Consenso por una Función Pública Profesional para la Argentina del Siglo XXI

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Introducción

• Una vez más, el tamaño, configuración, costos y eficacia de la administración pública de nuestro Estado son motivo de preocupación y debate en el país.
• En un contexto en que el Estado tiene que dar respuesta a problemáticas de alta complejidad, sociales, económicas, regionales e internacionales, surge la necesidad de contar con una administración pública acorde a los desafíos que enfrentamos. Ello requiere de unos funcionarios públicos altamente preparados, competentes, imparciales, íntegros y comprometidos con los valores democráticos.

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• Ellos tienen la enorme responsabilidad de gestionar recursos, bienes e información de todos; de regular, controlar, atender y responder a las demandas sociales; de evitar la cooptación por poderes fácticos, sectoriales y particulares asegurando el bien común; de impedir el derroche, el uso ineficaz y la corrupción, de atender los asuntos públicos, con imparcialidad y apego a la legalidad y velando por los derechos ciudadanos.
• La ocupación de la burocracia pública por los clientelismos corporativos ha contribuido, entre otros factores, a deteriorar la capacidad del Estado y la calidad de sus políticas.

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• Un servicio civil profesional es una institución y un patrimonio de la sociedad toda, y su preservación es una responsabilidad del conjunto de los partidos políticos y demás actores que hacen a la gobernabilidad democrática.
• La preocupación debiera ser en primer lugar de quienes gobiernan, para pensar e invitar a pensar estratégicamente en la búsqueda de consensos que permitan construir una institución como la administración pública y su burocracia que trascenderá su mandato.
• Es también cuestión de los que aspiran a ser gobierno desde la oposición, así como de los ciudadanos, de las organizaciones empresariales, gremiales y profesionales, confesionales, académicas, y de los medios de comunicación.

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• Es impostergable fomentar diálogos y acuerdos entre todos los actores en torno al imperativo de consolidar una política de Estado para el servicio civil. El presente documento busca contribuir a ese diálogo con propuestas concretas; la contienda electoral de 2019 presenta la oportunidad para afrontar con altura de miras esta problemática largamente postergada.
• Por ello nosotros, ante todo como ciudadanos, y por haber sido o ser autoridades, funcionarios, profesores universitarios, investigadores o expertos en administración pública proponemos los siguientes postulados para definir y lograr un CONSENSO POR UNA FUNCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL PARA LA ARGENTINA

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Los compromisos

1ro. Cumplir con la Constitución Nacional en el régimen de funcionarios públicos

• Asegurar el ingreso mediante concurso abierto que acredite efectivamente la idoneidad para el cargo y cumpla con el principio constitucional del régimen de estabilidad del funcionario público en los regímenes, estatutos o convenciones colectivas de trabajo de personal de todos los Poderes y entidades del Estado nacional, provincial y municipal.
• Compromiso para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a ingresar al servicio civil en condiciones de igualdad mediante concursos abiertos y transparentes, terminando con los ingresos bajo el régimen de estabilidad por adhesión política, amiguismo, nepotismo o corporativismo.

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2do. Construir un Servicio Civil Profesional de Carrera �

• Con ascensos por rigurosos criterios de antecedentes y oposición, y promoción por capacitación y calificación medible del desempeño personal y por equipos de trabajo, que den cuenta anualmente de la integridad e idoneidad para el ejercicio de las tareas; en pocos escalafones, categorías y regímenes de carrera adecuados para su gestión eficaz en todas las Administraciones. Con mecanismos simples y expeditivos para desvincular a quienes no estén a la altura de la condición y dignidad de servidores públicos.
• Compromiso para establecer carreras administrativas basadas en la acreditación continua de la idoneidad y el buen desempeño en el servicio a la sociedad.

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3ro. Planificar estratégicamente con sustentabilidad financiera los planteles de personal�

• Que el diseño del organigrama estatal pensado para la gestión eficaz del gobierno se vincule con la evolución de las dotaciones, perfiles, tecnologías y presupuestos requeridos y adecuada adaptabilidad para atender los servicios presentes y futuros que deban prestar las Administraciones, sobre la base de información confiable, abierta y mediante procedimientos transparentes y verificables. Esta planificación deberá prever la existencia de funcionarios especializados en la gestión de los asuntos estratégicos del Estado en un marco de responsabilidad fiscal cuyo incumplimiento comporte violación de los deberes de funcionario público.
• Compromiso para planificar dotaciones de personal con visión estratégica y responsabilidad fiscal, asegurando la continuidad de los servicios en las áreas críticas de la Administración

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4to. Institucionalizar un régimen de funcionariado civil superior �

• En los puestos de dirección bajo el régimen de estabilidad, para garantizar la aplicación imparcial de la ley, preservar la memoria institucional de las dependencias, lograr la continuidad de las políticas públicas de largo aliento, asegurar el cumplimiento efectivo y profesional de procesos y tecnologías de gestión y el compromiso con las metas de los programas públicos. Directivos públicos profesionales controlados por la política democrática, pero no cooptados por ésta ni por las corporaciones, con clara identificación de sus cargos respecto de aquéllos reservados a la designación por confianza de cada gobierno.
• Compromiso para establecer un régimen de funcionarios directivos de carrera para sustentar la mejora continua de la gestión pública.

