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ACTUALIDAD EN DOCTRINA LEGAL �DE LA SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES �EN MATERIA DE �DERECHO DE LAS FAMILIAS

Leonardo R. Víttola

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FINALIDADES DE LA CASACIÓN

Dikelógica: No debe perderse de vista que como órgano jurisdiccional debe perseguir siempre la justicia en el caso en concreto.

Uniformadora: Persigue unificar la interpretación de las normas para evitar la incertidumbre y el escándalo jurídico que implicaría que un juez diga blanco y otro negro sobre una misma cuestión litigiosa. En otras palabras, importa una prohibición a los desvaríos que puede portar una decisión que no se ajusta a derecho y que fractura la unidad interpretativa sobre una cuestión determinada.

Nomofiláctica: En esta tarea se controla el efectivo cumplimiento de las leyes. Si la labor de los jueces se ha ejercido de acuerdo al ordenamiento jurídico.

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NO es una TERCERA INSTANCIA ; por lo tanto no se “juzga de nuevo”. El Superior Tribunal controla lo decidido, no juzga de nuevo, no se pueden introducir hechos nuevos, tampoco pruebas posteriores, como si sucede en las vías ordinarias.

Las tres finalidades deben funcionar de manera subordinada y armoniosamente, sin prevalencia de uno de ellos sobre el otro. Con ello se evitan elongaciones que produzcan un excesivo formalismo (si se le da preeminencia a la función nomofiláctica) o una lista y llana tercera instancia (si se le da a la función dikelógica).

El modo en que la Suprema Corte bonaerense logra este equilibrio es ingresando al estudio de los casos de forma oblicua o indirecta –con limitaciones en cuanto a la admisibilidad (no es directa)-, por medio del control de infracciones legales, revisando la correcta aplicación de la ley y la doctrina legal.

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RECURSOS EXTRAORDINARIOS

  • Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y doctrina legal
  • Recurso extraordinario de nulidad
  • Recurso extraordinario de inconstitucionalidad

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NULIDAD

  • Apunta exclusivamente al fallo. Su objeto es asegurar la observancia de algunas reglas constitucionales atinentes al pronunciamiento final con total prescindencia del contenido de la sentencia. Tiene en miras el quebrantamiento de las formas (vicios en la actividad; in procedendo).
  • De allí que la Suprema Corte en reiteradas oportunidades dijera: “… el recurso extraordinario de nulidad sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 124.115, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 31-III-2021 y C. 125.216, "Marinucci", resol. de 10-VIII-2022; entre muchas otras)”.

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¿QUÉ ES OMISIÓN ESENCIAL?

  • “… la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
  • Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión, no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).”

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¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN LEGAL?

Nada importa el acierto de la decisión atacada. No debemos confundir esta causal con la errónea motivación de la decisión. Por ej: absurdo o arbitrariedad; defectos que se reparan a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

“… se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, (…) (v. resol. de 4-X-2022; conf. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-III-2017; C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020 y C. 124.520, "Fernandez", resol. de 23-IX-2021)”.

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INCONSTITUCIONALIDAD

“… la vía impugnativa establecida en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial se abre cuando en la instancia ordinaria se ha controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local…” (conf. doctr. C. 120.317, "Municipalidad de General Alvarado", resol. de 20-IV-2016; C. 122.875, "Las Colinas de Arroyo Seco S.A.", resol. de 7-XI-2018; C. 123.394, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 25-IX-2019; C. 123.254, "Crecimiento S.A.", resol. de 12-II-2021; C. 124.324, "Alconada Magliano", resol. de 29-VI-2021; C. 125.256, cit.; e.o.).

Si es la sentencia la que viola estas prerrogativas –no por causa de una ley, decreto, ordenanza o reglamento, inconstitucional- la vía procedente es el recurso de inaplicabilidad de ley.

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY Y DOCTRINA LEGAL

¿Qué entendemos cuando decimos “doctrina legal”? La doctrina legal a la cual refiere el art. 279 del CPCC debe ser legal y admitida por la propia Corte, quedando afuera la opinión de los autores, los principios generales del derecho y las corrientes que dimanan de cualquier otra fuente que no sea la ley.

La doctrina legal es la que emana del propio texto legal en su debida inteligencia. Constituye una fuente de interpretación de las normas jurídicas vigentes.

Adquiere importancia en hipótesis de oscuridad o insuficiencia de la ley. Es en estos casos donde la propia Corte acude a su propia doctrina legal –o, dicho en otras palabras, a su propia doctrina jurisprudencial- para resolver con ecuanimidad los casos llevados a su consideración.

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LA VOZ DEL SUPERIOR TRIBUNAL PROVINCIAL EN TEMAS RELATIVOS AL DERECHO DE FAMILIA

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CUESTIONES FORMALES (ADMISIBILIDAD Y SUFICIENCIA) Y DERECHO DE FAMILIA

ALIMENTOS

1. Ac. 93.508, “López Romero”, resol. del 5-III-2008. Para el supuesto en el que se debaten alimentos derivados de relaciones paterno filiales cuando se recurre en interés del/la niño/a alimentado/a el monto del litigio debe tomarse como indeterminado, al igual que deviene exento del pago del depósito previsto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial.�De esta manera opera una distinción, con claro sustento en una visión constitucional-convencional, entre el/la alimentista y el/la alimentante; pues sea que recurra uno u otro las limitaciones que operan para acceder a través de la vía extraordinaria intentada serán diferentes (art. 278, 280 y cctes., CPCC). �Supuestos no amparados por tal doctrina: a. los casos en que el/la recurrente/alimentista se presenta conforme los arts. 662 y 663 del Cód. Civ. y Com.; b. cuando quien recurre es el/la alimentante, aunque lo haga en representación de su hijo menor de edad. � Minoría: a) el juicio de alimentos es de monto determinado a los efectos del recaudo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial; b) La estimación de su cuantía debe realizarse de conformidad con las pautas que determina el art. 39 del dec. ley 8904/1977 (hoy ley 14.967). Por ello, el valor del litigio habrá de fijarse multiplicando el monto del agravio que se genera con cada cuota (la diferencia entre lo que sostiene que debería pagar y la que finalmente se fijó) para el recurrente por el plazo de dos años; c) Es exigible en estos procesos el depósito previsto en el art. 280 del Código procesal citado, con las excepciones fijadas por el ordenamiento adjetivo y reconocidas por este Tribunal.

