EXIGIMOS SE DETENGA LA REPRESIÓN Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA EL PUEBLO PEMÓN

NO A LA MILITARIZACIÓN DEL TERRITORIO INDÍGENA

El pasado 22 y 23 de febrero 2019, numerosos medios de comunicación y fuentes locales reportaron que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana arremetieron de manera violenta usando armas de fuego contra pobladores de Santa Elena de Uairén (Municipio Gran Sabana, estado Bolívar) en el contexto de una actividad de protesta pacífica relacionada con la entrada de ayuda humanitaria por la frontera con Brasil en ese territorio.

Como consecuencia de esta acción, para esta fecha se conoce de la muerte de al menos siete personas, todas por armas de fuego. La lista de personas asesinadas que hasta ahora están confirmadas son: Zoraida Rodríguez, José Pérez, Kleyber Pérez, Rolando García, José Hernández, José Barrios y Jorge González, siendo los primeros cuatro indígenas de la etnia pemón. Adicionalmente, se tiene información de más de veinte personas heridas por armas de fuego, muchas de las cuales tuvieron que cruzar la frontera hasta Brasil para ser atendidas y resguardar sus vidas.

La violación de derechos humanos del pueblo pemón ha continuado en los días subsiguientes. Los habitantes locales han informado que las Fuerzas Armadas Bolivarianas han desplegado 3000 efectivos militares en todo el territorio de ese pueblo indígena. Como consecuencia de ello se ha denunciado la realización de detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos ilegales, persecuciones, amenazas y hostigamiento contra habitantes de la zona, mayormente en las comunidades de Kumarakapay y Maurak.

ESCALADA DE VIOLENCIA EN TERRITORIO PEMÓN

Esta situación es la consecuencia de una escalada de agresiones contra el pueblo pemón, que a su vez forma parte del aumento descontrolado de la violencia armada asociada a las zonas mineras de Guayana.

En el caso del pueblo pemón, se han venido sucediendo agresiones relacionadas con el intento de bandas armadas por controlar las zonas de explotación de oro existentes en sus territorios. Tales situaciones han llevado a los asesinatos de cinco indígenas ocurridos en San Luis de Morichal el 5 de junio de 2017, así como de dos personas más: Domingo Cabrera (julio 2017) y Oscar Meya (marzo 2018). En ninguno de estos casos se realizaron acciones por parte del Estado que permitieran hacer justicia.

En paralelo, se ha venido realizando un proceso de militarización y hostigamiento del pueblo pemón. Esta situación tuvo como saldo el asesinato de Charly Peñalosa el 8 de diciembre de 2018 (organizaciones indígenas denuncian que el mismo fue ejecutado por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM), así como con la realización de una continua campaña dirigida a culpabilizar y criminalizar a líderes indígenas y sus organizaciones de gobierno autónomo. Un ejemplo de esta última situación son las acusaciones de “Traición a la Patria” e “intento de secesión” lanzadas contra organizaciones como el Consejo General de Caciques del Pueblo Pemón, así como a líderes de ese pueblo tales como Lisa Henrito, ambientalista y miembro de la comunidad Maurak.

En todos esos casos, según han denunciado miembros de la comunidad y organizaciones indígenas, el objetivo parece
ser fracturar y dividir las organizaciones autónomas (como el Consejo General de Caciques) y minar la resistencia de las comunidades indígenas a las acciones de las mafias mineras y su férrea defensa de sus derechos tanto constitucionales, como derivados de los tratados internacionales, incluyendo la demarcación de sus territorios, las consultas libres e informadas y el reconocimiento de sus organizaciones sociales propias.

Una de las matrices de criminalización que comienza a despuntar en la retórica de la propaganda gubernamental es la descalificación de las autoridades propias y la acusación de “paramilitarismo” a la Guardia Territorial Pemón, organización de seguridad subordinada al Consejo General y a las autoridades comunitarias. Creemos que esta matriz busca justificar una escalada de violencia represiva e irregular verdaderamente paramilitar contra las comunidades pemón con el objetivo de poner las minas del territorio pemón bajo el control de grupos verdaderamente irregulares.

Lo mencionado hasta ahora ha ocurrido en un contexto en que el proyecto Arco Minero del Orinoco (A.M.O), promulgado a través del decreto 2248 en febrero de 2016, ha catalizado el crecimiento desproporcionado y devastador de la minería al sur de Venezuela, tanto en la zona A.M.O como sus adyacencias. La expansión de la actividad minera (formal e informal) sólo ha potenciado el crecimiento de la criminalidad e impunidad, así como la contaminación de los principales ríos de la zona empeorando progresivamente la grave situación de las poblaciones más pobres y vulnerables que se desenvuelven en un crítico entorno de anemia, desnutrición y propagación de enfermedades (amibiasis, malaria, sarampión, difteria).

EN FUNCIÓN DE LO ANTERIOR:

• Exigimos la realización de una investigación independiente e imparcial que permita establecer responsabilidades y hacer justicia por los asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos ocurridas en el Municipio Gran Sabana.
• Exigimos la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la represión a las protestas y fechas posteriores.
• Exigimos la desmilitarización del territorio pemón y el cese inmediato de la represión y hostigamiento existente sobre los mismos.
• Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos a investigar las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona y establecer las responsabilidades a que haya lugar.
• Solicitamos a las organizaciones internacionales relacionadas con la ayuda humanitaria, específicamente a la Cruz Roja y el sistema de Naciones Unidas,  a establecer procedimientos que permitan apoyar la grave situación alimentaria y de salud existente en esa región.
• Solicitamos a la Asamblea Nacional realizar una investigación sobre los sucesos ocurridos, así como sumarse a la campaña de apoyo con el pueblo pemón utilizando todas las herramientas institucionales a su alcance.
• Hacemos un llamado a la población general, a los movimientos sociales y a todas las organizaciones y activistas de Derechos Humanos a sumarse en una campaña nacional e internacional en solidaridad con el pueblo pemón y demás habitantes de los municipios Gran Sabana del Estado Bolívar.

JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE LA MASACRE DE SANTA ELENA
MEMORIA PARA NO OLVIDAR, JUSTICIA PARA SANAR