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Alertas necesarias para garantizar el principio de participación efectiva en la JEP

De la entrega de armas de las FARC a la reactivación del conflicto armado en doce áreas geográficas de Colombia:

Giovanni Álvarez Santoyo

Director de la Unidad de Investigación y Acusación

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¿Retornando al pasado? - El declive de la seguridad en 2021

El 2021 marcó un punto de inflexión en materia de seguridad y orden público, si se tiene en cuenta que, con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz:

Fue el año donde más combates hubo entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales

Fue el año donde más hostigamientos perpetraron las disidencias de las FARC y el ELN en contra de miembros de la Fuerza Pública.

Fue el año donde más casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes se registraron

Fue el año donde más masacres se registraron

Fue el año donde más desplazamientos forzados masivos se registraron (más de 50 personas o 15 veredas)

Fue el año donde más confinamientos de comunidades se registraron

Fue el año donde más ataques contra infraestructura productiva se registraron (voladuras de oleoductos, torres de energía, líneas de transporte, etc.)

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Evolución de indicadores de violencia organizada en Colombia de 2017 a 2021

Fuente: Unidad de Investigación y Acusación

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Ante el deterioro grave de la seguridad en 2021, vale la pena preguntarse, si desde el punto de vista jurídico y científico, ¿existe una situación de conflicto armado en Colombia?

El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, y el artículo 1 del Protocolo adicional II de 1977, establecen dos criterios para evaluar la existencia de un conflicto armado de índole no internacional (CANI):

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El umbral de hostilidades o el nivel mínimo de intensidad en las confrontaciones armadas

La organización suficiente de los grupos armados que participan en las hostilidades

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Criterio sobre “umbral de hostilidades” o “nivel mínimo de intensidad”

La Universidad de Uppsala propone un criterio numérico de medición: 25 muertes al año asociadas a enfrentamientos armados, con un porcentaje mínimo del 5% de muertes por cada uno de los bandos enfrentados (Lacina & Gleditsch, 2004).

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia en la condena de primera instancia contra Tadic, y en el caso Boskoski y Tarculovski, establece como criterios: el aumento de los combates, la alta frecuencia de los combates y la dispersión geográfica de los ataques armados.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) establece como criterio la existencia de “enfrentamientos armados prolongados” entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados al interior de un Estado (Vité, 2009)

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Criterio sobre “la organización suficiente de los grupos armados que enfrentan al Estado”

El CICR lo mide con la existencia de: una jerarquía de mando, el control de partes del territorio y la capacidad bélica (Vité, 2009)

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia en la condena de primera instancia contra Tadic, y en el caso Boskoski y Tarculovski, establece como criterios: la existencia de una estructura de comando y control, la capacidad para desplegar ataques armados de forma sostenida, y la capacidad para coordinar comunicaciones externas.

La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-291 de 2007, establece como criterios auxiliares: la existencia de corredores estratégicos, la existencia de sistemas de apoyo logístico, tales como sistemas de comunicación e inteligencia, la existencia de sistemas de entrenamiento, etc.

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El caso colombiano: de la dejación de armas de las FARC-EP a la reactivación del conflicto armado interno (2021-2022)

En doce zonas del país, el umbral de hostilidades y el nivel de organización suficiente de los grupos armados ilegales, sobrepasan los estándares internacionales de medición de un conflicto armado interno

Zonas afectadas por el conflicto armado

  1. Andén pacífico nariñense y sur del Cauca
  2. Catatumbo
  3. Caguán, Yarí, Ariari y Bajo Putumayo
  4. Sabana y piedemonte araucano
  5. Nordeste antioqueño y Bajo Cauca
  6. Urabá antioqueño y sur de Córdoba (alto y bajo Sinú)

  1. Montes de María
  2. Sur de Bolívar
  3. Occidente antioqueño
  4. Sur del Chocó y bajo Calima
  5. Medio y bajo Atrato
  6. Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca

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EL CASO COLOMBIANO EN 2021

En 2021, se registraron 329 muertes violentas ocasionadas en el marco del conflicto armado (muertes ocurridas en desarrollo de las hostilidades), de las cuales, las víctimas mortales eran:

24 civiles

89 miembros de Fuerza Pública (21 de Policía, 64 del Ejército Nacional y 4 de la Armada)

192 integrantes de grupos armados ilegales (63 del Clan del Golfo, 14 del ELN y 115 de las disidencias de las FARC-EP bajo coordinación de alias Gentil Duarte y alias Iván Mordisco).

Nota metodológica: las hostilidades se midieron con los siguientes indicadores: combates, hostigamientos y emboscadas.

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EL CASO COLOMBIANO EN 2021

Existen tres grupos armados ilegales con una “organización suficiente” según el DIH:

El Ejército de Liberación Nacional

Disidencias guerrilleras coordinadas por Gentil Duarte y alias Iván Mordisco

Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo

  • Presencia en 294 municipios
  • Seis frentes de guerra y 47 frentes o comisiones
  • Presencia en 245 municipios
  • Cuatro frentes regionales y 24 frentes locales.
  • Presencia en 133 municipios
  • Dos comandos coordinados y 28 frentes y/o columnas móviles

Observación: Tal como lo planteó el Comité Internacional de la Cruz Roja (6 de diciembre de 2018): “La motivación del grupo armado en cuestión es irrelevante a la hora de establecer si existe un conflicto armado o no. Que un grupo se enfrente al Estado por razones políticas, étnicas,, económicas o religiosas o incluso una mezcla de varios de estos factores no afecta la aplicación del DIH

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Importancia de medir las infracciones graves al DIH

Es importante resaltar, que la Unidad de Investigación y Acusación no busca hacer calificaciones jurídicas-penales sobre las conductas cometidas por actores que regular o eventualmente participan en el conflicto armado. Por consiguiente, se utilizará un lenguaje condicional, que tiene el propósito exclusivo de cuantificar los daños a la población civil y reafirmar su condición de especial protección jurídica, como mecanismo de prevención.

