CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES, ESPECIALIDAD DE PSICOLOGÍA (GRUPO A - SUBGRUPO A1), TURNO LIBRE Preguntas 151-200

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Según el artículo 2 de la Ley 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula la atención temprana en Canarias, se define como “Diagnóstico etiológico”:

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Aquel que informa sobre las causas de los trastornos funcionales, del síndrome identificado o entidad patológica. Delimitar la etiología precisará en la mayoría de los casos de exámenes complementarios y la intervención de diferentes especialistas.

Aquel informe que está constituido por un conjunto de signos y síntomas que definen una entidad patológica determinada. Permite conocer las estructuras neurológicas, psíquicas o sensoriales responsables del trastorno y orienta hacia su etiología.

Aquel informe que mide la determinación cualitativa de los trastornos y disfunciones. Es la información básica para comprender la problemática del menor, considerando sus capacidades, su familia y su entorno. Es imprescindible para elaborar los objetivos y las estrategias de intervención.

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De conformidad con la Ley 12/2019, de 25 de abril, ¿qué es la atención sociofamiliar?

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Aquella destinada a la familia de forma individual o en grupo para responder a necesidades generales detectadas en el proceso de evaluación del menor y su entorno familiar, a posteriori.

Aquella destinada a la familia de forma individual o en grupo para responder a necesidades más específicas detectadas en el proceso de evaluación previa del menor y su entorno familiar.

Aquella destinada al menor, y en coordinación, con la familia y tutores.

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Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, en relación con los derechos de las personas menores de edad:

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Tendrán derecho a recibir la atención integral necesaria para el desarrollo de su identidad y su bienestar en el contexto familiar y social.

Tendrán derecho a recibir la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto familiar y social.

Tendrán derecho a recibir la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto intrafamiliar, así como escolar.

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Los interesados tienen derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernen:

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Cuando sean tratados conforme al consentimiento expreso prestado, pero estén incompletos.

Cuando su tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

Cuando los datos hayan sido tratados ilícitamente.

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Conforme el artículo 26 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, en relación con el ingreso en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta:

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Podrán ser ingresados en estos centros los menores que presenten enfermedades o trastornos mentales que requieran un tratamiento específico, siempre que sea sufragado por la Seguridad Social, por parte de los servicios competentes en materia de salud mental o de atención a las personas con discapacidad.

Si razones de urgencia, convenientemente motivadas, hicieren necesaria la inmediata adopción del ingreso, la Entidad Pública o el Ministerio Fiscal podrá acordarlo previamente a la autorización judicial, debiendo comunicarlo al Juzgado competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de cuarenta y ochos horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación del mismo para lo que deberá aportar la información de que disponga y justificante del ingreso inmediato.

Para el ingreso de un menor en estos centros será necesario que la Entidad Pública o el Ministerio Fiscal recaben previamente la correspondiente autorización judicial.

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A los efectos de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, se entiende por violencia:

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Aquellas omisiones que privan a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, y en algunas ocasiones, tratos negligentes y acciones, probadas bajo juramento, que amenazan o interfieren su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluidas las realizadas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital.

Toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital.

Solamente aquellas acciones que privan a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenazan o interfieren su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluidas las realizadas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital.

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Según el artículo 12 de la Ley 12/2019, de 25 de abril, ¿qué disciplinas conforman el equipo básico de las unidades de atención temprana?

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Psicología forense/pedagogía/psicopedagogía, logopedia, psicomotricidad, terapia ocupacional, trabajo social y personal de administración.

Psicología clínica/pedagogía/psicopedagogía, logopedia, psicomotricidad, terapia ocupacional, fisioterapia, educación social y personal de administración.

Psicología clínica/pedagogía/psicopedagogía, logopedia, psicomotricidad, terapia ocupacional, fisioterapia, trabajo social y personal de administración.

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Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, introdujo en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, un capítulo dedicado a los “Centros de protección específicos de menores con problemas de conducta” que regula las medidas de contención en su artículo 28, en relación a las cuales señale la opción verdadera:

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La contención física solo podrá consistir en la interposición entre el menor y la persona o el objeto que se encuentra en peligro, la restricción física de espacios y movimientos y, si la situación lo requiere, la inmovilización física.

