 2003; Ley 2213 de 2022 | SU-215 de 2022; SU-125 de 2025; T-470 de 2025; T-293 de 2025; SU-387 de 2022; T-202 de 2022; T-390 de 2022; T-093 de 2025; T-414 de 2025; T-566 de 2016; T-370 de 2017; T-213 de 2019; T-100 de 2021; T-086 de 2023; T-021 de 2025 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
55 | 63001-3333-005-2026-00106-01 | Accionante: Jair Téllez Perdomo / Accionado: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO DE PETICIÓN | Víctimas del conflicto armado > Desplazamiento forzado > Indemnización administrativa > Método técnico de priorización > Derecho de petición > Respuesta de fondo | Corresponde a la Sala Cuarta de Decisión determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la sentencia de primera instancia que amparó el derecho fundamental a la igualdad y dignidad humana del accionante y ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV aplicar el método Técnico de priorización; o si, por el contrario, debe declararse la carencia actual de objeto por hecho superado, en consideración a que la entidad accionada emitió una respuesta y la puso en conocimiento del accionante antes de proferirse el fallo de primera instancia. | Sí. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal modificará la sentencia de primera instancia respecto al derecho de protección otorgado y adicionará las órdenes impartidas, pues la respuesta emitida por la UARIV NO satisface materialmente los parámetros de información clara, cierta y suficiente exigidos por el precedente constitucional, por lo que NO se ajustó a derecho la negativa inicial de amparar el derecho de petición. | MODIFICA Y ADICIONA | 4/5/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN | Artículos 23, 86, 116 de la Constitución Política; Ley 1755 de 2015; Ley 1448 de 2011; Decreto 2591 de 1991; Decreto 1084 de 2015; Resolución 1049 de 2019; Ley 2213 de 2022 | SU-215 de 2022; SU-125 de 2025; T-561 de 2017; Auto de Seguimiento 331 de 2019; T-205 de 2021; T-377 de 2022; TAQ Rad. 63001-3333-005-2025-00132-01; TAQ Rad. 63001-3333-005-2025-00168-01 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
56 | 63001-3333-007-2026-00128-01 | Accionante: Martín Mosquera Vivas / Accionados: Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del FOMAG y Municipio de Armenia - Secretaría de Educación | ACCIÓN DE TUTELA | PENSION DE JUBILACION | Seguridad social > Pensiones > Docentes > Inclusión en nómina > Debido proceso > Adulto mayor > Eficacia de los mecanismos ordinarios | ¿Debe revocarse la sentencia proferida el 20 de mayo de 2026 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia, que declaró la improcedencia de la acción de tutela?. Adicionalmente, se analizará si ¿debe protegerse el derecho de petición del actor, cuya vulneración fue alegada en el escrito de impugnación? | Sí. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío revocará el fallo, pues por las particularidades del caso, el ámbito de protección de los derechos invocados se subsume al debido proceso y a la seguridad social, correspondiéndole a la Fiduprevisora S.A. actuar en pro de salvaguardarlo, por lo que la decisión de improcedencia NO se ajustó a derecho. | REVOCA | 19/6/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN | Artículos 11, 23, 46, 86, 116 de la Constitución Política; Decreto 2591 de 1991; Decreto 1272 de 2018 artículos 2.4.4.2.3.2.4 a 2.4.4.2.3.2.9; Decreto Ley 656 de 1994 artículo 19; Ley 1276 de 2009; Artículo 192 del CPACA | SU-215 de 2022; SU-125 de 2025; T-571 de 2015; T-471 de 2017; SU-588 de 2016; SU-023 de 2015; T-013 de 2020; T-426 de 2018; T-470 de 2025 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
57 | 63001-2333-000-2026-00017-00 | Accionante: JUAN CARLOS VILLADA CASTILLO / Accionado: JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO DE PETICIÓN | PROCEDENCIA DEL DERECHO DE PETICIÓN > REGLAMENTACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN | Corresponde a la Sala determinar en primer lugar si, ¿Se acreditan los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela? y, posteriormente si ¿Se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, atendiendo al hecho que, el Juzgado accionado el 19 de febrero de 2026, esto es, antes de emitirse la presente decisión, contestó la petición elevada por el señor Villada Castillo? | No. No es procedente la tutela (…) En el caso concreto la solicitud de amparo constitucional supera de manera concurrente los siguientes requisitos generales de procedibilidad. (...) la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal declarará la carencia actual de objeto por hecho superado. | CARENCIA ACTUAL DE OBJETO - HECHO SUPERADO | 26/2/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN | Constitución Política art. 86; Ley 1755 de 2015 | Sentencia T-267 de 2017; Sentencia T-172 de 2016; Sentencia T-394 de 2018; Sentencia T-290 de 1993 | ver providencia aquí | |||||||||||||
58 | 63001-2333-000-2026-00018-00 | Accionante: FEDERICO MEJÍA ÁLVAREZ / Accionado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA | ACCIÓN DE TUTELA | IMPROCEDENCIA TUTELA | CONCEPTO DE ACCIÓN DE TUTELA > PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Corresponde a la Sala determinar en primer lugar si, ¿se acreditan los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela? y, posteriormente si ¿se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por el actor? | No. No supera los requisitos de procedibilidad de la tutela. ...En el caso concreto la solicitud de amparo constitucional no supera de manera concurrente los siguientes requisitos generales de procedibilidad. (...) Declarar improcedente la presente acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. | DECLARA IMPROCEDENTE | 26/2/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN | Constitución Política art. 86 | Sentencia C-410 de 2015; Sentencia T-103 de 2019 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
59 | 63-001-33-33-003-2025-00209-01. | Accionante: GABRIEL EMILIO QUICENO ATEHORTÚA / Accionado: INPEC Y OTRO | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO DE PETICIÓN | PROCEDENCIA DEL DERECHO DE PETICIÓN > REGLAMENTACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN | ¿Debe revocarse la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, que amparó el derecho fundamental de petición invocado por la parte actora, con ocasión a la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto los fundamentos que motivaron la interposición de la acción de tutela desaparecieron? | Sí. ...El asunto examinado supera los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela….Entonces, de cara al marco fáctico y jurídico ofrecido, para esta Sala de Decisión emerge certeza consistente en que la entidad cumplió con la carga que le asistía de brindar una respuesta que se acompasara con los pedimentos del actor, en tanto resolvió de fondo sobre la certificación deprecada, la cual, se insiste, según éste mismo afirmó, fue enviada al Juez de Ejecución de Penas que conoce la condena del señor Quiceno. Ante ese escenario, sin necesidad de mayores elucubraciones, se colige que en el sub examine se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, fenómeno jurídico definido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-522 de 2019 que hace referencia a “la satisfacción de lo pedido en la tutela antes de que el Juez constitucional profiera orden alguna, correspondiéndole al Juez constatar en estos casos: (i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu propio, es decir, voluntariamente” (Resaltado fuera del texto original). Al respecto es preciso aclarar que, si bien en otras Salas de Decisión -y, en asuntos de similares matices- se ha resuelto confirmar la decisión de primera instancia, cuando el cumplimiento de la orden se da con posterioridad a la expedición del fallo de tutela de primera instancia, lo cierto es que dicha situación, constituye un aspecto meramente formal que, no desdibuja el hecho de haber desaparecido las causas por las cuales se originó la acción constitucional y, en ese orden de ideas, resulta plausible cualquiera de las dos fórmulas para resolver el asunto, esto es, la que confirma la decisión del a quo o, como en este caso, la que revoca por existir carencia actual de objeto por hecho superado...se colige que en el sub examine se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado. | REVOCA Y DECLARA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO - HECHO SUPERADO | 5/2/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN | Constitución Política arts. 86, 116; Decreto 2591 de 1991 art. 32; Decreto 333 de 2021 | Sentencia SU-215 de 2022; Sentencia SU-125 de 2025; Sentencia SU-522 de 2019 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
60 | 63001-3333-004-2025-00189-01 | Accionante: GERARDO ANTONIO VALENCIA LEÓN / Accionado: UARIV | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO DE PETICIÓN | PROCEDENCIA DEL DERECHO DE PETICIÓN > REGLAMENTACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN | Corresponde a la Sala determinar si debe revocar la sentencia de primera instancia que amparó el derecho fundamental de petición del accionante y ordenó a la entidad accionada emitir una respuesta integral, de fondo, expresa, clara y congruente frente a la solicitud presentada el 14 de julio de 2025, reiterada el 10 de septiembre de 2025, relacionada con la priorización de la indemnización administrativa de una persona con discapacidad, para en su lugar declarar configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, en atención a que la entidad accionada emitió respuesta de fondo y la notificó debidamente al accionante con posterioridad a la sentencia de primera instancia. | Sí. Confirma y adiciona (…) El asunto examinado supera los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. (...) En ese sentido, esta Corporación siguiendo la línea de la jurisprudencia constitucional en casos fáctica y jurídicamente similares, especialmente a través de las Salas Segunda34 y Tercera de Decisión35, ha reiterado, de un lado, que este tipo de respuestas estandarizadas o de trámite no satisfacen el derecho fundamental de petición de las personas víctimas del desplazamiento forzado, quienes, por su condición de especial vulnerabilidad, son titulares de una protección constitucional reforzada. Del otro, ha precisado que la emisión de respuestas posteriores al fallo de tutela, que no resuelven de manera clara, definitiva y oportuna lo solicitado, no da lugar a la declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado, al mantenerse incólume la vulneración del derecho fundamental invocado. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia, específicamente en su numeral primero en cuanto al amparo del derecho fundamental de petición, por cuanto se encuentra acreditado que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no dio respuesta de fondo a la solicitud elevada por el accionante, en la medida en que las contestaciones emitidas no contienen una decisión clara, definitiva y oportuna frente a la priorización y pago de la indemnización administrativa ya reconocida. En ese mismo sentido, no se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la respuesta allegada con posterioridad al fallo de primera instancia fue proferida en el marco del trámite constitucional y en cumplimiento de una orden judicial, y además no superó la vulneración alegada, al limitarse a emitir una comunicación de carácter informativo que no satisfacen los estándares constitucionales reforzados del derecho fundamental de petición, aplicables a las personas víctimas del desplazamiento forzado. De la misma manera, la Sala adicionará la orden contenida en el numeral segundo de la sentencia impugnada, en el sentido de disponer que la entidad accionada señale de manera expresa un plazo aproximado y el orden o turno en el que el accionante recibirá el pago de la indemnización administrativa reconocida mediante la Resolución No. 04102019-2016077 del 8 de marzo de 2024, derivada del hecho victimizante del desplazamiento forzado, a fin de garantizar una respuesta material, completa y acorde con el núcleo esencial del derecho fundamental de petición. Finalmente, la Sala considera pertinente exhortar al despacho de primera instancia, en cuanto el fundamento principal de su decisión se apoyó en un decisión emanada de la Corte Suprema de Justicia, sin advertir que, tratándose del análisis y protección de derechos fundamentales, y en particular de los derechos de las personas víctimas del desplazamiento forzado, existe una línea jurisprudencial clara, reiterada y consolidada de la Corte Constitucional, órgano al que la Constitución Política le atribuye la guardia de la integridad y supremacía de la Carta Política, con base en la cual está autorizada para definir el contenido y alcance de los derechos fundamentales (art. 241 de la C.Pol36). En ese sentido, si bien los pronunciamientos de las demás altas cortes resultan orientadores en sus respectivas materias, es la jurisprudencia constitucional la que debe guiar de manera principal la resolución de controversias en sede de tutela, máxime cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, respecto de los cuales la Corte Constitucional ha desarrollado estándares reforzados que deben ser observados de forma preferente por los jueces de la República. (...) | CONFIRMA Y ADICIONA | 12/2/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN | Constitución Política art. 241 | TAQ Sala Segunda, Rad. 2025-00132-01; TAQ Sala Tercera, Rad. 2025-00168-01 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
61 | 63-001-33-33-005-2026-00004-01. | Accionante: OSCAR MORALES MORALES / Accionados: FIDUPREVISORA EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FOMAG Y DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO DE PETICIÓN | PROCEDENCIA DEL DERECHO DE PETICIÓN > REGLAMENTACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN/INCLUSIÓN EN NÓMINA | ¿Debe revocarse la sentencia proferida el 28 de enero de 2026 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, que amparó exclusivamente el derecho de petición, teniendo en cuenta que la Fiduprevisora S.A. está obligada legalmente a informar la fecha exacta en que se llevará a cabo la inclusión en nómina de la Resolución No. 08844 del 04 de diciembre de 2025? Adicionalmente, se analizará si ¿El ámbito de protección que otorga el derecho de petición, reviste de suficiencia para conjurar la vulneración de las garantías fundamentales del actor en virtud sus condiciones particulares? | Sí. Modifica, adiciona y confirma (…) El asunto examinado supera los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. (…) Así las cosas, del marco jurídico y fáctico reseñado, emana que si bien en principio la solicitud que buscaba ampararse era únicamente la que se presentó el 12 de diciembre de 2025 con miras a obtener información relativa a la inclusión en nómina de la Resolución No. 08844 del 04 de diciembre de 2025, lo cierto es que en armonía con lo analizado en el acápite de subsidiariedad, ya que en el sub judice están involucrados además del derecho de petición, garantías fundamentales tales como el debido proceso, la seguridad social, el mínimo vital y la protección de personas de la tercera edad, debe entenderse que el análisis del Juez Constitucional involucra el trámite de reconocimiento pensional de un educador adscrito al FOMAG. Por consiguiente, atendiendo a que el acto administrativo de reconocimiento prestacional ya se expidió, quedó debidamente ejecutoriado y fue enviado paga pago desde el 12 de diciembre de 2025, es diáfano que la Fiduprevisora S.A. ha excedido el plazo de 02 meses contemplado en el art. 2.4.4.2.3.2.9. del Decreto 1278 de 2018, para incluir en nómina de pensionados al accionante y con ocasión a ello, se ampararán los derechos deprecados, ordenándose a la entidad fiduciaria que dentro de un plazo máximo de 48 horas, proceda de conformidad; no se advierte ninguna vulneración por parte del Departamento del Quindío – Secretaría de Educación en las actividades de su competencia, y por tal motivo, habrá de confirmarse el fallo de primer grado respecto a esa temática. Finalmente, no se efectuarán análisis adicionales frente al núcleo esencial del derecho de petición para determinar si es procedente o no que la fiduciaria proporcione una fecha exacta del pago, pues se itera, en el caso particular el derecho de petición se subsume al ámbito de protección del resto de garantías fundamentales estudiadas y además, su vulneración queda conjurada con la orden de amparo que se otorga en segunda instancia. Esto, se aclara, sin perjuicio de que el A-quo pese a los múltiples derechos que fueron invocados en el escrito introductorio, optara por examinar exclusivamente el derecho de petición, en tanto este Tribunal como Juez Constitucional llevó a cabo un estudio integral de las garantías del actor. (...) | MODIFICA, ADICIONA Y CONFIRMA | 26/2/2026 | LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN | Ley 1755 de 2015; CPACA art. 192; Ley 700 de 2001 art. 4; Decreto 1278 de 2018 | Sentencia SU-041 de 2020 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
62 | 63001-3333-002-2026-00045-01 | Accionante: Edilma Marieta Bolaños Narváez / Accionado: COLPENSIONES – NUEVA EPS | ACCIÓN DE TUTELA | CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ | Seguridad social > Pensiones > Calificación de pérdida de capacidad laboral > Debido proceso | ¿Se ajustó a derecho el fallo de primera instancia, mediante el cual se tutelaron los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso administrativo de la accionante y, como consecuencia de ello, se ordenó a COLPENSIONES iniciar, impulsar y garantizar la realización efectiva del trámite de calificación de pérdida de su capacidad laboral de la señora Edilma Marieta Bolaños Narváez, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 y las normas que regulan la materia? | Sí. El Estado y las administradoras de pensiones tienen el deber de garantizar el trámite de calificación de PCL como presupuesto indispensable para el acceso a la seguridad social y la vida digna. | CONFIRMA | 16/4/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA- Sala Quinta de Decisión | Constitución Política, art. 86; Ley 100 de 1993, art. 41 | Sentencia T-760 de 2008 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
63 | 63001-3333-003-2026-00046-01 | Accionante: Henry Hernandez Valencia / Accionado: COLPENSIONES | ACCIÓN DE TUTELA | DEBIDO PROCESO | Derechos fundamentales > Debido proceso administrativo > Cobro coactivo > Notificación | ¿Vulneró Colpensiones el debido proceso al no informar detalladamente el estado de procesos de cobro y omitir notificaciones efectivas de los requerimientos realizados? | Sí. La administración tiene la obligación de informar motivadamente el estado de los trámites y garantizar el derecho de contradicción en procesos de cobro coactivo. | CONFIRMA | 16/4/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA- Sala Quinta de Decisión | Ley 1755 de 2015; Constitución Política, art. 29 | Sentencia T-154 de 2018; Sentencia C-007 de 2017 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
64 | 63001-3333-007-2026-00058-01 | Accionante: Carlos Mario Montoya Mejía / Accionado: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS ARL | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO DE PETICIÓN | Derechos fundamentales > Petición > Salud > ARL > Traslado para citas médicas | ¿Se ajustó a derecho el fallo de primera instancia mediante el cual se negó el amparo constitucional solicitado por el accionante relacionado con ordenar el pago de viáticos al acompañante para su valoración por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez? | Sí.El Tribunal sostendrá la tesis de que el fallo se ajustó a derecho en parte y por ende amerita ser confirmado, pero adicionando un amparo respecto al derecho de petición. | ADICIONA | 16/4/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA- Sala Quinta de Decisión | Constitución Política, art. 23; Ley 1751 de 2015 | Sentencia T-760 de 2008 | ver providencia aquí | |||||||||||||
65 | 63001-2333-000-2026-00034-00 | Accionante: FRANCISCO JAVIER RIVERA GIRALDO / Accionado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO - CRQ y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | ACCIÓN DE TUTELA | Derecho de petición | ACCIÓN DE TUTELA > Derecho de petición > Queja disciplinaria | ¿ La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO y la PROCURADURÍA 14 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE ARMENIA vulneraron los derechos fundamentales de petición y acceso a la información pública ambiental de FRANCISCO JAVIER RIVERA GIRALDO, al no dar respuesta al derecho de petición presentado el día 11 de marzo de 2026, radicado E-2026- 134120? | La respuesta que debe darse al problema jurídico planteado es que se vulneró, parcialmente, el derecho fundamental de petición del accionante, por lo que se hace necesario acceder en parte a la petición de amparo constitucional. | CONCEDE PARCIALMENTE | 14/5/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA | Constitución Política; Decreto 2591 de 1991; Ley 1755 de 2015; Ley 1952 de 2019; Ley 734 de 2002 | Sentencia T-294 de 1997; Sentencia T-457 de 1994; Sentencia T-412 de 2006; Sentencia del 8 de marzo de 2018 (Rad. 68001-23-33-000-2017-01388-01); Sentencia T-973 de 2003 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
66 | 63001-3333-001-2026-00055-01 | Accionante: JAIR GÓMEZ ROMÁN / Accionado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES - SAE | ACCIÓN DE TUTELA | Contrato de arrendamiento | ACCIÓN DE TUTELA > Bienes inmuebles > Contrato de arrendamiento > Improcedencia | ¿Se ajustó a derecho el fallo de primera instancia mediante el cual se negó el amparo constitucional solicitado por el accionante relacionado con ordenar a la SAE dejar sin efectos la comunicación del 11 de marzo de 2026 y cancelar definitivamente la diligencia de desalojo sobre la Finca Pinares, respecto de la cual tiene suscrito un contrato de arrendamiento? | No. El Tribunal sostendrá la tesis de que el fallo debe modificarse, en el sentido de declarar la improcedencia de la acción constitucional incoada. | MODIFICA | 14/5/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA | Constitución Política, art. 86; Decreto 2591 de 1991; Ley 2294 de 2023; Ley 1708 de 2014; Código Civil; Ley 1579 de 2012; Ley 1437 de 2011 | Sentencia T-571 de 2015 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
67 | 63001-3333-003-2025-00210-01 | Accionante: ADA JULIETH PABON BOLAÑOS / Accionado: SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES – SAE | ACCIÓN DE TUTELA | Desalojo | ACCIÓN DE TUTELA > Debido proceso > Medios de policía > Desalojo/Medidas de Protección | ¿Se ajustó a derecho el fallo de primera instancia mediante el cual se negó el amparo constitucional solicitado por la accionante relacionado con la orden de desalojo de la Finca La Ilusión, dispuesta por la SAE? | Sí. El fallo se ajustó a derecho por lo que amerita ser confirmado. (…) Medida de protección a pesar de negarse la tutela. | CONFIRMA | 28/5/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA | Constitución Política, art. 1, 86; Decreto 2591 de 1991; CPACA, art. 75; Ley 388 de 1997, art. 71 | Sentencia SU-016 de 2021; Sentencia T-160 de 2021; Sentencia T-571 de 2015; Sentencia CE del 24 de enero de 2019 (Rad. 25000-23-26-000-2008-10182-01) | Ver providencia aquí | |||||||||||||
