Ley 39/2015 075

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Ley 39/2015 075

Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo:

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no superior a 30 días ni inferior a 10

no superior a 20 días ni inferior a 10

no superior a 15 días ni inferior a 10

no superior a 30 días ni inferior a 20

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El Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

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De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones

De los actos administrativos

De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común

De la revisión de los actos en vía administrativa

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De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de las actuaciones:

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Suspenderán la tramitación de procedimiento, salvo la remoción

No suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación

Suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la revocación

No suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la renuncia

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El órgano competente para la resolución del recurso extraordinario de revisión, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el artículo 125.1 o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales, podrá acordar la inadmisión a trámite:

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motivadamente, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma

sin necesidad de motivar, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma

motivadamente, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma

sin necesidad de motivar ni de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma

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Transcurrido el plazo para la interposición del recurso de reposición:

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únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo

únicamente podrá interponerse recurso extraordinario de revisión, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia de alzada

únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión

únicamente podrá interponerse recurso de alzada

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Según lo establecido en el artículo 37 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria:

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Son recurribles

Son nulas

Modifican la resolución reglamentaria

Son preventivas

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Según el artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos administrativos producidos por silencio administrativo:

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Se podrán hacer valer únicamente ante las administraciones públicas

Se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada

Su existencia puede ser acreditada mediante certificado que se expedirá por el órgano competente para resolver en el plazo de 10 días desde que se solicite

Producen efectos desde la fecha en la que se expide el certificado

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El artículo 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señala que, en los procedimientos iniciados de oficio, en los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a la persona interesada:

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Se producirá la caducidad del procedimiento

Se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución

El procedimiento se entenderá desestimado por causas ajenas a la Administración

Una vez iniciado el expediente, no es posible su paralización por la persona interesada

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Según el artículo 6.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los poderes inscritos en los registros generales y particulares de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de:

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Cinco años, a contar desde la fecha de la inscripción

Tres años, a contar desde la fecha de la inscripción

Dos años, a contar desde la fecha de otorgamiento

Tres años, a contar desde la fecha de otorgamiento

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De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 39/2015, serán anulables:

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Los actos de la Administración que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin

Las disposiciones administrativas que vulneren otra disposición de rango superior

Los actos de la Administración que tengan cualquier defecto de forma

Todas las actuaciones administrativas realizadas fuera de tiempo

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