Propuestas electorales 2015 de transparencia y participación
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ABCDEFG
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TemaCiudadanosUPyDUnidad PopularPodemosPartido PopularPSOE
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Acceso a la información
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Derecho a la informaciónDerecho fundamental que se incluya en el artículo 23 de la Constitución del derecho a la transparencia (publicidad activa y acceso a la información) en relación con la información en manos de las Administraciones públicas.Ley específica para garantizar el fácil y amplio acceso personal a recibir información de todas las entidades públicas, así como de entidades privadas en la medida en que éstas desempeñen funciones públicas.Todas las actividades parlamentarias estarán regidas por los principios de transparencia y control político. Desarrollaremos herramientas web accesibles que hagan transparente la actividad en las cámaras
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Ley y portal de transparenciaReformarla y que incluya que los presupuestos y la ejecución presupuestaria estén al mismo nivel de desglose; expedientes de contratación administrativa, incluidas sus modificaciones, las subvenciones públicas y convenios administrativos; salarios de los funcionarios y de los gestores públicos, así como la contabilidad de las empresas públicas y demás aspectos relacionados con la gestión de los recursos públicos de las administraciones públicas de forma accesible; cuentas de los partidos políticos, sindicatos, patronales y asociaciones profesionales o de interés público que reciban ayuda públicaReconocer el derecho a la información como derecho fundamental. Mejorar la accesibilidad del Portal de la Transparencia y agilizar las solicitudes y las peticiones de información. Eliminar la obligatoriedad del DNI electrónico para poder realizar consultas. Aminorar límites de respuesta de peticiones sin dejar margen a la discrecionalidad y establecer un régi- men de sanciones si se incumplen los márgenes de respuesta. Garantizar la independencia del Consejo de Trans- parencia.El compromiso de la próxima legislatura es seguir desarrollando en profundidad la Ley de Transparencia, la primera de nuestra democracia, para culminar el cambio en la cultura de lo público y la política. Abriremos nuevas posibilidades de acceso y nuevos canales de participación en el Portal de la Transparencia, reforzando su capacidad como mecanismo para favorecer el control y la cercanía con los ciudadanos. Ampliaremos los registros de publicidad activa del Portal de la Transparencia, especialmente en relación a las subvenciones de otros ámbitos administrativos.Modificar Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para cubrir las lagunas que se pusieron de manifiesto durante la discusión parlamentaria y solventar las deficiencias técnicas existentes; Adoptar el mecanismo señalado anteriormente para la elección de los órganos constitucionales y organismos reguladores para la designación de los miembros del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; Hacer del Portal de Transparencia un verdadero portal de Gobierno Abierto con los archivos en formatos abiertos y reutilizables. Un portal que en un formato más amigable y comprensible posibilite la generación de valor de la ciudadanía.
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Open data e información públicaCreación de una plataforma de “datos abiertos” (open data): que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de acceso a la información en poder de la administración que no esté clasificada, mediante una plataforma sencilla y funcionalAsegurar la información pública por defecto. La transparencia activa y los formatos abiertos serán principios rectores de la acción de gobierno. Establecer la obligatoriedad legal de rendir cuentas y de publicar los resultados en la web para todas las instituciones con titularidad o financiación pública: la Casa Real, el Consejo General del Poder Judicial, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales. La información que genera la Administración Pública no pertenece a las instituciones, pertenece a la gente. Por ello, instauraremos paredes y bolsillos de cristal en las instituciones, pues aquello que no se pueda publicar no se debería hacer. Para lograrlo, implementaremos medidas de transparencia de la gestión pública con información veraz y actualizada de todos los presupuestos, gastos y balances anuales, protocolos e informes.Para garantizar el conocimiento del destino de cada euro gastado, avanzaremos en la accesibilidad de la información de la ejecución presupuestaria con un mayor grado de detalle y en un formato reutilizable.Transformar los portales web del gobierno en espacios Gobierno Abierto, implementando adecuadamente los pilares de transparencia, participación y colaboración; Primar la publicidad activa, publicando toda la información disponible sin necesidad de que nadie solicite dicha información, siguiendo el principio de que toda información pública debe ser conocida por la ciudadanía, salvo que se vulneren derechos fundamentales; Establecer sanciones en caso de incumplimiento de la transparencia activa.