68 | 63001-3333-007-2026-00056-01 | Accionante: MARIO RESTREPO / Accionada: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | ACCIÓN DE TUTELA | Hecho superado | ACCIÓN DE TUTELA > Derecho de petición > Hecho superado | ¿Se ajusto a derecho el fallo impugnado? No sin antes determinar: ¿Se configuró dentro del presente asunto la carencia actual de objeto, por hecho superado? | El Tribunal sostendrá la tesis que en efecto se presenta un hecho superado, generando la necesidad de dejar sin efecto lo ordenado en la sentencia. | CARENCIA ACTUAL DE OBJETO – HECHO SUPERADO | 14/5/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA | Constitución Política, art. 23, 29; Decreto 2591 de 1991, art. 19, 30; Ley 1755 de 2015; Decreto 262 de 2000; Resolución 377 de 2022; Ley 472 de 1998 | Sentencia TAQ del 24 de marzo de 2026 (Rad. Sentencia 42) | Ver providencia aquí | |||||||||||||
69 | 63001-3333-007-2026-00082-01 | Accionante: LUZ MARINA MARTINEZ GUZMÁN / Accionado: COLPENSIONES y otros | ACCIÓN DE TUTELA | Seguridad social | ACCIÓN DE TUTELA > Seguridad social > Pensión de sobreviviente > Improcedencia | Le corresponde al Tribunal resolver el siguiente problema jurídico: ¿Se ajustó a derecho el fallo de primera instancia mediante el cual se declaró improcedente el amparo constitucional solicitado por la accionante? | Sí. El Tribunal sostendrá la tesis que el fallo se ajustó a derecho y por ende amerita ser confirmado. | CONFIRMA | 7/5/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA | Ley 1112 de 2006; CGP, art. 276; Decreto 2591 de 1991, art. 30 | Sentencia T-160 de 2021 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
70 | 63001-3333-001-2026-00091-01 | Accionante: TULIO ANCIZAR SÁNCHEZ GARCÍA / Accionada: UGPP | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO DE PETICIÓN | Acción de tutela > Seguridad social > Derecho de petición > Pensión de sobrevivientes > Respuesta de fondo > Traslado por competencia > Procedibilidad | ¿Se ajustó a derecho el fallo de primer grado que amparó el derecho fundamental de petición del accionante? | Sí. La respuesta al anterior problema jurídico es que sí se ajustó a derecho el fallo impugnado. | CONFIRMA | 4/6/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA | Artículos 23, 48, 86 de la Constitución Política; Decreto 2591 de 1991; Ley 1755 de 2015; CPACA artículos 21, 153; Ley 91 de 1989; Ley 717 de 2001 artículo 1 | C-951 de 2014; T-588 de 2003; T-571 de 2015; T-160 de 2021 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
71 | 63001-3333-003-2026-00089-01 | Accionante: LUZ AMANDA ESCOBAR ECHEVERRI / Accionado: COLPENSIONES | ACCIÓN DE TUTELA | SEGURIDAD SOCIAL | Acción de tutela > Seguridad social > Pensión de sobrevivientes > Sustitución pensional > Persona con discapacidad > Calificación pérdida capacidad laboral > Debido proceso administrativo | ¿Se ajustó a derecho el fallo de primer grado que amparó los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, debido proceso y protección reforzada de persona en situación de discapacidad disponiendo el trámite de la respectiva sustitución pensional? | Sí. La tesis que sostendrá el Tribunal es que la sentencia impugnada se ajustó a derecho y por tanto debe confirmarse. | CONFIRMA | 4/6/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA | Artículos 48, 86 de la Constitución Política; Decreto 2591 de 1991 | T-106 de 1993; SU-588 de 2016; T-160 de 2021; T-571 de 2015; T-575 de 2017 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
72 | 63001-3333-003-2026-00101-01 | ccionante: JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ MORENO (Agente oficiosa: ALBA LUCÍA MORENO ROJAS) / Accionada: NUEVA EPS | ACCIÓN DE TUTELA | DERECHO A LA SALUD | Acción de tutela > Derecho a la salud > Trasplante renal > Transporte intermunicipal > Acompañante > Tratamiento integral > Continuidad del servicio | ¿Se ajustó a derecho el amparo dispuesto por la primera instancia en favor del accionante y especialmente la orden impartida al HOSPITAL SAN VICENTE FUNDACIÓN RIONEGRO en el sentido de reprogramar las citas no cumplidas? | Sí. La tesis que sostendrá la Sala es que la sentencia se ajustó a derecho y, por tanto, se confirmará la sentencia impugnada. [No obstante, se modificará su redacción para aclarar que la NUEVA EPS debe liderar la gestión]. | CONFIRMA | 19/6/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA | Artículos 49, 86 de la Constitución Política; Decreto 2591 de 1991; Resolución 2764 de 2025 | SU-508 de 2020; T-407 de 2024; T-122 de 2021; T-277 de 2022 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
73 | 63001-3333-006-2026-00110-01 | Accionante: William Rodríguez Herrera / Accionados: Colpensiones – Porvenir S.A. | ACCIÓN DE TUTELA | HISTORIA LABORAL | Acción de tutela > Seguridad social > Historia laboral > Anulación de aportes > Pensión de vejez > Habeas data > Mínimo vital | Le corresponde al Tribunal resolver el siguiente problema jurídico: ¿Se ajustó a derecho el fallo de primera instancia mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela? | Sí. Se confirmará la sentencia impugnada que declaró improcedente la acción de tutela [por existir otros medios de defensa judicial]. | CONFIRMA | 19/6/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA | Constitución Política artículos 86, 23, 29, 48, 49; Decreto 2591 de 1991 artículos 19, 30; Ley 100 de 1993; Ley 2381 de 2024 artículo 76 | Corte Constitucional, Sala Séptima de revisión, MP. Paola Andrea Meneses Mosquera, Sentencia T 048 del 10 de febrero de 2025, Ref: Expediente T-10.464.683 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
74 | 63001-2333-000-2026-00004-00 | Accionante: HECTOR VILLARRAGA ARIAS / Accionado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA | ACCIÓN DE TUTELA | IMPROCEDENCIA TUTELA | ACCIONES CONSTITUCIONALES > CONCEPTO DE ACCIÓN DE TUTELA > PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/LEVANTA MEDIDA PROVISIONAL/(Tutela respecto a un proceso contencioso administrativo que culminó con sentencia ejecutoriada. Se declara su improcedencia.) | ¿Hay lugar a amparar los derechos fundamentales a debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia, seguridad social, mínimo vital, vida digna y habeas data del accionante, vulnerados presuntamente por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia y Colpensiones, al no haberse realizado la notificación de la demanda y del auto proferido el 21 de enero de 2020 a la dirección barrio Guaduales de la Villa, sector 1, Manzana 2 Casa 35 de Armenia en aras de poder ejercer su derecho de defensa dentro del proceso radicado 63001-33-33-001-2019-00318-00? | No. No tutela. Tutela improcedente. (…) La tesis que sostendrá el Tribunal es que la tutela de la referencia resulta improcedente. (…) Las condiciones personales del accionante, edad avanzada y situación de salud (cáncer), en las circunstancias expuestas, no alcanzan a validar la procedencia de la acción de tutela intentada, toda vez que, de alguna manera se observa que el interesado sí tuvo la posibilidad en su momento de conocer el curso del proceso contencioso administrativo, y si no fue así, pudo contar, de todas maneras, con una profesional del derecho, que asumió su defensa. En síntesis, acogiendo el concepto del Ministerio Público, se declarará la improcedencia de la acción de tutela interpuesta, en virtud de que se está utilizando como un mecanismo alternativo, ante el no ejercicio a tiempo de los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el proceso contencioso administrativo. De igual manera, ante ello, se levantará la medida cautelar prevista al inicio de esta actuación. | DECLARA IMPROCEDENTE TUTELA | 5/2/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA | Decreto 758 de 1990; CPACA art. 200; CGP art. 291; Decreto 806 de 2020 art. 10 | Sentencia T-160 de 2021 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
75 | 63001-2214-000-2026-00019-00 | Accionante: LEIDDY VIVIANA BARRETO ROMERO y otros / Accionado: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CALDAS | ACCIÓN DE TUTELA | SITIO DE TRABAJO | ACCIONES CONSTITUCIONALES > CONCEPTO DE ACCIÓN DE TUTELA > PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL (Residencia en lugar diferente al sitio de trabajo. Se ampara el derecho al debido proceso, la unidad familiar y salud.) | Le corresponde al Tribunal resolver: ¿Se vulneraron derechos fundamentales de los accionantes al negarle, el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CALDAS, a la señora LEYDDY VIVIANA BARRETO ROMERO la posibilidad de residir fuera del distrito judicial en el que labora, concretamente en el municipio de Calarcá, Quindío? | Sí. Sí se vulneraron los derechos. (...)La respuesta que debe darse al problema jurídico planteado es que en efecto se vulneraron derechos fundamentales que ameritan un amparo provisional.(...)le corresponde cumplir con su deber de: o residir en el Distrito respectivo o en un lugar de fácil e inmediata comunicación... la renovación del permiso, bajo el principio de confianza legítima, resultaba en efecto viable. | CONCEDE - AMPARA | 26/2/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA | Ley 2430 de 2024 art. 76; Ley 270 de 1996 art. 153; Ley 270 de 1996 art. 101; Acuerdo PCSJA24 – 12151 | Sentencia C-410 de 2015; Sentencia T-103 de 2019 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
76 | 63001-3333-004-2025-00186-01 | Accionante: JAIRO GARCÍA OCAMPO / Accionado: FONPET y otros | ACCIÓN DE TUTELA | BONO PENSIONAL | RÉGIMEN PENSIONAL > LIQUIDACIÓN DEL BONO PENSIONAL > EXPEDICIÓN DEL BONO PENSIONAL/INMEDIATEZ PRESENTACIÓN TUTELA/(Acción de tutela para la obtención de bono pensional). | ¿Se ajustó a derecho el fallo de primera instancia, que declaró procedente el mecanismo constitucional para el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y mínimo vital del accionante? | Sí. Sí confirma. (…) El Tribunal sostendrá la tesis que el fallo se ajustó a derecho, por lo que amerita ser confirmado. (...) | CONFIRMA | 5/2/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA | Resolución No. 051 de 2023; Ley 549 de 1999 art. 3; Decreto 1748 de 1995; Decreto 1158 de 1994; Decreto 1299 de 1994 art. 16 | CC, Sala Tercera de revisión, Sentencia T 459 del 15 de julio de 1992, MP. José Gregorio Hernández Galindo, Ref. Expediente T-1491. | Ver providencia aquí | |||||||||||||
77 | 63001-3333-006-2025-00211-01 | Accionante: CESAR ALBERTO ALVARINO CELIS y otros / Accionado: IDEAM | ACCIÓN DE TUTELA | ESTABILIDAD LABORAL | CARRERA ADMINISTRATIVA > ESTABILIDAD LABORAL > REUBICACIÓN DEL EMPLEADO | ¿Se ajustó a derecho el fallo de primera instancia, mediante el cual se ampararon los derechos del señor CESAR ALBERTO ALVARINO, y ordenó a la accionada efectuar las adecuaciones que sean del caso para que el accionante pueda cumplir las funciones propias del cargo respecto al cual ostenta derechos de carrera u otro de igual o similar jerarquía en el municipio de Armenia, hasta que se resuelva de manera definitiva tanto en sede judicial como administrativa? | Si. Si Revoca. Declara improcedente y exhorta. (…) En síntesis, la acción de tutela resulta improcedente, por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad y en consecuencia se revocará el fallo impugnado que accedió al amparo.(…) | REVOCA Y EXHORTA | 19/2/2026 | LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA | Decreto 1083 de 2015 art. 2.2.6.29; Resolución 1584 de 2025; Resolución 1570 de 2025; Resolución 1305 de 2018 | C.C. T-468 de 2020 | Ver providencia aquí | |||||||||||||
78 | 63001-3333-007-2026-00140-01 | Accionante: Oswaldo Montilla Truque. Accionados: Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES; Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal – UGPP; Superintendencia Financiera de Colombia. | Acción de tutela | Corrección de historia laboral, acreditación de aportes pensionales pagados extemporáneamente y subsidiariedad de la tutela. | ACCIÓN DE TUTELA; HISTORIA LABORAL; APORTES PENSIONALES; CORRECCIÓN DE HISTORIA LABORAL; CÁLCULO ACTUARIAL; DERECHO DE PETICIÓN; PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD; PERJUICIO IRREMEDIABLE; PROCESO ORDINARIO LABORAL; HABEAS DATA; MÍNIMO VITAL. | ¿Se ajustó a derecho el fallo de primera instancia mediante el cual se amparó el derecho de petición del accionante y se declaró improcedente la acción de tutela frente a lo demás? | Sí. El fallo se ajustó a derecho por lo que amerita confirmarse. La acción ordinaria laboral es el mecanismo idóneo y eficaz para controvertir la corrección o actualización de la historia laboral; la definición sobre la validez e imputación de los aportes extemporáneos exige un análisis técnico, financiero y probatorio que excede el trámite sumario de la tutela, sin que se acreditara un perjuicio irremediable. | PRIMERO: Confirmar la Sentencia 105, proferida en primera instancia el 3 de junio de 2026 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia, mediante la cual se amparó el derecho de petición y se declaró improcedente la acción de tutela frente a las demás pretensiones. SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. TERCERO: Háganse las anotaciones correspondientes en el programa "SAMAI” | 9 de julio de 2026 | Luis Javier Rosero Villota | Constitución Política, arts. 15, 29, 48 y 86; Decreto 2591 de 1991, arts. 1 y 30; Ley 100 de 1993, art. 33; Ley 797 de 2003; Decreto 1296 de 2022; Ley 2381 de 2024, art. 8 num. 5. | Cita Corte Constitucional: T-160 de 2021; T-571 de 2015; SU-016 de 2021; T-034 de 2021; T-048 de 2025; T-311 de 2023; T-411 de 2023. Cita Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral: SL 34270 de 2008. | 63001-3333-007-2026-00140-01 | |||||||||||||
79 | 63001-2333-000-2026-00062-00 | Accionante: Luis Carlos González Jiménez. Accionado: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia. Vinculados: Nación – Ministerio de Educación Nacional; Rosa del Carmen Restrepo Torres; Luz Elena Tabares García; Sandra Liliana Arango Marín; María Lida Marulanda Sepúlveda. | Acción de Tutela | Tutela contra autos que tuvieron por no contestadas cuatro demandas de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del Municipio de Armenia y negaron personería al apoderado por no aportar copia de la cédula de ciudadanía y de la tarjeta profesional; configuración de defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. | ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES; REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA; REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD; DEFECTO PROCEDIMENTAL; EXCESO RITUAL MANIFIESTO; DEBIDO PROCESO; ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA; DERECHO DE DEFENSA TÉCNICA; DERECHO DE POSTULACIÓN; PODER ESPECIAL; RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA; CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA; REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS (SIRNA); TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO; PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL; PRINCIPIO DE BUENA FE; EXPEDIENTE ELECTRÓNICO; LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DEL APODERADO. | Corresponde a la Sala determinar si el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del accionante al negarle el reconocimiento de personería para representar al municipio de Armenia y tener por no contestadas, respecto de dicha municipalidad, cuatro contestaciones de demandas presentadas oportunamente, por no haberse acompañado copia de la cédula de ciudadanía y de la tarjeta profesional de abogado. | Sí. La Sala concluye que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, comoquiera que la aportación de copias de la cédula de ciudadanía y de la tarjeta profesional no constituía un requisito de validez de los poderes ni de las contestaciones de las demandas; los documentos allegados identificaban suficientemente al profesional; su inscripción y vigencia podían consultarse en SIRNA; y, ante cualquier duda, el despacho debía efectuar esa verificación o solicitar una aclaración, en vez de tener por no contestadas las demandas. En consecuencia, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del accionante, se dejarán parcialmente sin efectos los autos del 20 de marzo y 10 de junio de 2026 y se ordenará al juzgado verificar la condición del profesional en SIRNA y adoptar nuevas decisiones que reconozcan personería y atribuyan efectos a las contestaciones presentadas oportunamente, sin supeditar esas determinaciones a la aportación de las copias documentales cuestionadas. | Primero: Ampara los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Luis Carlos González Jiménez. Segundo: Deja parcialmente sin efectos los autos del 20 de marzo y 10 de junio de 2026 proferidos en los procesos 63001-33-33-002-2024-00232-00, -00244-00, -00248-00 y -00254-00. Tercero: Ordena al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia que, dentro de los cinco (5) días siguientes, consulte el SIRNA y profiera nuevas providencias reconociendo personería y teniendo por contestadas oportunamente las demandas por el Municipio de Armenia. Cuarto: Previene al juzgado para que en lo sucesivo se abstenga de privar de efectos actuaciones por falta de copias de documentos de identificación profesional verificables en el registro oficial. | 17 de julio de 2026 | Alejandro Londoño Jaramillo | Constitución Política, arts. 2, 6, 29, 83, 86, 121, 228 y 229; Decreto 2591 de 1991, arts. 1, 5, 6, 8, 10, 30, 31, 37 y 42; Decreto 1069 de 2015, art. 2.2.3.1.2.1 num. 5, modificado por el Decreto 333 de 2021; Código General del Proceso, arts. 73, 74 y 75; Ley 2213 de 2022, art. 5; Decreto 196 de 1971, art. 22; Ley 1437 de 2011 (CPACA), arts. 159 y 243. | Cita Corte Constitucional, Sentencias T-032 de 2020 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), C-980 de 2010, T-1093 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), SU-282 de 2019 (M.S. Gloria Stella Ortiz Delgado), T-198 de 2018, C-330 de 2000, T-268 de 1996, SU-061 de 2018 y SU-418 de 2019; Consejo de Estado, sentencia de 26 de junio de 2026, rad. 11001-03-15-000-2026-03400-00, C.P. Zoranny Castillo Otálora. | 000-2026-00062-00 Tutela.pdf | |||||||||||||
80 | 63001-2333-000-2026-00060-00 | Accionante: Carlos Arnoby Ocampo Toro. Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia. | Acción de Tutela – Sentencia de primera instancia (tutela contra autoridad judicial por omisión). | Carencia actual de objeto por hecho superado en tutela promovida por auxiliar de la justicia (secuestre) para que el juzgado accionado resolviera el incidente de liquidación de honorarios definitivos radicado el 14 de enero de 2025, el cual fue impulsado mediante auto del 2 de julio de 2026 durante el trámite constitucional; distinción entre derecho de petición ante autoridades judiciales y derecho de postulación. | ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDADES JUDICIALES; OMISIÓN JUDICIAL; MORA JUDICIAL; DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES JUDICIALES; DERECHO DE POSTULACIÓN; PETICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL; IMPULSO PROCESAL; ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA; MÍNIMO VITAL; AUXILIARES DE LA JUSTICIA; SECUESTRE; HONORARIOS DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA; INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS; CONGESTIÓN JUDICIAL; CARENCIA ACTUAL DE OBJETO; HECHO SUPERADO; SUBSIDIARIEDAD; INMEDIATEZ; LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. | Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a amparar el derecho fundamental de petición, mínimo vital y acceso a la administración de justicia, incoados como vulnerados por la parte actora, o si, por el contrario, se cumplen los supuestos jurisprudenciales para declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. | No. Esta Corporación considera que se cumple con los supuestos descritos por la jurisprudencia constitucional para declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. Lo anterior en virtud a que el día 2 de julio del 2026 el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia profirió providencia dentro del incidente de liquidación de honorarios promovido por el accionante, siendo el impulso del asunto y el conocimiento de las actuaciones impartidas el objeto de la acción promovida. (…) En línea con lo expuesto, se encuentra probado que, con las decisiones proferidas por el despacho judicial accionado, lo solicitado por el accionante quedó satisfecho, máxime si se tiene en cuenta que al juez de tutela le está vedado establecer el sentido de decisiones judiciales que están en curso o en términos de ejecutoria dentro de un proceso ordinario. EN CONCLUSIÓN, la Corporación declarará la carencia actual de objeto por hecho superado al verificar que el propósito de la acción constitucional promovida quedó superado en el trámite de la misma. | Primero: Declara la carencia actual de objeto por hecho superado. Segundo: Notificación conforme al art. 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Impugnable dentro de los tres (3) días siguientes; de no impugnarse, remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. Cuarto: Anotaciones en SAMAI. | 9 de julio de 2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Constitución Política, arts. 4, 23 y 86; Decreto 2591 de 1991, arts. 5, 6, 10, 30, 31, 37 y 42; Ley 1755 de 2015; Ley 1564 de 2012 (CGP), art. 121. | Cita Corte Constitucional, Sentencias SU-077 de 2018, SU-108 de 2018, SU-391 de 2016, T-307 de 2017, T-277 de 2015, T-219 de 2012, T-155 de 2025, SU-075 de 2018, T-462 de 2022, T-233 de 2023, SU-394 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), T-394 de 2018 (M.P. Diana Fajardo Rivera), T-012 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-377 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-1160A de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-191 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-173 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio), T-211 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), C-951 de 2014 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez), T-332 de 2015 (M.P. Alberto Rojas Ríos), C-818 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), SU-333 de 2020 (M.P. Alberto Rojas Ríos), T-311 de 2013, T-172 de 2016, T-044 de 2019, C-007 de 2017, C-007 de 2014, T-002 de 2024, SU-655 de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos), SU-522 de 2019 (M.P. Diana Fajardo Rivera), T-009 de 2019 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), T-533 de 2009 y T-585 de 2010 (M.P. Humberto Sierra Porto), SU-225 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada), T-216 de 2018 (M.P. Diana Fajardo Rivera), T-403 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido) y SU-124 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). | 000-2026-00060-00 Tutela.pdf | |||||||||||||
