DOCTRINAS

DE SEGURIDAD

Radiografía comparada de las propuestas presidenciales

sobre seguridad en Colombia 2026

Autoras:

Irune Ariño Langarita

Katherine Flórez Pinilla

Coautora:

Marta Bujalance

MAYO 2026

Introducción

Colombia se aproxima a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 bajo una crisis de seguridad que ha demostrado ser más profunda y estructural de lo que los diagnósticos iniciales sugerían.

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La política de Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, anunciada como una transformación integral del enfoque estatal frente al conflicto armado colombiano, ha generado resultados ambiguos en el territorio mientras mantiene la promesa de largo plazo de la negociación política. Tres años después de su anuncio, existe una brecha creciente entre los avances formales en mesas de diálogo y la evolución real de la violencia en territorios específicos.

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En este contexto crítico, los tres principales candidatos presidenciales han presentado tres doctrinas distintas no solo en métodos, sino en sus concepciones fundamentales del Estado, la seguridad y los límites de la fuerza legítima del Estado. Este informe analiza de forma comparada esas tres doctrinas, extrayendo de documentos programáticos oficiales, intervenciones públicas verificadas y análisis estratégicos los elementos que definen cada propuesta.

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El objetivo no es evaluar la viabilidad o eficacia predictiva de las propuestas, sino mapear las orientaciones doctrinales, los supuestos sobre el origen de la violencia, las capacidades estatales requeridas, y los riesgos específicos que cada modelo introduce si se implementa en un contexto de violencia fragmentada, capacidades estatales limitadas, presión electoral inmediata y expectativas ciudadanas de resultados rápidos.

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El contexto

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El próximo presidente colombiano heredará una crisis de seguridad que no se reduce al aumento de homicidios ni a la persistencia de grupos armados. Colombia llega a 2026 con varias violencias superpuestas y amenazas híbridas: violencia letal, disputas territoriales, atentados con cilindros bomba, expansión organizativa de estructuras armadas, economías ilícitas territorializadas y mecanismos de gobernanza criminal sobre comunidades, comercios y corredores. Incluso según la Misión de Observación Electoral 170 municipios del país han mostrado algún nivel de riesgo electoral coincidente, de los cuales 81 están en riesgo extremo, un aumento significativo frente a 2022.

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El año 2025 cerró con cifras récord en varios indicadores. Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, el país registró 14.780 homicidios a lo largo de todo el año pasado, la cifra más alta de la última década. El número de masacres y sus víctimas se ha mantenido en cifras persistentemente altas en los últimos años: 2025 cerró con 90 masacres y 315 víctimas. Sin embargo, tras varios años de relativa estabilidad, el arranque de 2026 ha agravado la señal de alerta, con 30 masacres y 94 víctimas solo en los tres primeros meses, lo que presenta un aumento del 32%. Colombia no sólo enfrenta un patrón de violencia persistente, sino también una reactivación de homicidios colectivos en territorios estratégicos.

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¹ El Ministerio de Defensa Nacional registró una cifra ligeramente inferior (de 14.038 homicidios intencionales). Estas no son directamente comparables: mientras que Medicina Legal ofrece una medición forense de muertes violentas, basada en necropsias y registros médico-legales; el Ministerio de Defensa trabaja con una medición operativa, sujeta a criterios administrativos y categorías policiales. Por ello, este informe usa Medicina Legal para aproximar la magnitud de la violencia letal y MinDefensa/Policía para series operativas de seguridad pública, como extorsión, capturas o incautaciones.

² Los datos de masacres y víctimas se extraen de las estadísticas mensuales del Ministerio de Defensa Nacional.

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La violencia no se distribuye geográficamente de forma homogénea. Para entender su geografía resulta de utilidad la división realizada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que distingue entre zonas de disputa activa, zonas bajo dominio consolidado y zonas de coexistencia estabilizada. Esta clasificación permite ir más allá de una lectura general sobre “presencia de grupos armados” y observar cómo varía el tipo de control criminal según el territorio: en algunos lugares predomina la confrontación abierta; en otros, el gobierno de facto de una estructura; y en otros, arreglos entre actores que reducen la confrontación visible, pero estabilizan la gobernanza ilegal.

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Fuente agregada: Ministerio de Defensa / Policía Nacional; Medicina Legal; Fundación Ideas para la Paz; UNODC / SIMCI; Ministerio de Minas y Energía. Se incluye la definición metodológica de masacre de Indepaz.

Año base: 2025 para violencia y extorsión; último corte oficial consolidado disponible al cierre de 2025 para economías ilícitas.

Notas: 1/ Masacre = homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en estado de indefensión, por un mismo autor y en iguales circunstancias. 2/ Extorsión sujeta a rezagos y verificación. 3/ Integrantes incluye armados y redes de apoyo,

según FIP. 4/ EVOA = evidencias de explotación de oro de aluvión por percepción remota; 76% ilícita/no autorizada.

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Las zonas de disputa activa incluyen regiones como Cauca, Pacífico nariñense, Arauca, Catatumbo, Chocó o el Bajo Cauca antioqueño. En ellas, varios actores armados compiten por el control de corredores estratégicos, rutas de narcotráfico, enclaves de economías ilícitas, zonas fronterizas, accesos fluviales o territorios con valor logístico. La violencia en estas áreas suele expresarse en enfrentamientos, homicidios selectivos, desplazamiento forzado, confinamiento, amenazas a líderes sociales y presión directa sobre comunidades. Desde el punto de vista de la política pública, el reto principal es contener la confrontación sin trasladar sus costes a la población civil.

