ACTUALIDAD EN DOCTRINA LEGAL �DE LA SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES �EN MATERIA DE �DERECHO DE LAS FAMILIAS
Leonardo R. Víttola
FINALIDADES DE LA CASACIÓN
Dikelógica: No debe perderse de vista que como órgano jurisdiccional debe perseguir siempre la justicia en el caso en concreto.
Uniformadora: Persigue unificar la interpretación de las normas para evitar la incertidumbre y el escándalo jurídico que implicaría que un juez diga blanco y otro negro sobre una misma cuestión litigiosa. En otras palabras, importa una prohibición a los desvaríos que puede portar una decisión que no se ajusta a derecho y que fractura la unidad interpretativa sobre una cuestión determinada.
Nomofiláctica: En esta tarea se controla el efectivo cumplimiento de las leyes. Si la labor de los jueces se ha ejercido de acuerdo al ordenamiento jurídico.
NO es una TERCERA INSTANCIA ; por lo tanto no se “juzga de nuevo”. El Superior Tribunal controla lo decidido, no juzga de nuevo, no se pueden introducir hechos nuevos, tampoco pruebas posteriores, como si sucede en las vías ordinarias.
Las tres finalidades deben funcionar de manera subordinada y armoniosamente, sin prevalencia de uno de ellos sobre el otro. Con ello se evitan elongaciones que produzcan un excesivo formalismo (si se le da preeminencia a la función nomofiláctica) o una lista y llana tercera instancia (si se le da a la función dikelógica).
El modo en que la Suprema Corte bonaerense logra este equilibrio es ingresando al estudio de los casos de forma oblicua o indirecta –con limitaciones en cuanto a la admisibilidad (no es directa)-, por medio del control de infracciones legales, revisando la correcta aplicación de la ley y la doctrina legal.
RECURSOS EXTRAORDINARIOS
NULIDAD
¿QUÉ ES OMISIÓN ESENCIAL?
¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN LEGAL?
Nada importa el acierto de la decisión atacada. No debemos confundir esta causal con la errónea motivación de la decisión. Por ej: absurdo o arbitrariedad; defectos que se reparan a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
“… se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, (…) (v. resol. de 4-X-2022; conf. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-III-2017; C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020 y C. 124.520, "Fernandez", resol. de 23-IX-2021)”.
INCONSTITUCIONALIDAD
“… la vía impugnativa establecida en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial se abre cuando en la instancia ordinaria se ha controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local…” (conf. doctr. C. 120.317, "Municipalidad de General Alvarado", resol. de 20-IV-2016; C. 122.875, "Las Colinas de Arroyo Seco S.A.", resol. de 7-XI-2018; C. 123.394, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 25-IX-2019; C. 123.254, "Crecimiento S.A.", resol. de 12-II-2021; C. 124.324, "Alconada Magliano", resol. de 29-VI-2021; C. 125.256, cit.; e.o.).
Si es la sentencia la que viola estas prerrogativas –no por causa de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, inconstitucional- la vía procedente es el recurso de inaplicabilidad de ley.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY Y DOCTRINA LEGAL
¿Qué entendemos cuando decimos “doctrina legal”? La doctrina legal a la cual refiere el art. 279 del CPCC debe ser legal y admitida por la propia Corte, quedando afuera la opinión de los autores, los principios generales del derecho y las corrientes que dimanan de cualquier otra fuente que no sea la ley.
La doctrina legal es la que emana del propio texto legal en su debida inteligencia. Constituye una fuente de interpretación de las normas jurídicas vigentes.
Adquiere importancia en hipótesis de oscuridad o insuficiencia de la ley. Es en estos casos donde la propia Corte acude a su propia doctrina legal –o, dicho en otras palabras, a su propia doctrina jurisprudencial- para resolver con ecuanimidad los casos llevados a su consideración.