El personal de los centros únicamente podrá utilizar medidas de contención física o mecánica, previo intento de contención verbal y emocional, sin uso de la fuerza física, si la situación lo permite.

Las medidas de contención podrán ser de tipo escrito y psicológico de tipo físico y de tipo mecánico, en atención a las circunstancias en presencia.

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¿Qué artículo del Estatuto de Autonomía de Canarias recoge los derechos de las personas menores de edad?

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Artículo 13.

Artículo 12.

Artículo 14.

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Son funciones encomendadas al Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección, entre otras, alguna de las siguientes:

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Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.

Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones privadas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales no competentes, debiendo informar a las autoridades si se valora necesario.

Establecer una figura invisible o de pasar desapercibido ante los alumnos y alumnas, para su actuación libre, ante el personal del centro educativo y, en general, ante la comunidad educativa, para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.

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Según dispone la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores, estarán exentos de responsabilidad penal aquellos que tengan una edad inferior a:

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14 años, en todo caso.

14 años, en función de la infracción.

16 años, en todo caso.

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Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio los equipos de intervención de los servicios sociales que trabajen en el ámbito de la violencia sobre las personas menores de edad, deberán estar constituidos, preferentemente, por:

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Profesionales de la terapia ocupacional, de la psicología y del trabajo social, y cuando sea necesario de la abogacía, especializados en casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia.

Profesionales de la educación social, el trabajo ocupacional y del trabajo social, y cuando sea necesario de la abogacía y de la psicología, especializados en casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia.

Profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo social, y cuando sea necesario de la abogacía, especializados en casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia.

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Señale la opción incorrecta de acuerdo con el artículo 46 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, en lo que respecta al diagnóstico y control de contenidos:

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Las administraciones públicas, en colaboración con el sector privado y el tercer sector, fomentarán los contenidos positivos en línea y el desarrollo de contenidos adaptados a las necesidades de los diferentes grupos de edad.

Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán realizar periódicamente diagnósticos, sin tener en cuenta criterios de edad y género, sobre el uso seguro de Internet entre los niños, niñas y adolescentes y las problemáticas de riesgo asociadas, así como de las nuevas tendencias.

Las administraciones públicas trabajarán para conseguir que en los envases de los instrumentos de las nuevas tecnologías deba figurar un aviso mediante el que se advierta de la necesidad de un uso responsable de estas tecnologías para prevenir conductas adictivas específicas.

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Señale la opción incorrecta en relación al Plan Integral de Atención Temprana:

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Dicho plan tendrá un marco temporal de seis años.

El plan se elaborará como un instrumento participativo y público, con intervención de los agentes sociales afectados.

El Gobierno de Canarias, a propuesta de la consejería competente en materia de sanidad, aprobará un Plan Integral de Atención Temprana.

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De acuerdo con el artículo 40 Decreto 40/2000, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros de atención a menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, cuál de las siguientes no es una función del psicólogo o psicóloga del centro de atención a menores:

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Evaluación y valoración de la problemática global del menor, haciendo especial referencia a la situación familiar.

Verificación y evaluación de la situación y problemática sociofamiliar del menor.

Preparación y formación del menor para su adaptación a la medida de amparo que se vaya a adoptar.

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Según el artículo 147 del Estatuto de Autonomía de Canarias, la competencia de menores:

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Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de protección de menores que incluye, en todo caso, la regulación del régimen de protección y de las instituciones públicas de protección y tutela de los menores desamparados, en situación de riesgo y de los menores infractores, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y penal.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo en materia de protección de menores que incluye, en todo caso, la regulación del régimen de protección y de las instituciones públicas de protección y tutela de los menores desamparados, en situación de riesgo y de los menores infractores, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y penal.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de ejecución en materia de protección de menores que incluye, en todo caso, la regulación del régimen de protección y de las instituciones públicas de protección y tutela de los menores desamparados, en situación de riesgo y de los menores infractores, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y penal.