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Las zonas bajo dominio consolidado responden a una lógica distinta. En estos territorios no necesariamente predomina la confrontación abierta, sino la presencia avanzada de una estructura que regula la vida local. Áreas del Bajo Cauca antioqueño, Meta, Caquetá, Guaviare o San Juan, en Chocó, muestran dinámicas en las que los grupos armados pueden imponer normas, controlar movilidad, cobrar extorsiones, administrar justicia privada, regular economías locales y condicionar la actividad de comerciantes, transportistas o autoridades comunitarias. En estos casos, el problema no es solo la violencia visible, sino la sustitución parcial de funciones básicas del Estado por órdenes ilegales.

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Las zonas de coexistencia estabilizada muestran una tercera modalidad de control territorial. En territorios como Buenaventura rural, Putumayo, Guainía, Catatumbo, Meta, el Pacífico nariñense o sectores del sur de Bolívar, distintos actores pueden compartir espacio sin enfrentarse abiertamente, mediante pactos tácitos, repartos funcionales o equilibrios criminales. Esta coexistencia no implica ausencia de coerción. Al contrario, puede reducir la visibilidad de la violencia homicida mientras mantiene extorsión, reclutamiento, restricciones de movilidad, control social y captura de economías locales.

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A esta capa de violencia territorial se suma la economía política de la violencia. Las economías ilícitas son la base financiera del control territorial armado. Narcotráfico, minería ilegal, extorsión, contrabando, hurto de hidrocarburos, tráfico de personas y otras rentas locales no funcionan como mercados separados, sino como circuitos que se refuerzan entre sí. Los grupos armados controlan territorios porque controlan rentas; y controlan rentas porque tienen capacidad de intimidar, regular, cobrar y castigar.

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La principal economía de las estructuras criminales sigue siendo el narcotráfico. El dato oficial consolidado de UNODC / SIMCI muestra que Colombia alcanzó en 2023 253.000 hectáreas de coca, un 10% más que en 2022, y una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína, un incremento del 53%. Este aumento no solo refleja más cultivo, sino mayor capacidad de transformación, logística y conexión con mercados internacionales. En términos territoriales, la coca y la cocaína requieren control sobre cultivadores, laboratorios, insumos, rutas fluviales, corredores fronterizos, puntos de salida y redes de lavado.

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La minería ilegal, especialmente el oro de aluvión, se ha convertido en otra fuente estratégica de financiación criminal. El informe de UNODC / SIMCI registró 105.060 hectáreas de evidencias de explotación de oro de aluvión en 2023, un 11% más que en 2022, y señala que el 76% corresponde a explotación ilícita o no autorizada. Su importancia radica en que el oro es fácil de mezclar con producción legal, transportar, exportar y blanquear, lo que lo convierte en una renta especialmente atractiva para organizaciones armadas y redes de lavado.

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La extorsión es el puente entre esas economías, la amenaza a las economías legales y el control cotidiano de la población, una actividad muy consolidada en el país, con 13.417 casos en 2025 (según el Ministerio de Defensa).

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A diferencia del narcotráfico o la minería ilegal, la extorsión no depende necesariamente de una cadena internacional: puede extraer rentas de comercios, transporte, construcción, ganadería, economías informales, contratistas, comerciantes y comunidades. Por eso debe leerse como una métrica de gobernanza criminal. Donde un grupo cobra, regula y sanciona, no sólo obtiene ingresos: demuestra capacidad de mando. Esa capacidad permite imponer horarios, controlar movilidad, autorizar actividades económicas, condicionar elecciones locales, reclutar y resolver disputas mediante violencia. En zonas de dominio o coexistencia, la extorsión puede ser menos visible que los enfrentamientos armados, pero más reveladora del verdadero poder territorial.

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Además, la financiación criminal también se ha diversificado. La Fiscalía colombiana ha vinculado disputas territoriales con rentas derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y el hurto de hidrocarburos, entre otras economías ilícitas. El resultado es una economía política criminal diversificada. Las organizaciones armadas ya no dependen de una sola fuente de ingresos. Combinan mercados ilícitos globales —cocaína y oro— con rentas territoriales locales —extorsión, contrabando, transporte, ganadería, comercio, minería informal o economías urbanas—. Esto aumenta su resiliencia: si una ruta se cierra, otra renta compensa; si una estructura es presionada militarmente, puede fragmentarse y seguir extrayendo recursos mediante redes locales.

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En este contexto, el debate presidencial sobre seguridad deja de ser una discusión exclusivamente técnica sobre instrumentos de política pública y se convierte en una disputa doctrinal sobre la naturaleza misma del Estado, la violencia y el orden democrático. Las propuestas de los candidatos con más posibilidades estadísticas de ganar no difieren únicamente en el grado de coerción o en las herramientas escogidas, sino en la teoría causal que adoptan para explicar la crisis colombiana: mientras unos entienden la inseguridad como resultado de exclusión territorial, economías ilícitas y debilidad institucional, otros la interpretan como consecuencia directa de la pérdida de autoridad estatal, la impunidad o la falta de voluntad política para ejercer la fuerza. En consecuencia, cada programa configura una secuencia distinta de construcción del orden: negociación, restauración institucional o choque punitivo que implica prioridades presupuestales, reformas legales y riesgos institucionales profundamente diferentes.