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Gobierno abiertoImpulsar la Estrategia Estatal de Gobierno Abierto, que será transversal para todos los ministerios, con medidas para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los responsables públicos, así como la participación y la colaboración en los ámbitos ejecutivo, legislativo y de la administración pública; Incorporar el Gobierno Abierto en los temarios obligatorios para el acceso a la función pública y establecer programas de formación continua del funcionariado.
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Transparencia de partidos
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Rendición de cuentas de partidosReforma de la Ley de partidos para que haya más democracia interna, más transparencia y mayor rendición de cuentasTipificación penal de la financiación ilegal de partidos políticos que incluirá sancionar penalmente la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos tanto de sus estados contables como de su patrimonio social; el Tribunal de Cuentas será responsable de dotar de identidad a todos los beneficiarios de las iniciativas de crowdfunding, en caso de que el partido político emplee este método de financiaciónNueva Ley de Financiación de Partidos Políticos. Equiparar la fiscalización de las fundaciones políticas a la de los partidos políticos. Prohibir donaciones de bienes inmuebles cuyo valor exceda del límite legalmente establecido para las donaciones monetarias. Prohibir el endeudamiento bancario por parte de los partidos políticos o limitar severamente dicho endeudamiento. Publicar la identidad de todo aquel donante que aporte más de 5000 euros al año. Establecer sistemas de tratamiento y publicación de datos en formatos reutilizables, que permitan identificar posibles relaciones entre donaciones políticas y contratos públicos, o entre partidos políticos y paraísos fiscales. Elaborar un plan estratégico sobre el modelo de financiación de los partidos políticos en España, y reformar los sistemas de financiación electoral y ordinaria de los partidos conforme a principios más democráticos e inclusivos.Los órganos internos del Partido Popular seguirán actuando con la máxima prontitud, objetividad y rigor, aplicando estrictamente los estatutos en casos de corrupción. Regular un sistema de microdonaciones a través de Internet para donaciones inferiores a 200 euros (en cómputo anual por cada persona física), garantizando la identificación de los donantes ante el órgano de control; Dotar de transparencia a todos los ingresos públicos y privados,con desglose de las aportaciones de donantes, afiliados y cargos públicos. Detallar los gastos, con indicación expresa de retribuciones a responsables internos y empleados, gastos externos y de funcionamiento; Informar trimestralmente al Tribunal de Cuentas de todas las aportaciones privadas recibidas, de los créditos contratados y de los acuerdos de renegociación de deudas con las entidades financieras. El Tribunal de Cuentas deberá publicar con carácter inmediato la información recibida e identificar a los donantes una vez superen la cantidad de 200 euros anuales; Retener toda subvención pública a los partidos políticos que no hayan remitido sus cuentas al Tribunal de Cuentas; Reforzar el papel de control y fiscalización del Tribunal de Cuentas para auditar en tiempo real las cuentas de las organizaciones políticas, con una mayor capacidad sancionadora; Cumplir estrictamente las Recomendaciones GRECO sobre transparencia financiera de los partidos políticos.
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TransfuguismoReimpulsar el Pacto Anti-transfuguismo para para expulsar a los tránsfugas de la política. Ampliarlo a parlamentos nacionales y autonómicos, parlamento Europeo y ayuntamientos
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Democracia de los partidosDemocracia interna en los partidos. Modificación de la Ley Orgánica de Partidos para que los partidos estén obligados a celebrar elecciones internas competitivas mediante voto directo y secretoLos partidos políticos estarán obligados legalmente a presentar a primarias a todos aquellos candidatos a presidir sus órganos ejecutivos. La Junta Electoral Central organizará un sistema telemático y presencial de participación para que durante un periodo determinado la gente pueda votar al precandidato dentro del partido que elijaDotar de mayor capacidad de participación de los afiliados o militantes mediante la elección directa de determinados cargos orgánicos; Vincular la financiación que los partidos reciben del Estado, además de al resultado electoral en número de escaños y de votos, a elementos de democracia interna de los partidos, como la celebración de primarias, la limitación de mandatos o la paridad en las listas electorales.
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Programa electoralRevocatorios por incumplimiento del programa electoral: compromisos mínimos contractuales y, en caso de incumplimiento, planteará una convocatoria de eleccio- nes. Así, a los dos años de mandato se pondrá en marcha en el Congreso de los Diputados una comisión no permanente en la que se analizará el grado de cumplimiento del programa electoralConsiderar los programas electorales como un compromiso vinculante con la ciudadanía de los cuales habrá que rendir cuentas, para cuya garantía adoptaremos las medidas oportunas.