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De acuerdo con el Decreto 36/2002, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros para la ejecución de medidas de internamiento de menores y jóvenes infractores dictadas por los Juzgados de Menores, la actividad de estos centros tiene como objetivo fundamental:

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La integración y la reinserción social de los menores y jóvenes sometidos a medidas privativas de libertad o medidas cautelares de internamiento.

La enseñanza y la educación en valores para los menores y jóvenes sometidos a medidas privativas de libertad o medidas cautelares de internamiento.

El castigo de los menores y jóvenes sometidos a medidas privativas de libertad o medidas cautelares de internamiento.

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Según el Decreto 40/2000, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros de atención a menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, se definen como centros de carácter preventivo:

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Son los que atienden a menores en grave riesgo o cualquier otra causa que exija una intervención inmediata, o cuya tutela o guarda haya sido asumida por la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia. Se clasifican en centros de acogida inmediata y centros de menores.

Son los destinados a evitar posibles situaciones de riesgo o desamparo, así como a corregir las carencias que dificultan el desarrollo normal de los menores en dicha situación, y se clasifican en centros de día y centros de acogida temporal a menores-familias monoparentales.

Son los que atienden a menores de siete años que impliquen una intervención inmediata, o cuya tutela o guarda haya sido asumida por los servicios sociales municipales. Se clasifican en centros de día y centros de menores.

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El artículo 18 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral de los Menores, establece que serán obligaciones de los centros y servicios sanitarios:

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El personal de los centros y servicios sanitarios deberá comunicar de inmediato a los órganos y servicios municipales y autonómicos competentes los hechos que puedan suponer la existencia de situaciones de riesgo o desamparo de los menores. Su incumplimiento estará considerado falta disciplinaria grave.

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El artículo 27 de la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores establece que durante la instrucción de un expediente de responsabilidad contra un menor:

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El Ministerio Fiscal requerirá del equipo técnico, que a estos efectos dependerá funcionalmente de aquél sea cual fuere su dependencia orgánica, la elaboración de un informe o actualización de los anteriormente emitidos, que deberá serle entregado en el plazo máximo de quince días, prorrogable por un período no superior a un meses en casos de gran complejidad, sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas previstas en la presente Ley.

El Ministerio Fiscal requerirá del equipo técnico, que a estos efectos dependerá funcionalmente de aquél sea cual fuere su dependencia orgánica, la elaboración de un informe o actualización de los anteriormente emitidos, que deberá serle entregado en el plazo máximo de diez días, prorrogable por un período no superior a un meses en casos de gran complejidad, sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas previstas en la presente Ley.

El Ministerio Fiscal requerirá del equipo técnico, que a estos efectos dependerá funcionalmente de aquél sea cual fuere su dependencia orgánica, la elaboración de un informe o actualización de los anteriormente emitidos, que deberá serle entregado en el plazo máximo de veinte días, prorrogable por un período no superior a un mes en casos de gran complejidad, sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas previstas en la presente Ley.

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El concepto de interés superior del menor, tal y como establece el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señale la opción verdadera:

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Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, siempre que tengan menos de 12 años en caso de delito.

Los menores de 15 años tienen derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, siempre que tengan menos de 6 años.

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De acuerdo con el artículo 14.1 Decreto 40/2000, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros de atención a menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, la capacidad máxima de menores en los centros de acogida inmediata será de:

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El número máximo de menores que se pueden acoger en este tipo de centros será el de cuarenta, salvo que se trate de grupos de hermanos o hermanas, en cuyo caso la Dirección General competente en materia de infancia y familia podrá acordar sobrepasar dicha capacidad.

El número máximo de menores que se pueden acoger en este tipo de centros será el de veinte, salvo que se trate de grupos de hermanos o hermanas, en cuyo caso la Dirección General competente en materia de infancia y familia podrá acordar sobrepasar dicha capacidad.

El número máximo de menores que se pueden acoger en este tipo de centros será el de treinta, salvo que se trate de grupos de hermanos o hermanas, en cuyo caso la Dirección General competente en materia de infancia y familia podrá acordar sobrepasar dicha capacidad.

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Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, en relación con los derechos de las personas menores de edad:

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Primará el interés y beneficios de las personas menores, en coordinación con los de la familia, en la aplicación e interpretación de normas, políticas y todo tipo de medidas orientadas a las mismas.

