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 METAS KUNMING-MONTREALApuestas en la actualización del Plan nacional de Biodiversidad y relación con Metas del Marco Global de Biodiversidad
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Apuesta 1. Integración y coherencia intersectorial para la gestión territorial de la biodiversidad y la acción climática, como determinantes de la planificación y el ordenamientoApuesta 2. Impulso a la transformación del modelo productivo hacia la sostenibilidad, la revalorización de la biodiversidad y, la distribución justa y equitativa de los beneficios Apuesta 3. Atención de la informalidad y contención de los delitos ambientales asociados a los motores de pérdida de la biodiversidad.Apuesta 4.Gobernanza, corresponsabilidad y movilización de recursos para la gestión colectiva y biocultural de los territorios para el bienestar de los grupos étnicos y las comunidades locales
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META 1Lograr que para 2030 todas las zonas estén sujetas a planificación espacial participativa integrada que tenga en cuenta la diversidad biológica y/o procesos de gestión eficaces, abordando el cambio en el uso de la tierra y los océanos, a fin de que acercar a cero la pérdida de superficies de suma importancia para la biodiversidad, incluidos los ecosistemas de gran integridad ecológica, respetando al mismo tiempo los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.Articulación interinsitucional: es necesario que al cumplimiento del plan de biodiversidad se vinculen diferentes instituciones: Ministerio de Agricultura; ICA, ADR, ART, ANT. De manera prioritaria. También con Ministerio de Minas, industria y Comercio, por lo menos.
Adicionalmente, el cumplimiento del PAB implica una visión política que materialice el principio constitucional de la colaboración armónica entre los diferentes organos del Estado para cumplir sus fines (artículo 113 de la CP). Es fin del Estado colombiano, por los compromisos internacionales adquiridos y porque así se lo exige la sociedad civil, acercar a cero la pérdida de superficies de suma importancia para la biodiversidad respetado los derechos de las comunidades locales.

Revisar las conflictividades socio-ecológicas, la incapacidad de las autoridades ambientales - Corporaciones Autónomas, para abordarlas, adicional su actuación responde en el control y no de una gestión que articula con la comunidad. Se debe revisar y reformar, para que cumplan su misión y desligarlas de intereses politiqueros y la corrupción que se maneja. Se hace mucha política alrededor de los Planes de Ordenamiento Territorial, por eso hay errores en los procesos ambientales y productivos. Las CAR no cumplen su función, por el contrario, son agentes de corrupción.

La reforma rural debe articularse con el plan de biodiversidad, en una gran planeación articulada, que reconozca la acción ambiental del campesinado, use la zonificación ambiental participativa del acuerdo de Paz y logre superar las formas feudales que persisten en el territorio.

El gobierno nacional debe comprometerse en la revisión de los instrumentos normativos, de regulación y/o promoción del sector minero-energético, de infraestructura, agropecuario, entre otros de posible alto impacto en la biodiversidad, para asegurarse de que estén alineados con las metas e iniciativas del PNB. Para esto sería necesario hacer un borrador de clasificación público, donde se identifique la normativa que está alineada o no con el PNB, abierto a la ciudadanía y con un enfoque especial para escuchar a comunidades en los territorios megadiversos, para comentarios y sugerencias de cambios. Una vez se disponga de esta clasificación, se debe proponer una agenda de reforma de aquellos instrumentos normativos no alineados con alcanzar las metas del PNB, para revertir esta situación.

Promoción y fortalecimiento de la economía en las comundiades étnicas y campesina y la agroecología:
1). Reconocimiento y protección del acceso a la tierra: Proponemos establecer reformas agrarias integrales que prioricen el acceso justo y equitativo a la tierra para las comunidades campesinas y étnicas, tal como lo plantea el PND. Estas reformas deberán incluir mecanismos de protección contra el acaparamiento de tierras por parte de grandes corporaciones agrícolas y extractivas, asegurando la tenencia y uso sostenible de la tierra para los pequeños productores.
2). Apoyo y promoción de la agroecología: Impulsar políticas que apoyen prácticas agroecológicas y de permacultura, las cuales integran conocimientos tradicionales y modernos para crear sistemas agrícolas sostenibles y resilientes. Esto incluye el apoyo a la producción y uso de bioinsumos orgánicos, la conservación de semillas nativas y tradicionales, y técnicas de cultivo que mejoran la biodiversidad y minimizan el impacto ambiental.
3). Fortalecimiento de economías locales y comercio justo: Fomentar el desarrollo de mercados locales y redes de comercio justo que permitan a los pequeños agricultores vender sus productos a un precio justo, garantizando una distribución equitativa de los ingresos. Esto también incluirá el apoyo a sistemas de trueque y otras formas de economía solidaria que fortalezcan la cohesión comunitaria y la economía local y se reduzcan cadenas de intermediación
4). Autonomía y soberanía alimentaria: Promover la soberanía alimentaria como un pilar central de la política agrícola, asegurando que las comunidades puedan cultivar, procesar, y consumir sus alimentos, libre de dependencias externas a las grandes corporaciones y monocultivos. Las políticas deberán apoyar la autonomía de producción y comercialización para fomentar la autosuficiencia alimentaria a nivel local y regional.
5). Educación para el fortalecimeinto de capacidades propias: Implementar programas de educación y capacitación en agroecología y prácticas sostenibles, dirigidos a campesinos y comunidades rurales. Estos programas deben ofrecer tanto formación técnica como apoyo en gestión y comercialización, asegurando que los conocimientos sean accesibles y pertinentes a las realidades locales.
Justicia para la biodiversidad: las diferentes jurisdicciones, en especial, aquellas que componen la justicia transicional darán cuenta en sus decisiones de los catalizadores o motores de la pérdida de biodiversidad, información que debe ser usada por la sociedad civil y las instituciones del Estado que colaboran armónicamente para disminuir la ocurrencia de los delitos ambientales.

Reforzar el rol de las entidades que ejercen control, vigilancia y fiscalización sobre los motores identificados de pérdida de biodiversidad. Asimismo, es importante que se desplieguen acciones integrales y multisectoriales de todos los niveles (entidades del nivel nacional y local) para atacar los fenómenos que contribuyen a la pérdida de biodiversidad.

Es indispensable que las instituciones del estado encargadas de monitorear la acción territorial, específicamente MADS y MADR, establezcan y cualifiquen los flujos de información, actualizados y actualizables, para monitorear y hacer seguimiento, en caracterización y en relación con las organizaciones campesinas presentes en áreas protegidas y ZRF de ley segunda. Es imperativo en el ejercicio de la última ratio del estado, la acción penal, sepa exactamente dónde y porque, se llevan a cabo acciones de desalojo, de destrucción de infraestructuras rurales y otras acciones de fuerza. La CONALDEF, debería ser mucho mas rigurosa, de manera que se generara una diferenciación clara con operativos de gobiernos anteriores como la operación Artemisa. Lastimosamente al parecer la CONALDEF ha reiterado errores con la operación Amazonia del actual gobierno del cambio.		Fortalecimiento de las estrategias comunitarias de monitoreo de la biodiversidad: Es necesario trabajar para aterrizar las estrategias de conservación y desarrollar mecanismos locales de monitoreo y seguimiento, que a su vez refuercen la gobernanza de estas políticas. Esto también puede ser una oportunidad para articular compromisos políticos entre los entes locales de planificación y ordenamiento en el país.
Además, es crucial fortalecer el monitoreo ambiental participativo y comunitario, un instrumento clave para que las comunidades puedan incidir en procesos de licenciamiento ambiental. Actualmente, el Estado no brinda suficiente apoyo en este aspecto, mientras que los privados cuentan con sistemas mucho más robustos para defenderse ante ciertos impactos (Se cruza con la Meta 15).

La política nacional de polinizadores o las iniciativas en torno a las abejas: sus marcos deben tener una mayor capacidad para articularse con estrategias locales. Por ejemplo, los polinizadores podrían ser considerados de manera mucho más integral, no solo en términos económicos o productivos, sino también para fortalecer iniciativas locales y comunitarias.

