Los recursos públicos son dineros que aportamos todos los ciudadanos para invertirlos en la transformación de realidades, atendiendo a las necesidades territoriales, sectoriales o poblacionales. El mercado de compras públicas y contratación estatal es un espacio de confluencia entre el sector público y privado por medio del cual se proveen bienes y servicios.

Avanzar hacia el cuidado de lo público bajo principios de transparencia, ética, interés general e integridad es una misión de todos los que habitamos el territorio, por eso yo me comprometo a:

1. Promover la participación de las empresas de la región en el mercado local de la compra pública mediante herramientas que faciliten la identificación de oportunidades según lo estipulado en el Plan Anual de Adquisiciones, así como la entrega de conocimientos clave para comprender las reglas de juego que establece el Estatuto General de Contratación.
   
   Este compromiso incluye la implementación de estrategias de publicidad y divulgación de los procesos públicos, así como programas de atención y asesoría dirigida a personas jurídicas para su inscripción y participación como proveedores en el mercado de las compras públicas.
   
   El propósito es aumentar el número de nuevos proveedores y la pluralidad promedio de oferentes que se presentan en las modalidades competitivas.
   
   
2. Implementar una cultura del cumplimiento normativo para prevenir que los recursos públicos sean usados para financiar la corrupción, el lavado de activos y el terrorismo, así como recuperar la confianza en las entidades públicas territoriales.
   
   Esta cultura implica la generación de procedimientos, herramientas institucionales, y pedagogía para que los funcionarios que adelantan las contrataciones realicen una indagación o debida diligencia sobre las contrapartes antes de la suscripción de un contrato.
   
   Contar con una Entidad Territorial que gestiona sus riesgos legales y reputacionales es un comprador que jugará limpio y promoverá una sana competencia en el mercado en que participa.
   
   Además, una ciudadanía conectada con la gestión pública que exige, denuncia y promueve mejores prácticas, participando de manera responsable bajo principios de transparencia, moralidad y eficiencia.
   
   
3. Ser vigía activo de lo público a través del control social y la exigencia de mejores rendiciones de cuentas por parte de la Administración Pública para garantizar la inversión eficiente y eficaz de los recursos públicos.
   
   Esto implica la publicación periódica y oportuna de datos abiertos sobre el presupuesto público y su ejecución, así como poner a disposición de la ciudadanía sistemas de información de fácil acceso y comprensión que den cuenta y permitan hacer seguimiento a la inversión de los recursos públicos.
   
   
4. Fomentar el compromiso del sector privado con la ética empresarial, poniendo especial énfasis en la prevención y sanción de prácticas corruptas tanto al interior de las empresas como en su interacción con el sector público, particularmente con los servidores públicos.
   
   Este compromiso incluye cooperar activamente en la denuncia de presuntos actos de corrupción, promover y divulgar la importancia de cuidar los bienes públicos, impulsar una competencia justa y transparente, y garantizar la prestación de servicios de alta calidad en beneficio de la región.
   
   Anualmente realizaremos seguimiento a los presentes compromisos vía la implementación de mejores prácticas como:
   

• Incremento en el promedio anual de oferentes que participan en las modalidades competitivas de contratación.
• Incremento en el número de nuevos proveedores de la Administración.
• Incremento en el número de MiPyME que participan como oferentes y proveedores de la Administración.