81 | 63-001-33-33-002-2026-00149-01 | Accionante: Nidia Amparo Realpe Tabares (en nombre propio). Accionados: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones (impugnante); Nueva EPS. | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de Colpensiones). | Derecho de petición radicado por correo electrónico institucional no habilitado como canal oficial de PQRS: la respuesta automática que remite al ciudadano a los canales oficiales no exonera a la entidad del deber de tramitar la petición o remitirla a la dependencia competente (art. 61 CPACA, mod. art. 14 Ley 2080 de 2021; Decreto 19 de 2012), pues cualquier medio tecnológico habilitado por la entidad que funcione como puente de comunicación puede usarse para ejercer el derecho de petición (T-230 de 2020); peticionaria adulta mayor de 66 años. | DERECHO DE PETICIÓN; NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICIÓN; PRONTA RESOLUCIÓN; RESPUESTA DE FONDO, CLARA, PRECISA Y CONGRUENTE; NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA; CANALES DE ATENCIÓN; PETICIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS; CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL; RESPUESTA AUTOMÁTICA; DEBER DE REMISIÓN A LA DEPENDENCIA COMPETENTE; RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS; RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES; ADULTO MAYOR; SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL; PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES; DESCUENTOS POR SALUD; AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD; RELEVANCIA CONSTITUCIONAL; SUBSIDIARIEDAD; INMEDIATEZ; LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA; COLPENSIONES; NUEVA EPS. | Le corresponde a la Sala Cuarta de Decisión de este Tribunal como Juez constitucional dilucidar si: ¿Debe revocarse la sentencia proferida el 12 de junio de 2026 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia, que amparó el derecho fundamental de petición invocado por la parte actora, con ocasión de los argumentos expuestos en su impugnación por la apoderada judicial de Colpensiones? | No. 4.4. La Sala confirmará la sentencia recurrida, por encontrar que las tuteladas, sí se encontraban en la obligación de tramitar el derecho de petición radicado por la actora. (…) Al respecto -y para resolver el argumento de disenso de la impugnación-, para esta Sala no es de recibo lo argumentado por la Administradora Colombiana de Pensiones al afirmar que no se encuentra en la obligación de dar respuesta de fondo a la petición elevada por la ahora tutelante, como quiera que ésta no fue interpuesta en uno de los canales establecidos por dicha entidad para la recepción de peticiones. Lo citado como quiera que, una vez recibida la petición, la Administradora se encuentra en la obligación de tramitar o en su defecto remitir a la sección o dependencia competente el derecho de petición objeto de la discusión, en acatamiento a las previsiones del art. 61 del CPACA modificado por el art. 14 de la Ley 2020 de 2021 y el art. 1° de la Ley del Decreto 19 de enero de 2012 (…). En adición a lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que la formulación de peticiones puede realizarse por cualquier medio tecnológico disponible en la entidad pública, por lo que no se limita a unos canales específicos para permitir el ejercicio del derecho de petición. (…) En consecuencia, para esta Corporación, las tuteladas sí se encontraban en la obligación de tramitar o, en su defecto, remitir a la dependencia correspondiente la petición de la actora quien, dicho sea de paso, es una adulta mayor –en razón a que cuenta con 66 años-. Por todo lo anterior, se confirmará lo decidido por la Juez de Primera Instancia. | Primero: Confirma la sentencia del 12 de junio de 2026 que amparó el derecho fundamental de petición (el resolutivo la atribuye al «Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia»). Segundo: Notificación a las partes y al Ministerio Público. Tercero: Remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. | 3 de julio de 2026 | Luis Carlos Marín Pulgarín | Constitución Política, arts. 23, 86 y 116; Decreto 2591 de 1991, art. 32; Decreto 333 de 2021; Ley 1437 de 2011 (CPACA), art. 61 (mod. art. 14 Ley 2080 de 2021); Decreto Ley 19 de 2012, art. 1; Ley 1251 de 2008. | Cita Corte Constitucional, Sentencias SU-215 de 2022, SU-125 de 2025, T-160 de 2021, T-571 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-426 de 1992, T-167 de 2013, T-332 de 2015, T-051 de 2023, C-007 de 2017, T-230 de 2020 y SU-109 de 2022 (adulto mayor). | 002-2026-00149-01 Tutela dr lcmp.pdf | |||||||||||||
82 | 63001-33-33-006-2026-00171-01 | Accionante: Johana Andrea Torres Palomar (docente). Accionados: Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG (impugnante); E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios. Vinculada (desvinculada en primera instancia): IPS Clínica La Sagrada Familia S.A.S. | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de Fiduprevisora S.A. – FOMAG) (Sentencia No. 139). | Derecho a la salud y principio de continuidad en el régimen especial del Magisterio: la terminación o inexistencia del vínculo contractual con la IPS en la que el médico tratante ordenó los procedimientos quirúrgicos ginecológicos no justifica exigir una nueva valoración y trasladar a la paciente a otro prestador, porque los conflictos contractuales o administrativos no pueden trasladarse al usuario (T-422 de 2024, T-252 de 2024, T-185 de 2024); la simple indicación de un nuevo prestador no satisface la obligación de garantizar el acceso efectivo; además, la afirmación de la Fiduprevisora quedó desvirtuada, porque la E.S.E. Hospital San Juan de Dios sí integra la red complementaria de prestadores del FOMAG, por lo que la negativa constituyó una barrera administrativa injustificada y una información errónea contraria a la buena fe y a la confianza legítima; la libre escogencia de IPS está limitada a la red contratada, pero admite excepciones; procedencia del tratamiento integral conforme a lo prescrito por el médico tratante. | DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD; INTEGRIDAD PERSONAL; DIGNIDAD HUMANA; PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE SALUD; PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD; PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD; TRATAMIENTO INTEGRAL; ORDEN DEL MÉDICO TRATANTE; PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO; RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MAGISTERIO; FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO; FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.; RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD; RED COMPLEMENTARIA; MODIFICACIÓN DE LA RED DE PRESTADORES; TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON LA IPS; CONFLICTOS CONTRACTUALES O ADMINISTRATIVOS NO OPONIBLES AL USUARIO; BARRERAS ADMINISTRATIVAS DE ACCESO; NUEVA VALORACIÓN MÉDICA INJUSTIFICADA; LIBRE ESCOGENCIA DE IPS; EXCEPCIONES A LA ATENCIÓN DENTRO DE LA RED; PRINCIPIO DE BUENA FE; CONFIANZA LEGÍTIMA; INFORMACIÓN ERRÓNEA DE LA ENTIDAD; HECHO SUPERADO; LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA IPS. | El Tribunal deberá resolver, si en el presente asunto, ¿Se vulneran los derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal y a la dignidad humana de la señora JOHANA ANDREA TORRES PALOMAR por parte de la FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO – FOMAG y la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS, al no autorizar, programar y realizar los procedimientos médicos consistentes en “Histerectomía Abdominal Total” y “Salpingectomía Bilateral Total por Laparotomía” prescritos por el médico tratante y que requiere la accionante? | Sí. Si bien las entidades administradoras del servicio de salud tienen la facultad de organizar y modificar su red de prestadores, dicha potestad encuentra límites en la garantía efectiva de los derechos fundamentales de los usuarios. (…) Bajo ese entendimiento, se reitera que la accionante cuenta con órdenes médicas especializadas para la práctica de una intervención quirúrgica necesaria para el manejo de su patología ginecológica, sin embargo, la respuesta suministrada por la FIDUPREVISORA se limitó a informar la terminación del vínculo contractual con la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS y a indicar un nuevo prestador de servicios, sin demostrar que los procedimientos requeridos hubiesen sido efectivamente autorizados, programados o garantizados dentro de un término razonable. Tal actuación resulta contraria a los principios de continuidad y oportunidad desarrollados por la Corte Constitucional, pues la simple remisión de la usuaria a otra institución no satisface la obligación constitucional de asegurar el acceso real y efectivo al tratamiento ordenado. (…) Así las cosas, la Sala encuentra que la afirmación de la entidad accionada según la cual la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS no contaba con contrato vigente para la atención de los afiliados al FOMAG carece de respaldo probatorio y fue desvirtuada dentro del expediente, toda vez que se acreditó que dicha institución sí forma parte de la red complementaria de prestadores habilitada para la prestación de servicios de salud a los usuarios del magisterio, en consecuencia, la conducta desplegada por la accionada constituyó una barrera administrativa injustificada que comprometió la prestación oportuna de los servicios prescritos por el médico tratante. Como corolario, la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante no deriva únicamente de la demora en la autorización y programación de los procedimientos prescritos, sino también de la información errónea suministrada por la entidad accionada, la cual tuvo la potencialidad de impedir o dilatar injustificadamente el acceso oportuno al tratamiento ordenado por el médico especialista. (…) Teniendo en cuenta lo expuesto, se CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia (…). | Primero: Confirma la sentencia del 14 de julio de 2026 del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, que amparó los derechos a la salud, integridad personal y dignidad humana, y ordenó al FOMAG – Fiduprevisora S.A. realizar en 48 horas las actuaciones administrativas y presupuestales necesarias para la valoración preanestésica y la práctica de las cirugías ordenadas en la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, sin exigir nuevas valoraciones ni renovación de órdenes, y a la E.S.E. programarlas y ejecutarlas una vez asegurada la financiación; desvinculó a la IPS Clínica La Sagrada Familia S.A.S. Segundo: Notificación conforme al art. 30 del Decreto 2591 de 1991; no procede recurso; copia al juzgado de origen para verificar el cumplimiento; remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. Cuarto (sic): Anotaciones en SAMAI. | 6 de agosto de 2026 (Sentencia No. 139) | Luis Carlos Alzate Ríos | Constitución Política, arts. 1, 48, 49 y 86; Decreto 2591 de 1991, arts. 30, 31 y 32; Decreto 1069 de 2015, arts. 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 (mod. Decreto 333 de 2021); Ley Estatutaria 1751 de 2015, arts. 1, 2 y 6 lit. h); Ley 100 de 1993, arts. 153 nums. 3 y 3.12, 156 lit. c), 159 nums. 3 y 4 y 279; Ley 91 de 1989; Ley 60 de 1993, art. 6; Acuerdo 04 de 2004 (Plan Integral de Salud del Magisterio); Ley 527 de 1999; Decreto 2364 de 2012; Ley 1437 de 2011 (CPACA), art. 186. | Cita Corte Constitucional, Sentencias T-983 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-585 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-883 de 2008, T-013 de 2007, SU-975 de 2003 y T-066 de 2002 (acción u omisión vulneradora); T-361 de 2014, T-184 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-859 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-060 de 2007, T-148 de 2007, T-076 de 2008, T-631 de 2007, T-837 de 2006, T-016 de 2007 y C-313 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) (salud como derecho fundamental autónomo); T-406 de 1993, T-170 de 2002, T-777 de 2004, T-239 de 2009, T-797 de 2009, SU-562 de 1999, T-224 de 2005, T-656 de 2005, T-270 de 2005, T-508 de 2005, T-064 de 2006 y T-438 de 2007 (principio de continuidad); T-395 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-494 de 1993, T-1239 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-224 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-414 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-1384 de 2000, T-365A de 2006 y T-736 de 2004 (vida digna y seguridad social); T-612 de 2014, T-576 de 2008, T-518 de 2006, T-830 de 2006, T-136 de 2004, T-319 de 2003, T-133 de 2001, T-122 de 2001, T-079 de 2000, T-307 de 2007, T-103 de 2009, T-022 de 2011, T-139 de 2011 y T-922 de 2009 (principio de integralidad); T-348 de 1997, C-461 de 1995, C-173 de 1996, C-665 de 1996, C-654 de 1997 y T-050 de 2023 (régimen especial del Magisterio); T-136 de 2021, T-519 de 2014, T-422 de 2024, T-413 de 2020, T-171 de 2015 y T-745 de 2013 (libre escogencia de IPS y sus excepciones); T-252 de 2024 y T-185 de 2024 (continuidad y conflictos contractuales no oponibles al usuario); T-268 de 2023 (valor de la orden del médico tratante). | 006-2026-00171-01 Tutela.pdf | |||||||||||||
83 | 63001-3333-003-2026-00173-01 | Accionante: María Aleyda Zapata de Angulo (en nombre propio). Accionada: Agencia Nacional de Tierras – ANT (impugnante). | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la ANT). | Derecho de petición y remisión por competencia: la respuesta en la que la autoridad informa su falta de competencia y remite la petición a la autoridad competente (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, art. 14 Decreto 2365 de 2015) no es una respuesta de fondo ni configura hecho superado, pero tampoco vulnera el derecho de petición, pues los términos para responder se cuentan desde la recepción por la autoridad competente (art. 21 CPACA); aunque la remisión fue extemporánea, no procede exigir una respuesta de fondo a quien legalmente no es competente; la Sala sí verificó la notificación electrónica del oficio de respuesta (contrario a lo afirmado por la a quo) y hace un llamado de atención a la ANT; la Sala se aparta del concepto del Ministerio Público. | DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN; NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICIÓN; FORMULACIÓN DE LA PETICIÓN; PRONTA RESOLUCIÓN; RESPUESTA DE FONDO, CLARA, PRECISA, CONGRUENTE Y CONSECUENTE; NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA; NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA; FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA; REMISIÓN DE LA PETICIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE; ARTÍCULO 21 DEL CPACA; TÉRMINO DE CINCO DÍAS PARA REMITIR; CÓMPUTO DE TÉRMINOS DESDE LA RECEPCIÓN POR LA AUTORIDAD COMPETENTE; LEY 1755 DE 2015; CARENCIA ACTUAL DE OBJETO; HECHO SUPERADO; AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS; MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL; DECRETO 2365 DE 2015; ADQUISICIÓN DE PREDIOS; SUBSIDIARIEDAD; INMEDIATEZ; LLAMADO DE ATENCIÓN. | Le corresponde a la Sala determinar si se debe revocar o confirmar la sentencia de primera instancia mediante la cual se tuteló el derecho fundamental de petición de la accionante. Para tal efecto, se deberá constatar si ¿La respuesta dada a la accionante por la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, el día 8 de julio de 2026 en la que informó la remisión por competencia al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de su petición, se enmarca en los parámetros establecidos para la configuración de la carencia actual de objeto por un hecho superado?. | No. Esta Corporación considera que debe revocarse la decisión de primera instancia para negar las pretensiones de la Tutelante. Lo anterior ya que si bien se pudo corroborar – contrario a lo afirmado por la a quo – que la ANT el día 8 de julio de 2026 expidió y notificó vía electrónica el Oficio No. 202640001248791 a la señora María Aleyda, dicho pronunciamiento no dio respuesta de fondo a la solicitud elevada el 5 de marzo de 2026, sino que informó su imposibilidad legal de hacerlo con la consecuente remisión de la petición al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por ser el competente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Decreto 2365 de 2015. En tal sentido y si bien la remisión por competencia se hizo por fuera del término previsto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, con dicha remisión el trámite para resolver el derecho de petición de la accionante se encuentra dentro del tiempo previsto por el Legislador, luego no es procedente tutelar el derecho fundamental invocado y menos forzar o exigir una respuesta de fondo a quien legalmente considera que no tiene competencia para hacerlo. (…) circunstancia que no se enmarca en los parámetros establecidos para la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado. Sumado a lo anterior, si bien la remisión por competencia se hizo por fuera del término previsto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, el ente accionado brindó una respuesta acorde con su competencia legal, la cual dio inicio a un procedimiento donde los términos para resolver la solicitud de la accionante deben contarse – de no existir conflicto negativo de competencias - a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente, que para este caso resulta ser el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, luego no es procedente tutelar el derecho fundamental de petición invocado por la accionante. No obstante, lo anterior, esta Corporación hace un llamado de atención a la ANT para que en lo sucesivo y en el marco de las peticiones elevadas por los ciudadanos, ejerza el respectivo control dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico. | Primero: Revoca la sentencia del 10 de julio de 2026 del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia y, en su lugar, no tutela el derecho fundamental de petición invocado. Segundo: Notificación conforme al art. 30 del Decreto 2591 de 1991; no procede recurso. Tercero: Remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. Cuarto: Anotaciones en SAMAI. (En la motivación, llamado de atención a la ANT para que controle los términos en las peticiones ciudadanas.) | 21 de agosto de 2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Constitución Política, arts. 23 y 86; Decreto 2591 de 1991, arts. 5, 6, 10, 30, 31, 32 y 42; Ley 1755 de 2015, arts. 14 y 17; Ley 1437 de 2011 (CPACA), arts. 20 y 21; Decreto 2365 de 2015, art. 14. | Cita Corte Constitucional: SU-077 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) (legitimación por pasiva); SU-108 de 2018, SU-391 de 2016, T-307 de 2017, T-277 de 2015, T-219 de 2012 y T-155 de 2025 (inmediatez); SU-075 de 2018, T-462 de 2022 y T-233 de 2023 (subsidiariedad); T-084 de 2015, T-077 de 2018, T-206 de 2018, T-230 de 2020 y T-563 de 2023 (idoneidad de la tutela para el derecho de petición); C-951 de 2014; SU-213 de 2021 (contenido del derecho de petición, transcrita); SU-067 de 2022 y T-160 de 2026; T-016 de 2023 (M.P. Diana Fajardo Rivera, transcrita), SU-522 de 2019, T-124 de 2021, SU-655 de 2017, T-481 de 2016, SU-225 de 2013, T-344 de 2019, T-519 de 1992, T-535 de 1992, T-570 de 1992, T-033 de 1994, C-113 de 1993, T-988 de 2007, T-198 de 2017, SU-540 de 2007, T-495 de 2010, T-585 de 2010, T-236 de 2018, SU-508 de 2020, T-114 de 2022, T-533 de 2009, T-009 de 2019, T-216 de 2018, T-403 de 2018, T-200 de 2022 y T-247 de 2022 (carencia actual de objeto y hecho superado). | 003-2026-00173-01 Tutela.pdf | |||||||||||||
84 | 63-001-33-33-004-2026-00168-01 | Accionante: Hernando Ospina Amézquita (89 años, en nombre propio). Accionada: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social – UGPP (impugnante). | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la entidad accionada) (0123-002-2026). | Mora de la UGPP en resolver la solicitud de pensión de vejez de una persona de la tercera edad (89 años, sujeto de especial protección): la tutela es procedente y la inmediatez se flexibiliza ante una vulneración permanente y actual; la solicitud de 6 de febrero de 2026 debió resolverse en cuatro meses (art. 9 Ley 797 de 2003 y art. 19 Decreto 656 de 1994), plazo vencido el 6 de junio de 2026, sin que los trámites en curso suplan la obligación de resolver; el amparo del debido proceso subsume el derecho de petición; se confirma la negativa del reconocimiento pensional por vía de tutela, pues aunque es beneficiario del régimen de transición no acredita los 20 años de servicio de la Ley 33 de 1985 (cuenta con 17 años, 10 meses y 4 días), sin perjuicio de una eventual corrección de la historia laboral; se mantiene la orden de informar, en caso de respuesta negativa, las alternativas disponibles (como la indemnización sustitutiva); se adiciona la no vulneración de la dignidad humana. | ACCIÓN DE TUTELA; DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO; DERECHO DE PETICIÓN; SUBSUNCIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN EN EL DEBIDO PROCESO; MORA ADMINISTRATIVA; SEGURIDAD SOCIAL; MÍNIMO VITAL; DIGNIDAD HUMANA; PERSONA DE LA TERCERA EDAD; ADULTO MAYOR; SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL; EXPECTATIVA DE VIDA; RETIRO FORZOSO; PENSIÓN DE VEJEZ; PENSIÓN DE JUBILACIÓN; LEY 33 DE 1985; RÉGIMEN DE TRANSICIÓN (ART. 36 LEY 100 DE 1993); DERECHOS ADQUIRIDOS Y MERAS EXPECTATIVAS; SENTENCIA C-168 DE 1995; TIEMPO DE SERVICIO; TÉRMINO DE CUATRO MESES PARA RECONOCER LA PENSIÓN; LEY 797 DE 2003; DECRETO 656 DE 1994; INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA; PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA PARA PRESTACIONES PENSIONALES; SUBSIDIARIEDAD; INMEDIATEZ; VULNERACIÓN PERMANENTE; SANEAMIENTO DE IRREGULARIDAD PROCESAL; UGPP. | Le corresponde a la Sala Cuarta de Decisión de este Tribunal como Juez constitucional dilucidar si: ¿Debe revocarse la sentencia proferida el 15 de julio de 2026 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia, que amparó el derecho de petición, teniendo en cuenta, de un lado, que la acción de tutela en el caso concreto resulta improcedente y del otro, que las gestiones adelantadas por la entidad hasta la fecha para otorgar una respuesta clara, precisa y congruente a los pedimentos del actor, bastan para la salvaguardar de sus garantías fundamentales? En caso negativo, además se examinará si: ¿el derecho de petición es la única garantía constitucional vulnerada en este asunto? | No. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío modificará el fallo únicamente para precisar que, en virtud a las particularidades del caso concreto, el ámbito de protección del derecho de petición se subsume al debido proceso del actor, así como adicionar la no vulneración de la dignidad humana. (…) Entonces, contrario a lo aducido en la impugnación, esta Corporación estima que en el sub examine convergen la totalidad de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela (…). Por consiguiente, si bien es claro que en efecto resulta ser beneficiario del régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993 (…), atendiendo a que el tiempo de cotización demostrado es inferior al requerido en la norma citada para obtener la pensión, no es dable acceder por vía de tutela a reconocer la pensión, encontrando acertada la decisión de la A-quo de negar el amparo de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital, a los cuales en esta instancia se añadirá el de dignidad humana. (…) En consecuencia, como la petición de reconocimiento pensional en el sub judice data del 06 de febrero de 2026, los cuatro (04) meses reseñados en las normas traídas a colación fenecieron el 06 de junio de 2026, motivo por el cual, es imperativo que la UGPP resuelva de fondo los pedimentos pensionales del señor Ospina Amézquita (…). Bajo esa óptica, acogiendo en parte el concepto del Ministerio Público, se precisa que derivado de las particularidades del asunto y las garantías involucradas, el amparo del debido proceso subsume el derecho de petición (…). Al respecto, cabe resaltar que a juicio de esta Sala de Decisión hizo bien la A-quo, al dejar abierta la posibilidad de obligar a la entidad para que de ser negativa la respuesta a la petición pensional, proceda a informarle al interesado las alternativas de las que goza (verbigracia la indemnización sustitutiva a que hizo referencia en la contestación de esta acción) y en el evento de que aquel acepte, proceda a adoptar las medidas que corresponda en un término de diez (10) días siguientes a su aceptación, por tratarse de un sujeto de especial protección constitucional. | Primero: Modifica el numeral primero de la sentencia del 15 de julio de 2026 del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia para tutelar el derecho fundamental al debido proceso, que subsume el derecho de petición, por la superación de los plazos legales para resolver la solicitud pensional del 6 de febrero de 2026. Segundo: Adiciona el numeral tercero para negar también el amparo de la dignidad humana, junto con la seguridad social y el mínimo vital, frente al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, retroactivos e intereses moratorios, por no acreditarse los 20 años de servicio de la Ley 33 de 1985. Tercero: Confirma en lo demás (incluida la orden de resolver en 48 horas la petición SOP202601002147 y, de ser negativa, informar las alternativas y cumplirlas dentro de los 10 días siguientes a su aceptación). Cuarto: Notificación. Quinto: Remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. | 6 de agosto de 2026 (0123-002-2026) | Luis Carlos Marín Pulgarín | Constitución Política, arts. 86 y 116; Decreto 2591 de 1991, art. 32; Decreto 333 de 2021 (mod. Decreto 1069 de 2015, arts. 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5); Ley 2213 de 2022; Constitución Política, arts. 23, 29 y 48; Ley 33 de 1985, art. 1; Ley 100 de 1993, arts. 33 (mod. art. 9 Ley 797 de 2003) y 36; Ley 797 de 2003, art. 9 par. 1; Decreto 656 de 1994, art. 19; Ley 1821 de 2016, art. 1 (corregido por el Decreto 321 de 2017); Ley 1276 de 2009; Decreto 806 de 2020; Ley 1437 de 2011 (CPACA), art. 20; Decreto 575 de 2013 (invocado por la UGPP). | Cita Corte Constitucional, Sentencias SU-215 de 2022 y SU-125 de 2025 (relevancia constitucional; también C-335 de 2008, C-816 de 2011, SU-053 de 2015 y SU-354 de 2017); C-168 de 1995 (derechos adquiridos, invocada por el accionante); T-427 de 2018, T-144 de 2020 y T-045 de 2022 (seguridad social y mínimo vital); C-143 de 2015, T-881 de 2002, T-436 de 2012, T-143 de 2015, SU-696 de 2015 y T-291 de 2016 (dignidad humana); T-160 de 2021 (inmediatez); T-161 de 2019, SU-428 de 2016, T-691 de 2015, T-345 de 2009 y T-194 de 2021 (inmediatez ante vulneración permanente); T-571 de 2015 (subsidiariedad); T-471 de 2017, SU-588 de 2016 y T-308 de 2016 (procedencia excepcional para prestaciones pensionales); SU-023 de 2015, T-379 de 2017, T-528 de 2020 y T-080 de 2021 (criterios en tutelas pensionales); T-013 de 2020 (persona de la tercera edad). Consejo de Estado, sentencia 2018-01750 de 2019 (retiro forzoso, citada en nota). DANE, estadísticas de expectativa de vida 2025. | 004-2026-00168-01 Tutela.pdf | |||||||||||||
