SÍ AL DERECHO HUMANO AL AGUA, NO A SU MERCANTILIZACIÓN

Las y los abajo firmantes, profesionales, académicos/as, investigadores/as, docentes, especialistas en gestión del agua, organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, militantes ambientales, ecologistas, entre otros, manifestamos nuestro enérgico rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 493/2025 y al Decreto N° 494/2025, recientemente dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante los cuales se modifican las condiciones regulatorias del servicio público de agua potable y desagües cloacales prestado por AYSA para permitir el ingreso de capitales privados a la empresa y se inicia el procedimiento de privatización total de AYSA. Previamente, en 2024, la Ley N° 27.742 (Ley Bases) incluyó a AYSA dentro de las empresas sujetas a privatización.

La provisión de agua potable no puede, bajo ningún aspecto, ser tratada como una mercancía. Es un derecho humano esencial, reconocido por la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, numerosos tratados internacionales, en fallos de la Corte Suprema y nuestra Carta Magna. Como tal, debe garantizarse bajo principios de acceso universal, equidad, asequibilidad, continuidad y calidad, en el marco de una gestión pública, transparente y participativa.

El nuevo marco regulatorio permite cortar el suministro de agua por falta de pago, una medida que es inconstitucional, inhumana e inaceptable, y que viola los compromisos internacionales de derechos humanos que nuestro país ha firmado. El acceso mínimo al agua potable no puede ser condicionado al pago: su restricción debe contemplar umbrales de garantía vital conforme a los estándares internacionales adoptados por la Nación y jerarquizados constitucionalmente.

Advertimos además que la utilización del mecanismo excepcional de un decreto de necesidad y urgencia (donde no se observa una “necesidad” ni una “urgencia” en la medida tomada), y sin debate parlamentario ni participación ciudadana en un tema de esta magnitud, lesiona gravemente el principio republicano de división de poderes. Además, vacía de contenido la democracia representativa y viola la democracia participativa ambiental reconocida en el Acuerdo de Escazú. La modificación de un régimen que afecta la vida, la salud y la dignidad de millones de personas no debe realizarse sin un amplio debate social, científico y legislativo.

Estos decretos pretenden avanzar con una lógica de mercado en la prestación de un servicio público que debe estar regido por el principio de interés común y desde la perspectiva de los derechos humanos. La experiencia internacional y la propia historia argentina en los años ‘90 nos muestran que la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento ha significado:
– Incrementos tarifarios desproporcionados;
– Deterioro del acceso en sectores vulnerables;
– Conflictos contractuales crónicos;
– 12 años en un juicio internacional en el CIADI y 405 millones de dólares perdidos en indemnizaciones en dicho arbitraje (que significó casi la mitad de los montos pagados por la recuperación de la gestión pública en el sector);
– Y finalmente, la reestatización forzada debido al fracaso del modelo.

El caso de AGUAS ARGENTINAS S.A. es emblemático: fue la privatización más grande del mundo en el sector y, luego de años de incumplimientos y desinversiones, el Estado debió recuperar el control del servicio para asegurar el acceso a millones de habitantes, tras haberse puesto en peligro la salud de la población por una distribución de agua con altos niveles de nitrato y arsénico por encima de los aceptables, especialmente en la Zona Sur del AMBA.

Por todo ello, exigimos:

- La inmediata derogación del DNU N° 493/2025 o su rechazo por el Congreso;
- La derogación de las normas que autorizan la privatización de AYSA.
- El resguardo del carácter público y no mercantil del agua.
- El respeto al derecho humano al agua potable y al saneamiento, consagrado en el derecho internacional y en la Constitución Nacional.

El agua no es una mercancía, es vida. No se vende, no se corta, no se privatiza, no se negocia.

Convocamos a todas las personas, organizaciones sociales, ambientales, académicas y de derechos humanos a adherir a esta declaración y a sostener con firmeza la defensa del agua como bien común.

ADHESIONES

Verónica Cáceres - Dra. en Ciencias Sociales. Docente e Investigadora CONICET/Gioja-UNGS-UNLU
Guillermo Celaya -Investigador Magister en Gestión del Agua. Docente e investigador.
Javier Echaide - Dr. en Derecho. Investigador CONICET/Gioja-UBA
María Eva Koutsovitis - Docente Investigadora Facultad de Ingeniería UBA.  Ingeniera Civil fundadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria.
Melina Tobías - Dra en Ciencias Sociales. Investigadora CONICET/ IIGG-UBA
José María Regueira - Ingeniero Civil. Profesor Titular UTN - FRBA
Leonardo Fernández - Dr. en Ciencias Sociales. Investigador Docente UNGS
Karina Forcinito - Investigadora y docente (UNGS/UNLU/UBA)
Jonatan Baldiviezo - Abogado Ambientalista. Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad
Federico Cabaleiro- Abogado fundador de Naturaleza de Derechos.
Francisco Cruz Toledo - Ingeniero Civil (UBA) - Esp. Ing. Sanitaria (UBA)
Clara Minaverry- Dra. en Derecho, Investigadora CONICET y Profesora en UNLU
Juan Pablo Bohoslavsky- Dr. En Derecho. Investigador (CONICET-UNRN)
Clara Zuñiga - Mg., Arq. Docente UBA FSOC, becaria CESE EIDAES UNSAM.
Lucas Daniel Iramain- Docente en UBA e investigador (EIDAES-UNSAM y CEHEAL-UBA)         
Aníbal Ignacio Faccendini- Dr. en Ciencias Sociales y Jurídicas. Director de la Cátedra del Agua y el Centro Interdisciplinario del Agua de la UNR
Sergio Agoff. Magister en Administración Pública. Docente e Investigador (ICO-UNGS)
Viviana Colella- Dra en Urbanismo. Investigadora y docente (UNGS)
Valeria Serafinoff. Dra en Ciencias Políticas. Investigadora y docente  (ICO-UNGS)
Mariano Ferro- Dr en Derecho. Investigador. INEDES (CONICET)
Armando Fastman- Economista (UNLU)
Mariana Hirsch- Docente e Investigadora  (UNLu-UBA)
Andrea Catenazzi- Dra. en Urbanismo. (ICO - UNGS)
Diana Maffia- Asociación Civil Tierra Violeta
Martin Schorr- Dr. en Ciencias Sociales. Investigador (CONICET-UNSAM)
Maristella Svampa- Investigadora Superior del CONICET (CeDinCI)
Marian Sola Alvarez- Dra. en Ciencias Sociales, Investigadora docente UNGS
Leopoldo Blugerman- PhD (University of Hull), Investigador docente (IDEI-UNGS).
Cristina Gutiérrez Diprospero- Economista. UNLU   
Juan Pablo Olsson- Sociólogo Ambientalista. Magister en Gestión del Agua - UBA.                   
Gastón Celaya- Docente e Investigador (UNLu-UBA).   
Ezequiel Volpe- Abogado, docente e investigador.     
Marcos Ezequiel Filardi- Abogado de Derechos Humanos