Reafirma la necesidad de una protección jurídica de los civiles que habitan en zonas de conflicto, especialmente, porque en la mayoría de estos lugares residen comparecientes, víctimas acreditadas en los siete macro casos abiertos y organizaciones sociales que han presentado informes ante la JEP

Permite enviar un mensaje contundente a los grupos armados organizados al margen de la ley, en cuanto se resalta que estarían cometiendo crímenes que podrían considerarse en el futuro como no amnistiables por el código penal colombiano y/o el derecho internacional humanitario

Permite estimar la probabilidad de ocurrencia de crisis humanitarias en diferentes regiones del país, lo que genera insumos de información necesarios para activar las respuestas institucionales

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Ante la existencia de un conflicto armado interno en doce áreas geográficas del país, la Unidad de Investigación y Acusación consideró necesario incluir dentro del mecanismo de monitoreo de riesgos, una medición de los hechos que puedan ser indicativos de infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario . Las razones para desarrollar estas actividades de análisis son múltiples:

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Medición de presuntas infracciones graves al DIH

Categoría de análisis

Variables

Indicadores

Principio del DIH vulnerado

Infracciones por utilización de medios y métodos ilícitos de guerra

Utilización de armamento prohibido por el DIH

Uso de armas que contengan veneno y gas

Principios de precaución y proporcionalidad

Uso de armas que tengan balas explosivas

Uso de minas antipersonal

Uso de armas con efectos indiscriminados (por ejemplo, artefactos explosivos que no puedan dirigirse contra un objetivo específico y cuyos efectos no sea posible limitar)

Afectaciones a la población civil causadas por ataques a objetivos militares

Número de civiles asesinados por causa o con ocasión al despliegue de una acción militar

Principio de distinción

Número de civiles con heridas graves por causa o con ocasión al despliegue de una acción militar

Destrucción de infraestructura productiva

Infracciones por la vulneración de principios de humanidad y dignidad

Toma de rehenes (secuestro)

Número de personas secuestradas

Principio de distinción

Desplazamiento forzado masivo

Número de familias o veredas desplazadas forzadamente

Actos indicativos de terrorismo

Número de amenazas o actos violentos cuya finalidad sea atemorizar a la población civil o una parte de ella

Tortura

Número de personas que le generan sufrimientos físicos o psíquicos con la finalidad de extraer información, confesión o dar castigo ejemplarizante

Destrucción del medio ambiente natural

Número de voladuras a oleoductos, torres eléctricas, etc. Que provocan daños duraderos y graves al medio ambiente

Homicidio intencional

Número de asesinatos selectivos

Reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes

Número de menores de edad vinculados forzosamente a actividades relacionadas con el conflicto armado o las economías criminales

Confinamiento de poblaciones

Número de casos donde poblaciones tienen restricciones severas para la movilidad como causa del uso de la violencia o la amenaza de su uso

Masacres de civiles

Número de casos donde se registran tres o más asesinatos simultáneos o con elementos comunes de espacio y tiempo

Desaparición forzada de civiles

Número de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado

Fuente: Elaboración del equipo de prevención de la Unidad de Investigación y Acusación

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Hallazgos del mecanismo de monitoreo de riesgos

  1. Durante el 2021, el Clan del Golfo o AGC cometió 157 posibles infracciones al DIH de las cuales el 6% fueron por utilización de medios y métodos ilícitos de guerra y el 94% por la vulneración de principios de humanidad y dignidad, siendo las conductas más frecuentes los homicidios selectivos, desplazamientos forzados masivos, y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.

  • Durante 2021, las disidencias de las FARC-EP coordinadas por alias Gentil Duarte cometieron 149 posibles infracciones al DIH de las cuales el 22% fueron por utilización de medios y métodos ilícitos de guerra y el 78% por la vulneración de principios de humanidad y dignidad como amenazas que generan terror en la población civil, homicidios selectivos, reclutamiento forzado de menores de edad y desplazamiento forzado masivo.

  • Durante el 2021, el ELN cometió 123 posibles infracciones al DIH de las cuales el 21% fueron por utilización de medios y métodos ilícitos de guerra y el 79% por la vulneración de principios de humanidad y dignidad como el secuestro (toma de rehenes), el homicidio, el desplazamiento forzado masivo, la afectación por minas antipersonal y la destrucción del medio ambiente natural.

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Hechos indicativos de graves infracciones al DIH por utilización de medios y métodos ilícitos de guerra

Grupo armado organizado al margen de la ley

Número de ataques armados (combates, hostigamientos, emboscadas y ataques a infraestructura productiva)

Número de presuntas infracciones al DIH cometidas durante el ataque armado

Porcentaje de hechos indicativos de graves infracciones al DIH

Clan del Golfo o AGC

76

9

12%

Disidencias de las FARC-EP coordinadas por alias Gentil Duarte

119

33

28%

Ejército de Liberación Nacional

88

26

30%

Total

283

68

24%

  • Una tercera parte de los ataques armados desplegados por el ELN, podrían constituir graves infracciones al DIH
  • La mayoría de las infracciones graves al DIH se cometen por el uso de armas prohibidas (artefactos explosivos que impiden dirigirse a un objetivo específico)
  • 1 de cada 7 hostigamientos desplegados por las disidencias de las FARC-EP en 2021 dejaron por lo menos un civil herido
  • 1 de cada 6 emboscadas desplegadas por las disidencias de las FARC-EP en 2021 dejaron por lo menos un civil herido

Fuente: Elaboración del equipo de prevención de la Unidad de Investigación y Acusación

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