Se deben generar instrumentos y herramientas para fortalecer el rol de administración de los territorios colectivos: que ejercen los consejos comunitarios y autoridades indígenas, teniendo en cuenta que estos corresponden a los territorios de mayor riqueza biológica. En este sentido se buscaría que el Gobierno Nacional se comprometa a conectar los recursos para la financiación de la convención de la biodiversidad con los programas de conservación ambiental que implementan los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras (DECRETO 1384 DE 2023) y los liderados por las autoridades indígenas (Artículo 330 de la Constitución).

Respeto al consentimiento y decisiones de las comunidades sobre sus territorios: hay una imposición de un modelo de desarrollo que pasa por encima de las necesidades y modelo propio de desarrollo. Se deben incluir todos los principios de participación de las comunidades y el respeto y protección de los defensores ambientales. Esta participación debe ser vinculante y debe respetar el consentimiento previo, libre e informado.

Evaluación y regulación estricta de las actividades pesqueras industriales y turísticas: La explotación de recursos marinos, como el atún, está vinculada no solo a la degradación de ecosistemas marinos, como los manglares y ríos, sino también a prácticas laborales abusivas, llegando incluso a la esclavitud, por lo que se deberá incluir en el plan de acción una evaluación y regulación estricta de las actividades pesqueras y turísticas, priorizando la conservación de la biodiversidad marina y los derechos laborales. Establecer estándares de sostenibilidad que respeten los derechos de las comunidades locales y protejan los ecosistemas.

Fortalecer la ocupación y habitabilidad de los territorios de manera sostenible y adaptativa, se propone consolidar estrategias de ordenamiento territorial que integren la participación activa de las comunidades locales. Es fundamental facilitar espacios que permitan la reconstitución de procesos de habitar adaptativos, reconociendo y valorando el conocimiento profundo que las poblaciones locales tienen sobre sus ecosistemas. Esto incluye la protección y el uso sostenible de recursos naturales clave como nacimientos de agua, plantas medicinales, flora y fauna nativa, y zonas sagradas, así como la preservación de antiguos lugares de asentamiento.

Promover un proceso de ordenamiento territorial comunitario alrededor del agua: permitir a las comunidades involucrarse directamente en la planificación y decisiones de los planes de ordenamiento y demás de instrumentos de planficación. Este enfoque debe balancear y armonizar tanto los saberes locales como los conocimientos técnicos especializados, facilitando estrategias adaptativas que reduzcan la vulnerabilidad territorial.
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META 2Lograr que para 2030 al menos un 30 por ciento de las zonas de ecosistemas terrestres, de aguas continentales, costeros y marinos degradados estén siendo objeto de una restauración efectiva, con el fin de mejorar la biodiversidad y las funciones y los servicios de los ecosistemas, la integridad ecológica y la conectividad.Gestión eficaz en los procesos de planeación:
No solo se requieren procesos de planificación, sino sobre todo procesos de gestión eficaces que sean complementarios a la planeación espacial. Esto implica convocar a entidades más allá del SINA, se requiere en concreto convocar a aquellas responsables de los motores de pérdida de biodiversidad.
Frente al ordenamiento del territorio alrededor del agua, se puede compartir la experiencia de la formulación de Planes de Acción para la recuperación ambiental de la cuenca del río Atrato, como un ejemplo de un proceso de planificación territorial con modelo de gobernanza participativo.

Restauración ecológica:
Es importante que las estrategias de restauración se complementen con medidas de conservación con enfoque territorial. Dentro de los retos que representan estos procesos de restauración se encuentran: (i) los altos costos de la restauración y la falta de estrategias de financiamiento; (ii) débiles estructuras de evaluación y monitoreo de las estrategias de restauración; (iv) la persistencia de los factores perturbadores que ocasionan la degradación ambiental, por ejemplo la pesca industrial, la agroindustría y la minería ilegal; (v) la falta de planes de manejo en muchas áreas protegidas o figuras de conservación. 		Restauración ecológica según los ciclos de la naturaleza y con perspectiva agroecológica: los procesos de restauración deben ajustarse a los tiempos y ciclos de la naturaleza. Colombia tiene marcos sobre restauración ecosistémica, pero a pesar de ser sólidos desde el punto de vista ecológico y biológico, presentan barreras importantes. Los procesos de restauración, por ejemplo, en el ámbito del licenciamiento ambiental, son a menudo débiles y no consideran suficientemente las funciones ecológicas de los ecosistemas. Existe un mito que asume que plantar un árbol es suficiente para salvar al planeta, pero en realidad, esto puede causar más daño si no se hace de manera adecuada y en conjunto con otras medidas.
La restauración no se trata solo de sembrar árboles; implica la recuperación integral de todas las especies y ecosistemas. Hay experimentos interesantes que han demostrado la complejidad de estos procesos y la necesidad de políticas más claras en torno a la agroecología, los bioinsumos y otras prácticas sostenibles. En este sentido, es importante que el Estado incentive a los campesinos no solo con soluciones técnicas, sino con herramientas que ellos mismos puedan apropiar y adaptar a sus necesidades, permitiéndoles tener un papel activo en la creación de soluciones agroecológicas que también tengan espacio en el mercado.
Por último, el fortalecimiento de la compra de productos agroecológicos a través de las compras públicas o la creación de incentivos económicos para la producción sostenible sería clave. Esto permitiría a los campesinos transitar hacia modos de producción más sostenibles sin depender de soluciones superficiales o narrativas que no resuelven los problemas de fondo. Instituciones como el SENA pueden jugar un papel fundamental en este proceso, al apoyar la capacitación y el desarrollo de prácticas agroecológicas que generen un impacto positivo tanto en los ecosistemas como en las comunidades rurales. Sumado al fortalecimiento de la compra de productos agroecológicos se debe impulsar y apoyar a medidas de comercio justo tales como el sello ZEPA, que genera incentivos para la compra y comercialización a precios más altos de la pesca realizada por pescadores artesanales. 		Justicia para la biodiversidad: el sistema restaurativo en la Jurisdicción Especial para la Paz, además de construirse de la mano con las víctimas del conflicto, debe atender los conocimientos de restauración ecológica para fomentar la reparación integral de las especies y los ecosistemas más allá de la siembra de árboles.
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META 3Conseguir y hacer posible que, para 2030, al menos el 30 por ciento de las zonas terrestres, de aguas continentales y costeras y marinas, especialmente las zonas de particular importancia para la biodiversidad y las funciones y los servicios de los ecosistemas, se conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativos, bien conectados y gobernados de forma equitativa, y otras medidas eficaces de conservación basadas en zonas geográficas específicas, el reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales, cuando proceda, integrados en paisajes terrestres, marinos y oceánicos más amplios, velando al mismo tiempo por que todo uso sostenible, cuando proceda en dichas zonas, sea plenamente coherente con los resultados de la conservación, reconociendo y respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.Otras formas de conservación comunitarias:
Dentro de las estrategias de conservación, además de los OMEC, es fundamental considerar otras iniciativas comunitarias que actualmente quedan excluidas. Es necesario un reconocimiento efectivo de los territorios indígenas que trascienda la romantización y reconozca su capacidad histórica de gestión ambiental efectiva, no solo como comunidades aisladas. Además, se debe incluir a las comunidades afrodescendientes (figuras de protección impulsadas por las comunidades afrocolombianas tales como la ZEPA) y campesinas (ZRC), que han sido adversamente afectadas por las metas de conservación y cuyas prácticas tradicionales frecuentemente son criminalizadas pese a todo lo que pueden aportar en la conservación. La inclusión de estas comunidades es crucial para avanzar hacia las metas 2 y 3, asegurando una conservación que integre todas las territorialidades y saberes.