Primará el interés y beneficios de las personas menores de 12 años, en coordinación con los de sus progenitores o tutores, en la aplicación e interpretación de normas, políticas y todo tipo de medidas orientadas a las mismas.

Primará el interés y beneficios de las personas menores, independientemente de los de la familia, en la aplicación e interpretación de normas, políticas y todo tipo de medidas orientadas a las mismas.

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De conformidad con el artículo 9 de la Ley 12/2019, de 25 de abril, ¿qué servicios son competentes en el conjunto de actuaciones de atención temprana?

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Los servicios competentes en el conjunto de actuaciones en atención temprana son prioritariamente administraciones públicas, políticas sociales y educación, siendo imprescindible la colaboración y coordinación entre ellos.

Los servicios competentes en el conjunto de actuaciones en atención temprana son prioritariamente salud, políticas sociales y educación, siendo imprescindible la colaboración y coordinación entre ellos.

Los servicios competentes en el conjunto de actuaciones en atención temprana son prioritariamente salud, políticas sociales y emergencias, siendo imprescindible la colaboración y coordinación entre ellos.

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De acuerdo con el Decreto 36/2002, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros para la ejecución de medidas de internamiento de menores y jóvenes infractores dictadas por los Juzgados de Menores, en relación al “Programa Individual de Intervención”:

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Será elaborado por el Director o el Responsable Coordinador en el plazo máximo de un mes desde el ingreso del menor o joven.

Su objeto será establecer un programa de intervención individualizado, y será remitido al Juzgado de Menores y a la Dirección General competente en materia de reforma de menores.

En caso de no estar conforme, se podrá solicitar a los técnicos del Servicio Canario de Salud un estudio complementario, previa autorización del médico psiquiatra titular.

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Se considerará situación de desamparo de un menor:

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La que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos en exclusiva por la mujer gestante, por consumo abusivo o trastorno mental, que pudiera perjudicar la vida del menor. En esta situación el menor necesitaría asistencia moral, física y psicológica.

La que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

Aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor de edad se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar.

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Cuál de los siguientes principios rectores de actuación administrativa no está recogido en la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores:

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Promoción económica y afectiva para superación de trabas que impidan su realización completa.

Respeto a los derechos individuales y colectivos que tienen reconocidos por la Constitución, los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Estado español, y cualquier otro reconocido en la normativa vigente.

Prevalencia del interés de los menores sobre cualquier otro concurrente.

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Según establece el artículo 22 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, las administraciones públicas promoverán, en el ámbito de sus competencias, campañas y acciones concretas de información evaluables y basadas en la evidencia, destinadas a concienciar a la sociedad acerca del derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir un buen trato. Estas campañas se realizarán de modo:

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Privado, diferenciado por niveles.

Accesible, diferenciando por tramos de tiempo.

Accesible, diferenciando por tramos de edad.

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Las disposiciones de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, persiguen los siguientes fines:

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Reforzar el ejercicio físico de los niños como una variable para ayudarles en sus actividades básicas diarias.

Garantizar la atención a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en cualquier situación.

Establecer medidas de prevención efectivas frente a la violencia sobre la infancia y la adolescencia, mediante una información adecuada a los niños, niñas y adolescentes, la especialización y la mejora de la práctica profesional en los distintos ámbitos de intervención, el acompañamiento de las familias, dotándolas de herramientas de parentalidad positiva, y el refuerzo de la participación de las personas menores de edad.

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De conformidad con el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia, frente a la violencia, ésta tiene por objeto:

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Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad.

Garantizar exclusivamente los derechos fundamentales de las niñas a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad.

Garantizar exclusivamente los derechos fundamentales de los niños y adolescentes hasta los 11 años, a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad.

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¿Tienen los menores derechos a la libertad ideológica, de conformidad con el artículo 6 de la LO 1/1996, de Protección Jurídica del Menor?

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Sí, el menor tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión. Su ejercicio tendrá únicamente las limitaciones prescritas por la ley y el respecto a los derechos y libertades fundamentales. En cualquier caso, los padres podrán oponerse si consideran que no debe ejercerlo.