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ARTICULO 662.- Hijo mayor de edad. El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla veintiún años. Puede iniciar el juicio alimentario o, en su caso, continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas.��Las partes de común acuerdo, o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente. Tal suma, administrada por el hijo, está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria, como esparcimiento, gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen pertinentes.��ARTICULO 663.- Hijo mayor que se capacita. La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente.��Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del pedido.

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Beneficio de litigar sin gastos

2. Ac. 84.210, "Crozzoli", resol. del 28-VIII-2002. El alcance que tiene el otorgamiento del beneficio provisorio en los términos del art. 83, CPCC.

“Que el art. 83 del Código Procesal Civil y Comercial debe ser interpretado de modo tal que permita hacer efectivas las garantías constitucionales de defensa y tutela judicial continua y efectiva (arts. 10 y 15 de la Constitución provincial), abarcando en el concepto de beneficio provisional todos y cada uno de los gastos que insume la tramitación del proceso, entre ello el depósito previo para recurrir ante esta Suprema Corte. De otro modo quedaría desconocida la propia finalidad del beneficio de litigar sin gastos -remover los obstáculos económicos que impone el juicio para las personas carentes de recursos- y la vigencia misma de las normas constitucionales que garantizan el derecho de defensa (art. 18, Constitución nacional, su correlato ya indicado en la provincial; arts. 75 inc. 22 de la carta federal; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 2 incs. 1, 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)”.

“… en los casos como el presente en que se ha iniciado el trámite del aludido beneficio es necesario constatar el resultado del respectivo incidente en un plazo prudencial, entendiéndose que el de tres meses es razonable, y en caso negativo corresponderá declarar desierto el recurso extraordinario interpuesto (párrafo cuarto del citado art. 280)”.

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Violencia familiar

3. C. 124.238, “I.M.A.”, resol. del 11-XII-2020: Aquí se dejó establecido que, sin perjuicio de destacarse que las medidas cautelares no son equiparables a “definitivas” en los términos del art. 278 del CPCC, dentro del marco de una causa de violencia familiar ponderando que los agravios apuntan –entre otras cuestiones- a la “… suficiencia de las medidas ordenadas para garantizar la seguridad de la denunciante y minimizar sus padecimientos…”, excepcionalmente debe equipararse a definitiva y admitirse el RIL para su tratamiento.

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4. C. 99.204, “O.N.L.”, sent. 20-IX-2006.

“Impulso de oficio y Justicia de acompañamiento (…) acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad (…) El art. 7 de la ley es amplísimo y meramente enunciativo (…) lo único que se le prohíbe al juez en la ley 12.569 es no hacer nada. Quedarse impasible frente a la violencia, cuando tiene a su alcance una gama de opciones para ofrecer protección a personas tan vulnerables como las que sufren agresiones, máxime, cuando estamos hablando de menores. De lo contrario, le sumaríamos a la violencia en el hogar la violencia institucional, dejaríamos a la víctima sin ninguna puerta para golpear y en total desamparo”

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Perspectiva de género

5. C. 123.985, “Ferraro”, resol. del 4-XII-2020. En el marco de un proceso de divorcio y, puntualmente, frente al un pedido de levantamiento de medidas cautelares en el cual la recurrente sostuvo que se violaron preceptos de la 26.485, se dijo que si bien las medidas cautelares no revisten carácter de definitiva en los términos del art. 278, CPCC, en el caso se aprecia configurado un supuesto de excepción al principio general en tanto el fallo impugnado podría ocasionar un perjuicio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior.

6. C. 125.062, “R.M.J.”, resol. del 29-X-2021. El argumento invocado por la recurrente en torno a que la sentencia impide la prosecución de la demanda por violencia de género en los términos de la ley 26.485, ordenando adecuar por separado las diferentes pretensiones, resulta inatendible. La resolución que manda a iniciar por separado las diferentes pretensiones esgrimidas por la actora, de ningún modo podrían poner fin al deber de la magistratura de juzgar con perspectiva de género, careciendo -como se dijo- del carácter de definitivo en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.

En cuanto a la admisibilidad se observa que no hay un criterio autónomo en cuestiones de violencia de género, sino que se sigue –por el momento- el criterio general por medio del cual la sentencia debe ser definitiva, correspondiendo relacionar tal concepto con la aptitud de cancelar vías hábiles para lograr la reparación del derecho lesionado y la imposibilidad de renovar la cuestión en otra oportunidad procesal u otro juicio.

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CUESTIÓN PENDIENTE

  • Si bien la SCBA destaca en diversas oportunidades la importancia de juzgar con perspectiva de género, lo relativo a las limitaciones para acceder por la vía extraordinaria al tratamiento del recurso articulado cuando se denuncian agravios en ese sentido, se encuentra pendiente de un análisis “especializado”.
  • ¿Qué quiero decir con esto? Si bien el criterio general mantenido por la Corte aplica también a estos supuestos, merece un análisis pormenorizado y especializado. �“ARTICULO 16. — Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos (…) a) A la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente especializado (…) h) A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización; i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos; …”
  • En torno a la gratuidad no cabría discusión alguna en torno a la normativa vigente, distinto el supuesto de qué debe considerarse resolución equiparable a definitiva. Aquí, por la especial situación y circunstancias denunciadas, violencia de género, ¿cabría modificar el criterio general establecido por la Suprema Corte?
  • Entra en juego la ley 26.485 de orden público y aparecen conceptos tales como “tramitación con perspectiva de género”. Ello , debiendo armonizarse con la finalidad trifásica que posee el Tribunal, evitando recaer en una “tercera instancia”.