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Tres doctrinas

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1. Iván Cepeda: Seguridad como resultado de transformaciones territoriales

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Ficha

• Partido: Pacto Histórico
• Fórmula: Aida Quilcué
• Experiencia política previa: desde 2010
• Índice de coerción: 2,2/10

El enfoque de Iván Cepeda se inscribe en una lógica de seguridad como resultado, en la que la reducción de la violencia no constituye el punto de partida de la acción pública, sino como el subproducto de transformaciones estructurales en el territorio: la violencia es la consecuencia de las condiciones estructurales en las que se desarrolla una comunidad. Este planteamiento se aproxima a los marcos de seguridad humana y construcción territorial del Estado.

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Su diagnóstico identifica cuatro causas raíz de la violencia colombiana:

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1. Exclusión territorial y económica: La violencia es, en parte, una consecuencia de la ausencia del Estado social en territorios periféricos. Las economías ilícitas funcionan como único sistema de empleo e ingresos en zonas donde el Estado nunca llegó con servicios, educación o oportunidades legales.
2. Incumplimiento del Acuerdo de Paz: La no ejecución de inversión agraria, sustitución de cultivos y presencia institucional ha dejado sin sustancia los acuerdos con la FARC. Este vacío es aprovechado por grupos armados y economías ilícitas para su reorganización territorial.

3) Captura del Estado por redes político-criminales: La existencia de sistemas que vinculan la política, la burocracia y la criminalidad organizada. Es lo que Cepeda llama “macrocorrupción”. No se trata de corrupción individual sino de un sistema estructural.�Para Cepeda, la “macrocorrupción (...) deslegitima y erosiona la democracia; quiebra las reglas de competencia económica al favorecer a unos pocos actores poderosos; corroe.

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4) Debilidad institucional para control territorial: Falta de presencia estatal integral. El Estado no llega solo con militares, sino con educación, salud, servicios, administración de justicia.

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Este diagnóstico desplaza el foco desde los actores armados hacia las condiciones que hacen posible su reproducción: la violencia no se explica por la existencia de grupos ilegales, sino por los vacíos estructurales que estos ocupan. Es por ello que la seguridad no se consigue mediante coerción, sino como consecuencia de la transformación de esas condiciones: “la seguridad es posible si contrarrestamos y superamos las causas sociales de la violencia” (Programa de Gobierno 2026-2030, p. 344).

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Los ejes programáticos clave que propone Cepeda para conseguir la seguridad en el país, son:

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• Paz negociada como instrumento de reducción de la violencia. Implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016 como arquitectura central para la estabilización territorial. Apuesta por la negociación como herramienta principal de gestión del “conflicto armado”, con diálogo diferenciado según actores: negociación política con grupos con motivación política.
• Paz territorial y presenciadel Estado. La seguridad se construye mediante la presencia estatal sostenida en los territorios, no sólo en términos coercitivos, sino como provisión de bienes públicos: educación, sanidad, infraestructuras, justicia y administración civil. La premisa es que la legitimidad estatal reduce la capacidad de reclutamiento y control de los grupos armados.
• Transformación de las economías ilícitas. Rechazo del enfoque tradicional de “guerra contra las drogas”. Propone sustitución de cultivos ilícitos con alternativas productivas determinadas por el gobierno, intervención sobre las cadenas de valor criminales y reducción de la dependencia económica de las comunidades respecto a estas economías.
• Ataque financiero a las estructuras criminales. Refuerzo de la inteligencia financiera para rastrear flujos de dinero ilícito, debilitando la base económica de las organizaciones criminales más que su expresión armada.
• Desmantelamiento de redes político-criminales (“macrocorrupción”). Creación de un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción orientado a desarticular estructuras que vinculan política, burocracia y criminalidad organizada, con independencia fiscal y coordinación internacional.

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Promesa central: Reducir violencia mediante paz territorial, inclusión, intervención amplia del Estado en otras áreas y cumplimiento de acuerdos de paz como el de La Habana con las FARC-EP.

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Riesgo principal: El modelo requiere capacidades estatales territoriales que Colombia ha consolidado débilmente históricamente. La pregunta central es si puede producir seguridad en tiempos electorales viables (2-4 años) o si demanda inversiones de 10-15 años incompatibles con expectativas ciudadanas. Además, existe riesgo de que grupos armados aprovechen los tiempos de negociación para reorganización territorial, como ha ocurrido anteriormente. ¿Acaso si se prestara salud y educación se alejarían los grupos criminales de los territorios?

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2. Paloma Valencia: Restauración de autoridad mediante coerción institucional

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Datos principales

• Partido: Centro Democrático
• Fórmula: Juan Daniel Oviedo
• Experiencia política previa: extraparlamentaria desde 2006, parlamentaria desde 2014
• Índice de coerción: 7,6/10

A diferencia de Cepeda, Valencia parte de una tesis radicalmente opuesta: la seguridad no es la consecuencia sino la causa del desarrollo. Aún más, es la condición sine qua non, para el empleo, la inversión, etc.