No, por ser menores de edad, la ley lo prohíbe expresamente.

Sí, el ejercicio de los derechos dimanantes de esta libertad tiene únicamente las limitaciones prescritas por la Ley y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los demás. Los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar para que el menor ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral.

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Según el artículo 2 de la Ley 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula la atención temprana en Canarias, se define como “Atención Temprana”:

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Al conjunto de intervenciones dirigidas a los menores, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y las niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del menor, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar.

Al conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 8 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y las niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del menor, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar.

Al conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y las niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del menor, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar.

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De acuerdo con el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/1996, ¿además de con sus familiares, pueden comunicarse con el exterior los menores ingresados en centros?

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Sí, los menores ingresados en los centros tendrán derecho a remitir quejas de forma confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y al Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonómicas homólogas. Este derecho podrá ser restringido por mal comportamiento y procedimientos disciplinarios, previa audiencia de los progenitores si los hubiera.

Sí, pues las comunicaciones con otras personas allegadas estarán permitidas, pero no pueden ser secretas por riesgo de fuga del menor. El Director del centro, en interés del menor, de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje, podrá intervenir llamadas o correspondencia sin autorización judicial previa.

Sí, los menores ingresados en los centros tendrán derecho a remitir quejas de forma confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y al Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonómicas homólogas. Este derecho no podrá ser restringido por la aplicación de medidas disciplinarias.

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Señale la opción incorrecta en relación con el deber de comunicación a las autoridades de una situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad:

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Los niños, niñas y adolescentes que fueran víctimas de violencia o presenciaran alguna situación de violencia sobre otra persona menor de edad, podrán comunicarlo, personalmente, o a través de sus representantes legales.

Los niños, niñas y adolescentes que fueran víctimas de violencia o presenciaran alguna situación de violencia sobre otra persona menor de edad, deberán comunicarlo personalmente a las autoridades.

Es especialmente exigible al personal cualificado de los centros sanitarios, de los centros escolares, de los centros de deporte y ocio, de los centros de protección a la infancia y de responsabilidad penal de menores y centros de acogida de asilo y atención humanitaria.

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A la situación en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor de edad se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar, se considerará:

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Situación de desprotección.

Situación de desamparo.

Situación de riesgo.

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Señale la opción incorrecta en relación a los criterios generales a los que hace referencia el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:

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La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.

El reversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.

La edad y madurez del menor.

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De conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor, si en el transcurso de la instrucción que realice el Ministerio Fiscal quedara suficientemente acreditado que el menor se encuentra en situación de enajenación mental o en cualquiera otra de las circunstancias previstas en los apartados 1.º, 2.º ó 3.º del artículo 20 del Código Penal vigente:

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Se adoptarán las medidas cautelares precisas para la protección y custodia del menor conforme a los preceptos civiles aplicables, instando en su caso las actuaciones para la incapacitación del menor y la constitución de los organismos tutelares conforme a derecho, sin perjuicio todo ello de concluir la instrucción y de efectuar las alegaciones previstas en esta Ley conforme a lo que establecen sus artículos 5.2 y 9, y de solicitar, por los trámites de la misma, en su caso, alguna medida terapéutica adecuada al interés del menor de entre las previstas en esta Ley.

Se adoptarán las medidas cautelares precisas para la protección y custodia del menor conforme a los preceptos civiles aplicables, instando en su caso las actuaciones para la incapacitación del menor y la constitución de los organismos tutelares conforme a derecho. La incapacitación llevará consigo el archivo de la instrucción, sin perjuicio de alegaciones y audiencia conforme a la ley vigente conforme a lo que establecen sus artículos 5.2 y 9, y de solicitar, por los trámites de la misma, en su caso, alguna medida de intervención en centros adecuada al interés del menor de entre las previstas en esta Ley.

Se instará de manera inmediata a la incapacitación del menor, oídos los tutores y los Servicios Sociales, sin perjuicio todo ello de concluir la instrucción y de efectuar las alegaciones previstas en esta Ley conforme a lo que establecen sus artículos 5.2 y 9, y de solicitar, por los trámites de la misma, en su caso, alguna medida terapéutica adecuada al interés del menor de entre las previstas en esta Ley.