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SUFICIENCIA (TÉCNICA RECURSIVA)

Certiorari como formato procesal de gran utilidad para la Suprema Corte.�Es el instrumento procesal por medio del cual se le reconoce a un Tribunal Superior la potestad de seleccionar cualitativamente los recursos sobre los cuales emitirá pronunciamiento de mérito. Este formato puede tener una variante negativa, que culmina con el rechazo del recurso como en el supuesto analizado -en casos de insuficiencia técnica, carente de recaudos esenciales o resuelto en casos análogos-, o positiva, que implica la admisión de un recurso, ya sea porque fue estimado en casos sustancialmente análogos o, sin que cumpla con las formalidades exigidas por el Código de rito, según la sana discreción del Tribunal cuando mediare gravedad institucional o existiere un notorio interés público, o bien si considerare indispensable establecer doctrina legal sobre un determinado tema que ha sido objeto del recurso (doctr. Art. 31 bis, ley 5827).

¿Como aplica este formato en el Derecho de Familia?�

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DOS GRANDES EJES SE DESTACAN EN LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE

Interés superior del NNA

Perspectiva de género

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OTROS PRINCIPIOS RELACIONADOS

Oficiosidad (art. 709, CCyC)

Respeto por el derecho a la identidad (art. 595, CCyC)

Agotamiento de las posibilidades en la familia de origen (art. 595, CCyC)

Derecho a conocer los orígenes (art. 595, CCyC)

Derecho a ser oído (art. 639 y cctes., CCyC)

Libertad, amplitud y flexibilidad probatoria (art. 710, CCyC)

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ESTOS PRINCIPIOS PONEN UN LÍMITE A LA RESPUESTA NEGATIVA BASADA SOLO EN LA TÉCNICA CASATORIA

Una debida motivación en tal sentido armoniza las funciones clásicas con la función dikelógica, toda vez que la Corte no deja de lado la idea de “la justicia del caso”.

Aunque se utilice el formato del certiorari, en caso negativo, la respuesta no puede ser cimentada sólo en argumentos técnicos, debe analizarse si la sentencia que quedaría firme vulnera o no derechos fundamentales.

Esto significa que si la Corte advirtiese vulneraciones a tales derechos fundamentales, sea de NNA o de las mujeres, la insuficiencia técnica quedaría de lado y se introduciría en la cuestión de fondo a los fines de dictar sentencia de mérito.

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1. C. 124.718, “H.G.S.”, RESOL. DEL 29-VI-2021

  • La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro confirmó la sentencia de la instancia de origen que, a su turno, declaró la situación de adoptabilidad de los niños S. J. R. y H. Á. R. y, asimismo, rechazó la pretensión de la madre de iniciar un proceso de revinculación con los mismos.
  • Contra dicha forma de decidir, se alzó la progenitora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
  • Ingresando al estudio de la pieza impugnativa articulada, mediante la cual se desprende que se aduce la inaplicabilidad de la ley 13.298; ley 26.061; art. 75 inc. 22 Constitución nacional; arts. 3, 9, 18 y 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 1, 17.1, 11,2, 19 y 24 Convención Americana de Derechos Humanos; y, asimismo, violación de la ley 24.632 y 26.485; se anticipa que ésta no puede prosperar en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
  • Cabe precisar que el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la ponderación de la aptitud para el ejercicio de la responsabilidad parental -cuestión medular en autos, pues de allí se desprende si se revirtieron las cuestiones que motivaron el dictado de la medida de excepción (conf. art. 35 bis ley 13.298 y art. 39, ley 26.061)- constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C. 101.304, "V., C.", sent. de 23-XII-2009; C. 100.587, "G., M. C.", sent. de 4-II-2009; C. 108.474, "C., M. D.", sent. de 6-X-2010), extremo que no se advierte configurado en la especie.

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C. 124.718, “H.G.S.”, RESOL. DEL 29-VI-2021

  • “… fundamentos, que se erigen como pilar jurídico del fallo cuestionado, no logra ser conmovido por los agravios volcados en las págs. 4/17 del embate, en tanto su detenida lectura deja advertir que tales achaques (tendientes a cuestionar el obrar del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad de Tigre y del Juzgado interviniente, en señalar la falta de perspectiva de género en las decisiones e insistir en su propia versión de los hechos) se desentienden de aquél dado por el a quo, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la declaración de situación de adoptabilidad de los niños S. y H. (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
  • En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).

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C. 124.718, “H.G.S.”, RESOL. DEL 29-VI-2021

  • “…más allá de las circunstancias señaladas desde el plano de la técnica casatoria, dada la índole de la cuestión debatida, corresponde señalar que la situación de adoptabilidad que adquiere firmeza con el rechazo del recurso que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa…”
  • “… del análisis de las actuaciones surge acreditada la vulneración de derechos de S. y H. en el seno de su familia de origen -tanto en lo que respecta a su progenitora como a su familia ampliada-, como así también el fracaso de las estrategias de intervención en pos de superar las causas que motivaron la medida de abrigo (v. informes del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad de Tigre del 21-XI-2018; 17-XII-2018; y 17-IV-2019).
  • “… no se aportan elementos suficientes que permitan avizorar un cambio en la situación de aquella respecto de la expuesta en los informes elaborados por el Equipo Técnico del Juzgado, de los cuales se desprende que "... pese a que realiza tratamientos psicológico y psiquiátrico, y asiste a reuniones en Políticas de Género, se percibe que no ha logrado consolidar su fortalecimiento integral tendiente a concretar un cambio favorable en su posición subjetiva, ni tampoco pudo obtener las herramientas necesarias para garantizar que los derechos de sus hijos no resulten vulnerados (...) se desprende que en la actualidad la señora J. F. R. no cuenta con recursos personales para brindar cuidado, protección, educación y contención a sus hijos, ni puede garantizar que su crianza integral se desarrolle de modo adecuado y respetando sus derechos..." (v. informe del 11-IX-2019, p. 12).
  • En este mismo orden de ideas del informe interdisciplinario presentado por la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar de fecha 21 de enero de 2020 se colige que "...no contamos con elementos suficientes para dar cuenta de un cambio de posición subjetiva en relación a los motivos que condujeron a la toma de medida de abrigo con les niñes (...) se observa una centralidad en su discurso respecto de los cambios que se encuentra intentando realizar para recuperar los cuidados de sus hijes, pero los mismos por el momento van en la línea de obtener recursos materiales que ella considera necesarios o deseados por elles"

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C. 124.718, “H.G.S.”, RESOL. DEL 29-VI-2021