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Corrupción de partidosRegular que los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos deben hacerse responsables patrimonialmente de dichos actos.
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Transparencia de políticos
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AforamientoSuprimir el aforamiento de todos los representantes públicos que lo ostentan y los diputados en particularEliminar los aforamientos políticos y limitar la inmunidad e inviolabilidad parlamentaria
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Imputados en eleccionesImpedir que los imputados por delitos de corrupción puedan ser candidatos en procesos electorales
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Corrupción de políticosSuprimir los suplicatorios para delitos o imputaciones, excepto delitos relacionados con los diputados como violencia de género o seguridad vialLimitar las exenciones de autoridades y cargos públicos a la obligación de testificar y concurrir al llamamiento judicial para declarar. Prohibición de sobresueldos para los cargos políticos electosSentar en el banquillo a los corruptos; evitar la privatización de actividades y gestiones públicas; garantizar el derecho a la información como medio de prevención; ley anticorrupción (con delito de enriquecimiento ilícito); eliminación de la inmunidad asociada al cargo en lo relativo a los delitos de corrupción. Se ampliará a 20 años el plazo de prescripción para los delitos de corrupción.Todos los cargos del Partido Popular suscribirán una Declaración de Compromiso que significará la adhesión a nuestros principios éticos y tendrán la obligación de dimisión y serán suspendidos de militancia en caso de estar encausados en un proceso judicial con apertura de juicio oral y derivado de una causa de corrupción.
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Penas por corrupciónAgravación de las penas contra administradores, directivos o empleados de toda sociedad con participación pública, o que desempeñe funciones públicas, implicados en actos de corrupción; incorporación del delito de enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos electivos.Obligatoriedad de cese en el cargo para los Altos Cargos encausados por un delito de corrupción en el momento de la apertura de juicio oral, con la consiguiente suspensión y sustitución en el cargo público. Mantenemos nuestro compromiso de reducir los aforamientos e impulsar la adopción de las iniciativas necesarias, por los distintos sujetos legitimados, para limitar la atribución al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia de la competencia para el enjuiciamiento de autoridades y cargos públicos. La apertura de juicio oral también será causa de inelegibilidad absoluta.
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Lucha contra la corrupciónOficina de Recuperación y Gestión de Activos en materia de Corrupción dedicando los recursos económicos procedentes de los delitos por corrupción a luchar contra el fraude y resarcir a las administraciones perjudicadas por este delito. Garantizaremos una rendición periódica de cuentas por parte del responsable de la Oficina Recuperación y Gestión de Activos ante el Congreso de los Diputados para explicar los recursos económicos procedentes de los delitos por corrupción así como su gestión y uso para resarcir a los perjudicados por el fraude.
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Denuncias ciudadanas de la corrupciónEstatuto personal del denunciante de la corrupción. Ofrecer protección y ayuda a los ciudadanos que se atrevan a denunciarla poniendo fin a la inexistencia de un marco legal que las ampare frente a posibles represalias de su entorno profesional o social.Facilitar que haya acción popular en delitos sobre la lesión de bienes o intereses públicos en los procesos penalesCrearemos más canales para la denuncia de casos de corrupción y adoptaremos medidas para proteger a aquellos cuya información haya sido relevante para destapar actividades ilícitas en el ámbito de la Administración.
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Penas a responsables de impagosExigir responsabilidad civil y penal de aquellos responsables públicos que, tras la finalización de su mandato, se constate hayan ocultado deudas o impagos del órgano o administración de la que fueran responsablesIntroducción de la figura delictiva de enriquecimiento injusto o ilícito
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Rendición de cuentasObligar a la rendición de cuentas de todos los cargos públicos a través del portal de transparencia para conocer: sus declaraciones de renta, bienes e intereses, la agenda, viajes que realiza con dinero público y su cometido, las iniciativas impulsadas, presentadas o participadas.
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Comisiones de investigaciónFacilitar su creación, que tengan más facultades, publicidad de audiencias y conclusiones, limitar que pueda ser obstaculizada su constitución por el partido afectado
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Investigación de la corrupciónEs necesario seguir mejorando la especialización de determinados juzgados en los delitos económicos y relacionados con la corrupción para asegurar que se cuentan con todas las herramientas posibles para detectar y juzgar al corrupto.