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Podemos entender por “buen trato”, a los efectos de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, aquel que, respetando los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, promueve activamente los principios de:

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Respeto propio, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a desigual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes.

Respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes.

Respeto mutuo, indignidad del ser humano, convivencia democrática, solución intransigente de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes.

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¿Cuál de los siguientes indicadores, no es un indicador de riesgo de situación en que puede encontrarse el menor de los recogidos en el artículo 17 de la LO 1/1996, de Protección Jurídica del Menor?

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La falta de asistencia a clase escolar o consultas psicológica por dos veces seguidas.

La evolución negativa de los programas de intervención seguidos con la familia y la obstrucción a su desarrollo o puesta en marcha.

La falta de atención física o psíquica del niño, niña o adolescente por parte de los progenitores, o por las personas que ejerzan la tutela, guarda, o acogimiento, que comporte un perjuicio leve para la salud física o emocional del niño, niña o adolescente cuando se estime, por la naturaleza o por la repetición de los episodios, la posibilidad de su persistencia o el agravamiento de sus efectos.

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¿Cuál de los siguientes no es un objetivo específico de la atención temprana, según la Ley 12/2019, de 25 de abril?

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Desarrollar e impulsar cursos de promoción de la vida personal de los adolescentes en la prestación del servicio de atención temprana.

Garantizar que cada menor cuente con una atención individualizada e integral.

Considerar al niño y a la niña como sujeto activo de la intervención.

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Según el artículo 26 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, las administraciones públicas deberán proporcionar a las familias el apoyo necesario para prevenir desde la primera infancia factores de riesgo y fortalecer los factores de protección, así como apoyar la labor educativa y protectora con medidas que deberán estar enfocadas a:

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Establecer un programa de formación educativa en la línea con la actividad docente clásica del artículo 27 de la Constitución, aprobado por profesorado y profesionales del magisterio.

Adoptar programas dirigidos a la promoción de formas positivas de aprendizaje, así como a erradicar el castigo con violencia física o psicológica en el ámbito familiar.

Crear los servicios no esenciales de información y apoyo profesional a los niños, niñas y adolescentes a fin de que no tengan la capacidad necesaria para detectar precozmente y rechazar cualquier forma de violencia, con especial atención a los problemas de las niñas y adolescentes que por género y edad sean víctimas de cualquier tipo de discriminación directa o indirecta.

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De acuerdo con el Decreto 36/2002, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros para la ejecución de medidas de internamiento de menores y jóvenes infractores dictadas por los Juzgados de Menores, señale cuál de los siguientes no es un programa de internamiento:

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Programa de internamiento terapéutico.

Programa de internamiento en régimen semiabierto.

Programa de permanencia fijo discontinuo.

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De conformidad con el artículo 51 Decreto 40/2000, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros de atención a menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, en relación con el Proyecto socioeducativo de los centros de atención a menores:

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Incluye en todo caso, entre otro contenido, los fines y las intenciones educativas de acuerdo con las características del centro.

El proyecto socioeducativo será elaborado por la Administración General del Estado, y supervisado por la Comunidad Autónoma.

El proyecto socioeducativo del centro es el documento que define las notas de identidad de los pacientes en conjunto, formula los objetivos generales que pretende, especifica la metodología del trabajo psicoeducativo, los sistemas psicológicos y de observación que deben adoptarse, la documentación que sea precisa para el seguimiento y evaluación de las intervenciones, y los procedimientos de actuación.

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Respecto de las medidas para facilitar el ejercicio de los derechos, según el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/1996, los menores extranjeros que se encuentren en España:

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Los poderes públicos, en el diseño y elaboración de las políticas públicas, tendrán como objetivo lograr la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad española, mientras permanezcan en el territorio del Estado español, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Los menores extranjeros tendrán derecho a la educación desde primaria hasta la educación secundaria obligatoria. Las etapas de infantil y bachillerato deberán contar con un seguro de sus tutores legales en España.