85 | 63-001-33-33-004-2026-00195-01 | Accionante: María Iris Cardona López (cónyuge supérstite del causante Héctor Alfonso Torres Gómez, en nombre propio). Accionada: Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social – UGPP (impugnante). | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la entidad accionada) (0126-002-2026). | Vulneración de los derechos de petición y al debido proceso por la mora de la UGPP en resolver la solicitud de pensión de sobrevivientes (radicada el 17 de junio de 2025), que permanecía en «validación de requisitos documentales» más de un año después: la pretensión de la tutela no es el reconocimiento directo de la pensión sino la respuesta de fondo a la solicitud, por lo que la tutela es procedente; el plazo de dos meses del art. 1 de la Ley 717 de 2001 venció el 17 de agosto de 2025; las contingencias internas de la entidad y los trámites en curso no suplen la obligación de resolver; la orden condicionada de inclusión en nómina y pago del retroactivo en caso de reconocimiento no desborda la competencia del juez constitucional. | ACCIÓN DE TUTELA; DERECHO DE PETICIÓN; NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICIÓN; PRONTA RESOLUCIÓN; RESPUESTA DE FONDO; DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO; MORA ADMINISTRATIVA; PLAZO RAZONABLE; SEGURIDAD SOCIAL; MÍNIMO VITAL; DIGNIDAD HUMANA; PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES; CÓNYUGE SUPÉRSTITE; TÉRMINO PARA RECONOCER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES; LEY 717 DE 2001; INOPONIBILIDAD DE LAS CONTINGENCIAS INTERNAS DE LA ENTIDAD AL ADMINISTRADO; PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA PARA PRESTACIONES PENSIONALES; SUBSIDIARIEDAD; INMEDIATEZ; VULNERACIÓN PERMANENTE Y ACTUAL; RELEVANCIA CONSTITUCIONAL; LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA; INCLUSIÓN EN NÓMINA DE PENSIONADOS; ÓRDENES CONDICIONADAS; COMPETENCIA DEL JUEZ DE TUTELA; UGPP. | Le corresponde a la Sala Cuarta de Decisión de este Tribunal como Juez constitucional dilucidar si: ¿Debe revocarse la sentencia proferida el 13 de agosto de 2026 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia, que amparó el derecho de petición y al debido proceso de la actora, teniendo en cuenta, que la acción de tutela en el caso concreto resulta improcedente por la existencia de otro mecanismo de defensa judicial? | No. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío confirmará la decisión, por encontrar que la UGPP ha vulnerado los derechos fundamentales de petición y, debido proceso, de la parte actora. (…) Empero, es menester recordar que la pretensión elevada por la tutelante al interior del presente trámite constitucional, no se encuentra relacionada con el reconocimiento directo de la pensión, sino con la respuesta que, en relación con dicha petición, debía efectuar la UGPP y que, a la fecha, sigue sin resolverse; por tal virtud, asegurar que la acción de tutela es improcedente por involucrar un derecho pensional, resulta a todas luces desacertado (…). En consecuencia, como la petición de reconocimiento pensional en el sub judice data del 17 de junio de 2025, es claro que los dos (02) meses reseñados en la norma traída a colación fenecieron el 17 de agosto de 2025, esto es, hace más de un año, motivo por el cual, es imperativo que la UGPP resuelva de fondo los pedimentos pensionales de la señora Cardona López, tal como lo concluyó la A-quo. En ese sentido fuerza aclarar que, los trámites que presuntamente se están adelantando por la entidad para resolver la solicitud, no tienen la capacidad de desvirtuar la vulneración de los derechos de petición y debido proceso protegidos en ésta oportunidad, pues la mera intención o avance administrativo, no suple la obligación que le asiste a la UGPP de resolver de manera efectiva y concreta sobre el pluricitado reconocimiento pensional (…). Es precisamente por lo anterior que, a juicio de esta Sala de Decisión, hizo bien la A-quo, al dejar abierta la posibilidad de obligar a la entidad para que de ser positiva la respuesta a la petición pensional, proceda a incluir en nómina a la peticionaria (…), sin que ello implique que se ha desbordado la competencia del Juez Constitucional en el caso concreto. | Primero: Confirma la sentencia del 13 de agosto de 2026 del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia, que tuteló los derechos al debido proceso administrativo y de petición, ordenó a la UGPP resolver de fondo y notificar en 48 horas la solicitud de pensión de sobrevivientes SOP202501019422 y, en caso de reconocimiento, incluir a la actora en nómina dentro de las 48 horas siguientes a la firmeza del acto y pagar el retroactivo dentro de los 30 días calendario siguientes. Segundo: Notificación a las partes y al Ministerio Público. Tercero: Remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. | 27 de agosto de 2026 (0126-002-2026) | Luis Carlos Marín Pulgarín | Constitución Política, arts. 86 y 116; Decreto 2591 de 1991, art. 32; Decreto 333 de 2021 (mod. Decreto 1069 de 2015, arts. 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5); Ley 2213 de 2022; Constitución Política, arts. 23, 29 y 48; Ley 717 de 2001, art. 1; Decreto 575 de 2013 (invocado por la UGPP); Acto Legislativo 01 de 2005 (sostenibilidad financiera, invocado por la UGPP). | Cita Corte Constitucional, Sentencias SU-215 de 2022 y SU-125 de 2025 (relevancia constitucional; también C-335 de 2008, C-816 de 2011, SU-053 de 2015 y SU-354 de 2017); T-427 de 2018 y T-144 de 2020 (seguridad social); T-045 de 2022 (M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera) (seguridad social y mínimo vital); T-160 de 2021 (inmediatez); T-161 de 2019, SU-428 de 2016, T-691 de 2015, T-345 de 2009 y T-194 de 2021 (inmediatez ante vulneración permanente); T-571 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa) (subsidiariedad); T-471 de 2017, SU-588 de 2016 y T-308 de 2016 (procedencia excepcional de la tutela para prestaciones pensionales); SU-023 de 2015, T-379 de 2017, T-528 de 2020 y T-080 de 2021 (criterios de análisis en tutelas pensionales); T-426 de 1992, T-167 de 2013, T-332 de 2015, T-051 de 2023 y C-007 de 2017 (núcleo esencial del derecho de petición); T-257 de 2005 (término legal de la Ley 717 de 2001). | 004-2026-00195-01 Tutela.pdf | |||||||||||||
86 | 63001-33-33-004-2026-00140-01 | Accionante: [ANONIMIZADO POR INICIALES] M.G.H. (niño de 5 años), representado por su madre [ANONIMIZADO POR INICIALES] A.H.M. Accionadas: EPS Sanitas S.A.; Clínica Oftalmológica San Diego de Medellín. Vinculadas: Superintendencia Nacional de Salud; Defensoría del Pueblo Regional Quindío. | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la EPS accionada). | Amparo del derecho a la salud de un niño con patología oftalmológica congénita que requiere procedimientos quirúrgicos prioritarios (vitrectomía posterior y anterior con inserción de lente intraocular) en IPS de otra ciudad: la EPS no puede anteponer trabas administrativas (falta de agenda, fragmentación de autorizaciones) que son carga de la entidad; procedencia del tratamiento integral en virtud de los principios de continuidad e integralidad; reconocimiento de transporte, alojamiento y alimentación para el paciente y un acompañante ante la inversión de la carga de la prueba sobre la capacidad económica no desvirtuada por la EPS; improcedencia de ordenar el recobro ante la ADRES por vía de tutela. | DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD; DERECHO A LA SALUD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL; INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR; VIDA EN CONDICIONES DIGNAS; INTEGRIDAD FÍSICA; SEGURIDAD SOCIAL; PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE SALUD; PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD; TRATAMIENTO INTEGRAL; ORDEN DEL MÉDICO TRATANTE; PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PRIORITARIO; BARRERAS ADMINISTRATIVAS DE ACCESO; RED DE PRESTADORES; REMISIÓN A OTRA CIUDAD; TRANSPORTE INTERMUNICIPAL; TRANSPORTE Y ESTADÍA DE ACOMPAÑANTE; ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN; CAPACIDAD ECONÓMICA; INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA; RECOBRO ANTE LA ADRES; PRESUPUESTOS MÁXIMOS; SUBREGLAS DE LA SENTENCIA SU-508 DE 2020. | El Tribunal deberá resolver, si en el presente asunto, ¿Se vulneran los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la integridad personal del menor de edad [M.G.H.] por parte de la EPS SANITAS S.A.S. y la CLÍNICA OFTALMOLÓGICA SAN DIEGO, con ocasión de la omisión en el agendamiento del procedimiento quirúrgico de manera prioritaria que requiere, así como la falta de autorización de los gastos por concepto de viáticos y transporte del menor accionante y un acompañante requeridos para el desplazamiento hacia el lugar donde se debe practicar el procedimientos remisión intermunicipal, así como el tratamiento integral para el restablecimiento de salud del accionante? | Sí. Del anterior análisis, emerge necesaria y pertinentemente la orden encaminada a amparar las garantías esenciales del accionante, habida cuenta que al momento de emitirse la presente decisión se encuentran efectivamente lesionados sus derechos esenciales a la salud, a la vida y a la integridad física del menor de edad, entendiendo que la primera responsable de la prestación del servicio es la EPS SANITAS, entidad encargada de prestar los servicios de salud al accionante. (…) debió la entidad accionada EPS SANITAS a través de su red de prestadores contratado (…) propender sin trabas el suministro de la integralidad de los medios (…) sin anteponer a ello procedimientos administrativos que son carga de la entidad. (…) En consecuencia, resulta procedente garantizar a la accionante el tratamiento integral que se prescriba para restablecer su estado de salud respecto a las presentes patologías (…). En estos eventos ante la manifestación de la accionante de que su situación económica no es suficiente para asumir los costos que acarrearía un traslado, alimentación y alojamiento fuera de la ciudad de Armenia, la carga de la prueba se invierte, lo que implica que la EPS es quien debe demostrar que en efecto el paciente o su núcleo familiar tienen la capacidad económica para solventar dichos gastos. Sobre este aspecto, la entidad accionada guardó silencio. (…) Por lo expuesto, se concluye que la EPS accionada podrá efectuar los recobros pretendidos al organismo o entidad que considere competente, con arreglo a la normativa vigente (…), razón por la cual no resulta ser la acción de tutela el medio para autorizar este tipo de cuestiones de orden económico y administrativo. En suma de todo lo expuesto, se MODIFICARÁ la orden de primera instancia (…). | Primero: Confirma la sentencia del 16 de junio de 2026 del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia, modificando el numeral segundo: ordena a la EPS Sanitas que, en el término de 48 horas —si aún no lo ha efectuado en cumplimiento de la medida provisional—, autorice las órdenes médicas y adopte las medidas administrativas necesarias para la realización de los procedimientos quirúrgicos prescritos al niño, a través de la Clínica Oftalmológica San Diego y/o de la IPS de su escogencia con la que tenga contrato; y ordena a la Clínica Oftalmológica San Diego que, dentro de las 48 horas siguientes y previa autorización de la EPS, practique dichos procedimientos. Segundo: Notificación (art. 30 Decreto 2591 de 1991); no procede recurso; envío de copia al juzgado de origen para verificar el cumplimiento y remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. Tercero: Anotaciones en SAMAI. | 3 de julio de 2026 | Luis Carlos Alzate Ríos | Constitución Política, arts. 1, 13, 44, 48, 49 y 86; Decreto 2591 de 1991, arts. 30, 31 y 32; Decreto 1069 de 2015, arts. 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 (mod. Decreto 333 de 2021); Ley Estatutaria 1751 de 2015, arts. 1, 2, 6 y 8; Ley 100 de 1993, arts. 153 num. 3 y 156 lit. c); Resolución 5521 de 2013 del Ministerio de Salud, art. 124; Resolución 205 de 2020; Plan Nacional de Desarrollo, art. 240. | Cita Corte Constitucional, Sentencias T-983 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-585 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-883 de 2008, T-013 de 2007, SU-975 de 2003, T-066 de 2002, SU-508 de 2020, T-107 de 2023, T-316 de 2024, T-361 de 2014, T-184 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-859 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-060 de 2007, T-148 de 2007, T-076 de 2008, T-631 de 2007, T-837 de 2006, T-016 de 2007, C-313 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-406 de 1993, T-170 de 2002, T-777 de 2004, T-239 de 2009, T-797 de 2009, SU-562 de 1999, T-224 de 2005, T-656 de 2005, T-270 de 2005, T-508 de 2005, T-064 de 2006, T-438 de 2007, T-395 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-494 de 1993, T-1239 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-224 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-414 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-1384 de 2000, T-365A de 2006, T-736 de 2004, T-612 de 2014, T-576 de 2008, T-518 de 2006, T-830 de 2006, T-136 de 2004, T-319 de 2003, T-133 de 2001, T-122 de 2001, T-079 de 2000, T-307 de 2007, T-103 de 2009, T-022 de 2011, T-139 de 2011, T-922 de 2009, T-352 de 2010, T-148 de 2016, T-1079 de 2001, T-900 de 2002, T-197 de 2003, T-039 de 2013, T-154 de 2014, T-1019 de 2002, T-906 de 2002, T-861 de 2002, T-699 de 2002, T-447 de 2002, T-279 de 2002, T-113 de 2002, T-048 de 2012, T-350 de 2003, T-962 de 2005, T-459 de 2007, T-233 de 2011, T-033 de 2013, T-010 de 2019 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), T-309 de 2018 y T-405 de 2017. | 004-2026-00140-01 Tutela - dr. lcar.pdf | |||||||||||||
87 | 63001-3333-003-2026-00162-01 | Accionante: Javier Antonio Ángel Forero, agenciado por su esposa Nathalia Stephania Díaz Ospina. Accionados: Nueva EPS; AXA Colpatria Seguros S.A. (aseguradora SOAT). Vinculada e impugnante: Clínica Sagrada Familia. Vinculadas en primera instancia (desvinculadas): Clínica Oftalmológica del Quindío S.A.S.; Estudios Oftalmológicos S.A.S. | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la IPS vinculada Clínica Sagrada Familia). | Derecho a la salud de paciente hospitalizado tras accidente de tránsito, con herida penetrante del globo ocular y catarata traumática en el ojo izquierdo, que requería cirugía oftalmológica urgente (reparación de córnea, extracción extracapsular de cristalino y vitrectomía posterior) y un medicamento: en la prestación del servicio confluyen, cada una desde su competencia, la EPS, la aseguradora SOAT (hasta el tope de la póliza) y la IPS en la que el paciente estaba hospitalizado (deber de gestionar la remisión a una IPS especializada), por lo que la falta de capacidad técnica de la IPS no la exime de la orden; la cirugía practicada el 24 de julio de 2026, 15 días después del fallo y a raíz del incidente de desacato, no configura hecho superado; improcedencia de la nulidad por indebida notificación, pues la IPS se pronunció oportunamente y la causal quedó saneada (art. 136 num. 1 CGP); agencia oficiosa acreditada. | DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD; DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL AUTÓNOMO; PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE SALUD; ORDEN DEL MÉDICO TRATANTE; PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO URGENTE; RIESGO DE PÉRDIDA DE LA VISIÓN; ACCIDENTE DE TRÁNSITO; SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT); TOPE DE COBERTURA DEL SOAT; RESPONSABILIDAD CONCURRENTE DE EPS, ASEGURADORA E IPS; COMPETENCIAS DE LA IPS; REMISIÓN A IPS ESPECIALIZADA; SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA; RED DE PRESTADORES; BARRERAS ADMINISTRATIVAS; MEDIDA PROVISIONAL; INCIDENTE DE DESACATO; CUMPLIMIENTO POSTERIOR AL FALLO; HECHO SUPERADO; NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN; SANEAMIENTO DE LA NULIDAD; AGENCIA OFICIOSA; LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA Y POR PASIVA; INMEDIATEZ; SUBSIDIARIEDAD; FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD; RÉGIMEN SUBSIDIADO. | Le corresponde a la Sala determinar - conforme con los motivos de inconformidad planteados por la IPS accionada Clínica Sagrada Familia, ¿se debe revocar la sentencia de instancia mediante la cual se tuteló el derecho a la salud del accionante y se ordenó a la Nueva EPS, AXA Colpatira y Clínica Sagrada Familia desde sus competencias, garantizar la realización urgente en el paciente del procedimiento quirúrgico de reparación de córnea, extracción extracapsular asistida de cristalino y vitrectomía posterior con inserción de silicón o gases en el ojo izquierdo, así como el suministro de la Levofloxacina 0.5% ordenado por su médico tratante; por cuanto dicha IPS no cuenta con la capacidad técnica y operativa para prestar dicha atención? | No. Esta Corporación considera que hay lugar a confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, ya que, en la prestación del servicio de salud del paciente confluye la atención – desde sus competencias - de cada una de las entidades accionadas y vinculadas en este trámite tutelar, luego la orden del Juez Constitucional fijando las actuaciones en tales términos se ajustan al Marco Constitucional y garantizan la prestación del servicio de salud del paciente. (…) Según lo probado, la Sala observa acorde con el criterio de la a quo, que el derecho a la salud del accionante venía siendo vulnerado por las entidades accionadas y vinculadas en la medida que a la fecha del fallo de 1ª instancia – 7 de julio de 2026 - no se había materializado la intervención quirúrgica oftalmológica que se había ordenado al paciente en su ojo izquierdo para tratar su padecimiento de salud, el cual en su historia clínica se describe como de alto riesgo de complicaciones irreversibles como la endoftalmitis y la pérdida definitiva de la visión. Ahora bien, contrario a lo señalado por el ente impugnante esta Corporación considera que en la prestación del servicio de salud del paciente confluye - desde sus competencias - la atención de cada una de las entidades accionadas y vinculadas en este trámite tutelar, luego la orden del Juez Constitucional fijando las actuaciones en tales términos, no solo se ajustan al marco constitucional, sino que garantizan la prestación del servicio de salud del paciente. Respecto a la solicitud de nulidad por indebida notificación (…) la Sala precisa que el Juzgado de instancia notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de amparo, aunado a que dicha IPS no solo allegó pronunciamiento al escrito de Tutela y de su redacción no se colige que haya alegado la configuración de dicho fenómeno jurídico procesal. En tal sentido, no se advierte configuración alguna de nulidad procesal. Finalmente, según los hechos probados debe añadirse, que si bien está acreditado que el día 24 de julio de 2026 el accionante fue intervenido quirúrgicamente en su ojo izquierdo en los términos ordenados por su oftalmólogo tratante, ello fue materializado 15 días después del fallo de 1ª instancia y en razón del incidente de desacato a la orden dada en medida provisional decretada con el auto admisorio de la acción de amparo, supuestos fácticos que permiten concluir que resulta plausible confirmar el fallo de primera instancia proferido el 7 de julio de 2026 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia. EN CONCLUSION, el Tribunal Confirmará la decisión de instancia. | Primero: Confirma la sentencia del 7 de julio de 2026 del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, que tuteló el derecho a la salud y ordenó: a la Nueva EPS, realizar de manera urgente las cirugías oftalmológicas y suministrar el medicamento en una institución con la especialidad requerida; a AXA Colpatria, garantizar y pagar los servicios hasta agotar el tope de la póliza SOAT ($13.781.171), a partir de lo cual la obligación pasa a la Nueva EPS; y a la Clínica Sagrada Familia, gestionar la remisión a una IPS especializada. Segundo: Notificación conforme al art. 30 del Decreto 2591 de 1991; no procede recurso. Tercero: Remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. Cuarto: Anotaciones en SAMAI. | 13 de agosto de 2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Constitución Política, arts. 44 y 86; Decreto 2591 de 1991, arts. 5, 6, 10, 30, 31, 32 y 42; Ley Estatutaria 1751 de 2015, art. 6; Código General del Proceso, art. 136 num. 1. | Cita Corte Constitucional, Sentencias T-382 de 2021, T-652 de 2008, T-486 de 2016, T-406 de 2017, SU-055 de 2015, T-162 de 2016, T-120 de 2017, T-733 de 2017, T-020 de 2018, SU-508 de 2020, SU-150 de 2021, T-183 de 2017, T-397 de 2017 y T-068 de 2025 (agencia oficiosa); SU-077 de 2018 (legitimación por pasiva); SU-108 de 2018, SU-391 de 2016, T-307 de 2017, T-277 de 2015, T-219 de 2012 y T-155 de 2025 (inmediatez); SU-075 de 2018, T-462 de 2022, T-233 de 2023, T-005 de 2018, T-389 de 2022, T-264 de 2023, T-285, T-184 y T-124 de 2024, T-011 de 2025, T-343 de 2025 y T-358 de 2022 (subsidiariedad y limitaciones de la función jurisdiccional de la Supersalud); T-632 de 2013, C-1081 de 2001, T-760 de 2008 y T-625 de 2009 (salud como derecho fundamental autónomo); T-196 de 2018 (M.P. Cristina Pardo), T-234 de 2014, T-124 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-673 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz) (principio de continuidad). | 003-2026-00162-01 Tutela.pdf | |||||||||||||