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Este enfoque se inscribe dentro del paradigma de “seguridad democrática”, una doctrina consolidada en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), fundador del Centro Democrático, que combina tres elementos:

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1. Prioridad del orden público. La seguridad no es el resultado de la inclusión social, sino la condición previa para cualquier otra política pública.
2. Uso intensivo de capacidades coercitivas dentro de marcos institucionales. A diferencia de las políticas de "mano dura" extrainstitucionales que operan mediante estados de excepción o poderes discrecionales (i.e. como Nayib Bukele en El Salvador o incluso Daniel Noboa en Ecuador), la seguridad democrática busca expandir capacidades estatales coercitivas mediante procedimientos legislativos, reformas constitucionales y marcos legales.
3. Énfasis en presencia territorial del Estado mediante la Fuerza Pública. El objetivo central es consolidar el control estatal a lo largo de todo el territorio colombiano para evitar que esta siga siendo o se convierta en un santuario para los actores criminales, protegiendo a la población mediante la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado.

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Su apuesta es por la coerción institucionalizada: expandir dramáticamente las capacidades del Estado para uso legítimo de la fuerza, pero siempre dentro de procedimientos democráticos, control legislativo y revisión judicial.

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En su diagnóstico de la situación que atraviesa Colombia, Valencia identifica varias causas inmediatas de la crisis de seguridad:

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1. Déficit de autoridad estatal en territorios periféricos. La violencia es el resultado de la ausencia de autoridad. Los grupos criminales gobiernan de facto donde el Estado no tiene capacidad coercitiva para imponer la ley.
2. Fracaso de la Paz Total como política de seguridad. La política de negociación del gobierno de Petro sólo no ha producido seguridad, sino que ha fortalecido a los grupos armados al otorgarles tiempo de reorganización, legitimidad política y capacidad de expansión territorial sin presión militar.
3. Insuficiencia de pie de fuerza para control territorial efectivo. El Estado carece de los medios necesarios —en términos de pie de fuerza, inteligencia y despliegue territorial sostenido— para garantizar control efectivo en zonas críticas.
4. Altos niveles de impunidad y debilidad del sistema judicial. La baja capacidad de investigación, judicialización y sanción efectiva reduce el efecto disuasorio del Estado. En este marco, la impunidad no es solo una consecuencia del crimen, sino una de sus condiciones de posibilidad: permite la reproducción de estructuras criminales y erosiona la legitimidad institucional.

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Los ejes programáticos clave que propone Valencia para conseguir la seguridad en el país, son:

• Modernización y robustecimiento de la capacidad de las Fuerzas Armadas y de Policía. Expansión de la Fuerza Pública con la incorporación de 30 mil militares y 30 mil policías nuevos en 4 años (Plan 30-30) y aumento del presupuesto en defensa hasta el 4% del PIB. Esta expansión cuantitativa se combina con una modernización tecnológica basada en drones, vigilancia aérea y marítima, movilidad de tropas, ciberinteligencia y capacidades de inteligencia territorial.

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• Ataque a las fuentes de financiación del crimen organizado. Extinción de dominio exprés, persecución patrimonial, conversión de bienes ilícitos en recursos para el Estado y lucha contra rentas ilegales como narcotráfico, extorsión, minería ilegal, lavado de activos y control criminal de recursos naturales. En materia antidrogas, reactivación de la fumigación en zonas de cultivos ilícitos industriales, junto con mayor incautación y control de precursores químicos; y sustitución de cultivos que combina exigencia estatal con apoyos productivos al campesino para pasar a economías lícitas.
• Reforma de la justicia penal y ampliación del sistema penitenciario. Creación de fiscales especializados, endurecimiento de penas para reincidentes, uso de IA en investigaciones criminales y despliegue de juzgados itinerantes, casas de justicia y brigadas móviles. Ampliar la capacidad del sistema con 22.000 cupos penitenciarios y 19.000 cupos carcelarios, bloquear comunicaciones desde las cárceles, imponer trabajo obligatorio y fortalecer cárceles agropecuarias para combinar castigo efectivo con resocialización.
• Fin de la Paz Total. Reactivación de órdenes de captura, sometimiento a la justicia, castigo efectivo, recuperación del monopolio estatal de la fuerza y rechazo a nuevas concesiones que puedan fortalecer a los actores ilegales como única opción para los grupos criminale. La idea de fondo es terminar con la impunidad: “quien la hace, la paga”, ha repetido en diversas ocasiones.

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Promesa central: Restauración de autoridad estatal mediante capacidades coercitivas fortalecidas, justicia acelerada, tecnología y extinción de dominio financiero.

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Riesgos críticos: Algunas de las propuestas requieren una importante inversión de recursos públicos. El plan 30-30 requeriría ~$20-25 billones anuales adicionales (alrededor de +1% del PIB). En un contexto de consolidación fiscal esto puede implicar: recortes, importantes, en otras áreas, aumento de impuestos (políticamente costoso y contrario a su propuesta de adelgazamiento del Estado y reducción de impuestos) o endeudamiento adicional, con el consiguiente riesgo de calificación crediticia.

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Abelardo De la Espriella lleva la lógica de la autoridad a una formulación radicalmente distinta: “la paz no se negocia, la paz se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República.” (sitio web de Defensores de la Patria). Su programa sitúa la seguridad como principio innegociable y como primer pilar de gobierno. Su enfoque puede leerse dentro del populismo punitivo y analizarse desde una lógica de excepcionalismo en seguridad.

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El caso de Nayib Bukele en El Salvador es la referencia regional más visible de esta orientación. De la Espriella ha reconocido inspiración en algunos de sus elementos, especialmente en materia penitenciaria y castigo severo. Sin embargo, existen diferencias relevantes entre ambos. Su propuesta encaja mejor como una doctrina de choque punitivo con rasgos de excepcionalismo en seguridad, no como una réplica directa del modelo salvadoreño.

