FEMINISTAS PROPONEMOS AL PAÍS
Feministas proponemos al país
Mayo 10 de 2021


“Pero es esa misma sensación de estar viviendo al pie de un volcán la que hace que sea incluso más importante reconocer que, entre tanta destrucción, está creciendo otro mundo, del mismo modo que crece la hierba entre las grietas del pavimento urbano, retando la hegemonía del capital y el Estado y afirmando nuestra interdependencia y nuestra capacidad de cooperar” (Federici, 2020).

En los últimos años, el orden establecido por el sistema patriarcal y el modelo económico neoliberal han sido profundizados por un gobierno de derecha y por una crisis institucional, económica y política, resultado de este orden, que se ha concentrado en crear condiciones para enriquecer a unos pocos y expulsar a grandes sectores de la población colombiana hacia la pobreza y la miseria. Las prácticas políticas patriarcales excluyentes no aceptan las diferencias y las eliminan física, simbólica y emocionalmente.

Adicionalmente, la pandemia y las medidas tomadas para mitigarla han revelado la profunda crisis de ese orden, desatando en Colombia una movilización masiva, pacífica y diversa sin precedentes, que resiste a pesar de que ha sido enfrentada con extendida militarización, brutal represión y uso desmedido de la fuerza contra la gente, especialmente la juventud, que durante trece días ha ejercido su legítimo derecho a la protesta social.

Es sonoro el grito de quienes se movilizan: ‘nada tengo, ni siquiera futuro’ y ‘nada pierdo si me tomo la calle aun en pandemia’. Antes bien: ‘podemos lograr frenar las medidas con las que esos modelos nos despojan de la dignidad’ y ‘que la justicia no nos cueste la vida’. También se han presentado hechos que degradan la movilización, infiltraciones de grupos violentos con propósitos ajenos a la defensa de los intereses de la ciudadanía, y expresiones de una rabia largamente contenida por las víctimas del sistema patriarcal y del modelo económico neoliberal. Se acorta el tiempo para encontrar salidas antes de una hecatombe que el gobierno nacional no logra enfrentar por su indolencia y soberbia. Necesitamos que los sectores democráticos asuman una agenda compartida para salvar vidas y detener este baño de sangre.

Otro mundo está creciendo y requiere de manera urgente un replanteamiento profundo en muchos frentes que permitan superar la desconfianza y las desigualdades arraigadas en que vivimos como sociedad. El enfoque de seguridad nacional, hoy basado en la sospecha mutua y la doctrina del enemigo interno, actúa como una amenaza a la estabilidad nacional. Es fundamental comprender que la sociedad colombiana está bajo constante amenaza a su supervivencia (abuso físico, múltiples violencias, incluida la violencia sexual, la persecución o la muerte), a sus medios de vida (desempleo, inseguridad alimentaria, amenazas a la salud) y a su dignidad desde hace décadas (la falta de garantías para el goce efectivo de los derechos humanos, la desigualdad, la exclusión, la discriminación y la falta de libertad). Esto refleja que el enfoque de seguridad nacional tradicional ha caducado en el país.

Convencidas del poder del pensamiento, de la palabra, del diálogo y de la práctica política feminista para fortalecer la democracia, activistas feministas reivindicamos una movilización social que fortalezca la democracia sin que sacrifique la existencia de nadie, con el cuidado de la vida como un principio inviolable en la protesta social y la construcción de confianza como fundamento indispensable para este mundo que emerge. Para ello, proponemos:

Negociación, no solo diálogo, con todas las fuerzas sociales y políticas del país movilizadas en el contexto del Paro Nacional, con el concurso de la comunidad internacional y el apoyo de una mediación especializada, alrededor de sus  agendas, incluyendo al movimiento de las mujeres y feminista en todas sus diversidades y a las expresiones juveniles. En el marco de esta propuesta transformadora, garantizar la presencia paritaria y diversa de las mujeres en los espacios de diálogo y negociación.

Que la protesta social permita las misiones médicas y humanitarias, y siga actuando en el marco establecido del respeto a los derechos humanos, la vida, y la dignidad de todos, todas y todes, ciudadanía y Fuerza Pública. Que prevalezca la seguridad alimentaria y el respeto por los bienes públicos. Que el ejército custodie la soberanía e integridad del territorio y la policía garantice la movilización ciudadana, siempre en el marco de los derechos humanos. ¡Que no se invierta jamás ese orden! El monopolio del uso de las armas le corresponde al Estado. La minga indígena y las otras expresiones de la protesta deben ser protegidas. Que el gobierno condene los abusos de la Fuerza Pública y la sociedad que apoya la protesta rechace la violencia en su desarrollo, buscando siempre su desescalamiento.

Desmilitarización inmediata de las ciudades, los territorios y las vidas de  colombianas y  colombianos. El uso de la figura de la asistencia militar para contener la protesta social es inconstitucional. Reforma al sector de la seguridad que garantice el desmonte del ESMAD; la prohibición del uso de armas de letalidad reducida y de armas de fuego en los equipos de policía de patrullaje; la exclusión de la Policía de las fuerzas armadas y su cambio de cartera, concretamente al Ministerio del Interior. Reforma de la competencia de la Jurisdicción Penal Militar para que se excluya de dicho fuero a  los miembros de la Policía y a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por violaciones a los DDHH, en particular por las violencias contra las mujeres. Creación de un mecanismo con participación de la comunidad internacional que permita la investigación y judicialización de todos los casos de violaciones de DDHH ocurridas durante la movilización.

Exigimos justicia pronta por las graves violaciones a los DDHH de parte de la Fuerza Pública en el marco de la protesta y la renuncia inmediata del Ministro de Defensa que durante los últimos días ha promovido desde sus declaraciones y acciones, la estigmatización al derecho legítimo a la protesta poniendo en riesgo la vida de protestantes, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y personal médico.

La reforma a la seguridad debe plantearse desde el enfoque de seguridad humana, que reconozca que en sus bases están las garantías a una vida libre de miedo y la libertad para vivir en dignidad. Enfoque garantista del Estado Social de Derecho que asegure el goce efectivo de los derechos humanos y de una Fuerza Pública guardiana de la democracia y de la vida.

Acuerdos para enfrentar las profundas desigualdades que existen en el país -entre territorios, entre etnias, entre identidades-, con particular énfasis en la desigualdad de género, y puesta en marcha de un plan de emergencia que afronte los efectos del empobrecimiento de la población colombiana, en particular de las mujeres afectadas desproporcionadamente por la pandemia en razón del incremento desmedido de su  carga de trabajo no remunerado, y la violencia de género en su contra, del deterioro alarmante de sus condiciones de vida laborales  y su falta de reconocimiento en las diversas esferas de poder.

Renta básica universal priorizando a las mujeres en toda su diversidad, mayormente afectadas por el efecto de la pandemia, e implementación de garantías con celeridad para que tengan disponibilidad de recursos propios mediante el acceso al trabajo con remuneración justa, y la implementación de estrategias como la economía social y solidaria. De igual forma, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidado, en el que el cuidado sea un derecho, se transforme la división sexual del trabajo y se eliminen las grandes brechas del uso del tiempo. Finalmente, otras acciones como el acuerdo de un pacto fiscal progresivo que contribuya a la realización de la igualdad en Colombia, incluida de manera fundamental la igualdad de género.


¡La redistribución, el reconocimiento, la representación y la igualdad son medidas urgentes para proteger y garantizar una vida libre de miedo y de violencias!


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