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Régimen de incompatibilidades Cumplimiento efectivo del régimen de incompatibilidades, con sanciones cuando se incumplan las obligaciones impuestasLimitación de los mandatos a un máximo de dos legislaturas; establecimiento de un “período de enfriamiento” para todos los funcionarios del Estado y representantes públicos durante el cual se extienda la inhabilitación profesional; incompatibilidad del cargo de alcalde y concejal con la condición de diputado, senador o parlamentario autonómico y parlamentario europeo; necesaria motivación de las denegaciones de compatibilidad de los altos cargos y las razones del sí o el noRegulación de incompatibilidades durante y después del ejercicio de cargos públicos para evitar el enriquecimiento basado en la información obtenida durante el desempeño de dichos cargos. Medidas estrictas contra el transfuguismo.Extender y clarificar las incompatibilidad es de cargos políticos, altos cargos de la Administración Pública central y autonómica, y directivos de empresas públicas una vez finalizada su prestación como tales. Establecer un mínimo de diez años hasta que un ex alto cargo pueda intervenir en un ámbito afectado directamente por una decisión adoptada por él durante el ejercicio de su responsabilidad pública. Impedir que cualquier ex cargo electo participe en consejos de administración de empresas que operan en sectores estratégicos del Estado. Prohibir que desde los lobbies se contrate a los diputados o a sus asistentes. Obligar a que, si desde los lobbies se emplea a antiguos miembros del Gobierno, estos lobbies informen sobre quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos contactan, qué temas tratan y en qué gastos incurren durante su trabajo. Crear, a nivel estatal y en cada Comunidad Autónoma, una oficina de registro de conflictos de interés e incompatibilidades, que vele por el cumplimiento de estas normas y que esté dotada de independencia y capacidad inspectora.Seguiremos potenciando el papel de la Oficina de Conflicto de Intereses, en particular, en el control sobre los Altos Cargos, en función de los nuevos requisitos fijados en la Ley de Transparencia y el Estatuto del Alto Cargo.
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Suspensión de un representante públicoEl mandato electoral debe ser imperativo para todos los cargos públicos, reformando para ello el artículo 67.2 de la Constitución Española. Por ello, estableceremos la obligación de convocar un referéndum revocatorio para suspender del cargo a un representante público en caso de grave incumplimiento o mala gestiónRevocatorio Popular.Se pone en marcha ante determinadas situaciones de pérdida de legitimidad de las personas que nos representan
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Pensiones ex altos cargosLas remuneraciones de los expresidentes serán incompatibles con cualquier otro salario público o privado; se suprimirán las demás pensiones para ex altos cargos políticos.Eliminaremos las indemnizaciones por cese, derogaremos las llamadas «pensiones de oro» de los exparlamentarios, y equipararemos sus derechos y deberes laborales a los del resto de las personas trabajadoras
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Designación cargos públicosNueva política para directivos públicos: rigurosa selección basada en la experiencia profesional y la acreditación de competencias; cuya duración sea por un periodo superior al de la legislatura. El currículum vitae de los aspirantes a directivo público deberán ser públicos en todo casoGarantizaremos la independencia de las personas que trabajan en las administraciones públicas a través del justo acceso, promoción y provisión de puestos de trabajo mediante la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Acabaremos con la inflación de puestos de trabajo designados directamente por cargos políticos, conocidos como puestos de libre designación (PLD). Fomentaremos la promoción profesional vertical y horizontal que permita combinar la libre elección de cambio del puesto de trabajo con el cuidado de la ri- queza técnica de los equipos estables. Los equipos es- tarán compuestos por personas formadas y con am- plia experiencia profesional y no será necesario que abandonen el puesto que ocupan para promocionar. • Fomentaremos la promoción interna horizontal. Así, ofreceremos al personal funcionario de distintos cuerpos y categoría idéntica la posibilidad de elegir este cambio en su carrera profesional.