Fortalecer políticas públicas en zonas estratégicas para la conservación de la biodiversidad: es esencial promover medios de vida compatibles con la protección de los ecosistemas y sus servicios ecológicos, brindando alternativas frente a las actividades que constituyen motores de pérdida de biodiversidad. Esto debería traducirse en garantías para entrar a la legalidad, reconocimiento de prácticas y saberes tradicionales, fomento y apoyos de capacitación y dotación de las actividades productivas que protejan la biodiversidad, incluyendo actividades como la pesca y minería tradicional, modelos agrícolas sostenibles y ecoturismo.

Defensa y protección de las asociaciones público-populares, algo que ha sido un avance significativo en el Plan Nacional de Desarrollo2022-2026. Estas asociaciones pueden jugar un papel clave en la protección de la biodiversidad y la gestión del cambio climático. Sin embargo, es importante que se les otorgue un espacio de representación en las discusiones, ya que muchas veces enfrentan barreras legales para constituirse formalmente. Además, estas asociaciones no solo aportan recursos financieros, sino también capacidades, conocimientos y herramientas, elementos que son vitales pero a menudo invisibilizados.

Campesinado como sujeto de derechos: abrir nuevas posibilidades para que la planeación integre el campesinado como sujeto de derechos (asuntos territoriales)		Compromiso del Gobierno Nacional en una agenda de modificación de marcos normativos: que no permiten un efectivo control de las cadenas criminales, ampliación de delitos a las conductas que atenten directamente a la pérdida de biodiversidad enfocados en la realización de las acciones y no sólo la comprobación de la afectación al ecosistema, fortalecimiento a los sistemas de control, vigilancia y fiscalización de esas actividades motores de pérdida de biodiversidad ( con responsabilidades penal, disciplinaria y fisca), fortalecimiento de veeduría y control ciudadano.Monitoreo de la meta:
Se recomienda que más allá de alcanzar la meta del 30% de conservación en áreas de las zonas terrestres, de aguas continentales y costeras y marinas, se priorice un manejo adecuado de estas áreas. Esto implica no sólo, la designación de parques nacionales u otras áreas de especial protección, sino garantizar que estos espacios realmente cumplan su objetivo de conservación. Proponemos establecer un sistema de monitoreo que incluya la participación comunitaria que evalúe si lo que se protege está siendo manejado de manera efectiva y desarrollar una estrategia que permita el uso y manejo tradicional de la biodiversidad, asegurando que estas prácticas sean compatibles con los objetivos de conservación.

Establecer formas coherentes de gobernanza del agua y conservación ambiental: Aunque existen modelos de gestión del agua que vinculan a las comunidades con los ecosistemas, la influencia de grandes empresas como Coca-Cola en fondos de agua plantea preocupaciones sobre la apropiación corporativa de la conservación ambiental. Esto destaca la necesidad de una gobernanza del agua más inclusiva y equitativa, que priorice los derechos y las necesidades de las comunidades locales por encima de los intereses corporativos. Es fundamental el reconocimiento de los territorios hidrosociales a partir de la historia ambiental de la apropiación social y uso y manejo sostenible de los acuíferos. Los acueductos comunitarios por ejemplo tienen mucho conocimiento que aportar.
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META 4Adoptar con urgencia medidas de gestión para la recuperación y conservación de las especies, en particular, especies amenazadas, y mantener y restaurar la diversidad genética entre las poblaciones y dentro de ellas, de las especies autóctonas, silvestres y domesticadas, a fin de preservar su potencial adaptativo, entre otras cosas, mediante la conservación in situ y las prácticas de conservación y gestión sostenible, y la gestión eficaz de las interacciones entre seres humanos y fauna y flora silvestres, con miras a reducir al mínimo el conflicto entre los seres humanos y la vida silvestre de cara a la coexistencia.Es necesario entender y aplicar la ruptura de paradigmas que hizo el MBKM; transformar la forma de producción y consumo de alimentos, para avanzar en la garantía del derecho humano a la alimentación, nutricional y culturalmente adecuadas. Colombia es un país privilegiado; puede hablar no solo de soberanía alimentaria, sino que puede dispensar bioproductos alimentarios, de medicina y salud integral, cosmética, etc., al mundo, cambiando hacia el uso, gestión sostenible y distribución justa y equitativa de beneficios de su rica biodiversidad. Para ello debe; integrar la investigación intercultural, Inter científica y participativa en sus institutos de investigación, que hoy solo privilegian el saber científico, apoyar y fomentar los sistemas agroecológicos, la silvicultura y la agricultura tradicional afrocolombiana e indígena.Colombia no contempla ni reconoce su biodiversidad agrícola, pues sus políticas fueron cooptadas, desde su creación por el modelo de revolución verde o la llamada también “agricultura científica”. Hoy las semillas agro biodiversas, su conservación in situ y en especial su comercialización permanecen en un limbo jurídico. Las semillas de la biodiversidad han sobrevivido gracias al esfuerzo de comunidades campesinas y étnicas marginadas, su comercialización es indispensable para fortalecer y ampliar la agroecología en el país. Ningún establecimiento abierto al público podría ofrecer en el mercado venta de semillas nativas y criollas, pues no existe proceso de reconocimiento y autorización legal para un bien ofrecido al mercado. Tampoco hay políticas de reconocimiento, fomento y apoyo para las comunidades que, por décadas, han protegido la diversidad genética cultivada; semillas nativas. criollas y locales. Su custodia, conservación y producción se hacen en la precariedad y gracias al esfuerzo de campesinos y comunidades étnicas marginadas, excluidas de toda política pública
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META 5Conseguir que el uso, la recolección y el comercio de especies silvestres sea sostenible, seguro y lícito, evitando la sobreexplotación, reduciendo al mínimo los efectos sobre las especies no buscadas y los ecosistemas, y reduciendo el riesgo de propagación de patógenos, aplicando el enfoque ecosistémico, al tiempo que se respeta y protege el uso sostenible consuetudinario por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
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META 6Eliminar, reducir al mínimo las especies exóticas invasoras o mitigar sus efectos en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas mediante la detección y la gestión de las vías de introducción de las especies invasoras, impidiendo la introducción y el arraigo de otras especies invasoras prioritarias, reduciendo en un 50 por ciento para 2030 las tasas de introducción y el establecimiento de otras especies invasoras potenciales o conocidas, erradicando o controlando las especies exóticas invasoras, en especial en sitios prioritarios, como las islas.
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META 7Reducir para 2030 los riesgos de contaminación y el efecto negativo de la contaminación de todo origen y llegar a niveles que no sean perjudiciales para la diversidad biológica y las funciones y los servicios de los ecosistemas, considerando los efectos acumulativos, entre otras cosas, reduciendo la pérdida de nutrientes al medio ambiente como mínimo a la mitad gracias a un ciclo y una utilización más eficiente, así como el riesgo general derivado de los plaguicidas y de las sustancias químicas sumamente peligrosas, entre otras recursos, mediante la gestión integrada de las plagas, basándose en la ciencia, teniendo en cuenta la seguridad alimentaria y los medios de vida; y atajando y reduciendo la contaminación plástica, y trabajando por su eliminación.Deben acordarse metas y objetivos claros para hacer frente a los factores que provocan la pérdida de biodiversidad:
1). Para salvaguardar el límite crítico de 1,5 °C, tenemos que ir más allá de los enfoques actuales, hacia transiciones justas (abandonar los combustibles fósiles, triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética, aumentar la resiliencia y proteger y restaurar la biodiversidad). Debe prestarse un apoyo significativo a quienes lo necesiten sobre la base de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto requerirá esfuerzos de todos los actores para mantener el objetivo de 1,5 °C y lo que significa para la acción sobre el clima y la naturaleza. Sobre la base de los resultados de la COP28, será necesario seguir abogando por la eliminación equitativa y justa de todos los combustibles fósiles como un impulsor de pérdida de biodiversidad, así como por transiciones hacia sistemas alimentarios y de uso de la tierra justos, resilientes y alineados con el objetivo de 1,5 °C que protejan y restauren la naturaleza.
Un plan para abordar los fallos en la gobernanza de la financiación de la biodiversidad, incluido el compromiso activo con propuestas para un nuevo mecanismo de financiación gestionado de abajo hacia arriba (y donde ojalá se vincule económicamente a los responsables).
Es necesaria más voluntad, acciones concretas y asignación de competencias para el control de los excesivos riegos de fertilizantes y nutrientes en el ambiente que degradan los suelos, los ríos y lagunas. Igualmente, con los plaguicidas y las sustancias químicas usadas en la agricultura de monocultivos.

