Ley 39/2015 006

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Ley 39/2015 006

Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

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Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango inferior.

Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango inferior.

Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución y las que regulen materias reservadas a la Ley.

Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución y las que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

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Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido:

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Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, salvo que se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Veinte días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

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Según el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en:

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Veinte días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

Veinte días, a contar desde el día en que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

Treinta días, a contar desde el día en que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

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Según el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señale, de entre los siguientes, los actos que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

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Los que limiten derechos subjetivos o intereses ilegítimos.

Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su admisión.

Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.

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Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible,

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El derecho - habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

El derecho – habiente sucederá en tal condición siempre y cuando se comunique con anterioridad al trámite de audiencia.

El derecho – habiente sucederá en tal condición siempre y cuando se comunique por cualquier medio que permita dejar constancia antes de la apertura del período de práctica de pruebas.

El derecho – habiente sucederá en tal condición salvo en los procedimientos de índole sancionadora.

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De acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá:

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La desestimación por silencio administrativo.

La caducidad del mismo.

La renuncia del mismo.

La estimación por silencio administrativo.

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Según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas:

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Dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento reglamentariamente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

Que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de ésta.

Presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren derechos cuando se disponga de los requisitos esenciales para su adquisición.

Dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

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Según el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale cuál de los siguientes derechos no corresponde a los interesados en un procedimiento administrativo:

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A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.

A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

A identificar a todas las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

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¿Qué plazo establece la Ley de Procedimiento Administrativo Común para interposición del recurso de alzada?

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Un mes, si el acto fuera expreso.

Tres meses, si el acto fuera expreso.

15 días, si el acto fuera expreso.

10 días, si el acto fuera expreso.

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En aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

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Los menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses sin que resulte necesaria en ningún caso la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad o tutela.

Los menores de edad salvo el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

Los menores de edad nunca tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas.

Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

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