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El excepcionalismo en seguridad describe modelos en los que la inseguridad se presenta como una amenaza extraordinaria que justifica medidas igualmente extraordinarias endurecimiento penal, reducción de beneficios judiciales, encarcelamiento masivo, ampliación de facultades coercitivas del Estado y mayor centralización de la respuesta pública.

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El diagnóstico de De la Espriella es binario: Colombia se encontraría sumida en el caos, una situación agravada por la política de Paz Total y solo reversible mediante la imposición acelerada del orden como pieza clave de su proyecto de reconstrucción nacional, la denominada “Patria Milagro”. Las estructuras criminales aparecen en su discurso como un enemigo a derrotar mediante fuerza, castigo, cárcel y recuperación del control territorial.

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3. Abelardo de la Espriella: Imposición del orden mediante choque punitivo

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Datos principales

• Partido: Defensores de la Patria
• Fórmula: José Manuel Restrepo
• Experiencia política previa: en política institucional, ninguna
• Índice de coerción: 9,9/10

La lógica del excepcionalismo en seguridad suele expresarse en varios rasgos. No todos aparecen con la misma intensidad en De la Espriella, y algunos deben leerse más como riesgos potenciales que como propuestas explícitas.

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1. Una legitimidad basada en resultados contra la inseguridad. La legitimidad tiende a desplazarse desde los procedimientos liberales —deliberación, controles institucionales, garantías procesales— hacia la provisión rápida de resultados: reducción de homicidios, capturas, recuperación territorial y sensación visible de orden. De la Espriella promete resultados rápidos: recuperación del territorio, derrota de estructuras armadas, captura o neutralización de cabecillas y reducción visible de la criminalidad. No obstante, también reivindica el cumplimiento de las leyes y la Constitución colombiana, la separación de poderes y la independencia judicial.
2. La normalización de medidas excepcionales. En su versión más extrema, opera mediante medidas temporales que restringen garantías constitucionales, pero que se prorrogan hasta convertirse en un marco ordinario de gobierno. En el caso de De la Espriella, aunque su propuesta es dura y punitiva, no plantea un régimen de excepción.
3. La teatralización del castigo. Convierte el castigo en demostración pública de poder estatal. La cárcel, el traslado de detenidos, el uniforme, la disciplina corporal y la imagen y narrativa del criminal sometido funcionan como herramienta de comunicación política. La apuesta de De la Espriella por las “megacárceles”, su apelación al modelo Bukele y su retórica de neutralización apuntan en esta dirección.

4) La concentración de poder en el ejecutivo y tensión con controles institucionales. El modelo requiere desmantelar controles horizontales (judiciales, legislativos, organismos autónomos…) que puedan limitar la acción del ejecutivo. En De la Espriella este rasgo debe formularse como riesgo, no como hecho consumado. Su propuesta contiene una lógica de mando fuerte y de conducción ejecutiva centralizada. Sin embargo, también ha intentado marcar distancia respecto de algunos elementos del modelo Bukele: “No estoy de acuerdo con la reelección indefinida, yo le garantizo al país que no me voy a reelegir. Yo vengo, ‘pago mi servicio militar’ y me desaparezco” (Defensores de la Patria, 2026).

5) Un discurso anti-élite y alianzas pragmáticas con sectores tradicionales. Estos modelos suelen combinar una retórica contra la clase política, la corrupción y “los de siempre” con alianzas pragmáticas con sectores económicos, tecnocráticos o políticos tradicionales. La candidatura de De la Espriella se presenta como una ruptura frente al aparato político tradicional y como expresión de una ciudadanía hastiada de la inseguridad y la corrupción. Al mismo tiempo, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, representa un perfil tecnocrático y empresarial vinculado al poder institucional (fue ministro durante el gobierno de Iván Duque), aunque esta combinación no invalida necesariamente su presentación como figura de ruptura.

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Su diagnóstico se sostiene sobre tres pilares:

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1. La Paz Total como traición a la patria. “La Paz Total no es paz únicamente fracasada sino traición total a la Patria” (Documento de Propuestas del Tigre, p. 1). De la Espriella no ve Paz Total como estrategia equivocada, sino como capitulación: el Estado negociando con terroristas en lugar de derrotarlos.
2. Debilidad como pecado original del Estado. Para De la Espriella, el problema no es exclusión social (Cepeda) ni insuficiencia de pie de fuerza (Valencia), sino falta de voluntad política para usar fuerza sin restricciones. El Estado tiene capacidades militares, judiciales, presupuestales. Lo que falta es decisión de usarlas sin contemplaciones.
3. Criminalidad como enemigo existencial que requiere victoria total. De la Espriella encuadra el crimen organizado no como problema de política pública, sino como guerra existencial donde solo hay victoria o derrota. No se acepta coexistencia, contención, ni gradualismos. La meta es la desaparición total de grupos armados mediante derrota militar, captura de líderes, encarcelamiento masivo.