El modelo que ha promovido de manera exclusiva, hasta hoy por el Ministerio de Agricultura ha subsidiado los insumos de síntesis química que son una variable de contaminación y enfermedad para la vida humana y animal. Por el contrario, no existe ningún estímulo para la elaboración de bioinsumos, purines, etc. de la agroecología y agricultura tradicional campesina, indígena y afrocolombiana.

Reforzar el rol de las entidades que ejercen control, vigilancia y fiscalización sobre los motores identificados de pérdida de biodiversidad. Asimismo, es importante que se desplieguen acciones integrales y multisectoriales de todos los niveles (entidades del nivel nacional y local) para atacar los fenómenos que contribuyen a la pérdida de biodiversidad.

Fortalecer el control de insumos para actividades como la minería ilegal, así como el cumplimiento efectivo de instrumentos internacionales ratificados por Colombia tales como el Convenio de Minamata para controlar el uso y vertimiento de mercurio. 		Establecer disposiciones para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales y su papel en la protección de la naturaleza, y para situarlos en el centro de las decisiones y la elaboración de políticas en el marco de convergencia de las agendas entre clima y biodiversidad.

Plantear una política que reconozca los ecosistemas estratégicos y especies en peligro de extinción como sujetos de derechos en el marco de dicha convergencia. Como la categoría de sujeto de derechos no siempre resulta tan efectiva, es de las relaciones bioculturales de las comunidades con el territorio que se protege. También depende de la efectividad de los modelos de gobernanza que se implementen para garantizar los derechos de estas entidades naturales.
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META 8Reducir al mínimo los efectos del cambio climático y la acidificación de los océanos en la diversidad biológica, y mejorar su resiliencia mediante la mitigación, la adaptación e intervenciones de reducción del riesgo de desastres, entre otras cosas, mediante soluciones basadas en la naturaleza y estrategias basadas en los ecosistemas, y al mismo tiempo reduciendo al mínimo los efectos negativos e impulsando los efectos positivos para la diversidad biológica.Una mirada amplia hacia la mitigación del cambio climático a partir de la perspectiva de pérdidas y daños: La relación entre clima y biodiversidad es crucial, especialmente en el contexto de la mitigación del cambio climático. Cuando reconocemos que algunos impactos superan la capacidad de adaptación de muchos ecosistemas y sistemas socioambientales, es fundamental que las políticas de biodiversidad también se enfoquen en la mitigación de pérdidas y daños, es decir, todo aquello que no se puede adaptar. Es en este punto donde surge la responsabilidad de los actores involucrados, especialmente de aquellos que han contribuido a la crisis climática, para compensar esos daños.
La mitigación debe verse no solo como una reducción de emisiones, sino también como un componente clave en la protección de la biodiversidad. Sabemos, por ejemplo, que la apertura de una mina de carbón destruye completamente la posibilidad de vida en esa área y que los pozos petroleros fragmentan los ecosistemas de una manera irreversible, dejando impactos a perpetuidad. 		Políticas integradas de cambio climático y biodiversidad: Desarrollar políticas que integren la lucha contra el cambio climático con la conservación de la biodiversidad, utilizando un enfoque que reconozca la interdependencia entre ecosistemas saludables y comunidades resilientes. Esto incluirá la implementación de estrategias que utilicen los sitemas de conocimiento étnico y campesinos para la adaptación y mitigación del cambio climático.

Proteger la salud pública es proteger la biodiversidad y esto implica entender la relación entre pérdida de biodiversidad y cambio climático: el PAB debería abordar no solo la gestión de la biodiversidad, sino también cómo interactúan los sistemas humanos y su salud. Esto requiere pensar en sistemas más transparentes, autodeterminados y con una gobernanza sólida, donde las comunidades puedan decidir sobre los incentivos que reciben y su distribución, respetando los derechos humanos y las autonomías locales. Además, la emisión de partículas de carbón y otros contaminantes no solo afecta la biodiversidad, sino también la salud humana, especialmente en términos de calidad del aire.
La pandemia y los picos recurrentes de enfermedades han evidenciado cómo el cambio climático y la degradación ambiental afectan la salud humana. El aumento de la temperatura, la mala calidad del aire —que provoca la muerte de aproximadamente 15,000 personas al año en Colombia— y otros factores como la acumulación de mercurio en alimentos o las alteraciones en los sistemas reproductivos de algunas comunidades, demuestran esta conexión.

