En Santa Cruz se dio a lugar al recurso de reposición que presentó el fiscal en la causa de nuestros compañeros procesados Barrionuevo, Valentín y Wasquín en función del pedido de cambio de carátula por “Tentativa de Femicidio” y “Tentativa de Homicidio” para la compañera Ance. 

Rechazamos el cambio de carátula que abre la puerta a la prisión preventiva de 4 luchadores sociales por la movilización del 21 de abril de 2017 frente a la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner. Concretamente la causa ya elevada a juicio por “invasión de domicilio” debía caer por prescripción, pero ahora pasaría a ser tipificada 6 años después y sin ningún elemento nuevo como “intento de femicidio” o “intento de homicidio calificado” constituyendo un ejemplo extremo de la criminalización de la protesta que recorre el país desde Jujuy hasta la Patagonia.

Hay una decisión política de agravar la causa de los compañeros que resulta tan nefasta, como arbitraria.

Se trata de un fallo dividido del Tribunal Oral de Río Gallegos, sometido a una decisión del poder político, ya que es el Fiscal de Estado el que insta la acción, promoviendo que se vuelva a primera instancia y se indague nuevamente a los acusados con el fin de aplicar la prisión preventiva hasta el juicio, como se ha hecho repetidamente en Santa Cruz y en el país.

En el 2017 existía una convulsión social en Santa Cruz, no se cobraban los salarios de manera completa sino en varias cuotas, los jubilados acamparon meses cortando la principal avenida de la ciudad y en los jardines de Casa de Gobierno. Las movilizaciones eran constantes.

El 21 de abril una importante cantidad de manifestantes llegó a la Residencia oficial que está frente a la Casa de Gobierno y el reclamo se mantuvo varias horas hasta que fue reprimido y dispersado por la policía. Los salarios aún no se cobraban y no había aumento para nadie. Alicia y Cristina Kirchner se encontraban en el lugar. Los únicos heridos fueron manifestantes y un periodista por los disparos policiales.

La pretensión actual del cambio de carátula intenta golpear la extensa lucha docente; sumado a ello, el decreto 0695/23 que elimina la Paritaria e impone la condición de pobreza a todos los salarios del sector, por último, una medida cautelar que PROSCRIBE EL DERECHO A HUELGA EN SANTA CRUZ, demuestran el encono que tienen con los educadores.

Rechazamos asimismo la utilización de una conquista del movimiento de mujeres contra el estado patriarcal, como es la figura legal de femicidio, para criminalizar en este caso desde el poder a una protesta social.

Necesitamos la adhesión y solidaridad de todos los trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales y comunidad en general en el pedido de absolución para nuestros compañeros procesados.

Los abajo firmantes reclamamos la absolución de Gabriela Ance, Diego Barrionuevo, Juan Valentín y Claudio Wasquín en Santa Cruz.