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5to. Cumplir principios de empleo digno y decente �

• Que el Estado en todos sus ámbitos ejerza su rol como empleador ejemplar, asegurando el cumplimiento del derecho constitucional a la negociación colectiva con las entidades sindicales del sector, el principio de igual remuneración por igual tarea, la equidad de la compensación como principio de las estructuras retributivas, el efectivo cumplimiento de la igualdad sin discriminación negativa alguna y en especial en materia de género, así como la presencia proporcionada de personal contratado que resulte ajustado a las necesidades de las organizaciones estatales y bajo regímenes de dependencia laboral a término que preserven sus debidos derechos.
• Compromiso por terminar con todo tipo de discriminación negativa y precarización o subcontratación laboral, abierta o encubierta.

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6to. Invertir en capacitación y actualización tecnológica�

• Establecimiento de una red nacional que, en acuerdo federal, coordine las inversiones a cargo de los institutos y escuelas de Administración Pública y sus equivalentes en el Estado en todos sus niveles, con el aporte del sistema universitario, para asegurar que los funcionarios públicos de todo el país cuenten con la capacitación actualizada que requieren sus tareas y que coadyuve al desarrollo de una función pública moderna. Esta capacitación se deberá articular con desarrollos tecnológicos apropiados en el sentido de potenciar una gestión estatal autónoma, segura y eficaz, acercando el Estado al ciudadano.
• Compromiso con la formación continua, actualizada e innovadora en la dimensión técnica, profesional y ética, que promueva una función pública coordinada, idónea y actualizada.

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7mo. Jerarquizar y fortalecer los órganos a cargo de la gestión de las políticas de la función pública �

• Como parte de una sociedad plural y democrática, los partidos políticos tienen distintas visiones sobre cuáles son las políticas de función pública más adecuadas para el país, asociadas con diferentes prácticas y valores vinculados al rol estatal. Estas diferencias no son impedimento para que en todos los poderes del Estado estas políticas de función pública sean administradas por funcionarios concursados en oposiciones que valoren la experticia en la temática, con estabilidad independiente de los períodos de gobierno, con competencia y capacidad para gestionar regulaciones estatutarias o convencionales del funcionamiento del ciclo de la carrera de funcionarios y del personal en todo el sector público.
• Compromiso de gestión profesional para el desempeño laboral del funcionariado.

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8vo. Institucionalizar el diálogo social para asegurar consensos para una política de largo aliento para el empleo público�

• Necesidad de asegurar una política sistemática, transparente, abierta y continuada para las próximas décadas. La Administración Pública y su funcionariado están al servicio de toda la ciudadanía, abierta a ella y en especial, de los más postergados. Constituyen una institución que no depende exclusivamente de los gobiernos, de los gremios o de los especialistas. Es un patrimonio de todos los argentinos. Consecuentemente, invitamos a un diálogo franco, abierto y plural en estas materias para arribar a acuerdos que tengan continuidad en el tiempo.
• Para ello proponemos constituir un Consejo Nacional de la Función Pública con participación de los partidos políticos con representación legislativa, y de sectores sociales, empresariales, gremiales, confesionales y académicos para la consulta previa, el diseño, monitoreo y evaluación de políticas y acciones para el funcionariado y el empleo público.

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Conclusiones

• Por la idoneidad, integridad y profesionalismo de la función pública en argentina, para enfrentar los desafíos del siglo XXI

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• El país se encuentra en condiciones históricas para decidir la consolidación de una nueva generación de funcionarios públicos para la construcción de un país justo, solidario y desarrollado. Para la gobernabilidad democrática, la función pública es a la vez una cuestión del gobierno y de la sociedad.
• Por eso compartimos con la ciudadanía en general, así como con las organizaciones sociales, políticas, empresariales, sindicales, confesionales y académicas, estas propuestas concretas e imprescindibles para una política de recomposición de un funcionariado imparcial, íntegro y competente, acorde con lo que merecen los argentinos de su Estado. Invitamos también a sumar ideas, propuestas e iniciativas que hagan posible ir configurando entre todos esta política

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