Historia por la verdad, la memoria y la justicia. Ante el 40º aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976
En los últimos meses han proliferado las voces que reclaman poner fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado, que fueron parte de una política genocida destinada a eliminar a opositores y disidentes. Algunas de esas voces provienen de practicantes de la disciplina histórica, y dado que también han surgido discursos que proponen lo mismo desde ambientes gubernamentales, amenazando las políticas de memoria y de justicia, nos hemos impuesto el deber de pronunciarnos. Nuestro oficio nos interpela y quienes firmamos –historiadores e historiadoras que nos desempeñamos en el ámbito académico–, nos vemos ante la obligación de fijar una clara postura en defensa de la rigurosidad y la ética de nuestra disciplina y nuestra profesión.
Las posiciones que desean la absolución de los represores no solo hacen una interpretación del pasado, sino que intentan retrotraer la legislación, la jurisprudencia y el sentido común a las imperantes durante la vigencia de los indultos y las leyes de obediencia debida y punto final. Olvidan que estas disposiciones fueron anuladas por el Congreso y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. Deberían tener en cuenta que se trata de una campaña para restablecer una suerte de nueva ley de punto final, incompatible no solo con esa jurisprudencia sino también con los tratados internacionales que la Argentina ha suscripto con rango constitucional. Además de políticas y de leyes (por cierto disponibles y modificables, en tanto tales), lo que verdaderamente está en juego son los designios de la última dictadura, que condujeron a la utilización del aparato estatal para violar sistemáticamente los derechos humanos.
Quienes comparten las posiciones absolutorias de los represores olvidan las verdaderas causas que demoran la sustanciación de los juicios: las responsabilidades deberían atribuirlas al Poder Judicial, al que tendría que reclamarse por los prófugos imputados de crímenes de lesa humanidad, cuya aprehensión es incumbencia de dicho Poder.
Quienes comparten esas ideas olvidan los centenares de niños apropiados, personas que aún hoy desconocen su verdadera identidad, y eluden reclamar que los particulares y las instituciones que disponen de información sobre esos delitos la proporcionen a la Justicia y a la sociedad. Quienes piden el cese de los juicios olvidan que en muchos casos las precisiones que pueden brindarse en ellos constituye un material fundamental para la búsqueda de los nietos que faltan y para la recuperación de la identidad. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la desaparición forzada y la suplantación de identidad emergente de la apropiación de menores son crímenes aún en proceso.
Quienes comparten esas posiciones evitan señalar que el Poder Judicial todavía tiene pendiente esclarecer lo sucedido con Jorge Julio López y juzgar y condenar a los responsables. Quienes reclaman que se cierre la lista de imputados se olvidan de denunciar las trabas, demoras o directamente la protección que dentro del mismo Poder Judicial han obtenido los represores. Prefieren también extinguir la responsabilidad de los colaboradores civiles del terrorismo de estado.
Aquellos que cuestionan que en los juicios se valoren los testimonios de las víctimas del terrorismo de estado, ignoran los cambios fundamentales de la jurisprudencia en el orden internacional cuando se trata de delitos de lesa humanidad. El testimonio de las víctimas de torturas, violaciones y otros castigos es decisivo en el juzgamiento, y ha sido de ese modo al menos desde el caso Eichman en adelante.
Quienes proponen la exculpación olvidan que se ha ocultado la documentación que serviría como prueba. Y no podemos dejar de expresar nuestra preocupación ante decisiones recientes que apuntan a reforzar esa estrategia de ocultamiento, desarticulando los organismos cuya misión es suministrar, precisamente, documentación e información a la Justicia. Quienes alientan la impunidad se olvidan que todavía esperamos que el gobierno de los Estados Unidos abra por completo sus archivos sobre el terrorismo de estado en la Argentina, así como de una vez por todas, el Vaticano y la Iglesia Católica argentina, pongan a disposición de la justicia y de la investigación histórica toda la documentación e información que poseen. Lo mismo puede plantearse frente a los archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado [SIDE] y de las policías provinciales
Aquellos que reclaman porque la Justicia solo ha atendido a la represión estatal, deberían reconocer que esta ofensiva para terminar con los juicios se produce justamente cuando están pendientes de concluirse –y aun de iniciarse en muchos casos– los que tienen como acusados a los directivos de las empresas argentinas y extranjeras que colaboraron con la dictadura en el terrorismo de estado.