88 | 63001-3333-006-2026-00134-01 | Accionante: Andrés Castaño Ricaurte (en nombre propio). Accionada: Nueva EPS. Vinculada e impugnante: Clínica Sagrada Familia. | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la IPS vinculada). | Inexistencia de carencia actual de objeto por hecho superado cuando la IPS programa la cita con el especialista (ortopedia y traumatología, III nivel) en cumplimiento del fallo de primera instancia y no de forma voluntaria antes de este; el hecho superado exige satisfacción voluntaria previa al fallo; la remisión del médico tratante era una sola (valoración en III nivel), por lo que se suprime la orden duplicada. | DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD; DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL AUTÓNOMO; PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE SALUD; CARENCIA ACTUAL DE OBJETO; HECHO SUPERADO; ACTUACIÓN VOLUNTARIA DE LA ENTIDAD ACCIONADA; CUMPLIMIENTO DE ORDEN JUDICIAL DE TUTELA; DAÑO CONSUMADO; SITUACIÓN SOBREVINIENTE; REMISIÓN A III NIVEL DE COMPLEJIDAD; CONSULTA CON ESPECIALISTA; ORDEN DEL MÉDICO TRATANTE; RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD; INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD (IPS); SUBSIDIARIEDAD; FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD; INMEDIATEZ; LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. | Le corresponde a la Sala determinar - conforme con los motivos de inconformidad planteados por la IPS accionada Clínica sagrada Familia, ¿se debe revocar la sentencia de instancia mediante la cual se tuteló el derecho a la salud del accionante y se ordenó a la Nueva EPS y Clínica Sagrada Familia agendar y realizar la consulta por primera vez por especialista en ortopedia y traumatología autorizada desde 5 de marzo de 2026; por cuanto se configuró el fenómeno jurídico procesal de la carencia actual de objeto por hecho superado? | No. Esta Corporación considera que no hay lugar a revocar la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, en la medida que la programación de la cita con el especialista en ortopedia y traumatología de la Clínica Sagrada Familia para el día 11 de junio de 2026 como cumplimiento de lo ordenado en el fallo, se ejecutó de forma posterior a la decisión de primera instancia, esto es, después del 3 de junio de 2026. En tal sentido, al no haberse programado la cita de forma voluntaria, no se configuró el fenómeno jurídico procesal de la carencia actual de objeto por hecho superado. Aunado lo anterior, esta Sala precisa que contrario a lo considerado por la primera instancia, la remisión ordenada por el médico tratante del señor Castaño Ricaurte fue una, esto es, remisión a III nivel ortopedia para valoración corrección pseudoartrosis de tibia; interconsulta que supone la valoración por el especialista en ortopedia y traumatología, como en efecto fue autorizado por la Nueva EPS. Así las cosas, se modificará la parte resolutiva en tal sentido. (…) Acorde con lo expuesto, la carencia actual de objeto por hecho superado se presenta cuando el cumplimiento o la satisfacción del derecho vulnerado tiene lugar por una decisión voluntaria del obligado y no en cumplimiento a una orden judicial, razón por la cual debe darse de forma previa al fallo de primera instancia. (…) EN CONCLUSION, el Tribunal modificará la decisión de instancia para suprimir el numeral segundo de la resolutiva, de acuerdo con lo señalado en este proveído. | Primero: Modifica la sentencia del 3 de junio de 2026 del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia y suprime el numeral segundo de la parte resolutiva (orden de autorizar la remisión a III nivel). Segundo: Confirma en lo demás. Tercero: Notificación (art. 30 Decreto 2591 de 1991); no procede recurso. Cuarto: Remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. Quinto: Anotaciones en SAMAI. | 9 de julio de 2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Constitución Política, arts. 44, 86 y 241; Decreto 2591 de 1991, arts. 5, 6, 10, 30, 31, 32 y 42; Ley Estatutaria 1751 de 2015, art. 6. | Cita Corte Constitucional, Sentencias SU-077 de 2018, SU-108 de 2018, SU-391 de 2016, T-307 de 2017, T-277 de 2015, T-219 de 2012, T-155 de 2025, SU-075 de 2018, T-462 de 2022, T-233 de 2023, SU-508 de 2020 (MM.PP. José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos), T-358 de 2022, T-632 de 2013, C-1081 de 2001, T-760 de 2008, T-625 de 2009, T-196 de 2018 (M.P. Cristina Pardo), T-234 de 2014, T-124 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-673 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz), T-016 de 2023 (M.P. Diana Fajardo Rivera), SU-522 de 2019 (M.P. Diana Fajardo Rivera), T-124 de 2021 (M.P. Diana Fajardo Rivera), SU-655 de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos), T-481 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos), SU-225 de 2013 (M.P. (e) Alexei Julio Estrada), T-344 de 2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), T-519 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-535 de 1992 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-570 de 1992 (M.P. Jaime Sanín Greiffenstein), T-033 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-113 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía), T-988 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-198 de 2017 (M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez), SU-540 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-495 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-585 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-236 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), T-114 de 2022 (M.P. Diana Fajardo Rivera), T-533 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-009 de 2019 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), T-216 de 2018 (M.P. Diana Fajardo Rivera), T-403 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido), T-200 de 2022 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas) y T-247 de 2022 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo). | 006-2026-00134-01 Tutela.pdf | |||||||||||||
89 | 63001-3333-003-2026-00140-01 | Accionante: Rocío Pachón Fajardo (a través de apoderada judicial). Accionados: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) – Fiduprevisora S.A.; Municipio de Armenia. Impugnante: Nación – Ministerio de Educación Nacional. | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la parte accionada). | Improcedencia de la tutela, por falta de subsidiariedad, para obtener el cumplimiento de sentencia judicial ejecutoriada que ordenó el reconocimiento de pensión de jubilación por aportes (Ley 71 de 1988) a docente activa, sin perjuicio irremediable acreditado y dentro del plazo de 10 meses del art. 192 del CPACA; amparo limitado del derecho de petición de información para que Fiduprevisora S.A. informe el estado y avance de la solicitud de cobro administrativo. | ACCIÓN DE TUTELA; SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA; CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES; OBLIGACIÓN DE DAR; OBLIGACIÓN DE HACER; PROCESO EJECUTIVO; PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS (ART. 192 CPACA); EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN; PERJUICIO IRREMEDIABLE; MÍNIMO VITAL; PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR APORTES; LEY 71 DE 1988; DOCENTE OFICIAL; COMPATIBILIDAD PENSIÓN Y SALARIO; FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO; FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.; DERECHO DE PETICIÓN; DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN; INCLUSIÓN EN NÓMINA DE PENSIONADOS; INMEDIATEZ; LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. | A la corporación le corresponde resolver si se debe revocar o confirmar la decisión de instancia que tuteló el derecho de petición de la accionante. | Sí. Para la Sala la decisión de instancia se debe modificar. Lo anterior, toda vez que no se cumple con el presupuesto de la subsidiariedad de que trata el Decreto 2591 de 1991 art 6, al constatar que con la tutela se pretende el cumplimiento de una sentencia judicial en firme – año 2025 - que ordenó el reconocimiento de la pensión de jubilación ordinaria por aportes de que trata la Ley 71 de 1988, sin que se pruebe que de no hacerlo se configure para el tutelante un perjuicio irremediable. Sin embargo, la Sala constata que se hace necesario tutelar sólo el derecho de petición en lo que corresponde con el deber de la entidad de informar a la petente el estado actual y avance de la solicitud de cobro de la sentencia judicial en firme radicada por medio de apoderada judicial el 4 de diciembre de 2025 – entrando a estudio el 21 de enero de 2026 ante la FIDUPREVISORA SA como administradora del FOMAG. (…) De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 192 de la Ley 1437 el ente público cuenta con el término de hasta 10 meses - contados a partir de su ejecutoria – para cumplir con la obligación ordenada en la sentencia judicial. (…) por lo que para el momento de la presentación de la acción de Tutela aún la obligación reconocida en la providencia judicial no era exigible a la administración, ni siquiera por vía de tutela, sin perjuicio de su cumplimiento voluntario; teniendo la accionante la posibilidad actualmente de solicitar su complimiento por la vía ejecutiva. (…) EN CONCLUSIÓN, el Tribunal modifica la decisión de instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia. | Primero: Modifica los numerales primero y segundo de la sentencia del 16 de junio de 2026 del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia: (i) tutela el derecho de petición de Rocío Pachón Fajardo, vulnerado por Fiduprevisora S.A. como administradora del FOMAG, únicamente en cuanto no le ha informado el estado actual y avance de la solicitud de cobro administrativo de 21 de enero de 2026 (radicación armen202601212026F5050055931); (ii) ordena al presidente de Fiduprevisora S.A. y/o su delegado que, dentro de las 48 horas siguientes, dé respuesta de fondo, clara y congruente, informando solo sobre el estado actual del trámite y avance de dicha solicitud. Segundo: Confirma en lo demás. Tercero: Notificación (art. 30 Decreto 2591 de 1991); no procede recurso. Cuarto: Remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. Quinto: Anotaciones en SAMAI. | 24 de julio de 2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Constitución Política, arts. 23, 74 y 86; Decreto 2591 de 1991, arts. 5, 6 num. 1, 10, 30, 31, 32 y 42; Ley 71 de 1988; Ley 1437 de 2011 (CPACA), art. 192; Decreto 1272 de 2018; Decreto 1075 de 2015. | Cita Corte Constitucional, Sentencias SU-077 de 2018, SU-108 de 2018, SU-391 de 2016, T-307 de 2017, T-277 de 2015, T-219 de 2012, T-155 de 2025, SU-075 de 2018, T-462 de 2022, T-233 de 2023, T-131 de 2005, T-441 de 2013, T-720 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-048 de 2019, T-482 de 2015 y T-020 de 2025 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo). Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Segunda de Decisión, sentencias de tutela de 31 de julio de 2025, rad. 63001333300220250009201, y de 7 de noviembre de 2025, rad. 63001333300520250015301, M.P. Juan Carlos Botina Gómez. | 003-2026-00140-01 Tutela.pdf | |||||||||||||
90 | 63001-33-33-001-2026-00129-01 | Accionante: [ANONIMIZADO POR INICIALES] D.M.M. (niño de 8 años), representado por su madre [ANONIMIZADO POR INICIALES] D.I.M. Accionada: Nueva EPS S.A. | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la parte accionada). | Amparo del derecho a la salud de un niño con enfermedad huérfana: la silla de ruedas y el coche neurológico de alta gama prescritos por la médica tratante están incluidos en el PBS (no figuran en las exclusiones de la Resolución 641 de 2024), aunque no se financian con la UPC (parágrafo 2 del art. 55 de la Resolución 2718 de 2024), por lo que la EPS debe suministrarlos y puede adelantar el recobro ante la ADRES; aplicación de las subreglas de la SU-508 de 2020; procedencia del tratamiento integral en virtud de los principios de continuidad e integralidad. | DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD; DERECHO A LA SALUD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL; INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR; ENFERMEDADES HUÉRFANAS; VIDA EN CONDICIONES DIGNAS; SEGURIDAD SOCIAL; PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE SALUD; PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD; TRATAMIENTO INTEGRAL; AYUDAS TÉCNICAS; SILLA DE RUEDAS; PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS); UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN (UPC); SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EXCLUIDOS; RECOBRO ANTE LA ADRES; MIPRES; ORDEN DEL MÉDICO TRATANTE; BARRERAS ADMINISTRATIVAS; RÉGIMEN SUBSIDIADO; POBLACIÓN VULNERABLE; SUBREGLAS DE LA SENTENCIA SU-508 DE 2020. | El Tribunal deberá resolver, si en el presente asunto, ¿Se vulneran los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la dignidad humana, a la seguridad social, al mínimo vital, y a la integridad física del niño [D.M.M.] por parte de la NUEVA EPS S.A., con ocasión de la omisión en la autorización, gestión y suministro de la silla de ruedas y coche neurológico de alta gama con sus respectivos aditamentos, conforme a las especificaciones contenidas en la orden médica que requiere el niño accionante, así como el tratamiento integral para el restablecimiento de salud del accionante? | Sí. Del anterior análisis, emerge necesaria y pertinentemente la orden encaminada a amparar las garantías esenciales del accionante, habida cuenta que al momento de emitirse la presente decisión se encuentran efectivamente lesionados sus derechos esenciales a la salud, a la vida y a la integridad física del niño, entendiendo que la primera responsable de la prestación del servicio es la NUEVA EPS S.A. (…). Por lo anterior, al estar demostrado en el presente asunto la existencia de la prescripción es procedente el amparo de los derechos fundamentales, y acceder a la entrega de dicha ayuda técnica. Ahora bien, aunque las sillas de ruedas son una tecnología en salud que no se encuentra expresamente excluida de las coberturas dispuestas en el PBS, tal y como se explicó en los párrafos anteriores, lo cierto es que éstas no pueden ser financiadas con cargo a las UPC por disposición expresa del parágrafo 2 del artículo 55 de la Resolución 2718 de 2024. (…) Por lo expuesto, se concluye que la EPS accionada podrá efectuar los recobros pretendidos al organismo o entidad que considere competente, con arreglo a la normatividad vigente (…). De igual manera, atendiendo los postulados constitucionales citados y relacionados con la prevalencia del principio de continuidad, no se puede hablar que el tratamiento integral se trate de hechos futuros e inciertos (…). En consecuencia, resulta procedente garantizar al accionante el tratamiento integral que se prescriba para restablecer su estado de salud respecto a las presentes patologías (…). Así las cosas, teniendo en cuenta lo expuesto, se CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia (…). | Primero: Confirma la sentencia del 19 de junio de 2026 del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, que amparó los derechos fundamentales a la salud, vida digna, seguridad social, integridad física y especial protección constitucional del niño accionante. Segundo: Notificación (art. 30 Decreto 2591 de 1991); no procede recurso; envío de copia al juzgado de origen para verificar el cumplimiento y remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. Tercero: Anotaciones en SAMAI. | 24 de julio de 2026 | Luis Carlos Alzate Ríos | Constitución Política, arts. 1, 13, 44, 48, 49 y 86; Decreto 2591 de 1991, arts. 30, 31 y 32; Decreto 1069 de 2015, arts. 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 (mod. Decreto 333 de 2021); Ley Estatutaria 1751 de 2015, arts. 1, 2, 6 y 8; Ley 100 de 1993, arts. 153 num. 3 y 156 lit. c); Ley 1392 de 2010, art. 13; Ley 1618 de 2013; Resolución 641 de 2024 del Ministerio de Salud; Resolución 2718 de 2024 del Ministerio de Salud, art. 55 par. 2; Resolución 2292 de 2021 (derogada); Resolución 740 de 2024; Resolución 1885 de 2018; Ley 527 de 1999; Decreto 2364 de 2012; CPACA, art. 186. | Cita Corte Constitucional, Sentencias T-983 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-585 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-883 de 2008, T-013 de 2007, SU-975 de 2003, T-066 de 2002, SU-508 de 2020, T-107 de 2023, T-316 de 2024, T-361 de 2014, T-184 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-859 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-060 de 2007, T-148 de 2007, T-076 de 2008, T-631 de 2007, T-837 de 2006, T-016 de 2007, C-313 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-406 de 1993, T-170 de 2002, T-777 de 2004, T-239 de 2009, T-797 de 2009, SU-562 de 1999, T-224 de 2005, T-656 de 2005, T-270 de 2005, T-508 de 2005, T-064 de 2006, T-438 de 2007, T-395 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-494 de 1993, T-1239 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-224 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-414 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-1384 de 2000, T-365A de 2006, T-736 de 2004, T-612 de 2014, T-576 de 2008, T-518 de 2006, T-830 de 2006, T-136 de 2004, T-319 de 2003, T-133 de 2001, T-122 de 2001, T-079 de 2000, T-307 de 2007, T-103 de 2009, T-022 de 2011, T-139 de 2011, T-922 de 2009, T-464 de 2018 y T-338 de 2021. | 001-2026-00129-01 Tutela.pdf | |||||||||||||
91 | 63001-3333-005-2026-00156-01 | Accionante: Luis Gonzaga Castañeda Valencia (76 años). Accionada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la parte accionante) (005-2026-164). | Improcedencia, por falta de subsidiariedad, de la tutela para obtener la actualización de la historia laboral con el tiempo de servicio militar obligatorio (13 de mayo de 1973 a 30 de abril de 1975, certificado CETIL de 2026) y la reliquidación de la indemnización sustitutiva de vejez reconocida en 2017 (Resolución SUB 43170): aplicando los cuatro criterios de la T-048 de 2025, la edad de 76 años no basta por sí sola (T-012 de 2023), no se acreditó afectación del mínimo vital, no se interpusieron recursos contra la resolución de 2017 y transcurrieron 9 años sin demostrar ineficacia del medio ordinario ni perjuicio irremediable; en cambio, se vulneró el derecho de petición, porque la respuesta de Colpensiones del 19 de marzo de 2026 se limitó a explicar los bonos tipo B y T sin pronunciarse de forma clara y congruente sobre la actualización de la historia laboral con el tiempo de servicio militar, y la entidad tiene un deber reforzado de informar y orientar a los adultos mayores. | ACCIÓN DE TUTELA; SUBSIDIARIEDAD; CRITERIOS DE SUBSIDIARIEDAD EN MATERIA PENSIONAL (T-048 DE 2025); SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL; ADULTO MAYOR; LA EDAD NO ES SUFICIENTE POR SÍ SOLA PARA LA PROCEDENCIA; MÍNIMO VITAL; PERJUICIO IRREMEDIABLE; MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL IDÓNEO Y EFICAZ; NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO; PROCESO ORDINARIO LABORAL; RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO INTERPUESTOS; INMEDIATEZ; LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA; SEGURIDAD SOCIAL; DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO; HISTORIA LABORAL; ACTUALIZACIÓN DE LA HISTORIA LABORAL; SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO; CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE TIEMPOS LABORADOS (CETIL); INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ; RELIQUIDACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA; BONO PENSIONAL TIPO B Y T; DERECHO DE PETICIÓN; RESPUESTA DE FONDO, CLARA, PRECISA Y CONGRUENTE; RESPUESTA EVASIVA O GENÉRICA; DEBER DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A ADULTOS MAYORES; TÉRMINOS PARA RESOLVER PETICIONES PENSIONALES (SU-975 DE 2003); HECHO SUPERADO; COLPENSIONES. | Le corresponde a la Sala determinar, si se debe declarar improcedente la acción de tutela ante la falta de subsidiariedad, o si contrario a ello, la tutela se torna procedente para obtener la actualización de su historia laboral y reliquidación de la indemnización sustitutiva de vejez, incluyendo el tiempo de servicio militar prestado entre el 13 de mayo de 1973 y el 30 de abril de 1975. Adicionalmente, deberá establecerse si se vulneró el derecho fundamental de petición frente a la solicitud presentada el 18 de marzo de 2026, ante la falta de respuesta de fondo por parte de la entidad accionada, o si por el contrario, con la respuesta emitida mediante oficio BZ2026_5253168-0862977 del 19 de marzo de 2026, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado. | Sí. (…) se observa que el actor es sujeto de especial protección Constitucional, toda vez que cuenta con 76 años de edad (…), sin embargo, debe resaltarse que particularmente en los casos en los cuales se solicita por vía de tutela obtener el reconocimiento y pago de prestaciones económicas, la Corte Constitucional ha indicado que tal circunstancia no constituye una condición suficiente –por sí sola– para relevarla de acudir ante la jurisdicción respectiva. (…) En este orden de ideas, para la Sala la acción de tutela instaurada se torna improcedente para acceder a la actualización de su historia laboral y obtener el reconocimiento de prestaciones económicas de carácter pensional (reliquidación indemnización sustitutiva), dado que no cumple con las reglas generales establecidas frente al requisito de subsidiariedad (…). En tal sentido, considera la Sala que, aunque la entidad accionada en efecto dio respuesta a la petición incoada por el actor, la que fue notificada (…), lo cierto es que ésta no constituye una respuesta de fondo a lo pretendido, toda vez que el actor solicitó expresamente la actualización de su historia laboral incluyendo el tiempo de servicio militar prestado entre el 13 de mayo de 1973 y el 30 de abril de 1975, situación fáctica frente a la cual no existió pronunciamiento alguno o por lo menos no en forma directa (…), lo cierto es que existe en cabeza de la accionada la obligación de informar, orientar y asistir a personas adultas mayores y específicamente de emitir una respuesta clara, precisa, congruente, consecuente con lo pedido, aunque la misma no sea positiva, lo cual a juicio de la Sala no ocurrió (…). En consecuencia, se tiene que Colpensiones, vulneró el derecho fundamental de petición de la parte actora (…). | Primero: Modifica parcialmente la sentencia del 30 de junio de 2026 del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, que quedará así: (Primero) declara improcedente la tutela respecto de los derechos a la seguridad social, mínimo vital, vida digna y debido proceso administrativo, para acceder a la actualización de la historia laboral y a la reliquidación de la indemnización sustitutiva; (Segundo) ampara el derecho fundamental de petición y ordena a Colpensiones que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, dé una respuesta clara, precisa, de fondo y debidamente notificada a la petición del 18 de marzo de 2026, explicando la procedencia o no de la actualización de la historia laboral con el tiempo de servicio militar prestado entre el 13 de mayo de 1973 y el 30 de abril de 1975. Segundo: Notificación conforme al art. 30 del Decreto 2591 de 1991; no procede recurso. Tercero: Remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. Cuarto: Anotaciones en SAMAI. | 17 de julio de 2026 | Alejandro Londoño Jaramillo | Constitución Política, arts. 23 y 86; Decreto 2591 de 1991, arts. 6 num. 1 y 30; Ley 1755 de 2015; Decreto 656 de 1994, art. 19; Ley 797 de 2003, arts. 1 y 9 par. 1; Ley 717 de 2001, art. 1; Ley 1437 de 2011 (CPACA), arts. 86 y 186; Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, art. 2 num. 4 (invocado por Colpensiones); Ley 527 de 1999; Decreto 2364 de 2012. | Cita Corte Constitucional, Sentencias T-048 de 2025 (M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera) (cuatro criterios de subsidiariedad en tutelas sobre historia laboral y derechos pensionales); T-483 de 2015, T-046 de 2019, T-572 de 2023, T-241 de 2025 y T-185 de 2026 (M.P. Carlos Camargo Assis) (examen de subsidiariedad en concreto en materia pensional); T-012 de 2023 (M.P. Juan Carlos Cortés González) (la edad no basta por sí sola para la procedencia de la tutela en controversias pensionales); C-149 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-103 de 2019 (M.P. Diana Fajardo Rivera) (tutela como mecanismo principal para el derecho de petición); T-470 de 2019 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo); C-951 de 2014, C-510 de 2004, T-691 de 2010, T-161 de 2011 y T-395 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) (reglas del derecho de petición en materia pensional); T-774 de 2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y SU-975 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) (términos para resolver solicitudes pensionales). | 005-2026-00156-01 Tutela.pdf | |||||||||||||