  • “… el interés superior de S. y H. se materializa en la necesidad de resguardo de sus derechos fundamentales, en especial, a vivir y desarrollarse en una familia que les procuren cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales…”
  • “… pese al embate infructuoso intentado por la recurrente, no puede soslayarse el papel fundamental que en nuestro ordenamiento jurídico interno ocupa la ley 26.485 (…) resultando ser de orden público -salvo las excepciones allí contempladas- y de aplicación obligatoria para los jueces, pues resulta ser transversal de todo el ordenamiento jurídico interno (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 ley 26.485). Del mismo se extrae la importancia de contar con una justicia que ponga el énfasis en juzgar con perspectiva de género, obligada mirada que no solo está presente en esta ley sino también -con mucha fuerza- en el Código Civil y Comercial. Esta obligada mirada que impone el paraguas protector de la normativa aplicable al caso al ejercicio jurisdiccional (arts. 2, 3, 6 y 7 incs. "b", "d", "f" y "g" de la Convención de Belém do Pará; 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 24 de la Convención Americana; Observación General 21 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, párrs. 10, 12 y 17; Recomendación General 28 de la C.E.D.A.W., párr. 18; Observaciones Finales de la C.E.D.A.W. sobre Argentina del 16 de agosto del 2010, puntos 23 y 24; art. 16 incs. "e", "i", ley 26.485) posibilita el nacimiento de cambios profundos tendientes a garantizar una vida libre de violencia.

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C. 124.718, “H.G.S.”, RESOL. DEL 29-VI-2021

  • Bajo este paradigma se advierte el papel que ha ocupado la historicidad marcada por la violencia de género y los abusos que ha padecido la recurrente a lo largo de su vida, los que han impactado negativamente en su personalidad y al día de hoy le impiden asumir la responsabilidad prioritaria de asegurar a sus hijos el disfrute pleno y efectivo ejercicio de sus derechos y garantías (art. 7, ley 26.061). En base a ello, ponderando lo que dimana del informe interdisciplinario del equipo de Salud Mental del Hospital del Diagnóstico Inmediato Dr. Valentín Nores en cuanto a que "La paciente concurre a las entrevistas en tiempo y forma hasta el día de la fecha; pudiendo trabajar progresivamente aspectos relacionados a su historia reciente y episodios traumáticos de larga data. La sensación de irritabilidad fue mermando y la paciente fortaleció su participación en diversas instituciones (Iglesia, Escuela, cursos de manualidades del Municipio) que la ayudaron a rearmar una red de apoyo y contención. El cuidado de su salud, aspecto físico e higiene han mostrado también mejorías notables. Actualmente, realiza trabajos informales y sostiene actividades institucionales. Se considera la posibilidad de un pronóstico favorable en tanto pueda continuar fortaleciendo las redes de apoyo e institucionales que hasta el momento pudo construir..." (v. archivo adjunto en trámite electrónico del 19-II-2020), sumado a lo que se colige del informe de la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar en cuanto a que "...Y. R. se encuentra construyendo estrategias de autocuidado y autonomía, sosteniendo espacios de contención y fortaleciendo los vínculos con su red social..." (v. informe, cit.); este Tribunal entiende que, independientemente de trabajar en la continuidad del camino hacia la adopción, en la instancia de origen, el Juzgado deberá garantizar a la recurrente -a la par- la continuidad del abordaje interdisciplinario a través de la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar juntamente con el equipo de Salud Mental del HDI Dr. Valentín Nores con el objeto de alcanzar la autonomía y el fortalecimiento perseguido. Elementos éstos que marcarán los designios de la eventual adopción que pueda recaer sobre S. y H., valorizándose, en su caso, los avances logrados en tales aspectos (arts. 594, 595, 619, 620, 621 y cctes. CCCN; arts. 1, 2, 3, 5, 7, 16 y cctes. ley 26.485).

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2. C. 126.124, “M.L. Y OTRO”, RESOL. DEL 11-XI-2022

  • Contra el pronunciamiento que confirmó la declaración de situación de adoptabilidad de sus hijos se alzaron los progenitores mediante sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
  • “… por un lado, errónea aplicación y violación de los arts. 3, 7, 8, 9, 18, 20, 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1, 11.2, 17.1, 19 y 24, de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14, 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15 y 36 inc. 5 de su par local; 607, 621, 1775 y concs., del Código Civil y Comercial; 37 de la ley 26.061; 9, 18 de la ley 13.298; y leyes 24.632 y 26.485 (v. recurso presentado el 18-IX-2022); y, por el otro, errónea aplicación y violación de los arts. 7, 8 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 14, 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15 y 36 inc. 5 de su homónima provincial; 608, 609, 621, 706 y concs. del Código Civil y Comercial; 3, 33, 34, 37 y concs. de la ley 26.061 y ley 13.298, como así también de doctrina legal (v. recurso presentado el 18-X-2022); se anticipa que éstas no pueden prosperar en virtud de la insuficiencia técnica que portan (conf. art. 279, CPCC).
  • Cabe precisar que el análisis de las circunstancias fácticas de la litis dirigidas a la ponderación de la aptitud para el ejercicio de la responsabilidad parental -cuestión medular en autos, pues de allí se desprende si se revirtieron las cuestiones que motivaron el dictado de las medidas de excepción (conf. art. 35 bis ley 13.298 y art. 39, ley 26.061)- constituye una cuestión de hecho que permite la revisión en esta instancia sólo si se acredita la existencia de absurdo (conf. doctr. C. 101.304, "V., C.", sent. de 23-XII-2009; C. 100.587, "G., M. C.", sent. de 4-II-2009; C. 108.474, "C., M. D.", sent. de 6-X-2010), extremo que no se advierte configurado en la especie.