Aquellos que defienden esas posiciones se olvidan que los juicios por los crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el terrorismo de estado, fueron y son una conquista histórica de la sociedad argentina y que esa conquista se debe a la lucha valiente, paciente, creativa y sin claudicaciones de los familiares, los sobrevivientes de la represión y los organismos de derechos humanos. Ha sido esa lucha ejemplar la que ha permitido enriquecer la cultura política de una sociedad arrasada y fragmentada a la que le ofrecieron –y le siguen ofreciendo– una dirección moral. Y los juicios, lejos de haber sido instrumentos de venganza, han constituido herramientas indispensables e insustituibles de verdad, de memoria y de justicia. Los juicios a los responsables y ejecutores de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina, son un aporte decisivo a la humanidad, convirtiéndose en un ejemplo mundial.
Aquellos que comparten las posiciones exculpatorias no deberían olvidar la experiencia histórica de la sociedad argentina desde 1983: en su dificultoso camino por construir una sociedad democrática, cada vez que estos juicios fueron puestos en cuestión y se avanzó contra ellos, se abrieron mayores posibilidades para desarrollar políticas represivas y antipopulares. Por eso consideramos que los discursos, y sobre todo las decisiones, que apuntan a suspenderlos, no solo envilecen el clima político, cultural y moral de nuestra sociedad, sino que suman un obstáculo adicional a las luchas que en el mismo sentido se desarrollan en otros países. No pueden ignorar la experiencia internacional de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, el consenso existente respecto de que se trata de delitos imprescriptibles y de que el procesamiento de los responsables no debe detenerse.
Si estas iniciativas llegasen a tener éxito, se estaría apostando al desconocimiento histórico de nuestro sangriento pasado, es sobre este aspecto clave que deberían reflexionar quienes, reconociéndose historiadores, avalan o comparten esas posiciones. Pues, precisamente, al conocimiento de ese pasado han contribuido, sin duda alguna, los testimonios recogidos en los juicios, e incluso en ellos suenan voces que sostienen distintas versiones de lo ocurrido; allí se generan testimonios que no son fruto de una sola perspectiva y resultan, todos ellos, insumos imprescindibles para la investigación histórica. Nosotros, en cambio, no solo sostenemos la necesidad de continuar con los juicios, sino la de abrir archivos que permanecen cerrados, algunos de ellos ya mencionados.
El próximo 24 de marzo, como en cada aniversario, la sociedad argentina demostrará su compromiso inquebrantable con la memoria, la verdad y la justicia. Sin embargo, esta no será una conmemoración más. Como hace veinte años, cuando la masiva movilización popular logró comenzar a romper el cerco de las políticas de impunidad y de olvido y a crear las condiciones históricas para anular la legislación oprobiosa que las amparaba, en este 24 de marzo es imprescindible que esa misma sociedad se manifieste en defensa de sus mejores tradiciones y levante una barrera contra los renovados intentos de ocultamiento e impunidad.
Como intelectuales dedicados a la práctica de la historia sabemos de los múltiples usos políticos del pasado, y también que la disputa por el sentido de toda conmemoración es parte ineludible de la contienda política. Pero no nos toca solo indagar y comprender los hechos de la historia. El debate abierto en la actualidad nos incumbe directamente. Por eso es preciso que tomemos parte activa en la acción colectiva y defendamos el derecho de nuestra sociedad a conocer su pasado, si es que deseamos preservar la dignidad y la ética de nuestra profesión


Luciano Alonso (UNL)
María Elena Barral CONICET-Instituto Ravignani-UBA/UNLu
Dora Barrancos (UBA/CONICET)
Dario Barriera (CEHISO-UNR // ISHIR-CONICET, Rosario)
Maria Elida Blasco (CONICET/ Ravignani)
Lucía Brienza (UNR)
Elisa Caselli (CONICET / CESIL (UNL)
Alejandro Cattaruzza (UBA/CONICET)
Gabriel Di Meglio (UBA/CONICET)
Raul Fradkin (UBA/UNLu)
Juan Carlos Garavaglia (CONICET / CESIL (UNL), Argentina; EHESS, Francia)
Jorge Gelman (Instituto Ravignani/CONICET/UBA)
Daniel Lvovich (UNGS-CONICET)
Silvia Ratto (UNQ/CONICET)
Daniel Santilli (Instituto Ravignani/UBA)

Adhesiones:
Susana Bandieri (CONICET-UNCo.)