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Los ejes programáticos clave que propone De la Espriella para conseguir la seguridad en el país, son:

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• Plan de Choque de 90 días. Ofensiva militar y policial integrada en los primeros 90 días de gobierno con el objetivo de restablecer el control efectivo del Estado sobre los territorios dominados por las estructuras armadas, "recuperar el control total del territorio nacional" Incluye operaciones coordinadas, presencia total de la Fuerza Pública, Puestos de Mando Unificado, bombardeos de precisión contra campamentos, movilización de reservistas y veteranos, y la identificación de “cabecillas de alto valor” a capturar o neutralizar.
• Reclasificación del enemigo. Cambio de categorización legal a “narcoterroristas” que impida la negociación política y cierre el acceso a beneficios judiciales. Plantea una prioridad jurídica y operativa de la Fuerza Pública frente a estos actores, una ausencia total de diálogo y el sometimiento total a la justicia ordinaria.
• Ruptura con el paradigma de justicia transicional. Eliminación de la JEP como tribunal con sesgo ideológico y sustitución por una justicia ordinaria “rápida, severa y sin beneficios para criminales”. No es una revisión crítica sino la eliminación completa del instrumento que representa el paradigma negociador.
• Modelo carcelario de máxima severidad. Construcción de siete a diez “macrocárceles” de máxima seguridad, inspiradas explícitamente en el “modelo Bukele”. Estos centros estarían diseñados para aislar a los criminales de sus redes, eliminar la señal de internet, imponer trabajo obligatorio para el autosostenimiento de los presos y reforzar la vigilancia permanente. El objetivo es que la cárcel deje de funcionar como plataforma de mando criminal y se convierta en un instrumento de incapacitación efectiva.
• Destrucción de las economías ilegales. Identifica el narcotráfico como eje financiero de la violencia y propone atacar mediante fumigación aérea masiva de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos, erradicación, control territorial y operaciones contra rutas y estructuras criminales. A ello se suma la creación de un bloque de búsqueda especializado contra la extorsión y una ofensiva contra la minería ilegal, presentada como fuente de financiación del terrorismo y de destrucción ambiental.

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³ Esta cita ha variado en los últimos días. Si bien inicialmente el candidato hacía referencia a la voluntad de construir siete macrocárceles, en los últimos días ha elevado este número a diez.

• Cooperación internacional en seguridad mediante un “Plan Colombia II”. Alianzas estratégicas explícitas, con Estados Unidos en especial, a quien quiere retomar como aliado en la guerra contra las drogas, pero también con Israel, para "traer armas de primera generación, tecnología, drones e inteligencia artificial" y coordinación operativa directa. Esta cooperación se formula bajo una retórica de soberanía: cooperación internacional sí, pero sin subordinación ni incursiones militares extranjeras en territorio colombiano.

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Promesa central: Recuperar el orden mediante una ofensiva de choque en los primeros 90 días: derrota o sometimiento de estructuras criminales, recuperación del control territorial, “megacárceles”, fumigación y respaldo reforzado a la Fuerza Pública.

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Riesgos críticos: Los riesgos críticos de esta doctrina se concentran en la posible erosión de la institucionalidad. En primer lugar, de las garantías legales en tanto que la búsqueda de resultados inmediatos puede derivar en atajos procesales, debilitamiento del debido proceso y ampliación de facultades excepcionales difíciles de revertir. En segundo lugar, de la reducción de controles institucionales especialmente si la ofensiva de seguridad se acompaña de estructuras paralelas de justicia o mando bajo dirección presidencial (concentración de poder).

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Análisis comparado

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Las tres doctrinas de seguridad difieren no solo en diagnósticos o intensidad, sino en la asignación estructural de recursos, énfasis político y capital institucional hacia categorías estratégicas fundamentalmente distintas. No estamos ante variaciones sobre un mismo tema, sino ante tres teorías incompatibles sobre cómo producir seguridad en Colombia.

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Para operacionalizar esta comparación y hacer visibles las fracturas doctrinales, hemos construido tres instrumentos analíticos complementarios:

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1. Radar de prioridades estratégicas

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El siguiente radar codifica la intensidad programática de cada candidato en diez categorías estratégicas. La escala de 0 a 10 no expresa eficacia esperada ni factibilidad presupuestaria, sino centralidad doctrinal: cuánto peso ocupa cada dimensión en el programa, el discurso público, la asignación presupuestaria anunciada y el grado de ruptura respecto al marco de seguridad vigente.

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IVÁN CEPEDA�Pacto Histórico | Coerción: 2.2

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Paloma Valencia�Centro democrático | Coerción: 7.6

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Abelardo de la Espriella�Defensores de la patria | Coerción: 9.9

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Implementación acuerdo paz 2016

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Cooperación Internacional

Protección líderes sociales y DDHH

Desmantelamiento macrocorrupción

Reforma judicial y penitenciaria

Presencia integral Estado (no militar)

Ataque economías ilícitas

Operaciones militares ofensivas

Expansión fuerza pública

Negociación grupos armados

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Metodología: Codificación 0-10 basada en análisis textual de programas oficiales y declaraciones públicas verificadas. 0 = rechazo/ausencia total de la dimensión. 10 = priorización máxima/énfasis central. Las áreas más amplias indican mayor asignación de énfasis político, recursos financieros y capital institucional.

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La primera conclusión es que los tres perfiles apenas se solapan. Donde Cepeda concentra su prioridad —implementación del Acuerdo de Paz, negociación con grupos armados, presencia integral del Estado, protección de líderes sociales y desmantelamiento de la “macrocorrupción”— De la Espriella asigna valores nulos o marginales. Y donde De la Espriella maximiza su apuesta —expansión de Fuerza Pública, operaciones militares ofensivas, reforma judicial y penitenciaria punitiva, cooperación internacional y ataque frontal a economías ilícitas— Cepeda aparece en valores bajos.