92 | 63001-3333-005-2026-00161-01 | Accionante: Gloria Amparo Llanos Tamayo (víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado, incluida en el RUV). Accionada: Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV. | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la parte accionante) (005-2026-172). | Derecho de petición de víctima del conflicto armado sobre la fecha de pago de la indemnización administrativa reconocida en 2020 (Resolución 04102019-433402): la respuesta de la UARIV que remite al Método Técnico de Priorización (MTP) y declara «jurídicamente inviable» fijar una fecha no satisface el núcleo esencial del derecho, pues debe darse certeza sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar de la evaluación, el plazo razonable de pago si hay priorización y el plazo aproximado y orden de acceso si no la hay (Auto 206 de 2017); no obra prueba de la aplicación del MTP en 2024 y 2025, de modo que la situación quedaría indefinida; no procede ordenar el pago inmediato de la indemnización ni la atención humanitaria (suspendida en firme por la Resolución 0600120192351719 de 2019), porque no se probó la vulneración de otros derechos que exija intervención urgente del juez; se flexibilizan la subsidiariedad y la inmediatez por tratarse de población desplazada. | ACCIÓN DE TUTELA; DERECHO DE PETICIÓN; NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICIÓN; RESPUESTA DE FONDO, CLARA, PRECISA, SUFICIENTE, EFECTIVA Y CONGRUENTE; ATENCIÓN PRIORITARIA DE PETICIONES DE VÍCTIMAS; VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO; DESPLAZAMIENTO FORZADO; SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL; FLEXIBILIZACIÓN DE LA SUBSIDIARIEDAD Y LA INMEDIATEZ; REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS (RUV); REPARACIÓN INTEGRAL; INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA; LEY 1448 DE 2011; DECRETO 1084 DE 2015; RESOLUCIÓN 1049 DE 2019; MÉTODO TÉCNICO DE PRIORIZACIÓN; CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN; SITUACIONES DE URGENCIA MANIFIESTA O EXTREMA VULNERABILIDAD; GRADUALIDAD Y PROGRESIVIDAD; SOSTENIBILIDAD FISCAL; AUTO 206 DE 2017; CERTEZA SOBRE EL TURNO O FECHA PROBABLE DE PAGO; ATENCIÓN HUMANITARIA; SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA; IDENTIFICACIÓN DE CARENCIAS; MÍNIMO VITAL; VIVIENDA DIGNA; IGUALDAD; PRECEDENTE NO VINCULANTE; AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA; LÍMITES DEL JUEZ DE TUTELA. | Le corresponde a la Sala determinar si se debe amparar el derecho fundamental de petición o se torna procedente ordenar la materialización de la indemnización por desplazamiento forzado solicitada. | Sí. En este orden de ideas, considera la Sala que existe una vulneración al derecho fundamental de petición de la parte actora, en la medida en que no se evidenció una respuesta de fondo a lo pretendido, la cual si bien no implica conferir o avalar lo solicitado, puntualmente en lo que atañe al tema de la indemnización administrativa, la jurisprudencia ha indicado que la situación de vulnerabilidad de esta población no puede quedar indefinida, toda vez que, debe darse certeza a las víctimas en relación con las condiciones de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se realizará la evaluación que determine si se priorizará o no al núcleo familiar y en caso de ser priorizadas la definición de un plazo razonable para que se realice el pago efectivo de la indemnización y de no ser priorizados establecer los plazos aproximados y orden en que accederán a esta medida. En consecuencia, aún persiste la vulneración del derecho fundamental de petición, pues la entidad se pronunció adjuntando la respuesta a la solicitud, en la que hace referencia a la imposibilidad de materializar la entrega inmediata de su indemnización y la necesidad de continuar aplicando el Método Técnico de Priorización, lo que no satisface la solicitud elevada relativa a obtener el plazo exacto o probable frente al reconocimiento y pago de la indemnización por vía administrativa en su condición de víctima del desplazamiento forzado, habiendo transcurrido más de tres (3) años desde el reconocimiento, sin obtener un turno o una fecha exacta o probable del pago como priorizada o no priorizada; máxime si se tiene en cuenta además que, aunque en los años 2021, 2022 y 2023 le fue aplicado el Método Técnico de Priorización, no obra prueba de su aplicación en los años 2024 y 2025; por consiguiente, de aceptarse el argumento de la Unidad, la situación de la accionante quedaría indefinida en el tiempo; circunstancia que conlleva a confirmar la sentencia de instancia, mediante la cual se amparó el derecho fundamental de petición de la accionante. Por otro lado, si bien excepcionalmente se permite que el juez de tutela ordene el pago inmediato de la indemnización, en el presente caso no se reúnen los presupuestos que permitan desconocer el carácter residual y subsidiario de la tutela establecidos por la Corte Constitucional para el pago de la indemnización, lo anterior por cuanto no se evidencian pruebas que permitan determinar la vulneración y/o afectación de otros derechos, por lo que, como bien lo ha señalado la Alta Corporación Constitucional, a los jueces de tutela no les corresponde decidir de fondo sobre las peticiones presentadas a la administración, sino tan solo resolver sobre la vulneración del derecho de petición. | Primero: Confirma la sentencia del 8 de julio de 2026 del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, que amparó el derecho fundamental de petición y ordenó a la UARIV informar el resultado del Método Técnico de Priorización de 2024 y 2025 o las razones de su omisión, aplicarlo dentro del mes y, según el resultado, informar la fecha o turno aproximado de pago o la fecha de la nueva aplicación y el orden de acceso de los no priorizados, notificando efectivamente a la accionante. Segundo: Notificación conforme al art. 30 del Decreto 2591 de 1991; no procede recurso. Tercero: Remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. Cuarto: Anotaciones en SAMAI. | 30 de julio de 2026 (005-2026-172) | Alejandro Londoño Jaramillo | Constitución Política, arts. 2, 13, 23, 86, 209 y 228; Decreto 2591 de 1991, arts. 6 num. 1 y 30; Ley 1755 de 2015, art. 14; Ley 1437 de 2011 (CPACA), arts. 5 num. 6, 14, 20 y 186; Ley 1448 de 2011, arts. 132 (par. 3) y 134; Decreto 1377 de 2014, art. 7; Decreto 1084 de 2015, arts. 2.2.1.8 y 2.2.7.4.7; Resolución UARIV 01049 de 2019, arts. 4, 7, 11, 14 y 17; Resolución 582 de 2021, art. 1; Ley 527 de 1999; Decreto 2364 de 2012. | Cita Corte Constitucional: Sentencias T-080 de 2018 (perjuicio irremediable); T-341 de 2016, SU-655 de 2017 y T-393 de 2018 (sujetos de especial protección); T-211 de 2019 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger) (flexibilización de la subsidiariedad para víctimas); C-149 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-103 de 2019 (M.P. Diana Fajardo Rivera) (tutela como mecanismo principal para el derecho de petición); T-154 de 2018 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas); T-247 de 2021 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), que transcribe SU-587 de 2016 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-667 de 2011, T-581 de 2003 y T-556 de 2013 (requisitos de la respuesta de fondo); T-058 de 2021, T-058 de 2018, C-951 de 2014, T-867 de 2013, C-510 de 2004, T-242 de 1993 y T-470 de 2019 (vulneración por respuesta insuficiente); T-286 de 2023 (M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera), que cita T-223 de 2021, T-483 de 2017, T-004 de 2020, T-069 de 2021 y T-070 de 2021 (peticiones de víctimas y límites del juez de tutela); Autos 206 de 2017 y 331 de 2019 (certeza sobre la entrega de la indemnización administrativa); T-083 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo) (concepto de víctima); T-205 de 2021 (M.P. Alberto Rojas Ríos), T-028 de 2018, T-450 de 2019, T-450 de 2020 y T-347 de 2018 (indemnización administrativa); C-462 de 2013 (modalidades del par. 3 del art. 132 de la Ley 1448 de 2011); T-004 de 2020 (M.P. Diana Fajardo Rivera) y T-004 de 2018 (inmediatez en desplazamiento forzado). Fallo invocado por la accionante sin valor de precedente vinculante: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Armenia, rad. 3109-005-2026-00028-00. | 005-2026-00161-01 Tutela-dr. alj.pdf | |||||||||||||
93 | 63001-3333-006-2026-00174-01 | Accionante: Sociedad Grupo Joma S.A.S., a través de su representante legal Mayi Alejandra Rodríguez Alarcón. Accionada: U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Vinculada: Sociedad Kenalia Zona Franca S.A.S. | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la parte accionante) (005-2026-173). | Improcedencia, por falta de subsidiariedad, de la tutela contra la medida cautelar de retención temporal de mercancías importadas adoptada por la DIAN (num. 8 del art. 7 de la Ley 2586 de 2026) para verificar la capacidad económica y el origen de los fondos del importador: frente a los tres requisitos de procedencia contra actos de trámite (SU-067 de 2022), la actuación administrativa aduanera no ha concluido (el levante debe solicitarse en el sistema SYGA), pero la medida cautelar es temporal y no define una situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión final, ni es abiertamente irrazonable o desproporcionada al tener sustento legal; no se acreditó perjuicio irremediable; la condición de gestante de la representante legal la hace sujeto de especial protección, pero no torna procedente la tutela en forma automática, pues no se cuestiona su salud; la controversia exige una valoración probatoria rigurosa propia de la jurisdicción contencioso administrativa frente al acto definitivo. | ACCIÓN DE TUTELA; SUBSIDIARIEDAD; TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TRÁMITE O PREPARATORIOS; REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONTRA ACTOS DE TRÁMITE (SU-067 DE 2022); ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA NO CONCLUIDA; SITUACIÓN ESPECIAL Y SUSTANCIAL QUE SE PROYECTA EN LA DECISIÓN FINAL; ACTUACIÓN ARBITRARIA O DESPROPORCIONADA; PERJUICIO IRREMEDIABLE; LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE PERSONA JURÍDICA; INMEDIATEZ; DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO; DERECHO AL TRABAJO; LIBERTAD DE EMPRESA; RÉGIMEN ADUANERO; LEY 2586 DE 2026; MEDIDAS CAUTELARES ADUANERAS; RETENCIÓN TEMPORAL DE MERCANCÍAS; CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL IMPORTADOR; ORIGEN LEGAL DE LOS FONDOS; CONTROL SIMULTÁNEO; SELECTIVIDAD; INSPECCIÓN FÍSICA; LEVANTE AUTOMÁTICO; SISTEMA INFORMÁTICO SYGA; DECRETO 1165 DE 2019; ZONA FRANCA; DECOMISO; APREHENSIÓN; MUJER GESTANTE COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN; PROCEDENCIA NO AUTOMÁTICA; PRUEBAS APORTADAS EN SEGUNDA INSTANCIA; CARENCIA ACTUAL DE OBJETO; JUEZ NATURAL. | Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela resulta procedente para controvertir un acto administrativo de trámite a través del cual se adopta una medida cautelar consistente en la retención de mercancías y de ser procedente, establecer si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y libertad de empresa invocados por la accionante. | No. (…) circunstancia que permite inferir que la actuación administrativa aún no ha culminado, cumpliéndose con ello el primer presupuesto de procedencia de la acción. Seguidamente, en relación con la segunda condición de procedencia de la acción, no se advierte que el acto por medio del cual se adoptó la medida cautelar de retención temporal de la mercancía tenga la virtualidad de definir una situación especial y sustancial dentro de la actuación administrativa, como quiera que se trata de un recurso temporal de la justicia dirigido a proteger un derecho, asegurar un bien o evitar un daño grave mientras se toma una decisión final en un caso, razón por la cual, no puede tenerse por cumplido el segundo presupuesto mencionado. Finalmente en relación con el tercer presupuesto, considera la Sala que la actuación adelantada por la DIAN, no puede ser considerada como una abiertamente irrazonable o desproporcionada, como quiera que no tiene la potencialidad de afectar los derechos al debido proceso y trabajo de la accionante, toda vez que se originó bajo el sustento legal dispuesto en el artículo 7º de la Ley 2586 de 2026 (…). Aunado a lo expuesto, no obra prueba sumaria demostrativa de la afectación a la actora o que acredite un perjuicio irremediable; asimismo, aunque no se desconoce que la condición de gestante de la accionante la hace sujeto de especial protección constitucional, dicha calidad no implica que haga procedente la acción de tutela en forma automática, pues no se cuestiona para nada su situación de gestante ni la salud de la madre ni de la criatura que está por venir, máxime cuando los cuestionamientos aquí expuestos suponen una valoración probatoria rigurosa de un procedimiento administrativo relacionado con la retención preventiva de una mercancía, que solo podría efectuarse al interior de un proceso ordinario (…). En este orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela instaurada por la parte actora, en contra de la DIAN, se torna improcedente, como quiera que no se demostró la configuración de las condiciones de excepcionalidad que justifican la necesidad de que el juez constitucional asuma directamente el examen principal sobre la validez del acto administrativo cuestionado (…). | Primero: Confirma la sentencia del 14 de julio de 2026 del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, que declaró improcedente la acción de tutela. Segundo: Notificación conforme al art. 30 del Decreto 2591 de 1991; no procede recurso. Tercero: Remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión; de no ser seleccionado, archivo. Cuarto: Anotaciones en SAMAI. | 30 de julio de 2026 (005-2026-173) | Alejandro Londoño Jaramillo | Constitución Política, arts. 25, 29, 86 y 333; Decreto 2591 de 1991, arts. 6 y 30; Decreto 306 de 1992; Ley 2586 de 2026, arts. 7 num. 8 y 26 num. 6; Decreto 1165 de 2019, arts. 181 y 183; Memorando DIAN 88 de 2026; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (invocada por la accionante); Ley 527 de 1999; Decreto 2364 de 2012; Ley 1437 de 2011 (CPACA), art. 186. | Cita Corte Constitucional, Sentencias T-405 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) (procedencia excepcional de la tutela contra actos de trámite o preparatorios); SU-067 de 2022 (M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera) (requisitos de procedibilidad de la tutela contra actos de trámite); T-032 de 2020 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) (requisitos generales de procedencia). | 006-2026-00174-01 Tutela-Dr. alj.pdf | |||||||||||||
94 | 63-001-33-33-004-2026-00175-01 | Accionante: John Stiven Ramírez López (bombero aeronáutico de la Aeronáutica Civil, en nombre propio). Accionada: Positiva Compañía de Seguros S.A. (ARL). | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la parte accionante) (0122-002-2026). | Improcedencia, por falta de subsidiariedad, de la tutela para obtener la reapertura de un siniestro por accidente de trabajo (contusión de mano y fractura del extremo distal del cúbito izquierdo) y nuevas citas de medicina laboral tras el alta médica y el dictamen de pérdida de capacidad laboral del 0,00 %: la inconformidad del accionante radica principalmente en dicho dictamen, cuyo mecanismo principal de controversia es la inconformidad ante las Juntas de Calificación de Invalidez (art. 41 Ley 100 de 1993, mod. art. 142 Decreto 019 de 2012), que el actor ya radicó y está en trámite; la tutela contra dictámenes de PCL solo procede excepcionalmente (T-147 de 2025); el actor no es sujeto de especial protección, no se alegó ni advirtió perjuicio irremediable, y no probó que la atención hubiera sido solicitada o negada por su EPS, a cuyos médicos corresponde remitirlo a medicina laboral. | ACCIÓN DE TUTELA; SUBSIDIARIEDAD; IDONEIDAD Y EFICACIA DEL MEDIO ORDINARIO; PERJUICIO IRREMEDIABLE; SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL; FLEXIBILIZACIÓN DE LA SUBSIDIARIEDAD; RELEVANCIA CONSTITUCIONAL; INMEDIATEZ; LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA; DERECHO A LA SALUD; CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO; DEBIDO PROCESO; DIGNIDAD HUMANA; SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES; ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES; ACCIDENTE DE TRABAJO; ALTA MÉDICA; CIERRE DEL SINIESTRO; REAPERTURA DEL CASO; SECUELAS SOBREVINIENTES; DICTAMEN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL; CALIFICACIÓN EN PRIMERA OPORTUNIDAD; JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ; INCONFORMIDAD CONTRA EL DICTAMEN; ARTÍCULO 142 DEL DECRETO 019 DE 2012; TUTELA CONTRA DICTÁMENES DE PCL; PATOLOGÍA DE ORIGEN COMÚN; ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD; REMISIÓN A MEDICINA LABORAL. | Corresponde a la Sala Cuarta de Decisión de este Tribunal como juez constitucional dilucidar lo siguiente: ¿Debe revocarse la sentencia proferida el día 21 de julio de 2026 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción constitucional por acreditarse la existencia de otro mecanismo de defensa de los derechos invocados? | No. El asunto examinado no supera de manera concurrente los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, razón por la cual, el fallo se confirmará. (…) De lo anterior se colige que, la inconformidad del tutelante radica principalmente, en el dictamen de pérdida de capacidad laboral en el cual se estableció una pérdida equivalente al 0.0%, razón por la cual, insistentemente ha requerido una nueva cita médica en la cual, pueda exponer sus dolencias y las secuelas que, según afirma, se originaron por virtud del accidente laboral por él sufrido el pasado mes de abril del año en curso. No obstante, tal y como lo refirió la a quo, el mecanismo principal de protección de los derechos por él invocados, es precisamente la inconformidad o escrito de impugnación contra el referido dictamen -el cual, como lo afirmó y probó el demandante, ya fue radicado-, y no la vía ordinaria laboral que, sería el segundo escenario de protección a emplear -de ser necesario- (…). Entonces, como quiera que, en el caso concreto, el señor Ramírez López no acreditó su condición de sujeto de especial protección constitucional, el dictamen de pérdida de capacidad laboral no se encuentra en firme -es decir, se encuentra en trámite la inconformidad radicada por el peticionario- y, no se alegó, así como tampoco se advierte la configuración de un perjuicio irremediable, es evidente que el fallo de primera instancia ha de ser confirmado. Pero como si lo anterior no fuera suficiente, esta Sala encuentra que, pese a alegarse por parte del actor la inminente necesidad de ser atendido por un especialista (…), lo cierto es que no se allegó una sola prueba que permita a esta Corporación inferir que dicho servicio ha sido solicitado o -aún- negado por su EPS, cuyos galenos son quienes deben remitirlo -de ser necesario- a valoración por medicina laboral para lograr la reapertura de su caso -de ser procedente-, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012 (…). | Primero: Confirma la sentencia del 21 de julio de 2026 del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia, que declaró improcedente la acción de tutela. Segundo: Notificación a las partes y al Ministerio Público. Tercero: Remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. | 6 de agosto de 2026 (0122-002-2026) | Luis Carlos Marín Pulgarín | Constitución Política, arts. 86 y 116; Decreto 2591 de 1991, art. 32; Decreto 333 de 2021 (mod. Decreto 1069 de 2015, arts. 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5); Ley 2213 de 2022; Constitución Política, arts. 29 y 49; Decreto 2591 de 1991, art. 6 num. 1; Ley Estatutaria 1751 de 2015; Ley 100 de 1993, art. 41 (mod. art. 142 Decreto Ley 019 de 2012); Decreto 1072 de 2015, art. 2.2.5.1.42 y Título 5 de la Parte 2 del Libro 2; Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, art. 2 num. 4. | Cita Corte Constitucional, Sentencias SU-215 de 2022 y SU-125 de 2025 (relevancia constitucional; también C-335 de 2008, C-816 de 2011, SU-053 de 2015 y SU-354 de 2017); T-859 de 2003 y T-760 de 2008 (salud como derecho fundamental autónomo); C-143 de 2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-881 de 2002, T-436 de 2012, T-143 de 2015, SU-696 de 2015 y T-291 de 2016 (dignidad humana); T-160 de 2021 (inmediatez); T-040 de 2016 (idoneidad y eficacia); T-401 de 2017 y T-163 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), T-328 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-456 de 2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-789 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-136 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-662 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-527 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) (flexibilización de la subsidiariedad para sujetos de especial protección); T-147 de 2025 (procedencia excepcional de la tutela contra dictámenes de PCL, transcrita). | 004-2026-00175-01 Tutela.pdf | |||||||||||||