LA VOZ DEL SUPERIOR TRIBUNAL PROVINCIAL EN TEMAS RELATIVOS AL DERECHO DE FAMILIA
CUESTIONES FORMALES (ADMISIBILIDAD Y SUFICIENCIA) Y DERECHO DE FAMILIA
ALIMENTOS
1. Ac. 93.508, “López Romero”, resol. del 5-III-2008. Para el supuesto en el que se debaten alimentos derivados de relaciones paterno filiales cuando se recurre en interés del/la niño/a alimentado/a el monto del litigio debe tomarse como indeterminado, al igual que deviene exento del pago del depósito previsto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial.�De esta manera opera una distinción, con claro sustento en una visión constitucional-convencional, entre el/la alimentista y el/la alimentante; pues sea que recurra uno u otro las limitaciones que operan para acceder a través de la vía extraordinaria intentada serán diferentes (art. 278, 280 y cctes., CPCC). �Supuestos no amparados por tal doctrina: a. los casos en que el/la recurrente/alimentista se presenta conforme los arts. 662 y 663 del Cód. Civ. y Com.; b. cuando quien recurre es el/la alimentante, aunque lo haga en representación de su hijo menor de edad. � Minoría: a) el juicio de alimentos es de monto determinado a los efectos del recaudo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial; b) La estimación de su cuantía debe realizarse de conformidad con las pautas que determina el art. 39 del dec. ley 8904/1977 (hoy ley 14.967). Por ello, el valor del litigio habrá de fijarse multiplicando el monto del agravio que se genera con cada cuota (la diferencia entre lo que sostiene que debería pagar y la que finalmente se fijó) para el recurrente por el plazo de dos años; c) Es exigible en estos procesos el depósito previsto en el art. 280 del Código procesal citado, con las excepciones fijadas por el ordenamiento adjetivo y reconocidas por este Tribunal.
ARTICULO 662.- Hijo mayor de edad. El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla veintiún años. Puede iniciar el juicio alimentario o, en su caso, continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas.��Las partes de común acuerdo, o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente. Tal suma, administrada por el hijo, está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria, como esparcimiento, gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen pertinentes.��ARTICULO 663.- Hijo mayor que se capacita. La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente.��Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del pedido.
Beneficio de litigar sin gastos
2. Ac. 84.210, "Crozzoli", resol. del 28-VIII-2002. El alcance que tiene el otorgamiento del beneficio provisorio en los términos del art. 83, CPCC.
“Que el art. 83 del Código Procesal Civil y Comercial debe ser interpretado de modo tal que permita hacer efectivas las garantías constitucionales de defensa y tutela judicial continua y efectiva (arts. 10 y 15 de la Constitución provincial), abarcando en el concepto de beneficio provisional todos y cada uno de los gastos que insume la tramitación del proceso, entre ello el depósito previo para recurrir ante esta Suprema Corte. De otro modo quedaría desconocida la propia finalidad del beneficio de litigar sin gastos -remover los obstáculos económicos que impone el juicio para las personas carentes de recursos- y la vigencia misma de las normas constitucionales que garantizan el derecho de defensa (art. 18, Constitución nacional, su correlato ya indicado en la provincial; arts. 75 inc. 22 de la carta federal; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 2 incs. 1, 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)”.
“… en los casos como el presente en que se ha iniciado el trámite del aludido beneficio es necesario constatar el resultado del respectivo incidente en un plazo prudencial, entendiéndose que el de tres meses es razonable, y en caso negativo corresponderá declarar desierto el recurso extraordinario interpuesto (párrafo cuarto del citado art. 280)”.
Violencia familiar
3. C. 124.238, “I.M.A.”, resol. del 11-XII-2020: Aquí se dejó establecido que, sin perjuicio de destacarse que las medidas cautelares no son equiparables a “definitivas” en los términos del art. 278 del CPCC, dentro del marco de una causa de violencia familiar ponderando que los agravios apuntan –entre otras cuestiones- a la “… suficiencia de las medidas ordenadas para garantizar la seguridad de la denunciante y minimizar sus padecimientos…”, excepcionalmente debe equipararse a definitiva y admitirse el RIL para su tratamiento.