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C. 126.124, “M.L. Y OTRO”, RESOL. DEL 11-XI-2022

  • “… el interés superior de L. R., A. R. y A. P. se materializa en la necesidad de resguardo de sus derechos fundamentales, en especial a vivir y desarrollarse en una familia que les procure cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, ocupando el factor tiempo un papel fundamental en este tipo de procesos pues el excesivo y continuo trabajo en la elaboración de estrategias para revertir las circunstancias que dieran origen a la medida de excepción va siempre en detrimento de los derechos fundamentales de los niños (conf. doct. art. 594, CCCN). Máxime cuando los niños han sido escuchados, habiendo expresado su deseo de ser adoptados (v. acta del 20-XII-2021 que en copia se adjunta a los presentes), y cuando en autos no existe la posibilidad de que puedan revertirse las circunstancias fácticas dadas en un futuro inmediato. Esto es así en atención a la gravedad de los hechos que han sido expuestos y denunciados en autos, que han conducido a que en la actualidad ambos recurrentes se encuentren condenados a veinticinco años de prisión por resultar autores penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo por tratarse de los progenitores de los niños, corrupción de menores agravada también por ser los progenitores de los niños y lesiones leves (v. documental adjunta el 12-VII-2022).

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NOCIÓN DE INTERSECCIONALIDAD Y ALGO MÁS…

  • Respecto de la ley 26.485 sostuvo “… Bajo este paradigma y a la luz de la gravedad de los hechos acontecidos en autos, no se advierte a simple vista vulneración de tal normativa a su respecto como tampoco que la recurrente haya logrado comprobar infringidas las normativas contenidas en los documentos normativos señalados”
  • Sin embargo, podría destacarse en autos la trascendencia de la idea de la interseccionalidad que tiene nacimiento en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, precisamente en el principio de igualdad y no discriminación, y persigue la defensa de los derechos humanos colocando a las personas en igualdad real de oportunidades pero reconociendo que, en muchas ocasiones, una persona puede verse atravesada por diferentes categorías protegidas o, desde otra óptica, enfrentar múltiples formas de discriminación que no requieren un tratamiento aislado sino la comprensión de la intersección y de que su combinación da lugar a nuevas formas de discriminación mucho más gravosas y específicas (Corte IDH, caso "González Lluy y otrs. v. Ecuador", sent. de 1-IX-2015, párr. 290).
  • En autos, tanto L. R. como A. P., son mujeres y niñas, y la mirada con perspectiva de género que impone la 26.485 analizada desde un punto de vista transversal e interseccional en razón de las mayores vulnerabilidades que detentan por su corta edad, sumado a los graves padecimientos ya sufridos, exigen una respuesta inmediata por parte de la jurisdicción dirigida a lograr una inmediata reparación, procurando con ello cubrir el mayor apoyo que estas niñas necesitan para impulsar sus proyectos de vida de cara al futuro (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y concs. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, "Convención de Belem do Pará"; 594, 595 y concs. Cód. Civ. y Com.; 1, 2, 3, 5, 7, 16 y concs. ley 26.485) (C. 126.124, "CARATULA", resol. de 10-XI-2022)

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EL FORMATO PROCESAL DEL CERTIORARI COMO FORMA DE RESGUARDAR EL ISN

  • Recientemente se ha podido observar –en diferentes casos- que la Suprema Corte ha profundizado la utilización del formato procesal del certiorari.
  • Puntualmente, en materia de Derecho de las Familias, lo ha ligado al interés superior del NNA.
  • Ello ha sucedido en supuestos, como el mencionado, donde -según sus características- el IS en el caso en concreto exigía una respuesta inmediata de parte de la jurisdicción, siendo este formato el que aporta la mayor celeridad posible a la resolución del caso.

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3. C. 125.580, “F.M.C.R.”, RESOL. DEL 22-X-2022

  • En el marco de una restitución internacional solicitada por la madre desde Málaga, España, y frente la confirmación de restitución, el progenitor articuló RIL.
  • La causa encerró como particularidad que la niña fue separada de su padre y se encontraba al cuidado de sus abuelos, y si bien se encontraba en buenas condiciones, los informes técnicos daban cuenta que no era el ambiente más propicio para su desarrollo en plenitud. Puntualmente se señaló que estar con los abuelos calmó la situación de ansiedad padecida al estar con su progenitor, pero no repara. Siendo necesario que se produzca el reencuentro con su madre lo antes posible y que su crecimiento continúe bajo los cuidados de su madre.

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C. 125.580, “F.M.C.R.”, RESOL. DEL 22-X-2022

  • Refiriéndose al IS en el caso en concreto se dijo: “… en el caso particular de autos, se materializa en la necesidad de retornar con su mamá, a su domicilio en Málaga, España, retomando con ello el colegio, el contacto con sus amistades y la cotidianidad que le fue sustraída al momento de producirse el traslado ilícito a nuestro país (conf. arts. 3 y 5, CH1980). Y, asimismo, ponderando lo que dimana de los informes técnicos que dan cuenta acerca del estado emocional y espiritual de S., su superior interés exige, además, que la respuesta se obtenga con la mayor premura posible (art. 3, CDN)

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4. C. 124.137, “O.”, RESOL. DEL 11-XII-2020

  • Contra el pronunciamiento de la Cámara, el niño R. L. O. O., con el patrocinio de la abogada del niño, quien invocó el art. 48 del CPCC, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que denegado por extemporáneo motivó la presentación de una queja ante la Corte.
  • La Abogada del Niño esgrimió que en virtud de las medidas decretadas por el Gobierno Nacional de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio se encontraba obstaculizado el contacto físico con su patrocinado. En el contexto reseñado, teniendo en consideración que las normas que rigen el procedimiento de familia deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia y que resulta imperativa la adopción de soluciones adecuadas a la finalidad de la tutela que se persigue (art. 706, Cód. Civ. y Com.), excepcionalmente y a fin de resguardar en debida forma los derechos en juego en esta causa corresponde intimar a la abogada Laura Taffetani, a acompañar copia digitalizada del escrito donde obre la ratificación, con la firma ológrafa del patrocinado, de lo actuado por dicha letrada en representación del niño R. L. O. O. en el término de dos (2) días y bajo apercibimiento -si no se esgrimen razones atendibles- de hacer efectivo el apercibimiento previsto en el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial (arg. arts. 34 inc. 5, apdo. "b" y 118, inc. 3, CPCC; arg. art. 1 apdo. 3.b.3, Resol. Pte. 10/20; art. 5, Resol. SCBA 558/20 y art. 7, Resol. SCBA 565/20).