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Reducción altos cargosReduciremos drásticamente el número de altos cargos políticos tanto de organismos como de empresas públicas, de manera que únicamente sean altos cargos las personas titulares de los ministerios o asimilados y de los viceministerios o asimilados. Las unidades administrativas con rango de dirección general o de secretaría general deben estar lideradas por equipos técnicos, es- tableciéndose una relación de puestos de trabajo de carácter directivo. Se deben seleccionar a las personas más adecuadas para ocupar los puestos de trabajo de mayor responsabilidad y esto requiere un sistema de provisión que garantice la independencia mediante el acceso por igualdad, mérito y capacidad
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Salarios diputados y senadoresRebajaremos las retribuciones de los miembros electos de las Cortes, de manera que en ningún caso sea superior a la de los cuerpos de funcionarios del Estado. Revisaremos los complementos económicos: gastos de representación, libre disposición, indemnizaciones, etc. Mecanismos de control de las dietas y desplazamientos imprescindibles
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Legislación
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Legislación de urgenciaSuprimir la posibilidad de los Decretos Leyes. Será el Congreso quien apruebe la legislación urgente en un proceso de un máximo de 72 horas
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Procedimiento legislativoAmpliación de fase de enmiendas, reforzar las comisiones parlamentarias, autorización de intervenciones más generosas de tiempo; participación de grupos sociales y expertosLeyes de auténtica transparencia y publicidad, accesible para todas las actividades y decisiones de todas las administraciones.Incorporar a las iniciativas legislativas la “huella legislativa” para facilitar el conocimiento y la comprensión de la procedencia, el trámite y las modificaciones de las leyes, así como la justificación y argumentación de la posición de los diputados y grupos políticos. También se deberá sumar “huella participativa” resultante de los procesos participativos que se hayan abierto.
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Referéndum/Consulta popularReferéndum vinculante cada vez que se pretendan modificar las condiciones de las leyes y decretos de trascendencia estatal, autonómica o municipal o que regulan los derechos y sectores básicos de la sociedadIniciativa de Consulta Popular. Permite a la gente impulsar el inicio de una consulta en el ámbito competencial correspondiente
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Participación ciudadana en legislaciónFomentar la participación ciudadana también en la gestión de los bienes, empresas y servicios públicos. Mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria, como pueden ser las audiencias públicas, las asambleas de barrio, los consejos autónomos municipales, los observatorios populares, etc.; total reforma para facilitar el derecho a la iniciativa directa ciudadana en las propuestas legislativas; el Estado dispondrá de una Oficina de participación ciudadana que garantizará la aplicación de estos derechos.Iniciativa de Procesos Deliberativos Populares. Sirve para abrir un proceso de deliberación ciudadana (presupuestos participativos, uso de espacios públicos, etc) a instancia de una iniciativa popular; Iniciativa de Veto Popular. Es un instrumento de democracia directa que pone de manifiesto la oposición ciudadana a determinadas normas que le afectan directamente; espacios mixtos de deliberación durante la tramitación legislativa donde participen representantes políticos, personal técnico y ciudadanía. Incluiremos el escaño ciudadano
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Participación de las mujeres en legislaciónFomentar la participación de las mujeres para asegurar una democracia paritaria. Igualmente, paridad en los ámbitos de representación.
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ILPReducción a 250.000 las firmas acreditadas para impulsar una iniciativa legislativa popular; el Congreso deberá tomarlas en consideración en tres mesesReducción a 100.000 las firmas acreditadas para impulsar una iniciativa legislativa popularEliminaremos las trabas actuales: desde los estrictos requisitos para su presentación hasta la falta de debate parlamentarioPotenciar la iniciativa legislativa popular reduciendo a 300.000 las firmas acreditadas requeridas para su presentación. Se reconocerá el derecho a sus promotores de acceder a la sede parlamentaria en defensa de sus propuestas
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Supresión de leyesDerogar la Doctrina Botín para que cualquier ciudadano o entidad pueda ejercer la acusación en procesos penales; Derogar cualquier tipo de Ley de punto y final en procedimientos penales; modificación sustancial de leyes limitativas de derechos como la Ley de Seguridad
Ciudadana; nuevo delito de malversación imprudente de caudales públicos.
Derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y modificación del Código Penal para restituir el contenido básico del derecho de reunión pacífica y libertad de expresiónDerogación de la ley mordaza
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Transparencia de instituciones
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SenadoSupresión del Senado y creación de un consejo de presidentes de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla
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Tribunal de CuentasIndependencia, selección de personal por mérito y capacidad y dotación de más personal y medios materiales para controlar de manera real a los partidos políticos
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Congreso y legislaciónPublicidad de la actividad parlamentaria. Abrir el acceso a los documentos relativos a los procesos legislativos, así como hacer públicas las agendas y reuniones de los diputados y senadores y miembros del Gobierno, facilitando la participación de la sociedad civil y fomentar la publicidad de las decisiones legislativas. Publicidad completa del resultado del trabajo de la Oficina de Conflictos de InterésPotenciar el papel del Parlamento en su control del Ejecutivo. Revisión de Normas y Reglamento de funcionamiento del Congreso de los Diputados, para que éstas garanticen la transparencia y la participación.Capacidad de actuación y derechos básicos igualitarios para todos los grupos parlamentarios en los órganos de las cámaras. La pluralidad política es el fiel reflejo de la diversidad y de la pluralidad de la sociedad. Publicar en portales web parlamentarios la información relativa a la gestión de la institución, su personal y su presupuesto. Facilitar el acceso a la información relativa a los procesos legislativos, en curso o finalizados, mediante observación directa, a través de la prensa escrita o de las retransmisiones por radio y televisión en directo. Garantizar el acceso, tanto a las sesiones de comisio- nes parlamentarias como a los plenos, a medios de comunicación, a observadores y a ciudadanos en general, sin trabas administrativas y sin ningún tipo de discriminación. Habilitar un escaño ciudadano desde el que se puedan hacer llegar peticiones ciudadanas al Parlamento, tanto de forma individual como colectiva.Crear la Oficina Ciudadana en el Congreso de los Diputados – Diputado y Diputada 351-, para canalizar la participación y colaboración de la ciudadanía con las cámaras. Un espacio físico y digital donde la ciudadanía podrá:
- Solicitar información, gestionar peticiones y entrevistas con representantes políticos, publicando a tal efecto estadísticas periódicas.
- Registrar preguntas parlamentarias que cuenten con un número de apoyos ciudadanos.
- Participar en debates y consultas públicas que la cámara, los grupos políticos o los diputados y diputadas abran para la participación; Garantizar que en el procedimiento legislativo ordinario se celebren las sesiones que fueren necesarias de la comisión legislativa competente para realizar las comparecencias y audiencias sobre los proyectos de ley que se acuerden.
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Rendición de cuentas de empresas públicasRendición de cuentas anual ante el Parlamento de todos los responsables de órganos, entes y empresas públicas. Se hará ante la comisión correspondiente, sobre la ejecución presupuestaria y se deberá responder a las preguntas de los parlamentariosAuditorías regulares de los organismos públicos Pondremos en marcha la realización de auditorías regulares de todos los organismos y entes públicos
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Publicidad institucionalPublicación anual de los anuncios y campañas institucionales con dinero público. Se señalará su finalidad, importe y adjudicatarios de los contratos celebrados, actuándose con firmeza frente a las campañas institucionales de autobombo
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Gestión públicaControl directo de los compromisos del gobierno y la buena gestión pública. Se creará una acción popular específica para la defensa de la buena gestión administrativa, y que los principales compromisos que asuma el gobierno, incluidos los de calidad de gestión, sean controlables directamente por los ciudadanos tanto en vía administrativa como judicial.Fomentaremos la formación de los empleados públicos que participan en procesos de licitación pública en materia de ética, transparencia pública y prevención de la corrupción. Impulsaremos la formación en transparencia.Establecer programas de formación continua para quienes trabajan en la función pública en materia de transparencia.
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IndultosLimitación y despolitización del indulto, y no será posible indultar por delitos de corrupción o violencia de géneroLimitar, publicar y motivar la concesión de indultos. No se podrá indultar en casos de corrupción o de delitos contra la Administración PúblicaErradicaremos el indulto de funcionarias o funcionarios convictos de delito de tortura o si excepcionalmente se concede debe modificarse la Ley del Indulto para obligar al Gobierno a razonar su concesiónImpulsaremos una mayor vinculación del otorgamiento de indultos a la política penal y penitenciaria del Gobierno, acompañándola de una rendición periódica de cuentas en relación a los indultos otorgados.
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Regulación de los lobbiesRegulación de los lobbies, en los que se detallen las prácticas permitidas, la regulación de las actividades y la forma de publicar la influencia en el proceso legislativo. Regularemos la actuación de los lobbies y pondremos en marcha un registro de lobbies o grupos de interés para identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan este tipo de actividades.