Adicionalmente, entender la relación entre biodiversidad y bienestar, pues el acceso a la naturaleza, ampliar nuestra cercanía e interacción puede influir en la salud mental y el bienestar emocional, especialmente en contextos urbanos, donde la ansiedad y la depresión son problemas comunes. La naturaleza tiene un potencial enorme para promover el autocuidado y el bienestar, y creo que este es un tema que aún no hemos discutido lo suficiente en los colectivos y políticas públicas.
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META 9Conseguir que la gestión y utilización de especies silvestres sea sostenible, proporcionando así beneficios sociales, económicos y ambientales para todas las personas, en especial las que se encuentran en situaciones vulnerables y aquellas que más dependen de la diversidad biológica, entre otras cosas, mediante actividades, productos y servicios sostenibles basados en la diversidad biológica, que fortalezcan la biodiversidad, y mediante la protección y promoción de la utilización consuetudinaria sostenible por parte de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
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META 10Lograr que las superficies dedicadas a la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura se gestionen de manera sostenible, en particular a través de la utilización sostenible de la diversidad biológica, entre otras cosas, mediante un aumento sustancial de la ejecución de prácticas amables con la diversidad biológica, tales como la intensificación sostenible, métodos arqueológicos y otros métodos novedosos, contribuyendo así a la resiliencia y al rendimiento de larga duración, y a la productividad de estos sistemas de producción y a la seguridad alimentaria, conservando y restaurando la diversidad biológica y manteniendo las contribuciones de la naturaleza a las personas, incluidos los servicios y las funciones de los ecosistemas. Cambios en la producción y consumo de alimentos: Es indispensable abrodar con voluntad y rigurosidad el cambio de paradigma en la forma como produciomos y consumimos alimentos. La agroeoclogia debe ser una accion conjunta del MADR y el MADS, reconociendo que quienes han hecho la agroecologia, comunidades campesinaes y etnicas, lo han hecho en una gran marginacion y exclusion. Hoy esas comunidades tienen conocimientos valiosos sobre los ecosistemas y la agrobiodiversidad. esto debe reconocerse, estimularse e incentivarse, para fortalecer y profundizar la agroeocolgia, la sulvicultura. Se formulo por primera ves por parte MADR una politica, pero su respaldo intitucional es muy debil.
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META 11Restaurar, mantener y mejorar las contribuciones de la naturaleza a las personas, entre ellas las funciones y los servicios de los ecosistemas, tales como la regulación del aire, el agua y el clima, la salud de los suelos, la polinización y la reducción del riesgo de enfermedades, así como la protección frente a riesgos y desastres naturales mediante soluciones basadas en la naturaleza y estrategias basadas en los ecosistemas en beneficio de todas las personas y la naturaleza
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META 12Aumentar significativamente la superficie y la calidad y conectividad de los espacios verdes y azules en zonas urbanas y densamente pobladas de manera sostenible, así como el acceso a ellos y los beneficios derivados de ellos, integrando la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y lograr una planificación urbana atenta a la diversidad biológica, mejorando la diversidad biológica autóctona, la conectividad ecológica y la integridad, y mejorando la salud y el bienestar humanos y la conexión con la naturaleza, y contribuyendo a una urbanización inclusiva y sostenible y a la provisión de funciones y servicios de los ecosistemas.Fomentar una relación rural –urbana, reconociendo el vínculo de dependencia urbana de los procesos rurales: fomentar y transformar la relación entre lo urbano y lo rural en Colombia, reconociendo la dependencia de las zonas urbanas sobre los procesos rurales y viceversa. Históricamente, la urbanización ha impuesto una dominación sobre el campo, dictando políticas y prácticas educativas que no reflejan las realidades rurales. Esta estrategia se centrará en revertir estas dinámicas de inequidad, valorizando la ruralidad y sus aportes esenciales al bienestar urbano. Implicará el desarrollo de políticas que mejoren la calidad de vida en las zonas rurales y fomenten un intercambio equitativo de servicios ecosistémicos. La transformación de este paradigma se apoyará en un compromiso a largo plazo para educar a los habitantes urbanos sobre su interdependencia con el campo, incentivando su participación activa en apoyar y sustentar los modos de vida rural.
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META 13Tomar medidas jurídicas, normativas, administrativas y de creación de capacidad a todos los niveles, según proceda, con miras a lograr la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y de la información digital sobre secuencias de recursos genéticos, así como de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, y a lograr que para 2030 se haya propiciado un aumento significativo de beneficios compartidos, de conformidad con los instrumentos internacionales aplicables para el acceso y la participación justa y equitativa de los beneficios.
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META 14Lograr la integración plena de la diversidad biológica y sus múltiples valores en las políticas, la reglamentación, los procesos de planificación y de desarrollo, las estrategias de erradicación de la pobreza, las evaluaciones ambientales estratégicas y de impacto ambiental, y, cuando proceda, las cuentas nacionales en de todos los niveles de gobierno y todos los sectores, en particular aquellos que provocan efectos significativos en la diversidad biológica, armonizando gradualmente todas las actividades públicas y privadas pertinentes, los flujos financieros y fiscales con los objetivos y las metas del presente Marco.
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META 15Tomar medidas administrativas o normativas para alentar y propiciar la actividad empresarial, y en particular velar por que las empresas transnacionales y las instituciones financieras:
a) Controlen, evalúen y difundan con transparencia y regularidad sus riesgos, dependencias de y efectos en la diversidad biológica, entre otras cosas con requisitos para todas las grandes empresas y las empresas transnacionales e instituciones financieras, junto con sus operaciones, sus cadenas de suministro y de valor y sus carteras;
b) Proporcionen la información necesaria a los consumidores a fin de promover modelos de consumo sostenible;
c) Dan cuenta de la observancia de la reglamentación y las medidas en relación con el acceso y participación en los beneficios;
Todo lo que antecede con el fin de reducir gradualmente los efectos negativos en la diversidad biológica, aumentar los efectos positivos, reducir los riesgos relacionados con la diversidad biológica para las empresas e instituciones financieras, y fomentar actuaciones encaminadas a lograr modelos de producción sostenibles.		Impacto negativo de las empresas en la biodiversidad y el acceso al agua: Las actividades empresariales, especialmente en la gestión y el acceso al agua, han vulnerado los derechos ambientales de las comunidades, convirtiendo los servicios ecosistémicos en mercancías y despojando a las comunidades locales de su control sobre los recursos naturales. Es crucial reconocer el papel de los gestores comunitarios en garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas y asegurar que tengan los recursos y condiciones necesarias para desempeñar su trabajo.

Integración de compensaciones ecosistémicas y análisis de impacto Fiscal en la gestión ambiental: reformar los mecanismos de compensación y análisis de impacto fiscal para que incorporen de manera efectiva los costos ambientales y sociales derivados de actividades extractivas, reflejando fielmente los impactos reales sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Esta reforma involucra la revisión de estudios de impacto fiscal para incluir evaluaciones ambientales completas, asegurando que se consideren tanto los beneficios económicos como los costos a largo plazo de la pérdida de biodiversidad y otros impactos ecosistémicos. Además, se modificarán las políticas de compensación para reconocer la singularidad de los ecosistemas y promover la restauración ecológica directamente en las áreas afectadas y sus alrededores.
La estrategia también implica integrar valoraciones de servicios ecosistémicos en los análisis fiscales y compensatorios, cuantificar los costos de degradación ambiental y fortalecer los marcos regulatorios para exigir compromisos más claros y verificables de mitigación ambiental por parte de las empresas extractivas. Un sistema robusto de monitoreo y evaluación asegurará la transparencia y permitirá la participación activa de la sociedad civil y las comunidades locales en el seguimiento de estos impactos. Además, se promoverá la educación y la concientización pública sobre los costos reales de las actividades extractivas y la importancia de proteger la biodiversidad, complementando estas acciones con una cooperación interinstitucional sólida para implementar estas políticas de manera coherente y efectiva.
Acciones de protección ante las nuevas dinámicas que impone la transición energética:
los impactos de la extracción minera, en especial en el contexto de la transición hacia minerales críticos, debe enfocarse en la preservación del agua, la biodiversidad y los ecosistemas. La crisis climática y la pérdida del bosque seco tropical, despensas agrícolas que pueden verse profundamente afectadas con su rica biodiversidad forestal y animal, exigen una reconsideración urgente de cómo gestionamos nuestros recursos naturales.
Se requieren estudios de línea base para entender completamente los efectos iniciales de proyectos mineros, como los de carbón. Además, la presión sobre ecosistemas críticos, como los corredores biológicos del jaguar que conectan la Sierra Nevada con Perijá, resulta en conflictos significativos entre comunidades locales y la biodiversidad debido a la fragmentación y alteración de hábitats.
Es crucial, por lo tanto, detener la expansión de las zonas extractivas, incluyendo aquellas destinadas a la obtención de minerales para la transición y los yacimientos no convencionales. Esto requiere políticas firmes que aseguren la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales, integrando enfoques que valoren los servicios ecosistémicos y prioricen la protección ambiental por encima de la explotación económica. Así, se propone el desarrollo de una estrategia integral que no solo frene nuevas extracciones sino que también implemente medidas de restauración y compensación ambiental para los ecosistemas ya afectados, garantizando la coexistencia armoniosa entre el desarrollo humano y la biodiversidad.		Seguimientos con altos estándares a los estudios de impacto ambiental, que no sean instrumentalizados y que se haga un debido seguimiento a los impactos y se generen las sanciones correspondientes:
Los proyectos de interés público, como aquellos relacionados con la biodiversidad, deben establecer estándares de protección más sólidos. El proceso de licenciamiento ambiental y la evaluación de impacto ambiental actualmente son débiles, y la capacidad de las instituciones del Estado para hacer seguimiento a los impactos es limitada. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) depende de los recursos proporcionados por las empresas privadas, lo que crea conflictos de interés y vacíos en la gestión.
Además, existe una falta de mecanismos efectivos de participación, sobre todo en comunidades que no son indígenas, lo que refleja la falta de democracia ambiental. La sentencia que tumbó la consulta popular es un ejemplo de cómo no se garantiza la autonomía de los territorios ni el derecho a decidir sobre su futuro.
El Código de Recursos Naturales de 1974 fue útil en su momento, pero hoy es insuficiente para abordar las complejas interconexiones ecológicas que necesita la naturaleza. Los planes de biodiversidad son instrumentos cruciales dentro del Sistema Nacional de Política Climática y deben ser vinculantes		Regulación estricta de actividades empresariales:
1). Es necesario establecer marcos regulatorios más estrictos para las actividades empresariales que afectan la biodiversidad, incluyendo la minería, la agricultura industrial y los proyectos de infraestructura.
2). Mecanismos de consulta previa y participación vinculante: Es fundamental fortalecer los mecanismos de consulta previa y asegurar que la participación de las comunidades locales tenga un impacto real en la toma de decisiones, especialmente en proyectos que podrían afectar su entorno y biodiversidad. Para ello afinar el mecanismo de consentimiento, previo, libre e informado es una apuesta importante porque va un paso más allá de la consulta previa que no es más que un pacto con las comunidades de unas medidas de manejo que entran a reparar, mitigar, compenar o corregir impactos, pero no para vetar una decisión.
3). Transparencia y rendición de cuentas: Las empresas deben ser responsables por los impactos de sus actividades en la biodiversidad, y se deben implementar mecanismos efectivos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles.