4. C. 99.204, “O.N.L.”, sent. 20-IX-2006.
“Impulso de oficio y Justicia de acompañamiento (…) acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad (…) El art. 7 de la ley es amplísimo y meramente enunciativo (…) lo único que se le prohíbe al juez en la ley 12.569 es no hacer nada. Quedarse impasible frente a la violencia, cuando tiene a su alcance una gama de opciones para ofrecer protección a personas tan vulnerables como las que sufren agresiones, máxime, cuando estamos hablando de menores. De lo contrario, le sumaríamos a la violencia en el hogar la violencia institucional, dejaríamos a la víctima sin ninguna puerta para golpear y en total desamparo”
Perspectiva de género
5. C. 123.985, “Ferraro”, resol. del 4-XII-2020. En el marco de un proceso de divorcio y, puntualmente, frente al un pedido de levantamiento de medidas cautelares en el cual la recurrente sostuvo que se violaron preceptos de la 26.485, se dijo que si bien las medidas cautelares no revisten carácter de definitiva en los términos del art. 278, CPCC, en el caso se aprecia configurado un supuesto de excepción al principio general en tanto el fallo impugnado podría ocasionar un perjuicio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior.
6. C. 125.062, “R.M.J.”, resol. del 29-X-2021. El argumento invocado por la recurrente en torno a que la sentencia impide la prosecución de la demanda por violencia de género en los términos de la ley 26.485, ordenando adecuar por separado las diferentes pretensiones, resulta inatendible. La resolución que manda a iniciar por separado las diferentes pretensiones esgrimidas por la actora, de ningún modo podrían poner fin al deber de la magistratura de juzgar con perspectiva de género, careciendo -como se dijo- del carácter de definitivo en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
En cuanto a la admisibilidad se observa que no hay un criterio autónomo en cuestiones de violencia de género, sino que se sigue –por el momento- el criterio general por medio del cual la sentencia debe ser definitiva, correspondiendo relacionar tal concepto con la aptitud de cancelar vías hábiles para lograr la reparación del derecho lesionado y la imposibilidad de renovar la cuestión en otra oportunidad procesal u otro juicio.
CUESTIÓN PENDIENTE
SUFICIENCIA (TÉCNICA RECURSIVA)
Certiorari como formato procesal de gran utilidad para la Suprema Corte.�Es el instrumento procesal por medio del cual se le reconoce a un Tribunal Superior la potestad de seleccionar cualitativamente los recursos sobre los cuales emitirá pronunciamiento de mérito. Este formato puede tener una variante negativa, que culmina con el rechazo del recurso como en el supuesto analizado -en casos de insuficiencia técnica, carente de recaudos esenciales o resuelto en casos análogos-, o positiva, que implica la admisión de un recurso, ya sea porque fue estimado en casos sustancialmente análogos o, sin que cumpla con las formalidades exigidas por el Código de rito, según la sana discreción del Tribunal cuando mediare gravedad institucional o existiere un notorio interés público, o bien si considerare indispensable establecer doctrina legal sobre un determinado tema que ha sido objeto del recurso (doctr. Art. 31 bis, ley 5827).
¿Como aplica este formato en el Derecho de Familia?�
DOS GRANDES EJES SE DESTACAN EN LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE
Interés superior del NNA
Perspectiva de género
OTROS PRINCIPIOS RELACIONADOS
Oficiosidad (art. 709, CCyC)
Respeto por el derecho a la identidad (art. 595, CCyC)
Agotamiento de las posibilidades en la familia de origen (art. 595, CCyC)
Derecho a conocer los orígenes (art. 595, CCyC)
Derecho a ser oído (art. 639 y cctes., CCyC)
Libertad, amplitud y flexibilidad probatoria (art. 710, CCyC)
ESTOS PRINCIPIOS PONEN UN LÍMITE A LA RESPUESTA NEGATIVA BASADA SOLO EN LA TÉCNICA CASATORIA
Una debida motivación en tal sentido armoniza las funciones clásicas con la función dikelógica, toda vez que la Corte no deja de lado la idea de “la justicia del caso”.
Aunque se utilice el formato del certiorari, en caso negativo, la respuesta no puede ser cimentada sólo en argumentos técnicos, debe analizarse si la sentencia que quedaría firme vulnera o no derechos fundamentales.
Esto significa que si la Corte advirtiese vulneraciones a tales derechos fundamentales, sea de NNA o de las mujeres, la insuficiencia técnica quedaría de lado y se introduciría en la cuestión de fondo a los fines de dictar sentencia de mérito.