Cuando una Administración Pública asuma la tutela de un menor extranjero que se encuentre en España, se le facilitará, si no la tuviere, en riguroso orden de expedientes, y junto con la presentación del certificado de tutela, la documentación acreditativa de su situación y la autorización de residencia temporal, que excluye de recibir prestaciones sociales complementarias, no así básicas.

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De acuerdo con el Decreto 36/2002, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros para la ejecución de medidas de internamiento de menores y jóvenes infractores dictadas por los Juzgados de Menores, el equipo técnico multiprofesional estará formado por:

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Técnicos en Derecho, Psicología, Terapia Ocupacional y Educación Social que conformen la plantilla del Centro, pudiendo asistir a sus reuniones el Director del centro.

Técnicos en Seguridad, Psicología, Pedagogía y Trabajo Social que conformen la plantilla del Centro, pudiendo asistir a sus reuniones el Director del centro.

Técnicos en Derecho, Psicología, Pedagogía y Trabajo Social que conformen la plantilla del Centro, pudiendo asistir a sus reuniones el Director del centro.

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De acuerdo con el artículo 49 Decreto 40/2000, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros de atención a menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, regula los servicios que presentan los centros regulados en el Reglamento (salvo los centros de día). Señale cuál de estos servicios no se presta con carácter general:

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Actividades de descanso, ocio y tiempo libre.

Acogimiento y convivencia.

Preparación para pruebas de aptitud con el fin de obtener ayudas sociales para la compra de material educativo.

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¿Qué artículo de la Constitución Española recoge que “Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos?

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Artículo 36.

Artículo 39.

Artículo 38.

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De conformidad con el artículo 54 Decreto 40/2000, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros de atención a menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, ¿pueden salir los menores acogidos?

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No, en ningún caso, pues la evidencia empírica psicosocial pone de manifiesto los perjuicios para esto al retomar contacto con familiares y amigos.

Cuando no sea contrario a sus intereses, los menores acogidos podrán salir con sus padres o familiares durante los fines de semana u otros períodos cuando se autorice expresamente por el órgano administrativo o judicial competente, durante el tiempo y en los términos y condiciones que se determinen en sus resoluciones.

Sí, en cualquier caso. Estos pueden salir, pues la acogida del menor no implica guarda y custodia. Podrán salir con sus padres o tutores cuando así lo soliciten estos y sea autorizado por el director o directora de centro.

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Según el artículo 52 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, responderán solidariamente con el menor de la multa impuesta sus progenitores, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia para prevenir la infracción administrativa que se impute a las personas menores de edad, cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a una persona menor de:

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Catorce años.

Dieciséis años.

Dieciocho años.

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En relación con el aislamiento del menor, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Orgánica 6/1996, señale la opción incorrecta:

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Se aplica como medida disciplinaria en casos en los que exista un comportamiento repetitivo, previo informe psicológico.

El aislamiento no podrá exceder de tres horas consecutivas sin perjuicio del derecho al descanso del menor. Durante el periodo de tiempo en que el menor permanezca en aislamiento estará acompañado presencialmente y de forma continua o supervisado de manera permanente por un educador u otro profesional del equipo educativo o técnico del centro.

El aislamiento provisional de un menor mediante su permanencia en un espacio adecuado del que se impida su salida solo podrá utilizarse en prevención de actos violentos, autolesiones, lesiones a otros menores residentes en el centro, al personal del mismo o a terceros, así como de daños graves a sus instalaciones.

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Respecto al “Plan de Intervención”, contemplado en el artículo 43 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, señale la opción correcta:

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En todos los casos, psicólogos de parte diseñarán y llevarán a cabo un plan de intervención familiar individualizado de forma coordinada y con la participación del resto de ámbitos implicados.

En todos los casos en los que exista riesgo o sospecha de violencia sobre los niños, niñas o adolescentes, los servicios sociales de atención primaria establecerán, de forma coordinada con la entidad pública de protección a la infancia, las vías para apoyar a la familia en el ejercicio positivo de sus funciones parentales de protección.

En aquellas situaciones que se consideren de especial gravedad por la tipología del acto violento, especialmente en los casos de delitos de naturaleza sexual, se requerirá de la intervención de un profesional al finalizar la situación, a modo de evaluación, y si lo solicitan los tutores.

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