Sujetos de la Ley
• Los órganos del Poder Público nacional Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, estadal y municipal así como cualquier figura que ejerza el Poder Público.
• Las empresas, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación en el capital accionario o participación en la formación de las decisiones societarias.
• Los entes privados a los que se les haya entregado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma jurídica, la prestación de un servicio público o la explotación de un dominio público, únicamente en lo relacionado con dichas gestiones o con las acciones o actividades a las que se destinen tales recursos.
• Las personas físicas o jurídicas que hubiesen sido contratadas por el Estado para la prestación de un bien o servicio en todo lo vinculado con el objeto de la contratación.
• Los Organizaciones con fines políticos nacionales o regionales con fines electorales.
• Las personas, órganos y entidades enunciados en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, en la Ley Contra la Corrupción, Ley de Contrataciones Públicas, Ley Orgánica de Bienes Públicos y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
• Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional; Los fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional; Las corporaciones regionales en los que el estado nacional sea parte; El Banco Central de la República Bolivariana de Venezuela, las entidades financieras que se creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del Sector Público nacional; Las comisiones mixtas y las entidades binacionales en las que participe la República. Los representantes, directores y consejeros de estas reparticiones deberán garantizar el efectivo ejercicio del derecho de las personas a solicitar y recibir información pública de las mismas.
• Los Consejos Comunales, las Comunas y todas aquellas organizaciones de carácter comunitario que tengan atribuciones, competencias y poder de decisión sobre asuntos y recursos públicos o de interés público.
• Todas las instituciones, órganos y entidades, personas jurídicas estatales de derecho público o de derecho privado, en las cuales de alguna manera tenga participación el Estado, o de cualquier forma participen en la gestión pública, o reciban y administren fondos públicos.

Artículo 7: En el caso de los funcionarios públicos por elección popular, selección o designación en cargos directivos, de coordinación, o responsables de decisión y ejecución de recursos públicos, su información personal estará expuesta a un mayor escrutinio, y en consecuencia los datos o informaciones sobre sus ingresos, sus actividades, sus relaciones personales, su salud, sus hábitos, serán consideradas de legítimo interés público, en la medida en que se relacionen con el ejercicio y la transparencia de su función pública.

• Información sobre Defensa Nacional motivadamente argumentada que puedan poner en riesgo la seguridad nacional
• Información Relacionada con la Potestad de Control del Estado y la Administración de Justicia:
• Procesos deliberativos de entes públicos.
• Información relacionada con patentes, derechos de autor y secretos comerciales.

Artículo:77  Todo órgano o ente del sector público está obligado a sistematizar la información que posee de forma proactiva para facilitarla en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, filmes, soporte electrónico, digital o vía Web, o en cualquier otro medio o formato, de conformidad con los lineamientos del Archivo General de la Nación y otras disposiciones aplicables