1. C. 124.718, “H.G.S.”, RESOL. DEL 29-VI-2021
C. 124.718, “H.G.S.”, RESOL. DEL 29-VI-2021
C. 124.718, “H.G.S.”, RESOL. DEL 29-VI-2021
C. 124.718, “H.G.S.”, RESOL. DEL 29-VI-2021
C. 124.718, “H.G.S.”, RESOL. DEL 29-VI-2021
2. C. 126.124, “M.L. Y OTRO”, RESOL. DEL 11-XI-2022
C. 126.124, “M.L. Y OTRO”, RESOL. DEL 11-XI-2022
NOCIÓN DE INTERSECCIONALIDAD Y ALGO MÁS…
EL FORMATO PROCESAL DEL CERTIORARI COMO FORMA DE RESGUARDAR EL ISN
3. C. 125.580, “F.M.C.R.”, RESOL. DEL 22-X-2022
C. 125.580, “F.M.C.R.”, RESOL. DEL 22-X-2022
4. C. 124.137, “O.”, RESOL. DEL 11-XII-2020
PESE A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA PRESENTACION DEL REMEDIO INCOADO, EN VIRTUD DE LOS PRINCIPIOS QUE RODEAN A LOS PROCESOS DE FAMILIA Y ENCONTRÁNDOSE DERECHOS DE FUNDAMENTALES DE UN NIÑO INVOLUCRADO, SE ADMITE EL RECURSO PARA SU TRATAMIENTO
SINTETIZANDO
La Suprema Corte no sólo brinda una respuesta formal sino que, en atención a principios como el de oficiosidad, brinda una respuesta mayor. Esto guarda coherencia con la finalidad trifásica que posee, donde no solo persigue el control del cumplimiento del derecho (función nomofiláctica) o la uniformidad de la jurisprudencia (función uniformadora), sino que también busca la justicia del caso (función dikelógica).
La Corte cumple funciones jurisdiccionales en las cuales deja entrever que impera una visión constitucional-convencional que impulsa cierto grado de oficiosidad cuando lo que está en juego son derechos humanos fundamentales
(SCBA en causas C. 125.467 "S. F. E. y otros s. Abrigo", resol. del 23-V-2022; C. 124.306 "G. M. A. s. Abrigo -expediente digital-”, resol. de 24-V-2022; C. 125.395 "D. S. M. s. Abrigo”, resol. de 24-V-2022; C. 125.956 "N. F. A. s. Abrigo", resol. de 19-XII-2022; C. 125.957 "N. K. M. s. Abrigo", resol. de 19-XII-2022; e. t.).
PROCEDENCIA
Sentencias definitivas
1. COMPENSACIÓN ECONÓMICA. PERSPECTIVA DE GÉNERO�C. 124.589, “M.L.F.”, SENT. DEL 21-III-2022
¿QUÉ DIJO LA SUPREMA CORTE?
Un apego estricto al artículo 525 del Código Civil y Comercial generaría una injusticia y un perjuicio irreparable, en especial su derecho de acceder a la jurisdicción. Las circunstancias especiales de la situación de autos “… invitan a matizar las normas que entran en juego pues, en definitiva, es función jurisdiccional efectuar una revisión de la renuncia tácita que aquí pretende hacer valer el accionado sobre el derecho al reclamo de la compensación económica…”.
Si bien resulta ser cierto que la actora debió haber iniciado directamente el proceso de compensación económica también es cierto que la disponibilidad y caducidad refieren al ejercicio efectivo del derecho; y de las constancias del expediente se desprende que la actora inició el reclamó de compensación económica, así lo expuso en las actuaciones conexas, simplemente que se creyó en la necesidad de, previamente, determinar la fecha de existencia de la unión convivencial y su ruptura.
En consonancia con ello, la recurrente no puede verse perjudicada por estrategias jurídicas fallidas en la instancia ordinaria frente a la tramitación de un proceso incidental al cual nunca se le debió haber dado curso. Lo importante es la voluntad real de la interesada y ello surge de la presentación efectuada el 29 de junio de 2017, reclamar la compensación económica.
