Cannabis Lícito
Como todas sabréis a estas alturas, la emergencia sociosanitaria que nos acompaña día a día ha supuesto la rotunda parada de toda actividad en conformidad con el decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo, desde entonces, todas nuestras actividades asociativas se han visto aplazadas hasta nuevo aviso. El confinamiento decretado está empezando a suponer un problema para las personas usuarias que pretenden abastecerse en este difícil momento y sobre todo para las personas que hacen un uso terapéutico de la planta y que estos días ven imposible el acceso a su medicina, hecho que afecta enormemente a su calidad de vida.
Es por eso que, desde el movimiento Cannábico, os pedimos encarecidamente que os unáis a la campaña #CannabisLícito, integrada por decenas de entidades de todo el Estado y miles de personas consumidoras, se unen para exigir al gobierno que adopte medidas que garanticen los derechos sociales y los instrumentos que verdaderamente inciden en la protección de la salud y en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas consumidoras de cannabis.
Desde hace varias décadas la cultura cannábica está cada vez más arraigada en nuestra sociedad. En este proceso, muchos agentes sociales, han contribuido a sensibilizar sobre la inseguridad jurídica que viven las personas consumidoras y, asimismo, han realizado propuestas para que las personas consumidoras de cannabis puedan acceder a una sustancia de calidad, sin tener que ser sancionadas.
La normalización social del cannabis y de las personas que lo consumen en cualquiera de sus formas evidencian la necesidad de ir acompañadas de una normalización jurídica, basada en el libre desarrollo de la personalidad, y en otros derechos y libertades propias del Estado social y democrático de Derecho. A tal fin, el cannabis debe formar parte de la agenda política, capaz de poner en práctica una nueva política donde los derechos y libertades, así como los aspectos sociales, educacionales, preventivos y de reducción de daños, sean los ejes centrales.
Una regulación que contemple el cultivo personal y colectivo, suministro y consumo de cannabis, pretende un doble objetivo: garantizar el derecho individual de las personas adultas al consumo, y proteger a las personas menores de edad y a los sujetos vulnerables de los potenciales riesgos de ese consumo.
No olvidemos que la clandestinidad pone a las personas consumidoras en contacto con un mercado ilícito donde se adulteran sustancias, impera la violencia, la marginalidad y no se tiene ningún tipo de reparo con facilitar el acceso a los/as menores.
Desde este punto de vista, la regulación del cannabis, enfocada a un uso controlado de la sustancia, permitiría volcar los esfuerzos de las políticas de drogas en la prevención de los riesgos asociados al cannabis, la educación y el desarrollo económico de las zonas más desfavorecidas.
En momentos como este se hace más evidente la necesidad de reconocer la actividad esencial de las asociaciones, suprimir las sanciones por tenencia, dotar de una marco legal preceptivo, el autocultivo lúdico, o terapéutico, que elimine la inseguridad jurídica, son claves para conseguir un modelo verdaderamente inclusivo, que ponga primero a las personas. Una regulación que debe nacer de la colaboración mutua de toda la sociedad que de manera organizada y en pro de conseguir un mayor impacto siendo una sola voz unida y que presente de forma íntegra las demandas sociales al poder regulador.
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