Petición para disolver el CIIEID (ahora llamado CIRDI)

PETICIÓN PRESENTADA A: La junta administradora de la Universidad de la Columbia Británica (UBC-University of British Columbia) y su Presidente Arvind Gupta, la junta administradora de la Universidad Simon Fraser (SFU-Simon Fraser University) y su Presidente Andrew Petter y la junta administradora de la Escuela Politécnica de Montreal (EPDM-Ecole Polytechnique de Montreal) y su Presidente Ejecutivo Christophe Guy.

OBJETIVO: Instituto Internacional Canadiense para las Industrias Extractivas y el Desarrollo (CIIEID por su nombre en inglés) y ahora el Instituto Internacional Canadiense de Desarrollo de Recursos (CIRDI por su nombre en inglés).

Nosotros y nosotras, abajo firmantes, estudiantes, egresados y egresadas, profesores y profesoras y miembros de la comunidad, estamos preocupados por el CIIEID o CIRDI, un instituto minero establecido por el gobierno canadiense y una coalición entre UBC, SFU y EPDM. Sus oficinas se encuentran en Vancouver, en los territories no-cedidos y ancestrales de los pueblos indígenas de las Primeras Naciones Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh.

Según los documentos fundacionales del CIIEID o CIRDI (el Instituto en adelante), sus objetivos son “mejorar la capacidad de los países en vias de desarrollo de usar y beneficiarse de sus recursos del sector extractivo para estimular el crecimiento económico sostenible y la reducción de la pobreza”. Sin embargo, la intervención canadiense en las políticas de recursos naturales de gobiernos soberanos ha demostrado traer beneficios a las transnacionales canadienses al costo de los derechos humanos (particularmente de pueblos indígenas), procesos de toma de decisiones sobre recursos tanto locales como nacionales y protección del ambiente y del interés público.

El Instituto es una iniciativa problemática por las siguientes razones (más detalles y documentación estan disponibles en http://stoptheinstitute.ca)

1. PÉRDIDA DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA: El Instituto recibe dinero y otro tipo de contribuciones de compañías del sector extractivo y no hay ninguna protección de la influencia que estas contribuciones tendrán sobre la toma de decisiones, actividades, y publicaciones del Instituto. Adicionalmente, el contenido de cualquier publicación debe ser aprobado por
el Departamento de Asuntos Extranjeros, Comercio y Desarrollo. Esto silencia el diálogo y la investigación crítica de los académicos sobre la extracción de recursos naturales.

2. REPRESENTACIÓN SESGADA Y CONFLICTOS DE INTERÉS: Las multinacionales que han sido acusadas de ser cómplices en abuso de derechos humanos, destrucción ambiental y abuso de derechos en la tierra de pueblos indígenas son parte de la estructura de liderazgo del Instituto y su red de “Socios Estratégicos”; por otro lado, comunidades afectadas por la minería y grupos de base críticos de la minería han sido completamente excluidos de dicha estructura. Los documentos fundacionales del Instituto priorizan actividad en regiones con una importante presencia de inversión extractiva canadiense resaltando el conflicto fundamental de interés de este Instituto con su declarada visión de aliviar la pobreza.

3. FALTA DE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA: Recientes incidentes en los sitios de extracción minera canadienses tanto en Canadá como en el extranjero y los conflictos de tierra y soberanía pendientes por resolver entre pueblos indígenas de Canadá y el gobierno canadiense, ponen en duda "el conocimiento experto" canadiense en aspectos técnicos y sociales de la extracción de recursos naturales que el Instituto espera exportar.

4. FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Aunque el Instituto está usando fondos públicos y recursos académicos (incluyendo matrícula estudiantil) y a pesar de varias cartas enviadas por estudiantes a la junta directiva universitaria, no ha habido ninguna respuesta de preguntas sobre su presupuesto, proyectos y las cartas de apoyo de la red de socios.

No queremos que nuestras universidades públicas estén asociadas con una industria que está siendo actualmente rechazada por varias comunidades en Canadá y el mundo a causa de su impacto destructivo en las vidas y territorios de estas comunidades. Un instituto financiado con dinero público que investigue la industria minero-energética solo podría ser apropiado si es completamente independiente de las multinacionales del sector extractivo y sus gremios industriales. No recibiría ningún dinero ni ningún tipo de contribuciones de multinacionales o de grupos que representan dicha industria; así mismo, el Departamento de relaciones exteriores del gobierno federal no tendría ninguna influencia o veto sobre el trabajo de tal instituto.

Un instituto apropiado debería ser responsable a las comunidades impactadas por proyectos extractivos, y enfatizaría sus derechos al consentimiento libre, previo e informado, el cual incluye el derecho de legislar en contra o rechazar cualquier proyecto extractivo. El enfoque apropiado de tal instituto sería la responsabilidad de Canadá en los conflictos sobre extracción de recursos, tanto en Canadá como en el extranjero, y la escasa rendición de cuentas por las multinacionales canadienses acusadas de alguna participación en abusos en el extranjero.

EN RESUMEN, debido a esta falta de libertad de cátedra, falta de imparcialidad, falta de credibilidad y falta de rendición de cuentas, le exigimos a las universidades de esta coalición de disolver el Instituto.

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