Donna Guy (Ohio University)
Manuel Ortiz Heras (Facultad de Humanidades UCLM. Albacete)
Marco Palacios, (El Colegio de México.)
Jorge Pinto Rodríguez (Universidad de La Frontera, Temuco)
Clara E. Lida (El Colegio de México.)
Sergio Grez Toso, Universidad de Chile
Gerardo Caetano (Udelar, Montevideo)
Peter Winn. Historiador. (Tufts University, EEUU)
Antonio Colomer Viadel, (Universidad Politecnica de Valencia)}
Robinson Silva Hidalgo. (Universidad Austral de Chile-Valdivia)
Juan Marchena, (Universidad Pablo Olavide, Sevilla)
Roland Pfefferkorn, (Université de Strasbourg)
Josep Fontana (Universitat Pempue Fabra, Barcelona)
John Womack, Jr., (Harvard University)
Consuelo Figueroa, (Universidad Diego Portales)
Guillermo Mira, (Universidad de Salamanca)
Tzvi Tal. (Sapir College)
Patrick Puigmal, (Universidad de Los Lagos, Osorno)
David Jorge (Instituto de Investigaciones Históricas UNAM)
Pedro Bravo-Elizondo, (W.S.U. Wichita, Kansas)
Ana Buriano Castro. (Instituto Mora. México)
Pablo Artaza Barrios, (Universidad de Chile)
Raymond Craib. (Depto. de Historia. Universidad de Cornell. E.E.U.U.)
Andreu Espasa, (Universidad Nacional Autónoma de México)
Benedetta Calandra (Universitá di Bergamo)
Pablo Yankelevich (UNAM, COLMEX)
Miguel Ángel Puig-Samper, (Instituto de Historia del CSIC. Madrid)
Luis Rius Caso
Felipe Pigna
Eduardo Deves, (Universidad de Santiago de Chile)
Gabriela Dalla-Corte Caballero, (Universitat de Barcelona)
Gabriela Cano, ( El Colegio de México).
Izaskun Álvarez Cuartero, (Universidad de Salamanca)
Wilson González Demuro, (Universidad de la República, Montevideo)
Evergton Sales Souza (Universidade Federal da Bahia/CNPq)
Guy Thompson (University of Warwick)
Mauricio Achille Neira (Universidad Nacional de Colombia)
Enzo Traverso (Cornell University)
Manuel Chust (Universidad Jaume I de Castellón, España
Sandra McGee Deutsch (U Texas at El Paso)
Carlos Sempat Assadourian (El Colegio de México)
Ana Frega (Universidad de la República, Uruguay)
Christophe Giudicelli CNRS CERHIO-équipe CHACAL / Université Rennes 2 Francia
Luque Azcona, Emilio José (Historia de América, Universidad de Sevilla)
Pro Ruiz, Juan (Universidad Autónoma de Madrid, España)
Roberto García (UdelaR, Montevideo)
Vera Lúcia Vieira (PUC-SP Vice-presidente da Adhilac)
Graciela Morgade (Decana FFyL-UBA)
Naranjo Orovio, Consuelo (Instituto de Historia-CSIC. Madrid)
Pinto Vallejos, Julio (USACH, Chile)
Inzaurralde, Gabriel (Universidad de Leiden)
Marichal. Carlos (El Colegio de Mexico)

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