Reconocer la responsabilidad directa que han tenido grandes empresas en diferentes sectores en la degradación de las condiciones para la conservación de la biodiversidad en Colombia, La responsabilidad actual que deben tener estas corporaciones en las iniciativas del PND que apuntan a revertir esta situación. En ese sentido debe haber un compromiso del Gobierno Nacional de incorporar una normatividad vinculante, con sanciones y responsabilidades de todos los tipos, que disuada a los grandes actores económicos de emprender acciones que dañen la naturaleza y sus servicios ecosistémicos, y además que le brinden rutas jurídicas a las comunidades en los territorios para denunciar estos hechos y exigir reparaciones.

- Un compromiso de divulgación obligatoria por parte de las empresas de los impactos/dependencias sobre la naturaleza.
Vincular la necesidad de incluir la restauración de los ecosistemas afectados en los procesos de cierre (ej: cierre de minas a carbón).
1). Incluir estudios de posibles pasivos a perpetuidad y afectaciones a los ecosistemas en los estudios para licenciamiento ambiental y concesiones. Evitarlos y en caso de no ser posible, obligar a la empresa a gestionarlos a perpetuidad
2). Un mecanismo sólido de rendición de cuentas y aplicación, que incluya exigir a las empresas que desarrollen y actualicen sus estrategias alineadas con los compromisos del PAB.
3). Compromiso sobre acciones de divulgación obligatorias en la Meta 15 es esencial para enviar una señal de que, en el futuro, la economía real tendrá que alinearse con las necesidades de la naturaleza.		Adopción del Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos: proponemos incluir el desarrollo del tratado vinculante que aborde las graves violaciones de derechos humanos por parte de las empresas y sus impactos en la diversidad cultural y biológica. Actualmente, en el ámbito del derecho internacional, no existen regulaciones que responsabilicen directamente a las empresas transnacionales, dejando un vacío que se ha denominado “arquitectura de la impunidad”. Esta estructura permite que las empresas transnacionales, en el corazón de un sistema capitalista, racista y patriarcal, desarrollen estrategias para evadir sanciones y continuar con las violaciones a los derechos humanos, de los pueblos y lde la naturaleza. Sin embargo, este instrumento aplicado en el PAB puede ser más restrictivo a la hora de la actuación de las empresas y las obligue a respetar los derechos humanos, reduciendo la impunidad, estableciendo obligaciones claras y mecanismos de cumplimiento para las empresas transnacionales.

Enfoque de derechos humanos: el enfoque en derechos humanos debe ser transversal en todas estas discusiones. Los derechos humanos pueden servir como un instrumento para bloquear malas decisiones y asegurar un enfoque diferencial y territorial.

Identificación de factores que amenazan y causan la pérdida de biodiversidad de los territorios: (i) conflicto armado y (ii) economías extractivas legales e ilegales. El desarrollo de proyectos extractivos contribuye a la vulneración de los derechos humanos y territoriales de las comunidades, a la degradación ambiental de los territorios y al incremento de amenazas y violaciones a la vida de los líderes comunitarios y las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
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META 16Velar por que se anime y se capacite a la población para tomar decisiones de consumo sostenible, entre otras formas, estableciendo marcos normativos, legislativos y reguladores complementarios, mejorando la enseñanza y la disponibilidad de información precisa y alternativas, y, para 2030, reducir la huella mundial del consumo con equidad, reducir a la mitad los desechos de alimentos en el mundo, reducir significativamente el consumo excesivo, y reducir sustancialmente la generación de residuos, para que todas las personas pueda vivir bien y en armonía con la Madre Tierra.
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META 17En todos los países, establecer y aplicar medidas de bioseguridad, y mejorar la capacidad en la materia, según los establecido en el artículo 8 g) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y medidas para la manipulación de la biotecnología y la distribución de sus beneficios, tal como se estipula en el artículo 19 del Convenio.
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META 18Para 2025, precisar y eliminar, eliminar gradualmente o reformar los incentivos, incluidas las subvenciones perjudiciales para la diversidad biológica, de manera proporcionada, justa, efectiva y equitativa, reduciéndolas sustancial y progresivamente en al menos 500.000 millones de dólares de los Estados Unidos al año para 2030, empezando por los incentivos más perjudiciales, e intensificar los incentivos positivos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.Prohibición de la minería de alto impacto: La minería de alto impacto en el macizo colombiano y en general, en lugares de alta producción de agua no se debe seguir estimulando. El campesinado quiere restaurar, pero el territorio está concesionado para la minería.
Las zonas altas (cerros tutelares) deben protegerse prioritariamente mediante compra para zonas de reserva. Las organizaciones campesinas pueden ser actores de esa protección. 		Proponemos crear una estrategia clara y sostenible para el financiamiento de las metas 18 y 19: considerando que Colombia es un país en vías de desarrollo. Esta estrategia debe incluir acciones integrales que determinen de dónde provendrá el financiamiento, cómo afectará a las comunidades que dependen de ciertos bienes comunes, y cuál es el balance de las metas anteriores para identificar cuánto se ha logrado y qué retos persisten. También se sugiere evaluar la viabilidad de imponer moratorias y evitar falsas soluciones que no respondan a las verdaderas necesidades de las comunidades y que sean una contradicción que terminan profundizando el modelo extractivista que es en definitiva quien tiene en vilo la biodiversidad biológica y cultural en el país.
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META 19Aumentar considerable y progresivamente, de modo eficaz y oportuno, y con fácil acceso, el nivel de recursos financieros procedentes de todo tipo de fuentes nacionales e internacionales, públicas y privadas, de conformidad b con el artículo 20 del Convenio, a fin de ejecutar las estrategias y planes de acción nacionales en torno a la diversidad biológica, habiendo movilizado para 2030 al menos 200.000 millones de dólares de los Estados Unidos, entre otras cosas:
a) Aumentando el total de flujos financieros internacional destinados a la diversidad biológica procedentes de los países desarrollados, incluida la ayuda oficial al desarrollo, y de los países que voluntariamente asuman las obligaciones de las Partes que son países desarrollados, hacia los países en desarrollo, en particular, hacia los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como los países con economías en transición, a 20.000 millones anuales para 2025 y a 30.000 mil millones anuales para 2030 b) Aumentando significativamente la movilización de recursos internos, facilitado por los planes de financiación para la diversidad biológica o instrumentos similares
c) Apalancando la financiación privada, promoviendo la financiación combinada, ejecutando
estrategias de recaudación de recursos nuevos y adicionales, y alentando al sector privado a invertir en la biodiversidad, entre otras cosas, mediante fondos de impacto y otros instrumentos;
d) Estimulando planes innovadores, como el pago por servicios de los ecosistemas, bonos verdes,
compensaciones de la pérdida de diversidad biológica, créditos, mecanismos de participación en los beneficios.
e) Optimizando la los beneficios colaterales y sinergias de la financiación destinada a la diversidad
biológica y a la crisis climática,
f) Reforzando el papel de las acciones colectivas22, incluidas las de los pueblos indígenas y las
comunidades locales, las actuaciones centradas en la Madre Tierra y los planteamientos basados en criterios no mercantiles, incluida la gestión comunitaria de los recursos naturales y la cooperación y solidaridad de la sociedad civil en aras de la conservación de la diversidad biológica.
g) Reforzando la efectividad, la eficiencia y la transparencia de la provisión y utilización de los
recursos. 		Propuesta de financiamiento:

1. Clarificación de fuentes de financiamiento: Es crucial definir con claridad la entidad o entidades responsables de aportar los recursos financieros, en especial para el Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Esta clarificación asegurará que el fondo no permanezca inoperativo y pueda cumplir su propósito de conservar y restaurar la biodiversidad. Proponemos la creación de una comisión mixta, compuesta por representantes gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y sectores privados, para explorar diversas fuentes de financiación, incluyendo aportes estatales, donaciones internacionales, y posibles impuestos ambientales específicos.