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Registro mercantilPublicación abierta y completa del registro mercantil a través de la página web del BORME. Que cualquier ciudadano pueda consultar información básica de las sociedades y sus cargos se facilita la detección y prevención de conflictos de intereses
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Plenos municipalesImpulsaremos las reformas precisas para asegurar la comunicación de los resultados de los Plenos municipales a través de Internet.
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Participación
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Participación con TICFavorecer la participación ciudadana a nivel local mediante consultas y uso de tecnologías de la informaciónImplantar una Plataforma Digital de Participación Ciudadana. Una “ventanilla única”, desde la que los ciudadanos podrán dirigir sus peticiones al Parlamento, tramitar una Iniciativa Legislativa Popular, ser consultados sobre determinados proyectos relevantes y participar en los referéndum consultivos. Los ciudadanos podrían dirigirse a sus representantes desde esta plataforma y éstos responderles a aquellos directamenteInstituir un espacio estatal on line abierto y transparente, que permita a la ciudadanía intervenir y participar directamente en los debates importantes del Parlamento, con preguntas, sugerencias, peticiones y reclamaciones, así como en las decisiones proporcionalmente al nivel de participación: democracia 4.0.Crear un portal de Participación Ciudadana dentro de la plataforma de Gobierno Abierto, donde la ciudadanía podrá presentar: - Propuestas que deberán ser respondidas en abierto en un plazo máximo predeterminado admitiendo las firmas electrónicas. - Preguntas al gobierno. - Propuestas del gobierno que deberán abrirse a la participación ciudadana a través del portal. - Consultas ciudadanas del gobierno sobre todas las cuestiones que considere oportuno de interés general
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Voto desde el extranjeroDerogación del voto rogado. Facilitar las inscripciones consulares con posibilidad de presentarlo telemáticamente sin excepción. Implementación de consulados móviles. Es decir, desplazamiento X días al año de personal del consulado a ciudades que son de su circunscripción, pero en las que no tiene presencia. Sobre todo al menos una rotación mínima al año y otra en periodos electorales para rogar el voto, etc.Ampliaremos el proceso electoral de dos a cuatro semanas, por lo que se dispondrá de un mayor margen para el envío de papeletas. Eliminaremos el voto rogado y la actua- lización automática y periódica del Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA) mediante renovación de la inscripción electoral cada cinco años
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Evaluación de políticas públicasObservatorio Ciudadano de Evaluación de Políticas Públicas y Rendición de Cuentas con dos ob- jetivos fundamentales: Lograr un uso adecuado de la evaluación, al servicio de los intereses generales. Vincular la evaluación al ciclo presupuestario, de tal suerte que se convierta en un instrumento de difusión de la cultura de evaluación y la rendición de cuentas.Definir, con la participación de las organizaciones que defienden la transparencia, una serie de indicadores, de carácter cuantitativo pero sobre todo que evalúen aspectos cualitativos, que sirvan para medir el grado de transparencia de cada Administración. Se publicará anualmente el ranking de las administraciones más transparentes.
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Rendición de cuentas con implicación ciudadanaPlan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional, que se coordinará a través de un organismo independiente del poder guber- namental. Dicho organismo estará integrado por la Administración, organizaciones no gubernamentales (ONG) y actores relevantes de la sociedad civil; y su ámbito de actuación abarcará las diferentes administraciones territoriales del Estado.
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Participación en institucionesCrearemos un observatorio de inclusividad en la gestión pública para investigar indicadores de inclusividad, y poder evaluar y diseñar acciones instituciona- les dirigidas a atender las necesidades de acceso a las administraciones públicas de una sociedad diversa. Desarrollaremos un Plan de Formación para la Participación, que estará dirigido tanto al personal de la Administración Pública como a los agentes sociales; instauraremos órganos ciudadanos de interlocución con el personal técnico y político, y dotaremos de un carácter decisorio a estos espacios de encuentro que, además, se complementarán a través de herramientas de participación virtual.
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Formación en participaciónImpulsar una cultura de la participación desde edades tempranas a través de la asignatura de educación para la ciudadanía, así como fomentar el voluntariado y la acción civil. Este voluntariado y acción civil nunca serán sustitutivos de las tareas y responsabilidades que el Estado debe asumir y garantizar, sino que serán un complemento a las mismas.
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Ley de participaciónAprobar una Ley de participación ciudadana.
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Hoja 1