PESE A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA PRESENTACION DEL REMEDIO INCOADO, EN VIRTUD DE LOS PRINCIPIOS QUE RODEAN A LOS PROCESOS DE FAMILIA Y ENCONTRÁNDOSE DERECHOS DE FUNDAMENTALES DE UN NIÑO INVOLUCRADO, SE ADMITE EL RECURSO PARA SU TRATAMIENTO

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SINTETIZANDO

La Suprema Corte no sólo brinda una respuesta formal sino que, en atención a principios como el de oficiosidad, brinda una respuesta mayor. Esto guarda coherencia con la finalidad trifásica que posee, donde no solo persigue el control del cumplimiento del derecho (función nomofiláctica) o la uniformidad de la jurisprudencia (función uniformadora), sino que también busca la justicia del caso (función dikelógica).

La Corte cumple funciones jurisdiccionales en las cuales deja entrever que impera una visión constitucional-convencional que impulsa cierto grado de oficiosidad cuando lo que está en juego son derechos humanos fundamentales

(SCBA en causas C. 125.467 "S. F. E. y otros s. Abrigo", resol. del 23-V-2022; C. 124.306 "G. M. A. s. Abrigo -expediente digital-”, resol. de 24-V-2022; C. 125.395 "D. S. M. s. Abrigo”, resol. de 24-V-2022; C. 125.956 "N. F. A. s. Abrigo", resol. de 19-XII-2022; C. 125.957 "N. K. M. s. Abrigo", resol. de 19-XII-2022; e. t.).

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PROCEDENCIA

Sentencias definitivas

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1. COMPENSACIÓN ECONÓMICA. PERSPECTIVA DE GÉNERO�C. 124.589, “M.L.F.”, SENT. DEL 21-III-2022

  • La señora M., previo a las presentes actuaciones, el día 29 de junio de 2017 inició la causa “M. L. F. c. C. M. Materia a categorizar” en la cual solicitó se declare la existencia de la unión convivencial con el señor C. por el plazo de ocho años y hasta el mes de enero de 2017, aclarando que realizaba dicho pedido con la pretensión de reclamar la compensación económica.
  • Concluido dicho trámite y habiendo obtenido resultado positivo, introdujo la demanda de compensación económica en las presentes actuaciones.
  • En oportunidad de su responde, el accionado planteó como defensa la caducidad de la acción, pues la misma no fue iniciada dentro de los seis meses posteriores a la ruptura tal como indica la norma vigente. Por el contrario, a sabiendas que iba a iniciar la compensación económica, la actora se limitó a iniciar un incidente de fijación de fecha de cese de unión convivencial sin incoar la correspondiente demanda de compensación económica, debiendo haber sido ese el momento procesal oportuno toda vez que se encontraba dentro de los seis meses posteriores a la ruptura.
  • El Juzgado de Familia N° 1 del Departamento Judicial Junín resolvió rechazar el planteo de caducidad opuesto por el demandado con sustento en que la fecha de quiebre de la unión convivencial resultó ser dudosa y requirió ser probada judicialmente, no pudiendo comenzarse a computar el plazo con anterioridad a dicha acreditación.

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  • Apelada la decisión, el Tribunal de Alzada destacó que el proceso iniciado dentro de los seis meses de la ruptura de la pareja, destinado a constatar la existencia de la unión convivencial y su ruptura, no tuvo como misión el reclamo de la compensación económica y que la mera exteriorización en la demanda de hacerlo con posterioridad es insuficiente para eludir la caducidad. Señaló, además, que no se necesita de un proceso autónomo de averiguación de la existencia y quiebre de la unión convivencial, de modo que no suspende o interrumpe el plazo de caducidad. De esta manera, revocó la decisión e hizo lugar a la caducidad planteada por el apelante.
  • Contra dicha forma de decidir se alzó la interesada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

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¿QUÉ DIJO LA SUPREMA CORTE?

  • Comenzó analizando el instituto de la compensación económica y en base a ello sostuvo que se trata de un derecho esencialmente disponible para las partes, no pudiendo el juez fijarla si nadie la solicitó. “De allí que, inclusive, las partes puedan renunciar al reclamo o al cobro de la compensación fijada. Renuncia que puede ser expresa o tácita, al dejar transcurrir el tiempo del plazo de caducidad previsto por la ley sin efectuar el reclamo”.
  • Sin embargo, señaló que en el caso en estudio se da una situación muy peculiar, pues la recurrente, dentro del plazo de caducidad fijado por la ley, introdujo un incidente con el fin ulterior de perseguir la compensación económica.

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Un apego estricto al artículo 525 del Código Civil y Comercial generaría una injusticia y un perjuicio irreparable, en especial su derecho de acceder a la jurisdicción. Las circunstancias especiales de la situación de autos “… invitan a matizar las normas que entran en juego pues, en definitiva, es función jurisdiccional efectuar una revisión de la renuncia tácita que aquí pretende hacer valer el accionado sobre el derecho al reclamo de la compensación económica…”.

Si bien resulta ser cierto que la actora debió haber iniciado directamente el proceso de compensación económica también es cierto que la disponibilidad y caducidad refieren al ejercicio efectivo del derecho; y de las constancias del expediente se desprende que la actora inició el reclamó de compensación económica, así lo expuso en las actuaciones conexas, simplemente que se creyó en la necesidad de, previamente, determinar la fecha de existencia de la unión convivencial y su ruptura.

En consonancia con ello, la recurrente no puede verse perjudicada por estrategias jurídicas fallidas en la instancia ordinaria frente a la tramitación de un proceso incidental al cual nunca se le debió haber dado curso. Lo importante es la voluntad real de la interesada y ello surge de la presentación efectuada el 29 de junio de 2017, reclamar la compensación económica.