2. Integración de estrategias de cambio climático y biodiversidad: Para garantizar que las estrategias de cambio climático y biodiversidad se construyan de manera articulada y coherente, proponemos el establecimiento de un marco de financiación integrado que considere la correlación entre ambas áreas. Esto implicaría la actualización de los planes nacionales de acción para el cambio climático (NDCs) y el Plan de Acción de Biodiversidad, asegurando que ambos planes compartan objetivos comunes y fondos destinados a actividades que benefician tanto al clima como a la biodiversidad, pero que vigilen las estrategias como falsas soluciones como incentivos preversos, cange de deuda, mercado de bonos de carbono.

3. Transparencia y rendición de cuentas: Para fomentar la confianza y asegurar la efectividad del fondo, proponemos establecer estrictos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos financieros. Esto incluiría auditorías periódicas, informes públicos detallados sobre el uso de los fondos, y la participación activa de las comunidades y organizaciones civiles en el seguimiento y evaluación de los proyectos financiados.

4. Repensar los esquemas de compensación como dinero condicionado, su implementación con condicionamientos responde a un esquema de financiación que limita y condiciona las acciones.

5. Establecer un plan para abordar los fallos en la gobernanza de la financiación de la biodiversidad, incluido el compromiso activo con propuestas para un nuevo mecanismo de financiación gestionado de abajo hacia arriba (y donde ojalá se vincule económicamente a los responsables).		Creación de un fondo para la vida y la biodiversidad: Establecer un fondo financiero dedicado a apoyar iniciativas de conservación comunitaria y proyectos agroecológicos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y al bienestar de las comunidades rurales. Este fondo debería ser transparente en su gestión y asignación de recursos, asegurando la participación comunitaria en su gobernanza.Los proyectos de incentivos de conservación: no solo debe mediarse por las formas o transacciones económicas de pago, sino por una relación sociocultural entre las comunidades y sus financiadores para que no se conviertan en incentivos perversos que terminan fracturando el tejido organizativo, cultural e incluso ambiental.
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META 20Reforzar la creación y el aumento de capacidades, el acceso a la tecnología y su transferencia, y promover el desarrollo de la innovación y la cooperación técnica y científica y el acceso a las mismas, entre otras cosas, mediante la cooperación Sur-Sur, Norte-Sur y triangular, para cubrir las necesidades de una aplicación eficaz, en particular en los países en desarrollo, fomentando el desarrollo conjunto de tecnologías y programas conjuntos de investigación científica para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y reforzando las capacidades de investigación científica y seguimiento, en consonancia con la ambición de los objetivos y las metas del Marco.Financiamiento con enfoque intergeneracional

1. Conocer, analizar y mapear actividades, iniciativas y acciones con enfoque intergeneracional encaminadas a las ciencia teniendo en cuenta el conocimiento local, revisando factores de replicabilidad teniendo en cuenta las diferencias de intereses y necesidades territoriales y de los planes de ordenamiento teritorial y poblacionales, así como los puntos en común en las agendas locales, departamentales y posibilidades de articulación a nivel nacional.

2. Impulsar y desarrollar acciones interinstitucionales e intersectoriales que den respuesta al fortalecimiento de los procesos de desarrollo para y desde la innovación y la cooperacion técnica y cientifica, a partir de una óptica participativa e incluyente, con transparencia y reportabilidad, con un presupuesto que establezca metas a corto, mediano y largo plazo y mida y reporte la optimización de recursos.
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META 21Lograr que los mejores datos, información y conocimientos estén disponibles a los encargados de la toma de decisiones, los profesionales y el público, para que guíen una gobernanza eficaz y equitativa, una gestión integrada y participativa de la diversidad biológica, y para mejorar la comunicación, la concienciación, la educación, la investigación y la gestión de los conocimientos, y también en el contexto de que solo se disponga de los conocimientos tradicionales, las innovaciones, las prácticas y las tecnologías de los pueblos indígenas y las comunidades locales con su consentimiento libre, previo e informado23, de conformidad con la legislación
nacional.		Acceso, difusión y reconocimiento de la información con enfoque intergeneracional:

1. Reconocimiento de la diversidad del talento multigeneracional, que permita pontencializa el conocimiento, las habilidades y las capacidades desde la integración y articulación intersectorial e interinstitucional como una prioridad estrategica desde el reconocimiento de la diversidad, la equidad y la inclusión que de paso al fomento del intercambio de conocimientos y la creación de redes de colaboración y cooperación.

2. Implementación del financimaineto y de las acciones, en términos de finacimianeto es clave tener en cuenta las diferentes problemáticas teniendo en cuenta las etapas del desarrollo, esto debe ser un factor primordial a tener en cuenta en las etapas de diseño, planeación e implementación de los planes, las agendas y los programas, partiendo de la generación y actualización de datos, de la información y de los conocimientos desde la gobernanza y la gestión del conocimiento local y participativo.
Desarrollar una estrategia para integrar de manera efectiva las metas de participación, acceso a la información, y equidad de género en el Plan de Acción de Biodiversidad. Esto debe hacerse desde una perspectiva de derechos humanos, ya que sin ella, no se garantizará una conservación integral de la biodiversidad. Además, se sugiere diseñar indicadores cualitativos que permitan medir el avance en estas áreas, destacando la importancia de un seguimiento continuo para evaluar el progreso real, a través de un sistema de monitoreo que permita un seguimiento efectivo y en tiempo real. De igual forma, se deberán construir herramientas metodológicas que permitan hacer seguimiento a estos indicadores cualitativos que vayan más allá de una medición de resultados (si se cumplió o no), sino de desempeño y eficiencia. Es fundamental integrar dentro del seguimiento las propuestas de monitoreos participativos comunitarios y otras formas alternativas locales que permiten hacer seguimiento y generar gobernanza sobre los procesos de gestión de la información y de participación vinculante.

Gestión ambiental participativa y territorialmente informada: La gestión ambiental debe ser participativa, incorporando los conocimientos tradicionales y las prácticas comunitarias, especialmente en la gestión del agua y la conservación de ecosistemas. Las iniciativas locales de conservación, vinculadas a la reciprocidad ambiental, son fundamentales para el éxito de los esfuerzos de conservación y deben ser apoyadas por políticas públicas que respeten y fortalezcan estos procesos.

Desafíos en la relación estado-comunidad: Hay una desconexión significativa entre la institucionalidad y las realidades territoriales. Las políticas que no reconocen las formas tradicionales de conservación y los conocimientos locales tienden a desplazar a las comunidades campesinas y grupos étnicos, debilitando sus economías y prácticas sostenibles.
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META 22Lograr la participación y representación plena, equitativa, inclusiva, efectiva y con perspectiva de género de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la toma de decisiones, y su acceso a la justicia y a la información en materia de diversidad biológica, respetando sus culturas y sus derechos sobre las tierras, los territorios y los recursos, y los conocimientos tradicionales, así como la participación de las mujeres y las niñas, niños y la población joven, y las personas con discapacidad, y asegurando la protección plena de los defensores de los derechos humanos ambientales.Integración de enfoques de género y Derechos Humanos: Incorporar un enfoque de género y derechos humanos en todas las políticas agrícolas y de conservación, reconociendo el papel crucial de las mujeres en la agricultura y en la gestión de los bienes comunes. Además, se propone una legislación específica que proteja los derechos de los campesinos y campesinas, reconociendo sus contribuciones a la conservación del patrimonio biocultural.