95 | 63-001-33-33-002-2026-00189-01 (así en la providencia; el archivo se denomina 002-2026-00179-01) | Accionante: Lisbia Lisned Garzón Ramírez (residente en España, en nombre propio con apoderada). Accionada: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. Vinculados: Ministerio del Trabajo; Porvenir S.A. | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la parte accionante) (0124-002-2026). | Oportunidad de traslado de régimen pensional (art. 76 Ley 2381 de 2024, exceptuado de la suspensión del Auto 841 de 2025; plazo hasta el 16 de julio de 2026) y fallas tecnológicas de la plataforma de Colpensiones para la «doble asesoría»: la tutela es procedente, pues el derecho de petición en curso, la ventana del art. 76 (ya vencida) o el proceso ordinario laboral no son medios idóneos ni eficaces frente a una barrera tecnológica que el usuario no está obligado a soportar (T-402 de 2023, T-180 de 2024, T-127 de 2026); la presunción de veracidad por el silencio de Colpensiones opera solo parcialmente, dado que la actora debía acreditar mínimamente las fallas; solo se probó el inicio del trámite el 15 de julio de 2026, un día antes del vencimiento, cuando la doble asesoría admite hasta 20 días hábiles, por lo que no surgió expectativa legítima ni se vulneraron el debido proceso, la seguridad social y la igualdad (aceptar lo contrario afectaría la igualdad de quienes acudieron a tiempo); Porvenir informó que la actora no registraba viabilidad en SIAFP; sí se vulneró el derecho de petición del 15 de julio de 2026, sin respuesta vencido el término de 15 días; no hay perjuicio irremediable (57 años, apoderada en Colombia, trámites presenciales). | ACCIÓN DE TUTELA; SUBSIDIARIEDAD; IDONEIDAD Y EFICACIA DEL MEDIO ORDINARIO; PERJUICIO IRREMEDIABLE; PRESUNCIÓN DE VERACIDAD (ART. 20 DECRETO 2591 DE 1991); CARGA MÍNIMA PROBATORIA; RELEVANCIA CONSTITUCIONAL; INMEDIATEZ; LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA; DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL; DERECHO A LA IGUALDAD; DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO; CONFIANZA LEGÍTIMA; EXPECTATIVA LEGÍTIMA; BUENA FE; DERECHO DE PETICIÓN; TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL; OPORTUNIDAD DE TRASLADO; ARTÍCULO 76 DE LA LEY 2381 DE 2024; AUTO 841 DE 2025; DECRETO 1225 DE 2024; DOBLE ASESORÍA; LEY 1748 DE 2014; TÉRMINO DE VEINTE DÍAS HÁBILES PARA LA SEGUNDA ASESORÍA; BARRERAS TECNOLÓGICAS; FALLAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL; BARRERAS ADMINISTRATIVAS INJUSTIFICADAS; PRINCIPIO DE EFICACIA (ART. 3 CPACA); VIABILIDAD EN SIAFP; COLPENSIONES; ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES; COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR; SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS JUDICIALES NO APLICABLE A LA TUTELA. | Le corresponde a la Sala Cuarta de Decisión de este Tribunal como Juez constitucional dilucidar si: ¿Debe revocarse la sentencia proferida el 27 de julio de 2026 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia, habida cuenta que la solicitud de amparo cumple con el requisito de subsidiariedad, aunado a que debe valorarse la posible configuración de un perjuicio irremediable? En caso afirmativo, además se determinará si: ¿se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante y en consecuencia, hay lugar a acceder a sus pedimentos? | Sí. Se revocará la sentencia de primer grado, atendiendo a que las particularidades del caso permiten excepcionalmente tener por satisfecho el requisito de subsidiariedad, bajo el entendido que, la afirmada ocurrencia de fallas tecnológicas en la plataforma de Colpensiones para el trámite de la “doble asesoría”, impuso una carga a la accionante que no tenía la obligación de soportar, habilitando por tanto el estudio de fondo del mecanismo constitucional. (…) La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo negará la solicitud de amparo respecto de los derechos al debido proceso, seguridad social e igualdad porque la barrera tecnológica al trámite de “doble asesoría” en sí misma no vulneró tales garantías, empero, tutelará el derecho de petición. (…) De lo anterior, se infiere razonablemente que, si bien la accionante acudió a la plataforma dispuesta por Colpensiones para obtener la “doble asesoría” y aun dando por cierto la ocurrencia de fallas en este canal digital, (…) el hecho de que los trámite solo se hubieran iniciado el 15 de julio de 2026, impide a juicio de esta Corporación que se generara expectativa legítima en favor de la señora Garzón Ramírez y por ende, que se concretara una vulneración al debido proceso y la seguridad social, pues esto ocurrió solo un (01) día antes de que feneciera el plazo (…). Por consiguiente, se itera que, sin perjuicio de las fallas tecnológicas ocurridas en la web de Colpensiones, que en todo caso la accionante no tenía la obligación de soportar, la transgresión a los derechos fundamentales reseñados no se produjo (…). Aceptar lo contrario, sí implicaría una vulneración al debido proceso y la igualdad de aquellos afiliados que acudieron a tiempo a adelantar las gestiones con un margen de tiempo más amplio. (…) El derecho de petición en este asunto se elevó el 15 de julio de 2026, los quince (15) días de que trata el art. 14 de la Ley 1775 de 2015 finiquitaron el 06 de agosto de 2026; así las cosas, como hasta la fecha no hay registro de respuesta alguna, se amparará esa garantía fundamental solamente. | Primero: Revoca la sentencia del 27 de julio de 2026 del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia, que declaró improcedente la tutela. Segundo: Niega el amparo de los derechos al debido proceso, seguridad social e igualdad. Tercero: Ampara el derecho fundamental de petición vulnerado por Colpensiones y le ordena que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, otorgue respuesta de fondo, completa, clara y congruente a la petición del 15 de julio de 2026 y la notifique. Cuarto: Notificación. Quinto: Remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. | 21 de agosto de 2026 (0124-002-2026) | Luis Carlos Marín Pulgarín | Constitución Política, arts. 86 y 116; Decreto 2591 de 1991, art. 32; Decreto 333 de 2021 (mod. Decreto 1069 de 2015, arts. 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5); Ley 2213 de 2022; Constitución Política, arts. 13, 23, 29 y 48; Decreto 2591 de 1991, art. 20; Ley 2381 de 2024, art. 76; Ley 1748 de 2014; Decreto 1225 de 2024, arts. 11, 12 (o 13) y 17; Ley 1755 de 2015, art. 14 (citada como «Ley 1775 de 2015»); Ley 1437 de 2011 (CPACA), arts. 3 num. 11 y 20; Acuerdos PCSJA26-12564, PCSJA26-12567 y PCSJA26-12568 de 2026 del Consejo Superior de la Judicatura (suspensión de términos por el sismo del 10 de agosto de 2026). | Cita Corte Constitucional, Sentencias SU-215 de 2022 y SU-125 de 2025 (relevancia constitucional; también C-335 de 2008, C-816 de 2011, SU-053 de 2015 y SU-354 de 2017); T-427 de 2018, T-144 de 2020 y T-045 de 2022 (seguridad social); T-160 de 2021 (inmediatez); T-571 de 2015 (subsidiariedad); T-110 de 2021, T-359 de 2019 y T-067 de 2024 (improcedencia general de la tutela para cambio de régimen pensional); T-266 de 2023, T-042 de 2025 y T-486 de 2025 (flexibilización de la subsidiariedad y vigencia del art. 76 de la Ley 2381 de 2024); T-402 de 2023 (fallas de mecanismos virtuales como carga desproporcionada, transcrita); T-180 de 2024 (barreras administrativas injustificadas y principio de eficacia, transcrita); T-127 de 2026 (problemas técnicos de plataforma y derecho de petición, transcrita); Auto 841 de 2025; T-426 de 1992, T-167 de 2013, T-332 de 2015, T-051 de 2023 y C-007 de 2017 (núcleo esencial del derecho de petición). | 002-2026-00189-01 Tutela.pdf | |||||||||||||
96 | 63001-3333-005-2026-00174-01 | Accionante: Ruth Haciby Hanrryr Garcerat (aspirante en el Concurso Abierto de Méritos CGR 2024-2026, Convocatoria 144-25, registro 324394). Accionadas: Contraloría General de la República; Universidad de Antioquia (operador técnico del concurso). | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la parte accionante) (125-002-2026). | Derecho de petición dentro de un concurso de méritos: la tutela es el mecanismo idóneo para proteger el derecho de petición aunque la legalidad de la calificación deba controvertirse ante la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que no puede trasladarse automáticamente el análisis de subsidiariedad aplicable a esta última; la Resolución ORD-81119-12751-2026 de la Comisión de Personal de la CGR explicó la calificación de 0.000 puntos en la prueba de competencias funcionales (hoja de respuestas sin marcaciones) y negó su modificación, pero no resolvió de forma clara, suficiente y congruente la solicitud específica de verificación manual de la hoja física de respuestas, ni informó si se practicó o por qué no procedía; la verificación operativa elaborada por CADENA S.A. y aportada con la contestación de la tutela no satisface el derecho, pues no fue comunicada a la peticionaria, por lo que no hay hecho superado; la orden no implica recalificación ni predetermina el sentido de la respuesta. | ACCIÓN DE TUTELA; DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN; NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE PETICIÓN; RESPUESTA DE FONDO, CLARA, PRECISA, SUFICIENTE Y CONGRUENTE; NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA; RESPUESTA NEGATIVA; LEY 1755 DE 2015; SUBSIDIARIEDAD DIFERENCIADA SEGÚN EL DERECHO INVOCADO; CONCURSO DE MÉRITOS; CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; OPERADOR TÉCNICO DEL CONCURSO; UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA; RECLAMACIÓN CONTRA RESULTADOS DE PRUEBAS ESCRITAS; PRUEBA DE COMPETENCIAS FUNCIONALES; PRUEBA ELIMINATORIA; HOJA DE RESPUESTAS; LECTURA ÓPTICA (OMR); VERIFICACIÓN MANUAL DE LA HOJA DE RESPUESTAS; CADENA DE CUSTODIA; ACTO DE TRÁMITE Y ACTO DEFINITIVO EN CONCURSOS; NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO; CARENCIA ACTUAL DE OBJETO; HECHO SUPERADO; PRUEBA APORTADA EN EL TRÁMITE DE TUTELA NO COMUNICADA AL PETICIONARIO; ACCESO A CARGOS PÚBLICOS; DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO; CONFIANZA LEGÍTIMA; RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. | Corresponde a la Sala Cuarta de Decisión determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad o si, por el contrario, se vulneró el derecho fundamental de petición de la señora Ruth Haciby Hanrryr Garcerat, ante la presunta ausencia de una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente frente a la solicitud específica de verificación manual de su hoja de respuestas, formulada dentro de la reclamación presentada contra los resultados de las pruebas escritas del Concurso Abierto de Méritos de la Contraloría General de la República 2024-2026. | Sí. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal revocará parcialmente la sentencia de primera instancia y amparará el derecho fundamental de petición de la accionante. (…) Por consiguiente, respecto del derecho fundamental de petición, no resulta acertado trasladar automáticamente el análisis de subsidiariedad aplicable a la controversia sobre la legalidad de la calificación obtenida en el concurso. (…) Bajo esa perspectiva, examinada integralmente la Resolución del 7 de julio de 2026, la Sala no encuentra un pronunciamiento que permita establecer que la verificación manual específicamente solicitada hubiera sido practicada. (…) Por consiguiente, la respuesta brindada resulta suficiente respecto de la calificación de 0.000 puntos y de la pretensión de modificarla, pero no satisface plenamente las exigencias de claridad, suficiencia y congruencia respecto de la solicitud autónoma de verificación manual de la hoja de respuestas, pues no permite a la peticionaria conocer qué decisión concreta adoptó la administración frente a ese requerimiento ni las razones que la sustentaron. (…) Así, aunque el informe elaborado por CADENA S.A. el 10 de julio de 2026 aporta elementos adicionales que podrían resultar relevantes para resolver de manera completa la solicitud elevada por la accionante, su incorporación como anexo de la contestación de la tutela no equivale, por sí misma, a una respuesta al derecho de petición, pues no se acreditó que su contenido hubiera sido puesto en conocimiento de aquella como contestación o complemento de la reclamación formulada. En consecuencia, no se configura una carencia actual de objeto por hecho superado respecto del derecho fundamental de petición (…). La orden impartida no comporta disponer la recalificación de la prueba ni predetermina el sentido de la respuesta que deba emitir la entidad accionada (…). | Primero: Revoca parcialmente el numeral primero de la sentencia del 17 de julio de 2026 del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, en cuanto declaró improcedente la tutela respecto del derecho de petición. Segundo: En su lugar, ampara el derecho fundamental de petición. Tercero: Ordena a la Contraloría General de la República, en coordinación con la Universidad de Antioquia, que en 48 horas emita y comunique a la accionante una respuesta de fondo, clara, precisa, suficiente y congruente frente a la solicitud de verificación manual de la hoja de respuestas formulada el 11 de mayo de 2026, indicando si fue realizada y su resultado o las razones por las que no se efectuó o no procede, sin que ello implique recalificación ni predetermine el sentido de la respuesta; y que remita copia íntegra de la «Verificación operativa Registro Nro. 324394» de CADENA S.A. del 10 de julio de 2026. Cuarto: Confirma en lo demás. Quinto: Notificación (art. 30 Decreto 2591 de 1991). Sexto: Remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. | 21 de agosto de 2026 (125-002-2026) | Luis Carlos Marín Pulgarín | Constitución Política, arts. 86 y 116; Decreto 2591 de 1991, art. 32; Decreto 333 de 2021 (mod. Decreto 1069 de 2015, arts. 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5); Ley 2213 de 2022; Constitución Política, art. 23; Ley 1755 de 2015; Decreto 2591 de 1991, arts. 30 y 31; Decreto Ley 268 de 2000 (régimen de carrera de la CGR, citado en la resolución transcrita); Resolución Organizacional OGZ-0858 de 2024 de la CGR (convocatoria); Contrato Interadministrativo CGR-815-2024. | Cita Corte Constitucional, Sentencias SU-215 de 2022 y SU-125 de 2025 (relevancia constitucional; también C-335 de 2008, C-816 de 2011, SU-053 de 2015 y SU-354 de 2017); T-426 de 1992, T-167 de 2013, T-332 de 2015, T-051 de 2023, SU-213 de 2021 y C-007 de 2017 (núcleo esencial del derecho de petición). | 005-2026-00174-01 Tutela.pdf | |||||||||||||
97 | 63001-33-33-001-2026-00159-01 | Accionante: Cristian Camilo Buitrago Aristizábal (Gestor III con derechos de carrera en la DIAN). Accionadas: Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC; U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Coadyuvantes (integrantes de la misma lista de elegibles, OPEC 225443): Olga Lucía Giraldo Correa, Sonia Marcela Clavijo Gutiérrez, Diana Caterine Sarmiento Villarreal, Betsabé Ángel Aguirre, Rositter Cardona Cuéllar, Tanya Maritza Quiroz Naranjo, Laura Coral Piedrahita, Viviana Guevara Chávez, Martha Lucía Romero Molina, Jesús Augusto Torra Cárdenas, Ángela María Ruiz Mena, Diana Marcela Caviedes Vargas, Ángela Ximena Cabrera Vivas y Jhovany Fernando Zambrano Jiménez. Intervinientes sin relación directa (OPEC 225442, modalidad ingreso): Sindy Vanessa Osorio Osorio, Luz María Jaramillo Bedoya y Karen Sabrith Martínez Sotter. | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la parte accionante) (Sentencia No. 141). | Uso de la lista de elegibles del Proceso de Selección DIAN 2667 de 2024 (Ascenso) para el empleo Inspector II, Código 306, Grado 6, OPEC 225443, ficha AT-FL-3003 (Resolución CNSC 7167 de 2026, cuatro vacantes ofertadas; el accionante ocupa la posición 15): la tutela es procedente porque el medio de control de nulidad y restablecimiento no es eficaz en concreto frente a una lista con vigencia de un año (hasta junio de 2027); existían múltiples vacantes definitivas de la misma ficha antes de la expedición de la lista, y la controversia radica en la falta de impulso administrativo de la DIAN y la CNSC para verificar si podían proveerse con la lista vigente; la Sala se aparta de la lectura literal de los arts. 24.6 y 36 del Decreto Ley 927 de 2023 y de la Ley 1960 de 2019 (vacantes generadas con posterioridad a la convocatoria) y, con fundamento en el principio del mérito (art. 125 C.P.), concluye que la administración debe utilizar las listas para proveer todas las vacantes existentes durante su vigencia; la ampliación de planta del Decreto 419 de 2023 contó con estudio técnico y viabilidad presupuestal, por lo que la falta de financiación no es excusa. | ACCIÓN DE TUTELA; SUBSIDIARIEDAD; INEFICACIA EN CONCRETO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO; VIGENCIA LIMITADA DE LA LISTA DE ELEGIBLES; PERJUICIO IRREMEDIABLE; TUTELA CONTRA ACTOS DE TRÁMITE EN CONCURSOS DE MÉRITOS; OMISIÓN ADMINISTRATIVA; DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS; CARRERA ADMINISTRATIVA; PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL MÉRITO; CONCURSO DE MÉRITOS; SISTEMA ESPECÍFICO DE CARRERA DE LA DIAN; DECRETO LEY 927 DE 2023; LISTA DE ELEGIBLES; USO DE LA LISTA DE ELEGIBLES; LEY 1960 DE 2019; APLICACIÓN RETROSPECTIVA; MISMO EMPLEO; EMPLEO EQUIVALENTE; VACANTES DEFINITIVAS; VACANTES GENERADAS CON ANTERIORIDAD A LA CONVOCATORIA; AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL (DECRETO 419 DE 2023); REPORTE DE VACANTES EN SIMO; ESTUDIO TÉCNICO DE USO DE LISTAS; EXPECTATIVA LEGÍTIMA CUALIFICADA; DERECHO ADQUIRIDO AL NOMBRAMIENTO; SENTENCIA SU-446 DE 2011; SENTENCIA C-197 DE 2025; INTERPRETACIÓN GRAMATICAL FRENTE A INTERPRETACIÓN CONFORME AL MÉRITO; CONFIANZA LEGÍTIMA; BUENA FE; FAVORABILIDAD; IGUALDAD; DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO; COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL; DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES; LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA; COADYUVANCIA; INSPECTOR II; OPEC 225443; FICHA AT-FL-3003; VIABILIDAD PRESUPUESTAL; ESTUDIO TÉCNICO DE AMPLIACIÓN DE PLANTA. | De acuerdo con los antecedentes planteados, corresponde a esta Sala responder el siguiente problema jurídico: ¿Se cumple con el requisito de subsidariedad o residualidad de la acción de tutela, para la protección de los derechos fundamentales incoados como vulnerados por el señor CRISTIAN CAMILO BUITRAGO ARISTIZÁBAL? ¿Vulneran la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- los derechos fundamentales al mérito, al acceso a cargos públicos, a la carrera administrativa, al trabajo, a la igualdad y al debido proceso del señor CRISTIAN CAMILO BUITRAGO ARISTIZÁBAL, al no promover ni decidir el procedimiento de uso de la lista de elegibles adoptada mediante la Resolución No. 7167 del 29 de mayo de 2026, pese a la existencia de vacantes definitivas previamente reportadas para el empleo Inspector II, Código 306, Grado 06, OPEC 225443, ficha AT-FL-3003, respecto de las cuales debía verificarse la configuración del mismo empleo o la equivalencia exigida por el régimen especial de carrera de la DIAN? | Sí. En este caso, la Sala considera que las pretensiones que el accionante formula tendientes a aplicar la Ley 1960 de 2019 por parte de la DIAN y la CNSC, respecto al régimen de provisión de cargos vacantes generadas con posterioridad a la convocatoria del concurso por ampliación de la planta de personal, con la lista de elegibles del cargo Inspector II, Código 306, Grado 6, OPEC 225443, ficha AT-FL-3003, emitida dentro del desarrollo del concurso convocado, satisfacen el requisito de subsidiariedad. (…) Lo anterior, debido a que la lista de elegibles de la que el accionante forma parte tiene un periodo de vigencia de tan solo un año, hasta el mes junio de 2027. En tales términos, es probable que, para la fecha en que eventualmente se dictare sentencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la lista ya haya perdido vigencia y no sea posible efectuar su nombramiento en el cargo para el cual concursó (…). (…) Por consiguiente, la controversia constitucional no puede reducirse a determinar si existen vacantes generadas con posterioridad a la convocatoria o a la expedición de la lista de elegibles, pues el debate planteado por el accionante se encuentra relacionado principalmente con la falta de impulso administrativo por parte de la DIAN y la CNSC para establecer si las vacantes definitivas ya existentes podían ser objeto de provisión mediante la lista de elegibles vigente, previa verificación de los requisitos normativos relativos al mismo empleo o a la equivalencia funcional exigidos por el régimen específico de carrera de la entidad. (…) En suma, no comparte la Sala la interpretación sostenida por las entidades accionadas según la cual la utilización de la lista de elegibles únicamente puede analizarse respecto de las vacantes inicialmente ofertadas en la convocatoria o de aquellas generadas con posterioridad a esta, pues si bien esa posición aplica de manera literal las normas que regulan el tema (artículos 24.6 y 36 del Decreto Ley 927 de 2023 y Ley 1960 de 2019) dicha lectura gramatical desconoce que el principio constitucional del mérito consagrado en el artículo 125 de la Constitución Política, norma esta que impone a las autoridades el deber de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la provisión efectiva de los empleos de carrera con quienes han demostrado las mejores condiciones para ocuparlos (…). Aceptar la postura defendida por las accionadas conduciría a una consecuencia contraria a los principios de buena fe, confianza legítima y mérito, pues permitiría que vacantes definitivas existentes al momento de conformarse la lista de elegibles quedaran excluidas de cualquier análisis de provisión por la sola circunstancia de no haber sido oportunamente ofertadas o gestionadas por la administración, es decir, para la Sala esta omisión de la administración no puede perjudicar a quienes participan de los concursos de méritos (…). Por lo anterior, el obstáculo normativo gramatical (artículos 24.6 y 36 del Decreto Ley 927 de 2023 y Ley 1960 de 2019) debe solventarse con la aplicación del principio del mérito y de ello se puede concluir que la administración debe utilizar las listas de elegibles para proveer todas las vacantes existentes en su vigencia. (…) De otra parte, respecto a la argumentación de la entidad accionada DIAN, según la cual la provisión de los empleos producto de la ampliación de la planta de personal por parte del Gobierno Nacional, depende de la disponibilidad presupuestal y financiación, es importante resaltar que (…) la creación de cargos y ampliación de la planta de personal de la accionada tuvo como fundamento necesidades de servicio y necesidades de modernización de la Administración y así mismo, se basó en un estudio técnico (…). Así mismo, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió certificado de viabilidad presupuestal para los efectos del Decreto 419 de 2023 (…). En ese sentido, resulta contradictorio el actuar de la DIAN. En síntesis, se evidencia que las entidades accionadas se encuentran vulnerando los derechos fundamentales al acceso a la carrera administrativa, confianza legítima, favorabilidad, igualdad y debido proceso del señor CRISTIAN CAMILO BUITRAGO ARISTIZÁBAL, por lo que se REVOCARÁ la sentencia de primera instancia (…). | Primero: Revoca la sentencia del 6 de agosto de 2026 del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia, que declaró improcedente la acción. Segundo: Ampara los derechos fundamentales al acceso a la carrera administrativa, confianza legítima, favorabilidad, igualdad y debido proceso de Cristian Camilo Buitrago Aristizábal. Tercero: Ordena a la DIAN que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, adelante los trámites para solicitar ante la CNSC la autorización del uso de la lista de elegibles de la Resolución No. 7167 del 29 de mayo de 2026, respecto del cargo Inspector II, Código 306, Grado 6, OPEC 225443, particularmente respecto de la ficha AT-FL-3003, para proveer las vacantes existentes a la expedición de dicho acto administrativo. Cuarto: Ordena a la CNSC que, recibida la solicitud, se pronuncie de fondo dentro de las 48 horas siguientes, sin que sea de recibo el argumento de que las vacantes definitivas existían con anterioridad a la convocatoria. Quinto: Únicamente si se autoriza el uso de la lista, ordena a la DIAN continuar, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la respuesta de la CNSC, con el trámite de provisión de dichos cargos. Sexto: Notificación conforme al art. 30 del Decreto 2591 de 1991; no procede recurso; copia al juzgado de origen para verificar el cumplimiento; remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. Séptimo: Anotaciones en SAMAI. | 27 de agosto de 2026 (Sentencia No. 141) | Luis Carlos Alzate Ríos | Constitución Política, arts. 40 num. 7, 83, 86 y 125; Decreto 2591 de 1991, arts. 8, 30, 31 y 32; Decreto 1069 de 2015 (mod. Decreto 1983 de 2017 y Decreto 333 de 2021); Ley 909 de 2004, arts. 3, 4, 27, 28, 31 num. 4 (mod. art. 6 Ley 1960 de 2019), 41 y 46; Ley 1960 de 2019, art. 6; Decreto 1227 de 2005, art. 7 par. 1; Decreto Ley 071 de 2020, art. 32; Decreto Ley 927 de 2023, arts. 20, 24 num. 24.6, 36 y 152; Decreto 419 de 2023, art. 3; Decreto 1083 de 2015; Decreto Ley 019 de 2012, art. 228; Decreto 397 de 2022, art. 2; Acuerdo CNSC No. 19 de 2024, art. 13; Acuerdo CNSC No. 16 de 2025; Circular Externa CNSC No. 11 de 2021; Ley 1437 de 2011 (CPACA), arts. 20, 24, 104 y 138; Ley 527 de 1999; Decreto 2364 de 2012. | Cita Corte Constitucional: SU-037 de 2009, SU-961 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-179 de 2003, T-500 de 2002, T-135 de 2002, T-1062 de 2001, T-482 de 2001, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-418 de 2000, T-156 de 2000, T-716 de 1999, SU-086 de 1999, T-554 de 1998, T-384 de 1998 y T-287 de 1995 (subsidiariedad); T-405 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-106 de 1993, T-100 de 1994, T-705 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-808 de 2010 y T-747 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) (idoneidad y perjuicio irremediable); T-823 de 2014, T-570 de 2017 y T-161 de 2017 (tutela contra actos administrativos); SU-077 de 2018, Auto 172A de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), SU-617 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-030 de 2015, SU-067 de 2022, T-292 de 2017, T-049 de 2019, T-315 de 1998, T-1198 de 2001, T-599 de 2002, T-602 de 2011, T-682 de 2016, T-314 de 1998, T-227 de 2019, T-438 de 2018, T-160 de 2018, T-610 de 2017, T-551 de 2017, SU-201 de 1994, T-945 de 2009, T-253 de 2020 y T-682 de 2015 (tutela contra actos de trámite en concursos de méritos); C-176 de 2017, C-645 de 2017, C-172 de 2021, SU-539 de 2012, T-340 de 2020, C-553 de 2010, C-285 de 2015, T-096 de 2018, T-380 de 1998, C-588 de 2009, SU-446 de 2011, T-081 de 2021, T-455 de 2000, C-102 de 2022 y C-532 de 2006 (acceso a cargos públicos, carrera y mérito); SU-913 de 2009, T-654 de 2011, C-331 de 2022 y C-197 de 2025 (lista de elegibles, Ley 1960 de 2019 y sistema específico de la DIAN); T-327 de 2018, T-002 de 2019, T-236 de 2019, T-137 de 2020, T-572 de 2016, T-051 de 2022, T-509 de 2011, T-604 de 2013, SU-553 de 2015, T-059 de 2019, SU-136 de 1998, T-102 de 2001, T-077 de 2005, T-521 de 2006, T-156 de 2012, T-785 de 2013 y T-405 de 2022 (ineficacia en concreto del medio de control por la vigencia de la lista). CNSC, Criterio Unificado de 20 de enero de 2020 sobre uso de listas de elegibles. Doctrina: Catalina Botero Marino, La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano (2006). Precedente invocado por el accionante: Tribunal Administrativo del Quindío, Sentencia 093 de 3 de abril de 2025. | 001-2026-00159-01 Tutela.pdf | |||||||||||||