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Finalmente, agregó que no puede obviarse la ley 26.485 y el paradigma que trae consigo bajado del orden convencional, la Convención de Belém do Pará. La normativa señalada impone la obligación de juzgar con perspectiva de género que, en el caso particular, se traduce en “… evitar que a través de un rigor formal que se desentienda de los hechos que componen la realidad, se genere inconscientemente una discriminación en el acceso a la justicia de la recurrente para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando de este modo la igualdad efectiva de condiciones”

“… resolver con perspectiva de género no implica limitarse a la aplicación neutral de las normas internas vigentes sino de hacerlo a la luz de la Constitución y de las convenciones, observándose la realidad en concreto y situándola en el contexto en que se desarrolla, para generar una tutela efectiva; proceder que omitió desplegar la Cámara (…) hubo falta de aplicación de perspectiva de género respecto de una mujer que debió llevar ante la justicia el reclamo del período de duración de la unión convivencial porque se lo desconocían, situación que por sí sola da cuenta de un desequilibrio entre las partes; pero también existió una conducta contraria a tal perspectiva en tanto la Cámara agravó la situación al dictar la caducidad de su acción más allá de que en reiteradas oportunidades se le había contestado, ante su solicitud y su aportación de prueba, que debía esperar el momento procesal oportuno.”

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2. CUIDADO PERSONAL�C. 123.064, “A.C.S.A.E.”, SENT. DEL 30-VIII-2021

  • Se iniciaron las actuaciones con la demanda incidental entablada por el señor S.E.A.C. quien solicitó la -antes denominada- tenencia definitiva de sus hijos F.G.A. y Y.E.A., la cual venía ejerciendo de manera provisoria. Allí sostuvo que la progenitora no cumplía con las condiciones mínimas para el ejercicio del rol materno, en tanto él se encontraba en mejores condiciones para el cuidado y contención de sus hijos.
  • Corrido el pertinente traslado se presentó a contestarla el doctor Pujol en carácter de gestor procesal de la progenitora, en tanto la señora R.E.G. por ese entonces se encontraba privada de su libertad en el marco de la causa a su nombre por “abandono de persona, calificado”. En dicha presentación sostuvo que la señora G. no desatendió a sus hijos, ofreciendo como prueba el trámite administrativo encarado por el organismo de niñez y, asimismo, el sobreseimiento dictado en la causa penal.
  • Finalmente, luego de haber mantenido entrevista con los niños -quienes para ese entonces contaban con 7 y 6 años-, en donde frente a la Asesora de Incapaces, una perito psicóloga y otra trabajadora social, expresaron su deseo de vivir con su madre, el juez interviniente dictó sentencia rechazando la demanda interpuesta y ordenó un cuidado personal compartido bajo la modalidad indistinta con residencia principal en el domicilio materno.

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  • A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Bahía Blanca revocó la sentencia otorgando el cuidado personal unilateral de los niños en cabeza de su progenitor, y ordenó se fije en la instancia de origen un régimen de comunicación en favor de la progenitora.
  • Contra dicho pronunciamiento se alzó la señora R.E.G. mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denunció inobservancia y errónea aplicación de los arts. 75 inc. 22° de la Constitución nacional; 12 puntos 1 y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 3, 24, 27 y cctes. de la ley 26.061; 639 inc. c, 651, 653, 656, 707 y 1.777 del Código Civil y Comercial; y 384, 474 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, denunció absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba e infracción de la doctrina legal.

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¿QUE DIJO LA SUPREMA CORTE?

  • El ordenamiento jurídico le otorga preferencia al cuidado personal compartido en su modalidad indistinta estableciendo como regla para el juez que solo es posible dejar de lado este principio por razones debidamente fundadas. “…Como ha señalado Herrera, la reforma privilegia el cuidado compartido en la modalidad indistinta, al ser considerado el sistema que mejor asegura el derecho a ´mantener relaciones personales y contacto directo de ambos padres de modo regular´ en igualdad (arts. 9 y 18 CDN); y respeta así el principio de coparentalidad (Herrera Marisa, "Comentario a los arts. 594 a 723 del Código Civil y Comercial de la Nación"; en Lorenzetti, Ricardo [Director]; Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Tomo IV, arts. 594 a 723, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 343; C. 121.543, "G. P. J. c. D., M. Régimen de visitas", sent. de 19-XII-2018) […] la opción del cuidado personal unilateral siempre queda relegada a la hipótesis residual y excepcional de que no sea factible el cuidado compartido en ninguna de las alternativas señaladas, o que este resulte perjudicial para el hijo (arg. arts. 651, 652 y 653, Cód. Civ. y Com.), debiendo ponderar el juez para su fijación las pautas que enumera el art. 653 de la ley civil (prioridad al progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular con el otro; la edad del hijo; la opinión de este; el mantenimiento de la situación existente y respeto del centro de vida del menor)

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En esta línea de razonamiento, se destaca que el pronunciamiento recurrido no exhibe ponderación alguna respecto de aquella manifestación de voluntad de los niños, lo cual importa una infracción a lo normado en los arts. 639, 653, 707 y cctes. del Código Civil y Comercial y 3, 24, 27 y cctes. de la ley 26.061. Y, asimismo, que se apoyó en informes técnicos desactualizados.

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Hizo hincapié en los informes recabados en la instancia extraordinaria como medidas de mejor proveer entre los que se destacan las conclusiones de la perito psicóloga.

  1. Respecto del señor S. A. se dijo que ha facilitado el contacto entre sus hijos y su progenitora, respetando sus deseos. Pudiéndose inferir que tal conducta está también asociada a la necesidad de distribuir responsabilidades con la señora G. y alivianar las propias.
  2. Con relación a la señora G. se concluyó que sostiene su deseo de que sus hijos vivan en su domicilio y que no se infiere la existencia de marcadas perturbaciones en el vínculo materno-filial. Sin embargo, dimana de su discurso que “… hubo cierto corrimiento en las tareas o responsabilidades atinentes a la función materna, tanto en lo económico como en una participación activa en la rutina de los niños, por ejemplo, al no asistir al acto de egreso de F. La responsabilidad la deposita de forma plena en el Sr. A. (…) Presenta cierta pasividad en su función materna mientras los hijos permanecen con su progenitor, asociada a la escasa resonancia emocional, mientras que en la breve convivencia con sus hijos ha podido responder a los requerimientos y necesidades de estos. Focaliza su discurso en el conflicto con el Sr. A., no en su deseo de que sus hijos convivan con ella y la repercusión que esto tendría en ellos y la dinámica familiar

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Respecto de los niños surge: “De los dichos de Y. se desprende que desea continuar viviendo con su papá y la pareja de éste, lo fundamenta en que es el lugar en el que ha transcurrido su niñez (…) se desprende de los dichos de los niños que existe un buen vínculo tanto con la madre y su pareja como con el padre, hablando de forma afectuosa de sus hermanitos maternos y paternos. Se infiere que el conflicto estaría dado sólo en relación a la pareja paterna y F.”.

