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LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO DE PETRO �SOBRE LOS BONOS DE CARBONO

Neiva, 27 de noviembre de 2021

Miller Armín Dussán Calderón

Universidad Surcolombiana - Asoquimbo

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“Ustedes contaminan y nosotros tenemos el Amazonas”

Incorporarse a las campañas internacionales en pro de la descontaminación del planeta asociando ese propósito con las desigualdades en la responsabilidad de los daños ambientales, mucho mayor en el caso de los países dominantes. Los “gobiernos progresistas” de la región deben coordinar actividades bajo esta perspectiva.

Desde la COP 21, sobre el cambio climático, 195 países y “actores no estatales” se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y se abrió un segmento en el mercado de capitales, el de los mercados verdes, un área importante de la financiarización de la naturaleza con ofertas de negocios en el Amazonas y el Parque Chiribiquete a grandes inversionistas internacionales como Jeff Bezos, el dueño de Amazon.

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Debe resaltarse la forma de integración de las comunidades étnicas y campesinas en los territorios escogidos para ejecutar proyectos orientados hacia la economía verde como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada), un programa que “otorga compensaciones a los países del Sur para mantener sus bosques en pie, por parte de los países del Norte que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto.

REDD+ es un instrumento para dinamizar y hacer crecer los mercados de carbono que tienen como trasfondo la privatización del aire, que es un bien común.

A partir de contratos de compra-venta los países industrializados están comprando a los países del Sur la capacidad de sus bosques de capturar carbono. Es decir, están comprando y vendiendo aire. (…) Uno de los mayores riesgos que entraña REDD+ es la ruptura de la gobernabilidad de los territorios que participan en el Programa, pues implica la entrada de actores ajenos a la vida de las comunidades forestales, como los funcionarios de instituciones multilaterales, las organizaciones internacionales de conservación, los inversionistas y empresas, y los gestores o consultoras ambientales.

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La resistencia a estas políticas a escala internacional por parte del movimiento campesino e indígena organizado y de asociaciones ambientales ha sido continuo y expresado de diversas maneras contra los bonos de carbono y de la financiarización de la naturaleza:

– “Estas estrategias empresariales deliberadas, distraen la atención de la necesidad urgente e innegable de eliminar las emisiones de combustibles fósiles;

– Encubren la responsabilidad de las grandes empresas y las élites por sus emisiones de carbono, así como la responsabilidad de los gobiernos de regularlas; y:

– Profundizan la financiarización de la naturaleza, reduciendo a carbono comercializable la increíble diversidad de los bosques, pastizales y humedales de nuestro planeta y desencadenando una nueva y masiva apropiación de recursos de los Pueblos Indígenas, campesinos y comunidades locales, principalmente en el Sur global.

– Los bosques, las tierras, los ecosistemas son mucho más que el carbono almacenado en ellos. Son ecosistemas vivos, que respiran, sitios culturales y espirituales, fuentes de vida para millones de personas en todo el planeta. (…)

– Pero la compensación de emisiones no reduce realmente las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2). En el mejor de los casos no conducen a un aumento neto de las concentraciones atmosféricas.

Sin embargo, y las emisiones a nivel mundial, y por lo tanto las concentraciones de CO2, continúan aumentando a un ritmo letal…”

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Contrario a estas reivindicaciones anti-sistémicas en uno de los apartes del programa de la campaña presidencial Gustavo Petro Presidente sobre el Amazonas, puede leerse:

“Usaremos al máximo los bonos de carbono con la garantía de recuperación de la selva amazónica hasta su frontera natural. Se crearán concesiones para familias campesinas actualmente residentes en la Amazonía, quienes podrán producir sosteniblemente con la condición de recuperar la selva en las áreas de praderización. Las comunidades rurales se vincularán a la rehabilitación, conservación y manejo sostenible de los bosques mediante el pago de servicios ambientales…”

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Entrevista Mauricio Cárdenas

Lo visible sobre transición energética ha sido el cambio de energías fósiles por renovables, o diversificación de la oferta energética, o el uso de vehículos eléctricos, etc . Pero, “lo material, lo cuantitativamente importante en Colombia es la reducción de emisiones asociada al cambio del uso del suelo. Lo genérico ha sido talar bosques para la ganadería extensiva. Si se requiere cumplir con la reducción de GEI debe resolverse ese problema. Si se pregunta en el Caquetá y/o Putumayo cuánto vale una hectárea de tierra, responden depende: si es talada, quemada vale 10 millones de pesos, si se compra con selva vale 2 millones. Pero si es para captura de CO2 vale 100 millones. Nadie en Colombia tiene capacidad de pagar esa cifra. Sólo lo podrán pagar Google, Microsoft o el Banco de Nueva York para compensar sus emisiones. Para eso se requiere de un gran mercado de carbono para acceder a los Bonos respectivos y monetizar la Amazonía. Y garantizar a los campesinos Pagos por Servicios Ambientales que le permitan ingresos superiores a los que recibe por talar o desforestar.

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¿Qué hacer?

Una de las propuestas provenientes de comunidades indígenas es rechazar el negocio de los mercados verdes y los bonos carbono y a cambio de los Pagos por Servicios Ambientales el Estado debe garantizar un Fondo Especial para la reforestación y conservación del Amazonas, el Macizo Colombiano, bosques, etc destinado a compensar a las comunidades que habitan esas regiones con inversión en compra de tierras, proyectos agroecológicos, Seguridad Alimentaria y garantía de todos los derechos constitucionales. Ellos son los verdaderos protectores de la naturaleza como Bien Común y no como mercancía, sumideros de carbono.

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