Finalmente, agregó que no puede obviarse la ley 26.485 y el paradigma que trae consigo bajado del orden convencional, la Convención de Belém do Pará. La normativa señalada impone la obligación de juzgar con perspectiva de género que, en el caso particular, se traduce en “… evitar que a través de un rigor formal que se desentienda de los hechos que componen la realidad, se genere inconscientemente una discriminación en el acceso a la justicia de la recurrente para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando de este modo la igualdad efectiva de condiciones”
“… resolver con perspectiva de género no implica limitarse a la aplicación neutral de las normas internas vigentes sino de hacerlo a la luz de la Constitución y de las convenciones, observándose la realidad en concreto y situándola en el contexto en que se desarrolla, para generar una tutela efectiva; proceder que omitió desplegar la Cámara (…) hubo falta de aplicación de perspectiva de género respecto de una mujer que debió llevar ante la justicia el reclamo del período de duración de la unión convivencial porque se lo desconocían, situación que por sí sola da cuenta de un desequilibrio entre las partes; pero también existió una conducta contraria a tal perspectiva en tanto la Cámara agravó la situación al dictar la caducidad de su acción más allá de que en reiteradas oportunidades se le había contestado, ante su solicitud y su aportación de prueba, que debía esperar el momento procesal oportuno.”
2. CUIDADO PERSONAL�C. 123.064, “A.C.S.A.E.”, SENT. DEL 30-VIII-2021
¿QUE DIJO LA SUPREMA CORTE?
En esta línea de razonamiento, se destaca que el pronunciamiento recurrido no exhibe ponderación alguna respecto de aquella manifestación de voluntad de los niños, lo cual importa una infracción a lo normado en los arts. 639, 653, 707 y cctes. del Código Civil y Comercial y 3, 24, 27 y cctes. de la ley 26.061. Y, asimismo, que se apoyó en informes técnicos desactualizados.
Hizo hincapié en los informes recabados en la instancia extraordinaria como medidas de mejor proveer entre los que se destacan las conclusiones de la perito psicóloga.
Respecto de los niños surge: “De los dichos de Y. se desprende que desea continuar viviendo con su papá y la pareja de éste, lo fundamenta en que es el lugar en el que ha transcurrido su niñez (…) se desprende de los dichos de los niños que existe un buen vínculo tanto con la madre y su pareja como con el padre, hablando de forma afectuosa de sus hermanitos maternos y paternos. Se infiere que el conflicto estaría dado sólo en relación a la pareja paterna y F.”.
Se estimó prudente priorizar la opinión de los niños más cercana en el tiempo. De este modo, la revocación de la decisión recurrida se ajusta a las opiniones expresadas por los niños y en atención a que en las constancias de la causa no se observan motivos válidos para justificar el apartamiento de la preferencia legal sentada para el establecimiento del cuidado compartido en la modalidad indistinta.
En este sentido, se fijó el cuidado personal compartido en su modalidad indistinta con la residencia principal de los niños en el hogar paterno, debiendo establecerse en la instancia de origen un amplio régimen de comunicación en favor de la madre, acorde a las posibilidades del grupo familiar
EN SIMILAR SENTIDO SE RESOLVIÓ LA CAUSA C. 122.501, “R.V.S.”, SENT. DEL 2-X-2020
3. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA�C.122.930, “C.M.E.”, SENT. DEL 8-V-2019
M.H.T. promovió formal demanda de determinación de la capacidad jurídica de su hija M.E.A.C. pretendiendo, asimismo, se le designe curadora definitiva de la misma.
En la demanda expresa que su hija padece de mielomeningocele permanente que la torna incapaz para desarrollarse plenamente, encontrándose imposibilitada física y psíquicamente.
El Juzgado de Familia n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la pretensión de la actora, declarando la incapacidad de la causante y nombrándola curadora definitiva de su hija. La sentencia fue apelada por la Defensora Oficial Titular de la U.F.D. n° 14 especializada en Salud Mental.
¿QUÉ DIJO LA SUPREMA CORTE?
No se encuentran dados los presupuestos exigidos por el art. 32 del CCCN que habilitan la excepcional declaración de incapacidad de una persona.
Por lo tanto, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, se revoca el fallo impugnado y se devuelven las actuaciones a la instancia de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento que disponga una restricción de la capacidad jurídica adecuada en función de las necesidades actuales de protección jurídica que requiere M.E.A.C., especificando las funciones y actos que se limitan, estableciendo el sistema de apoyos y salvaguardias que resulte necesario, con indicación de las personas intervinientes y modalidad de su actuación especificando funciones con ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la causante.
CONCLUSIONES
A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA MATERIA DE DERECHO DE LAS FAMILIAS…
CONTINUAMOS…
PUNTUALMENTE EN LA SUPREMA CORTE
MUCHAS GRACIAS