ABUSO PATERNO, SILENCIO SOCIAL. Adhesiones
Adhesiones al comunicado (rellenando el formulario, al final del texto).

ABUSO PATERNO, SILENCIO SOCIAL

Va por delante nuestro apoyo a toda madre que intenta proteger a sus hijas/os del maltrato o abuso sexual infantil, y a toda/o profesional que vela por la salud y por la efectividad de los derechos de la infancia.

Uno de cada cinco menores en nuestro entorno sufren abuso sexual en la infancia según datos de distintos estudios recogidos por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos (ver Campaña Uno de cada Cinco del Consejo de Europa y ¿Se trata realmente de UNO de cada CINCO niños?, FAMPI).

La mayoría de abusadores pertenecen al entorno más cercano: familia (padre, pareja de la madre, hermanos mayores, primos, tíos, abuelos); no son solo amigos, maestros, entrenadores o monitores en el colegio o actividades extraescolares. El agresor suele ser varón y la víctima, con más frecuencia niña que niño.

Los daños y las consecuencias para la salud de las víctimas en la infancia y, posteriormente, en la vida adulta, peores cuanto mayor la duración e intensidad de la victimización, están reconocidos por numerosos estudios. Los indicadores que ayudan a sospechar la agresión sexual son trastornos del ánimo (ansiedad, depresión, miedo, intento de suicidio), trastornos del comportamiento (introversión y tendencia al aislamiento o extroversión, con impulsividad, hiperactividad, agresividad), disminución del rendimiento escolar, pérdida del control de esfínteres, trastornos del sueño (dificultad para conciliar el sueño, pesadillas, terrores nocturnos). A largo plazo, ya de persona adulta, puede sufrir mayor prevalencia de enfermedades como hipertensión arterial, obesidad, diabetes, enfermedades psiquiátricas, drogodependencia, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades cardiovasculares o suicidio.

Las y los profesionales que trabajan con la infancia están obligados a notificar cualquier sospecha de maltrato infantil, incluido el abuso sexual, mediante una Hoja de notificación, que se deriva a distintos organismos según la gravedad de la agresión. Cuando las lesiones físicas no son muy llamativas y las pruebas de cargo son el relato que la niña o niño transmite y las secuelas psíquicas o psicosomáticas del abuso, es mucho más vulnerable; su palabra se enfrenta a la palabra del adulto. Si quien le agrede es su padre, el/la menor queda en la mayor indefensión (la máxima figura social de protección es su agresor). No se respetan los derechos de la infancia (derecho a ser oída/o y escuchada/o, actuación para averiguar la verdad y darle protección en atención a su interés superior) pues con frecuencia las instituciones deciden no escucharles o negar su realidad. No le creen, aplican sus prejuicios mediante fórmulas como el supuesto síndrome de alienación parental –el famoso SAP, paradigma de “ciencia basura”– y sus derivados (alienación parental, interferencias parentales o interparentales).

El SAP es un constructo sin validez científica ideado por Richard Gardner, un defensor de la pedofilia. Consiste en negar la palabra de las víctimas y sacar del foco de examen de la justicia las actuaciones del progenitor rechazado al presumir que el rechazo se debe a la manipulación o lavado de cerebro que realiza el otro progenitor –la madre–, y propone como “solución” al problema la “terapia de la amenaza”: entrega de la custodia del menor al padre rechazado y prohibición de todo contacto con la madre que se presume manipuladora, sin investigación ni prueba. La presunción no admite prueba en contrario -como si de una iuris et de iure se tratase, sin serlo, sin norma que la establezca- pues toda explicación del rechazo se interpreta como “síntoma” del supuesto síndrome).

Así, los procesos judiciales por abuso sexual o maltrato infantil paterno, salvo evidencia inapelable por embarazo o lesiones físicas imposibles de ocultar (pues de las mentales se hace caso omiso) se archivan sistemáticamente, o se absuelve por falta de pruebas debido a la falta de formación y pericia de quienes los deberían investigar y la incapacidad del sistema de escuchar a las víctimas (como denunció el Juez Federal argentino Carlos Rozanski, autor del libro Abuso sexual infantil ¿Denunciar o Silenciar?). Es más y peor que falta de formación o pericia, es deformación: el SAP se enseña en facultades de Psicología y másteres varios como si fuera ciencia, sin serlo. No cabe confundir archivo o absolución con denuncia falsa. En estos casos, los menores se ven obligados a volver a tener contacto con sus agresores, que pueden seguir actuando con impunidad. Así, el sistema protege al padre por encima del “interés superior del menor”, convierte este en humo. Condena al niño o niña víctima al silencio –aprende que no le creen por más que diga o haga–, perpetúa el abuso (y favorece su reproducción intergeneracional), blinda la impunidad del abusador.

Los agresores exculpados del modo expuesto persiguen a la madre que intenta proteger a su hija/o, se organizan, logran el apoyo en su entorno, se amparan en el discurso interesado de las denuncias falsas por abusos y violencia de género (ambos tienen íntima relación) y consiguen que las madres que intentan proteger a sus hijos sean sancionadas, además de con la pérdida de custodia y visitas, mediante multas coercitivas y si, a la desesperada, se niegan a entregar al menor al padre, como probablemente ocurre con las que agrupadas en Infancia Libre, son criminalizadas. Atacan también de forma implacable a las y los profesionales que detectan y notifican la sospecha de casos de maltrato y/o abuso infantil, especialmente a quienes deciden formarse en la materia y, a consecuencia de ello, acaban acercándose al feminismo cuando entienden que este saca de debajo de las alfombras lo que el sistema se empeña en esconder y da la cara para defender a las víctimas.

Cada acción genera su reacción, y el avance del feminismo, movimiento que lucha por la efectividad de los derechos humanos de mujeres y niña/os, provoca una fiera reacción patriarcal. Ahora, con el apoyo de partidos políticos y medios reaccionarios, esta reacción cada vez más organizada se refuerza y quieren convertir en criminales a las madres que contactan con otras en su misma situación, a las/os profesionales que han escrito sobre estas cuestiones o han atendido estos casos y a los colectivos que las apoyan. Saben que el tiempo de la impunidad se debe acabar, que el silencio se ha acabado ya.

La Policía, la Fiscalía y el sistema judicial para evitar su descrédito total deben investigar de una vez las denuncias, cierto, al completo, todas, y cumpliendo con las directrices y exigencias legales e internacionales para la protección de los niños víctimas y testigos de delitos. Ya basta de prejuzgar y archivar, de dilatar los procesos y acabar absolviendo por su incapacidad de escuchar a las víctimas.

Promueve: PLATAFORMA 8M-25N DE GRANADA


[Lee el texto con enlaces aquí:
https://docs.google.com/document/d/12_I7iqcG8dA-UPE7JOOJHqLb6oC1xOtvG7tUojDIMhQ]

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