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Valencia se ubica más cerca del eje coercitivo, pero con una diferencia importante respecto a De la Espriella: su modelo no se plantea como ruptura total del marco institucional, sino como coerción institucionalizada. Prioriza expansión de Fuerza Pública, tecnología, justicia, cárceles, extinción de dominio y cooperación internacional, pero conserva un énfasis mayor en legalidad, procedimientos y autoridad estatal regulada.

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Grosso modo, Cepeda dibuja un perfil centrado en la paz territorial y la presencia social del Estado. Valencia aparece como un modelo de autoridad institucional reforzada. De la Espriella dibuja una figura de concentración punitiva, con máxima intensidad en coerción y mínima o nula prioridad en la negociación y continuidad del Acuerdo de Paz.

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La única convergencia clara está en el ataque a economías ilícitas. Los tres reconocen que narcotráfico, minería ilegal, extorsión y rentas criminales sostienen la violencia. Pero esa convergencia es cuantitativa, no cualitativa: Cepeda prioriza sustitución e inteligencia financiera; Valencia combina extinción de dominio, asfixia patrimonial y fumigación focalizada; De la Espriella apuesta por fumigación masiva, erradicación forzada y ofensiva militar. En otras palabras: los tres quieren golpear las economías ilícitas, pero no quieren hacerlo de la misma forma ni con la misma teoría de cambio.

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2. Matriz táctica comparada

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La siguiente matriz permite bajar un nivel y observar que las diferencias doctrinales se traducen en decisiones operativas concretas: cómo usar la Fuerza Pública, qué hacer con los diálogos, cómo tratar los cultivos ilícitos, qué tipo de justicia aplicar, qué papel dar a las cárceles y qué límites institucionales aceptar.

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La comparación muestra una gradación clara en coerción —Cepeda bajo, Valencia medio-alto, De la Espriella máximo— y una inversión de esa escala en negociación y justicia transicional.

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En materia de coerción, las diferencias se expresan en el tipo de presencia estatal que cada candidatura prioriza. Cepeda subordina el uso de la Fuerza Pública a una estrategia más amplia de paz territorial y presencia institucional. Valencia propone fortalecer de forma sustantiva las capacidades militares, policiales, tecnológicas y judiciales del Estado, pero dentro de una lógica de autoridad institucional. De la Espriella plantea un despliegue de choque, con ofensiva militar y policial inmediata, bombardeos de precisión, movilización de reservistas y neutralización de cabecillas de alto valor.

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En negociación y paz, la matriz muestra decisiones mutuamente excluyentes. Cepeda apuesta por implementar el Acuerdo de Paz de 2016, mantener una negociación diferenciada con actores armados y preservar la justicia transicional. Valencia plantea cerrar la lógica de Paz Total, reactivar órdenes de captura y reconducir a los grupos armados hacia sometimiento judicial. De la Espriella elimina prácticamente cualquier espacio de negociación política y reclasifica a los actores armados como narcoterroristas, cerrando el acceso a beneficios sustantivos.

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En economías ilícitas, los tres candidatos coinciden en que narcotráfico, minería ilegal, extorsión y lavado sostienen la violencia, pero no en el mecanismo de intervención. Cepeda prioriza la sustitución de cultivos, alternativas productivas, inteligencia financiera y reducción de la dependencia territorial de economías ilegales. Valencia combina extinción de dominio, persecución patrimonial, control de precursores, incautaciones, fumigación focalizada y sustitución condicionada. De la Espriella apuesta por destrucción directa de la base productiva y logística: fumigación masiva, erradicación forzada, operaciones militares contra rutas y ofensiva contra minería ilegal y extorsión.

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En institucionalidad, la diferencia se concentra en el tipo de arquitectura jurídica y penitenciaria que cada candidatura considera necesaria. Cepeda mantiene el marco del Acuerdo de Paz, la JEP y una lectura de derechos humanos como límite estructural de la acción estatal. Valencia propone una justicia penal más rápida y punitiva, ampliación penitenciaria, fiscales especializados, juzgados itinerantes y bloqueo de comunicaciones en cárceles. De la Espriella plantea una ruptura más severa: eliminación de la JEP, “macrocárceles”, justicia sin beneficios para criminales y concentración del mando político sobre la ofensiva de seguridad.

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3. Cinco fracturas paradigmáticas�

Finalmente, conviene señalar cinco fracturas paradigmáticas que estructuran la comparación y permiten identificar la teoría de la violencia, del Estado y del orden público que subyace a cada candidatura.�

La primera fractura es la causalidad de la violencia. Cepeda entiende la violencia como resultado de exclusión territorial, economías ilícitas, incumplimiento del Acuerdo de Paz y ausencia de Estado social. Valencia la interpreta como consecuencia de la pérdida de autoridad estatal, la impunidad y la debilidad operativa de la Fuerza Pública y del sistema judicial. De la Espriella la fórmula como efecto de la permisividad política, la negociación con criminales y la falta de voluntad para ejercer la fuerza. Esta diferencia determina el resto del modelo: si la violencia nace de la exclusión, la respuesta prioritaria es la transformación territorial; si nace de la pérdida de autoridad, la respuesta es la restauración institucional del control; si nace de la permisividad, la respuesta es el castigo ejemplarizante y la derrota del enemigo.