Se estimó prudente priorizar la opinión de los niños más cercana en el tiempo. De este modo, la revocación de la decisión recurrida se ajusta a las opiniones expresadas por los niños y en atención a que en las constancias de la causa no se observan motivos válidos para justificar el apartamiento de la preferencia legal sentada para el establecimiento del cuidado compartido en la modalidad indistinta.

En este sentido, se fijó el cuidado personal compartido en su modalidad indistinta con la residencia principal de los niños en el hogar paterno, debiendo establecerse en la instancia de origen un amplio régimen de comunicación en favor de la madre, acorde a las posibilidades del grupo familiar

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EN SIMILAR SENTIDO SE RESOLVIÓ LA CAUSA C. 122.501, “R.V.S.”, SENT. DEL 2-X-2020

  • Allí se dejo establecido que: “… el Código Civil y Comercial ha introducido importantes modificaciones en materia del cuidado personal de los hijos incorporando la modalidad compartida indistinta como principio que solo puede ser dejado de lado frente a la existencia de causas que lo justifiquen…”.
  • La idea que subyace en esta temática es la necesidad de que los hijos mantengan un contacto fluido y constante con ambos progenitores, motivo por el cual el eje es elegir los modelos que permitan alcanzar este objetivo.
  • En este sentido, se puntualizó que “… en ocasiones, como sucede en el presente, la distancia ocasiona un obstáculo más a los ya existentes en la expareja para lograr una vinculación armónica, pero lejos de optar por una forma tradicional debe estimularse el pensar en las mejores alternativas para el fortalecimiento de los vínculos paterno filiales…”
  • La SCBA fijó el cuidado personal compartido en su modalidad alternada

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3. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA�C.122.930, “C.M.E.”, SENT. DEL 8-V-2019

M.H.T. promovió formal demanda de determinación de la capacidad jurídica de su hija M.E.A.C. pretendiendo, asimismo, se le designe curadora definitiva de la misma.

En la demanda expresa que su hija padece de mielomeningocele permanente que la torna incapaz para desarrollarse plenamente, encontrándose imposibilitada física y psíquicamente.

El Juzgado de Familia n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la pretensión de la actora, declarando la incapacidad de la causante y nombrándola curadora definitiva de su hija. La sentencia fue apelada por la Defensora Oficial Titular de la U.F.D. n° 14 especializada en Salud Mental.

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  • La Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó la sentencia de primera instancia. Debido a ello, la Defensora Oficial, en su carácter de abogada de la causante, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando la infracción a los artículos 32 y 38 del CCCN, la ley Nacional de Salud Mental, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

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¿QUÉ DIJO LA SUPREMA CORTE?

  • La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene como propósito “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Asimismo, señala como principio rector “el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas”.
  • El nuevo modelo social de la discapacidad en torno a tal corpus iuris normativo internacional reafirma el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida. Y se establece que “…los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y la preferencia de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de la autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas (art. 12)”.

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  • El Código Civil y Comercial de la Nación sigue estos lineamientos trazados por cuanto establece como excepcionalísima la alternativa de declarar la incapacidad de una persona, que únicamente podrá tener lugar cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyo resulte ineficaz (cfr. Art. 32 CCyC). Circunstancia que no se ve patentizada en autos.
  • De las actuaciones dimana que la causante no se encuentra absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y/o de expresar su voluntad. Para reforzar esta tesitura se puntualiza en dos cuestiones trascendentales: por un lado, que del informe de los peritos actuantes se desprende que la señorita M.E.C. se ha expresado con palabras y éstas fueron perfectamente comprendidas pues han sido explicitadas en el informe. Y, por el otro, que tampoco se evidencia que el sistema de apoyos haya resultado ineficaz.

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No se encuentran dados los presupuestos exigidos por el art. 32 del CCCN que habilitan la excepcional declaración de incapacidad de una persona.

Por lo tanto, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, se revoca el fallo impugnado y se devuelven las actuaciones a la instancia de origen para que se dicte un nuevo pronunciamiento que disponga una restricción de la capacidad jurídica adecuada en función de las necesidades actuales de protección jurídica que requiere M.E.A.C., especificando las funciones y actos que se limitan, estableciendo el sistema de apoyos y salvaguardias que resulte necesario, con indicación de las personas intervinientes y modalidad de su actuación especificando funciones con ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la causante.

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CONCLUSIONES

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A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA MATERIA DE DERECHO DE LAS FAMILIAS…

  1. Se evidencia una elongación mayor respecto a la función dikelógica de la Suprema Corte
  2. Ello guarda coherencia con los avances y reformas legislativas acontecidas en los últimos años
  3. Está en consonancia con los principios procesales que imperan en la materia y que refuerzan la idea de un activismo jurisdiccional mayor
  4. Forma y fondo van de la mano
  5. El principio dispositivo clásico se fue deformando con los años porque su apego irrestricto obtura la tutela judicial efectiva

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CONTINUAMOS…

  • 6. El principio dispositivo se ve reconfigurado y coexiste hoy con otros principios como el de oficiosidad, generando una armonía con una mirada constitucional-convencional
  • 7. Hay una necesidad de contar con un ejercicio de la actividad jurisdiccional acorde a esta nueva exégesis introducida en el derecho contemporáneo
  • 8. Nociones como flexibilidad y oficiosidad aparecen, las cuales no deben confundirse con liviandad que implique un mayor gobierno de los jueces y de las juezas en el Estado de derecho; sino que, por el contrario, están obligados a la debida motivación de sus decisiones y a explicar el porqué del apartamiento o del refuerzo de una determinada norma procesal

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PUNTUALMENTE EN LA SUPREMA CORTE

  1. Existe una puja invisible y permanente por equilibrar su función trifásica y evitar, a partir de las nociones explicitadas, recaer en una tercer instancia
  2. Debido a ello se mantienen limitaciones claras las cuales han sido sorteadas solo en casos excepcionales

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MUCHAS GRACIAS