Conservación de semillas tradicionales y reconocimiento a los custodios de semillas: Promover un sistema agrícola que integre la conservación de semillas tradicionales, el fortalecimiento de prácticas agrícolas comunitarias como las milpas, y la resistencia contra la privatización de semillas, fomentando la venta local y la reducción de la huella de carbono asociada al transporte de alimentos.
1). Creación de un marco legal protector: Desarrollar y fortalecer un marco legal que proteja las semillas tradicionales como patrimonio cultural y biológico, prohibiendo la privatización y patentamiento de estas. Incluir políticas que garanticen la libre circulación y el intercambio de semillas entre comunidades, fomentando la conservación y el uso de variedades nativas y prohiban la modificación genética.
2). Apoyo a sistemas agrícolas tradicionales: Promocionar y apoyar sistemas de policultivo como las milpas, que son fundamentales para la conservación de la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Implementar programas de asistencia técnica y financiera que ayuden a los agricultores a mantener y expandir estas prácticas, reconociendo su eficacia en la preservación de recursos hídricos y la fertilidad del suelo.
3). Bancos comunitarios de semillas y nacederos: Fomentar la creación y mantenimiento de bancos de semillas y nacederos comunitarios que funcionen como centros de conservación y distribución de semillas, asegurando su disponibilidad y accesibilidad. Estos bancos también servirán como espacios de formación en técnicas de conservación y agricultura sostenible.
4). Proteger y promocionar las semillas nativas y criollas: Existe una fuerte defensa de las semillas nativas y criollas, así como de las razas animales autóctonas, reconociendo su importancia para la soberanía alimentaria y la conservación de la biodiversidad. El fortalecimiento de procesos comunitarios y la conservación a través de redes de guardianes de semillas son esenciales para preservar la diversidad biocultural y enfrentar la amenaza de la homogeneización genética.

Reconocimiento de las comunidades locales: deberán considerar a todos los grupos étnicos como indígenas, negros, afrodescendientes, afrocolombianos, palenqueros o raizales, de acuerdo con su autodeterminación, así como Rrom y a los campesinos y campesinas, sujetos de derechos y de especial protección constitucional.		Reparación integral y reconocimiento de afectaciones en el marco del conflicto armado:
La reparación integral debe reconocer las afectaciones a la naturaleza y las comunidades en el marco del conflicto armado, vinculando diferentes indicadores que permitan medir los daños de manera más mixta y cualitativa. Esto incluye el desarrollo de indicadores más complejos que reflejen la ontología relacional y el significado biocultural de la biodiversidad, más allá de los servicios ecosistémicos. En este sentido, es importante incorporar las categorías propuestas por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su informe "Tiempos de vida y muerte", específicamente las categorías analíticas de red vital, territorio como víctima y mala muerte. Estas categorías exploran la relación entre lo humano, lo espiritual y la naturaleza, proporcionando un marco fundamental que se alinea con la mirada del giro ontológico. En este orden de ideas, actualizar un plan de biodiversidad requiere reconocer las afectaciones que el conflicto armado ha hecho a la naturaleza, donde la mirada vaya más allá de la biodiversidad entendiendo la red de relaciones que se tejen.

Apoyo a las organizaciones campesinas y étnicas para hacer veeduría de los procesos ambientales: contemplar rutas de participación ciudadana, e incidencia para la conservación y protección de la biodiversidad.
Es necesario revalorar la cultura en la ruralidad; ya incluida en la CN y en la Declaración de derechos campesinos. No debe favorecerse tanta uniformidad en los contenidos culturales para el campo. No hay fomento de la cultura campesina, muchas de sus expresiones son en torno al medio ambiente, música, poesía en torno al alimento. Fortalecer esta línea es clave para la educación. La revaloración social y el fortalecimiento de la cultura campesina, que ha estado en abandono y es menospreciada por el resto de la sociedad.

Estrategia de educación popular ambiental y fortalecimiento de conocimientos tradicionales: crear programas de educación ambiental que sean accesibles y pertinentes para diversas comunidades, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas y afrodescendientes reconociendo la complejidad ambiental y las interdependencias entre lo humano y no humano. Estos programas deben enfocarse en la enseñanza y aplicación de conocimientos tradicionales junto con la ciencia ambiental moderna.
1). Talleres y capacitaciones en bioculturalidad: Organizar talleres que involucren a ancianos y líderes locales, quienes poseen un conocimiento profundo de las tradiciones y prácticas ambientales de sus comunidades. Estos talleres deben facilitar el diálogo intergeneracional y el intercambio de saberes entre los miembros más jóvenes y los más experimentados de la comunidad, asegurando la transmisión y actualización de conocimientos. Esto es clave para la garantía de sentencias relacionadas con los derechos de la naturaleza.
2). Creación de materiales educativos culturalmente adaptados: Desarrollar materiales educativos que reflejen las particularidades culturales y ambientales de cada comunidad. Estos materiales deben ser co-creados con los miembros de la comunidad para asegurar que sean relevantes y efectivos, utilizando medios tanto impresos como digitales para su amplia difusión.
3). Incorporación de conocimientos tradicionales en el currículo escolar: Trabajar en colaboración con las autoridades educativas para incorporar el conocimiento tradicional y la educación ambiental en los planes de estudio de las escuelas locales. Esto puede incluir el desarrollo de proyectos escolares que involucren la conservación de áreas naturales cercanas o la restauración de ecosistemas dañados.
5). Plataformas de Intercambio de saberes: Establecer plataformas en línea y presenciales donde las comunidades puedan compartir experiencias y conocimientos sobre prácticas sostenibles y de conservación. Estas plataformas también deberían permitir la participación de expertos externos que puedan aportar perspectivas adicionales y apoyo técnico.
6). Festivales y eventos culturales: Organizar eventos y festivales que celebren y promuevan la riqueza de los conocimientos tradicionales y las prácticas ambientales locales. Estos eventos pueden ser puntos de encuentro para la educación ambiental, la cultura y el intercambio social, fortaleciendo la identidad comunitaria y la cohesión en torno a la conservación de la vida.
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META 23Velar por la igualdad de género al aplicar el Marco aplicando un planteamiento con perspectiva de género según el cual todas las mujeres y niñas tienen las mismas oportunidades y capacidad para contribuir a los tres objetivos del Convenio, incluyendo el reconocimiento de su igualdad de derechos y acceso a la tierra y los recursos naturales y su participación y liderazgo plenos, equitativos, significativos e informados en todos los niveles de acción, compromiso, política y toma de decisiones relacionados con la biodiversidad.Fomento de la participación plena intergeneracional y con enfoque de género:

1. Asegurar la participación y la incidencia de las niñeces, las adolescencias y las juventudes teniendo en cuenta las particularidades y diferencias contextuales y territoriales, desde el reconocimiento del enfoque interseccional y con enfoque de género que reconozca los impactos a largo plazo analizando la aplicabilidad y las acciones hacia la justicia intergeneracional.

2. Fortalecer el cuerpo de investigaciones y gestión del conocimiento, con la finalidad de dar continudad a la par de fortalecer las buenas prácticas, asi como el fomento y el desarrollo de los liderazgos, que protega los derechos de las y los defensores de los territorios y la integración participativa en la toma de decisón. 		Implementación de instrumentos con enfoque diferencial: Proponemos la garantía de instrumentos con un enfoque diferencial que trascienda la mera cuantificación de la participación y que logre captar efectivamente las diversas voces de la comunidad, incluyendo mujeres, niños, niñas, jóvenes, y personas mayores. Es crucial reconocer y valorar los trabajos de cuidado, que son expresiones fundamentales de la conservación de la vida, como parte integral de estos procesos. Para asegurar una participación genuina y efectiva, se deben establecer mecanismos que faciliten el diálogo inclusivo y la representación equitativa en todos los niveles de decisión y gestión. Estos instrumentos deberán diseñarse de manera que se fomente la inclusión y el reconocimiento real de todas las contribuciones, especialmente aquellas que tradicionalmente han sido invisibilizadas. Considerar en ello también la experiencia de las mujeres defensoras.

De igual forma, es fundamental considerar que la participación de las mujeres será efectiva si se considera también cómo participan las mujeres en la toma de decisiones, en los espacio de protección, transversalizar el género en espacios paritarios.
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