98 | 63001-33-33-006-2026-00187-01 | Accionante: Carlos Alberto Rincón Choles. Accionadas: Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC; U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Coadyuvantes (integrantes de la misma lista, OPEC 225493): Efraín Rafael Sarmiento Cervantes, Sandra Viviana Gamboa Díaz, Jonancy Aguilar Jiménez y Julieth Barón Ibáñez. Intervinientes sin relación directa (OPEC 226100, modalidad ingreso): Clara Isabel López Moreno, Ana Milena Gómez Anaya y Martín Alfredo Solarte Suárez. | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la parte accionante) (Sentencia No. 142). | Uso de la lista de elegibles del Proceso de Selección DIAN 2667 de 2024 (Ascenso) para el empleo Inspector IV, Código 308, Grado 8, OPEC 225493, ficha AT-OP-3001 (Resolución CNSC 7159 de 2026, dos vacantes ofertadas; el accionante ocupa la posición 9): la tutela es procedente porque la vigencia limitada de la lista hace ineficaz en concreto el medio de control ordinario; la CNSC solo admitió analizar una de las quince vacantes de la ficha por haberse generado las restantes antes del Acuerdo 205 de 10 de octubre de 2024, pero la Sala se aparta de esa lectura literal de los arts. 24.6 y 36 del Decreto Ley 927 de 2023 y de la Ley 1960 de 2019 y, con fundamento en el principio del mérito (art. 125 C.P.), concluye que la administración debe utilizar las listas para proveer todas las vacantes existentes durante su vigencia; no se configura hecho superado por la respuesta tardía de la DIAN a una petición, pues el objeto de la acción no era el derecho de petición sino el impulso del procedimiento de uso de la lista. | ACCIÓN DE TUTELA; SUBSIDIARIEDAD; INEFICACIA EN CONCRETO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO; VIGENCIA LIMITADA DE LA LISTA DE ELEGIBLES; PERJUICIO IRREMEDIABLE; TUTELA CONTRA ACTOS DE TRÁMITE EN CONCURSOS DE MÉRITOS; OMISIÓN ADMINISTRATIVA; DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS; CARRERA ADMINISTRATIVA; PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL MÉRITO; CONCURSO DE MÉRITOS; SISTEMA ESPECÍFICO DE CARRERA DE LA DIAN; DECRETO LEY 927 DE 2023; LISTA DE ELEGIBLES; USO DE LA LISTA DE ELEGIBLES; LEY 1960 DE 2019; APLICACIÓN RETROSPECTIVA; MISMO EMPLEO; EMPLEO EQUIVALENTE; VACANTES DEFINITIVAS; VACANTES GENERADAS CON ANTERIORIDAD A LA CONVOCATORIA; AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL (DECRETO 419 DE 2023); REPORTE DE VACANTES EN SIMO; ESTUDIO TÉCNICO DE USO DE LISTAS; EXPECTATIVA LEGÍTIMA CUALIFICADA; DERECHO ADQUIRIDO AL NOMBRAMIENTO; SENTENCIA SU-446 DE 2011; SENTENCIA C-197 DE 2025; INTERPRETACIÓN GRAMATICAL FRENTE A INTERPRETACIÓN CONFORME AL MÉRITO; CONFIANZA LEGÍTIMA; BUENA FE; FAVORABILIDAD; IGUALDAD; DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO; COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL; DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES; LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA; COADYUVANCIA; INSPECTOR IV; OPEC 225493; FICHA AT-OP-3001; ACUERDO CNSC 205 DE 2024; CARENCIA ACTUAL DE OBJETO; HECHO SUPERADO; DERECHO DE PETICIÓN; OBJETO MATERIAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA. | De acuerdo con los antecedentes planteados, corresponde a esta Sala responder el siguiente problema jurídico: ¿Se cumple con el requisito de subsidariedad o residualidad de la acción de tutela, para la protección de los derechos fundamentales incoados como vulnerados por el señor CARLOS ALBERTO RINCÓN CHOLES? ¿Vulneran la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- los derechos fundamentales al mérito, al acceso a cargos públicos, a la carrera administrativa, a la igualdad y al debido proceso del señor CARLOS ALBERTO RINCÓN CHOLES, al no promover ni decidir el procedimiento de uso de la lista de elegibles adoptada mediante la Resolución No. 7159 del 29 de mayo de 2026, pese a la existencia de vacantes definitivas previamente reportadas para el empleo Inspector IV, Código 308, Grado 8, OPEC 225493, ficha AT-OP-3001, respecto de las cuales debía verificarse la configuración del mismo empleo o la equivalencia exigida por el régimen especial de carrera de la DIAN? | Sí. En este caso, la Sala considera que las pretensiones que el accionante formula tendientes a aplicar la Ley 1960 de 2019 por parte de la DIAN y la CNSC, respecto al régimen de provisión de cargos vacantes generadas con posterioridad a la convocatoria del concurso por ampliación de la planta de personal, con la lista de elegibles del cargo Inspector IV, Código 308, Grado 8, OPEC 225493, ficha ATOP-3001, emitida dentro del desarrollo del concurso convocado, satisfacen el requisito de subsidiariedad. (…) Lo anterior, debido a que la lista de elegibles de la que el accionante forma parte tiene un periodo de vigencia de tan solo dos años, hasta el mes junio de 2027. En tales términos, es probable que, para la fecha en que eventualmente se dictare sentencia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la lista ya haya perdido vigencia y no sea posible efectuar su nombramiento en el cargo para el cual concursó (…). (…) Por consiguiente, la controversia constitucional no puede reducirse a determinar si existen vacantes generadas con posterioridad a la convocatoria o a la expedición de la lista de elegibles, pues el debate planteado por el accionante se encuentra relacionado principalmente con la falta de impulso administrativo por parte de la DIAN y la CNSC para establecer si las vacantes definitivas ya existentes podían ser objeto de provisión mediante la lista de elegibles vigente, previa verificación de los requisitos normativos relativos al mismo empleo o a la equivalencia funcional exigidos por el régimen específico de carrera de la entidad. (…) En suma, no comparte la Sala la interpretación sostenida por las entidades accionadas según la cual la utilización de la lista de elegibles únicamente puede analizarse respecto de las vacantes inicialmente ofertadas en la convocatoria o de aquellas generadas con posterioridad a esta, pues si bien esa posición aplica de manera literal las normas que regulan el tema (artículos 24.6 y 36 del Decreto Ley 927 de 2023 y Ley 1960 de 2019) dicha lectura gramatical desconoce que el principio constitucional del mérito consagrado en el artículo 125 de la Constitución Política, norma esta que impone a las autoridades el deber de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la provisión efectiva de los empleos de carrera con quienes han demostrado las mejores condiciones para ocuparlos (…). Aceptar la postura defendida por las accionadas conduciría a una consecuencia contraria a los principios de buena fe, confianza legítima y mérito, pues permitiría que vacantes definitivas existentes al momento de conformarse la lista de elegibles quedaran excluidas de cualquier análisis de provisión por la sola circunstancia de no haber sido oportunamente ofertadas o gestionadas por la administración, es decir, para la Sala esta omisión de la administración no puede perjudicar a quienes participan de los concursos de méritos (…). Por lo anterior, el obstáculo normativo gramatical (artículos 24.6 y 36 del Decreto Ley 927 de 2023 y Ley 1960 de 2019) debe solventarse con la aplicación del principio del mérito y de ello se puede concluir que la administración debe utilizar las listas de elegibles para proveer todas las vacantes existentes en su vigencia. (…) De otra parte, la Sala considera necesario precisar que, contrario a lo sostenido en la decisión de primera instancia, en el presente asunto no se configura una carencia actual de objeto por hecho superado derivada de la respuesta emitida por la DIAN durante el trámite constitucional. (…) del análisis integral de los hechos, de las pretensiones formuladas y de los fundamentos de la acción se evidencia que la finalidad principal del amparo no consistía en obtener una respuesta formal a determinada solicitud administrativa, sino en lograr que las entidades accionadas adelantaran las actuaciones necesarias para hacer efectivo el principio constitucional del mérito mediante el estudio, análisis y eventual utilización de la lista de elegibles (…). En este sentido, la controversia sometida al juez constitucional no giraba alrededor del núcleo esencial del derecho de petición, sino del alcance de los derechos al mérito, al acceso a cargos públicos, a la carrera administrativa, a la igualdad y al debido proceso administrativo (…). En ese orden, se REVOCARÁ de manera íntegra la sentencia de primera instancia (…). | Primero: Revoca la sentencia del 29 de julio de 2026 del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Armenia, que declaró improcedente la acción. Segundo: Ampara los derechos fundamentales al acceso a la carrera administrativa, confianza legítima, favorabilidad, igualdad y debido proceso de Carlos Alberto Rincón Choles. Tercero: Ordena a la DIAN que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, adelante los trámites para solicitar ante la CNSC la autorización del uso de la lista de elegibles de la Resolución No. 7159 del 29 de mayo de 2026, respecto del cargo Inspector IV, Código 308, Grado 8, OPEC 225493, particularmente respecto de la ficha AT-OP-3001, para proveer las vacantes existentes a la expedición de dicho acto administrativo. Cuarto: Ordena a la CNSC que, recibida la solicitud, se pronuncie de fondo dentro de las 48 horas siguientes, sin que sea de recibo el argumento de que las vacantes definitivas existían con anterioridad a la convocatoria. Quinto: Únicamente si se autoriza el uso de la lista, ordena a la DIAN continuar, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la respuesta de la CNSC, con el trámite de provisión de dichos cargos. Sexto: Notificación conforme al art. 30 del Decreto 2591 de 1991; no procede recurso; copia al juzgado de origen para verificar el cumplimiento; remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. Séptimo: Anotaciones en SAMAI. | 27 de agosto de 2026 (Sentencia No. 142) | Luis Carlos Alzate Ríos | Constitución Política, arts. 40 num. 7, 83, 86 y 125; Decreto 2591 de 1991, arts. 8, 30, 31 y 32; Decreto 1069 de 2015 (mod. Decreto 1983 de 2017 y Decreto 333 de 2021); Ley 909 de 2004, arts. 3, 4, 27, 28, 31 num. 4 (mod. art. 6 Ley 1960 de 2019), 41 y 46; Ley 1960 de 2019, art. 6; Decreto 1227 de 2005, art. 7 par. 1; Decreto Ley 071 de 2020, art. 32; Decreto Ley 927 de 2023, arts. 20, 24 num. 24.6, 36 y 152; Decreto 419 de 2023, art. 3; Decreto 1083 de 2015; Decreto Ley 019 de 2012, art. 228; Decreto 397 de 2022, art. 2; Acuerdo CNSC No. 19 de 2024, art. 13; Acuerdo CNSC No. 16 de 2025; Circular Externa CNSC No. 11 de 2021; Ley 1437 de 2011 (CPACA), arts. 20, 24, 104 y 138; Ley 527 de 1999; Decreto 2364 de 2012. Acuerdo CNSC No. 205 de 10 de octubre de 2024 (convocatoria DIAN 2667). | Cita Corte Constitucional: SU-037 de 2009, SU-961 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-179 de 2003, T-500 de 2002, T-135 de 2002, T-1062 de 2001, T-482 de 2001, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-418 de 2000, T-156 de 2000, T-716 de 1999, SU-086 de 1999, T-554 de 1998, T-384 de 1998 y T-287 de 1995 (subsidiariedad); T-405 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-106 de 1993, T-100 de 1994, T-705 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-808 de 2010 y T-747 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) (idoneidad y perjuicio irremediable); T-823 de 2014, T-570 de 2017 y T-161 de 2017 (tutela contra actos administrativos); SU-077 de 2018, Auto 172A de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), SU-617 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-030 de 2015, SU-067 de 2022, T-292 de 2017, T-049 de 2019, T-315 de 1998, T-1198 de 2001, T-599 de 2002, T-602 de 2011, T-682 de 2016, T-314 de 1998, T-227 de 2019, T-438 de 2018, T-160 de 2018, T-610 de 2017, T-551 de 2017, SU-201 de 1994, T-945 de 2009, T-253 de 2020 y T-682 de 2015 (tutela contra actos de trámite en concursos de méritos); C-176 de 2017, C-645 de 2017, C-172 de 2021, SU-539 de 2012, T-340 de 2020, C-553 de 2010, C-285 de 2015, T-096 de 2018, T-380 de 1998, C-588 de 2009, SU-446 de 2011, T-081 de 2021, T-455 de 2000, C-102 de 2022 y C-532 de 2006 (acceso a cargos públicos, carrera y mérito); SU-913 de 2009, T-654 de 2011, C-331 de 2022 y C-197 de 2025 (lista de elegibles, Ley 1960 de 2019 y sistema específico de la DIAN); T-327 de 2018, T-002 de 2019, T-236 de 2019, T-137 de 2020, T-572 de 2016, T-051 de 2022, T-509 de 2011, T-604 de 2013, SU-553 de 2015, T-059 de 2019, SU-136 de 1998, T-102 de 2001, T-077 de 2005, T-521 de 2006, T-156 de 2012, T-785 de 2013 y T-405 de 2022 (ineficacia en concreto del medio de control por la vigencia de la lista). CNSC, Criterio Unificado de 20 de enero de 2020 sobre uso de listas de elegibles. Doctrina: Catalina Botero Marino, La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano (2006). Precedentes invocados por el accionante: providencias del Tribunal Administrativo del Quindío, del Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga y del Tribunal Administrativo de Santander. | 006-2026-00187-01 Tutela.pdf | |||||||||||||
99 | 63001-33-33-007-2026-00154-01 | Accionante: Camilo Andrés Forero Casanova. Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate (ASPC) N.º 8 «Cacique Calarcá». | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la parte accionante). | Derecho de petición: no se configura carencia actual de objeto por hecho superado frente a la petición radicada 1036, pues la respuesta «en esta dependencia no reposa dicha información» sin remitir la solicitud a la autoridad competente (art. 21 Ley 1755 de 2015) no constituye respuesta de fondo; sí hay hecho superado frente a las peticiones 1035 y 1037. | DERECHO DE PETICIÓN; RESPUESTA DE FONDO, CLARA, PRECISA Y CONGRUENTE; PETICIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN; TÉRMINOS PARA RESOLVER PETICIONES; FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA; DEBER DE REMISIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE; CARENCIA ACTUAL DE OBJETO; HECHO SUPERADO; SITUACIÓN SOBREVINIENTE; DAÑO CONSUMADO; ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO PRINCIPAL; SUBSIDIARIEDAD; INMEDIATEZ; LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA; EJÉRCITO NACIONAL; AGREGACIÓN OPERACIONAL DE PERSONAL MILITAR; RESERVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. | Le corresponde a la Sala determinar si se debe declarar la carencia actual de objeto superado; o si contrario a ello, como lo manifiesta la parte impugnante, persiste la vulneración de su derecho fundamental de petición. | No. En ese orden de ideas, considera la Sala que contrario a lo señalado por la Juez de primera instancia, no se puede predicar la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de todas las peticiones elevadas por el accionante, pues como bien se ha expuesto, puntualmente en lo que respecta a la petición dirigida a obtener información respecto de la agregación operacional en instalaciones del Batallón de entrenamiento y reentrenamiento Nº08 en Santa Rosa de Cabal y a la cual le fue asignado el número de radicado 1036, la accionada omitió su deber de remitir al competente ante su falta de competencia, razón por la cual deberá modificarse parcialmente la sentencia impugnada, en el sentido de amparar el derecho fundamental de petición frente a la solicitud de radicado N°1036 del 19 de mayo de 2026 (…). | Primero: Modifica parcialmente la sentencia del 22 de junio de 2026 del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia: (i) declara la carencia actual de objeto respecto de las peticiones 1035 y 1037 del 19 de mayo de 2026; (ii) ampara el derecho fundamental de petición respecto de la solicitud 1036 y ordena al Batallón ASPC N.º 8 «Cacique Calarcá» que, dentro de las 48 horas siguientes, dé respuesta clara, precisa, de fondo y debidamente notificada o, en su defecto, remita al competente conforme al art. 21 de la Ley 1755 de 2015. Tercero: Notificación (art. 30 Decreto 2591 de 1991). Cuarto: Remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. Quinto: Anotaciones en SAMAI. | 9 de julio de 2026 | Alejandro Londoño Jaramillo | Constitución Política, arts. 23, 48 y 86; Ley 1755 de 2015, arts. 14 y 21; Decreto 2591 de 1991, arts. 26 y 30; Ley 1862 de 2017; Ley 527 de 1999; Decreto 2364 de 2012; Ley 1437 de 2011 (CPACA), art. 186. | Cita Corte Constitucional, Sentencias C-149 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-103 de 2019 (M.P. Diana Fajardo Rivera), T-247 de 2021 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), T-111 de 2026 (M.P. Carlos Camargo Assis), T-033 de 1994, T-285 de 2019, T-060 de 2019, T-200 de 2022, T-300 de 2023, SU-540 de 2007, T-205A de 2018, SU-522 de 2019, T-014 de 2022, T-412 de 2023, T-032 de 2020 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-610 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-430 de 2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019. | 007-2026-00154-01 Tutela.pdf | |||||||||||||
100 | 63001-3333-002-2026-00144-01 | Accionante: César Manuel Baquiro Muñoz. Accionados: Municipio de Envigado – Secretaría de Movilidad; Consorcio Circulemos Digital – Ventanilla Única de Servicios (VUS); Datatools S.A.; Olimpia IT S.A.; Soluciones Red S.A.S.; Concesión RUNT 2.0 S.A.S.; Seikou S.A.S.; Inchcape Colombia S.A.S. (antes Didacol S.A.S.); Ministerio de Transporte; Club Team Subaru Motor Sport Colombia / Subbie Legends; Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda); Delegatura de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio. | Acción de Tutela – Sentencia de segunda instancia (impugnación de la parte accionante). | Improcedencia de la tutela, por falta de subsidiariedad, para ordenar la corrección en el RUNT de la clase del vehículo de placa BWL789 (de «Campero-Cabinado» a «Automóvil-Station Wagon»), negada por la Secretaría de Movilidad de Envigado mediante acto administrativo controvertible a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con posibilidad de suspensión provisional; ausencia de perjuicio irremediable y existencia de procedimiento previo no agotado ante Inchcape Colombia S.A.S. (certificación técnica previa inspección). | ACCIÓN DE TUTELA; SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA; TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR; PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD; NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO; MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL IDÓNEO Y EFICAZ; SUSPENSIÓN PROVISIONAL; MEDIDAS CAUTELARES; PERJUICIO IRREMEDIABLE; MECANISMO TRANSITORIO; HABEAS DATA; DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO; DERECHO A LA IGUALDAD; REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO (RUNT); CORRECCIÓN DE REGISTRO AUTOMOTOR; CLASE DE VEHÍCULO; ORGANISMOS DE TRÁNSITO; AGOTAMIENTO DE PROCEDIMIENTO PREVIO; INMEDIATEZ; LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. | A la Corporación le corresponde resolver si se debe revocar o confirmar la decisión de instancia que declaró improcedente la acción de Tutela. Para resolver lo anterior, se determinará si se cumple con los requisitos de procedencia de la acción de tutela, en especial la subsidiariedad. | No. Para la Sala la decisión de instancia se debe confirmar, por cuanto no se cumple con el presupuesto de la subsidiaridad de que trata el Decreto 2591 de 1991 art 6. Lo anterior, en la medida que con la tutela se pretende dejar sin efectos un acto administrativo que negó la corrección y/o rectificación de información del vehículo con placa BWL789, que presuntamente se tramitó de forma irregular; sin que el accionante haya probado que se configure en su contra la inminencia de un perjuicio irremediable. Aunado a lo anterior, se pudo advertir la existencia de un procedimiento previo que el accionante a la fecha no ha agotado. (…) Es así como conforme con las disposiciones normativas y jurisprudenciales que han quedado transcritas, la Sala colige que no resulta procedente este mecanismo de amparo, resultando el juicio de validez idóneo y suficiente para resolver el conflicto planteado, trámite dentro del cual puede solicitar la suspensión provisional del acto administrativo que consideraba violatorio de sus derechos fundamentales. (…) EN CONCLUSION, el Tribunal confirmará la decisión de primera instancia al verificar su improcedencia. | Primero: Confirma la sentencia del 11 de junio de 2026 del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia, que declaró improcedente la acción de tutela. Segundo: Notificación conforme al art. 30 del Decreto 2591 de 1991; contra la decisión no procede recurso. Tercero: Remisión a la Corte Constitucional para eventual revisión. Cuarto: Anotaciones en SAMAI. | 17 de julio de 2026 | Juan Carlos Botina Gómez | Constitución Política, art. 86; Decreto 2591 de 1991, arts. 5, 6, 7, 8, 10, 30, 31, 32 y 42; Ley 1437 de 2011 (CPACA), arts. 105 num. 3 y 138; Ley 1801 de 2016, art. 4. | Cita Corte Constitucional, Sentencias SU-077 de 2018, SU-108 de 2018, SU-391 de 2016, T-307 de 2017, T-277 de 2015, T-219 de 2012, T-155 de 2025, SU-075 de 2018, T-462 de 2022, T-233 de 2023, T-236 de 2019, T-187 de 2017 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-972 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-161 de 2017 (M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís), T-076 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-604 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-912 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-716 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-030 de 2015 (M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez), T-473 de 2017 (M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo), T-851 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-442 de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos). Consejo de Estado, Sección Cuarta, rad. 81001-23-31-000-2015-00068-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, fallo de tutela de 26 de septiembre de 2025, rad. 11001311001120250064401. | 002-2026-00144-01 Tutela.pdf |