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La segunda fractura es la secuencia de construcción del orden. Cepeda plantea una secuencia en la que primero deben producirse inclusión, inversión social, sustitución económica y paz territorial para generar después seguridad sostenible. Valencia invierte esa lógica: primero debe restablecerse la seguridad mediante autoridad estatal, presencia de la Fuerza Pública y justicia efectiva; solo después pueden desplegarse inversión, empleo y desarrollo. De la Espriella propone una tercera secuencia: primero choque punitivo, neutralización acelerada de las estructuras armadas y encarcelamiento masivo; después reconstrucción nacional. La pregunta estratégica es cuál de esas secuencias puede operar en territorios donde las organizaciones armadas no solo ejercen violencia, sino que gobiernan economías, movilidad, justicia informal y vida cotidiana.

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La tercera fractura es el estatuto político del actor armado. Para Cepeda, algunos actores conservan una dimensión política o territorial que exige negociación diferenciada, mientras las estructuras estrictamente criminales deben someterse a la justicia. Para Valencia, esa categoría debe cerrarse o restringir drásticamente: la ruta legítima no es la negociación política, sino el sometimiento, la reparación y la sanción. Para De la Espriella, el actor armado es un enemigo existencial —narcoterrorista— frente al cual no cabe negociación política, sino derrota militar, captura, neutralización o sometimiento sin beneficios sustantivos. Esta diferencia no es semántica: define si el Estado ofrece diálogo, sometimiento judicial o confrontación total.

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La cuarta fractura es la arquitectura judicial. Cepeda preserva el paradigma transicional como parte de la arquitectura de paz y del cumplimiento del Acuerdo de 2016. Valencia se desplaza hacia una justicia ordinaria reforzada: más rápida, más punitiva, con mayor capacidad investigativa y menor tolerancia frente a la reincidencia y los beneficios judiciales. De la Espriella propone una ruptura más profunda con el paradigma transicional, especialmente mediante la eliminación de la JEP y el traslado del tratamiento de los actores armados hacia una justicia ordinaria o excepcional de máxima severidad. Aquí se juega el equilibrio entre paz, castigo y legitimidad: un exceso de beneficios puede erosionar la confianza ciudadana; un exceso de castigo puede erosionar garantías; y una justicia lenta puede hacer fracasar ambos enfoques.

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La quinta fractura es la economía política del crimen. Las tres propuestas reconocen que las economías ilícitas sostienen la violencia, pero difieren en el mecanismo para debilitarlas. Cepeda busca reducir la dependencia territorial de esas economías mediante sustitución, alternativas productivas, presencia estatal e inteligencia financiera. Valencia apuesta por la asfixia económica del crimen organizado: extinción de dominio, persecución de activos, control de precursores, inteligencia financiera y ruptura de cadenas logísticas. De la Espriella privilegia la destrucción directa de la base productiva y operativa mediante fumigación, erradicación forzada, ofensiva militar y eliminación coercitiva de rentas. En términos doctrinales, la diferencia es clara: transformar incentivos, quitar recursos o destruir capacidades.

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Las cinco fracturas anteriores no tienen el mismo peso político. Algunas admiten negociación —más o menos recursos, mayor o menor intensidad, distintos ritmos de implementación—. Otras plantean elecciones mutuamente excluyentes: negociar o no negociar con grupos armados, implementar o desmontar el Acuerdo de Paz, preservar o eliminar la JEP, tratar los derechos humanos como límite no negociable o subordinarlos a la efectividad operativa. La siguiente tabla distingue entre convergencias instrumentales, divergencias negociables y fracturas doctrinales.

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Metodología: La convergencia se codifica en una escala de 0 a 10: los valores entre 0 y 2 indican ausencia de convergencia y posiciones irreconciliables; entre 3 y 4, convergencia mínima o coincidencia superficial; entre 5 y 6, convergencia moderada, con acuerdo en el instrumento pero desacuerdo en la intensidad; entre 7 y 8, convergencia sustantiva con matices estratégicos; y entre 9 y 10, convergencia total o consenso doctrinal.

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Conclusión

El 31 de mayo de 2026, Colombia no solo elegirá entre programas de seguridad, sino entre tres secuencias rivales de reconstrucción del orden. Cepeda propone que la seguridad sea el resultado de paz territorial, cumplimiento del Acuerdo, sustitución económica y presencia social del Estado. Valencia plantea que el desarrollo exige primero restaurar autoridad mediante Fuerza Pública, justicia penal, tecnología y asfixia patrimonial del crimen. De la Espriella formula una doctrina de choque punitivo: derrota acelerada de estructuras armadas, encarcelamiento masivo, fumigación y concentración del mando político sobre la respuesta de seguridad.

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La diferencia decisiva no está solo en el grado de dureza. Valencia y De la Espriella comparten una orientación coercitiva, pero no son equivalentes. La primera se presenta como coerción institucionalizada, con pretensión de operar dentro de marcos ordinarios de legalidad. El segundo empuja hacia una lógica de excepcionalidad punitiva, donde la legitimidad depende de resultados rápidos y visibles. Cepeda, en cambio, invierte la secuencia: no parte de la fuerza como condición del orden, sino de la transformación territorial como condición de una seguridad sostenible.

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El dilema estratégico para Colombia es que ninguna de las tres doctrinas resuelve por completo la tensión central: cómo recuperar territorios donde las organizaciones armadas no solo ejercen violencia, sino que gobiernan rentas, movilidad, justicia informal y vida cotidiana. Esa será la prueba real del próximo gobierno.

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