LA IZQUIERDA QUE NECESITAMOS - Publicado en El Mundo 25/10/2023
Los últimos acontecimientos no son
halagüeños para la izquierda en España, empecinada en una aritmética
endiablada, a cambio de renunciar a sus principios ideológicos y morales
básicos. Como viene siendo costumbre en nuestro país, la izquierda institucional
busca alianzas en organizaciones nacionalistas para formar gobierno
presuntamente progresista. En esta ocasión, al bloque plurinacional se añade Junts,
partido político de la derecha identitaria catalana, instalado en tesis
supremacistas y posicionamientos neoliberales de segregación fiscal y económica.
En el horizonte asoma la amnistía, pero el problema es de mayor calado y se
resume en estos puntos:
Primero. La amnistía sobre los hechos del golpe
nacionalista acontecido en el año 2017 violenta el contenido mínimo del Estado
de Derecho generando una situación de impunidad para unos pocos y, por lo
tanto, de desigualdad en la aplicación de la ley. Implica conceder privilegios
a quienes llevan décadas ocupando el poder político y económico en Cataluña,
creando una división entre una casta política, que además ya ha sido indultada
previamente, y el común de los mortales sobre quienes recae el peso de la ley. No
existe atenuante por ser fuerza nacionalista a la que algunos entiendan
imprescindible para obtener poder. La amnistía no sólo es ilegal e
inconstitucional: es esencialmente injusta. Cualquier demócrata debe ser capaz de repudiarla abiertamente
y nosotros lo hacemos.
Segundo. Los socios del gobierno continúan hablando de autodeterminación invocando
una falsa equivalencia entre pueblos en situación de opresión colonial y
regiones ricas de un Estado social y democrático de derecho que reclaman un
privilegio de secesión. Una comunidad política no es, como sostienen los nacionalistas,
una vindicación de corte emocional ni una identidad uniforme enclaustrada en
unas fronteras. Es una unidad de decisión conjunta y de redistribución. Nuestra
comunidad política, España, es culturalmente plural, como resulta obvio. Ahora
bien, reconocer esta diversidad no legitima las reclamaciones culturales o
etnolingüísticas de los nacionalistas cuyo único objetivo es romper esa unidad
de decisión y redistribución y extranjerizar a millones de personas levantando
una frontera identitaria. Valorar la diversidad lingüística no es incompatible
con reconocer la importancia de tener una lengua común como un instrumento de
comunicación que nos iguala en tanto que ciudadanos, garantizándonos igualdad
de oportunidades respecto al idioma y ofreciéndonos posibilidades laborales
equivalentes, hoy conculcadas, en todo el territorio
nacional.
Tercero. El compromiso principal de la izquierda no es con los territorios sino
con los sujetos y, en especial, con los trabajadores. Debe mantener un afán
transformador de las actuales estructuras políticas, sociales y económicas y ha
de ser capaz de analizar críticamente la situación de la clase trabajadora. Las
trasformaciones tecnológicas y el progreso científico son grandes noticias para
la humanidad, pero revelan las contradicciones de un sistema productivo que ha
fomentado una precariedad laboral extrema que no
garantiza una vida digna. Los escasos avances en movilidad
social e igualdad de oportunidades palidecen frente a la influencia del entorno
y la clase social, la tiranía del origen, que sigue determinando en gran medida
la posición social y económica en España, por lo que no debemos olvidar la realidad
de tantos trabajadores precarios, desempleados crónicos y personas pobres, cuya
ciudadanía no trasciende de un plano meramente formal. Es preciso recordar, además, que la
principal causa de la posición social y económica en España es hereditaria, muy
lejos de las apelaciones meritocráticas de nuestro debate público.
Cuarto. La situación social y económica depauperada de muchos españoles, los
problemas salariales o los recortes en el Estado social tienen una relación
directa con las amenazas sobre la igualdad entre españoles de concretarse el
gobierno confederal. La reclamación de un pacto fiscal para Cataluña, al modo
de los ya lesivos concierto económico vasco y convenio navarro, o la
condonación de 450.000 millones de un supuesto déficit fiscal, la última
ocurrencia del nacionalismo, dinamita cualquier compromiso redistributivo.
Nadie de izquierdas aceptaría que un potentado de Pedralbes, de Neguri o de la
Moraleja se negara a pagar impuestos con el argumento de “yo me quedo con lo
mío”. ¿Por qué entonces debemos conceder semejante insolidaridad a nivel
territorial? La agenda identitaria y su correlato de políticas contrarias a la
igualdad son un planteamiento insolidario e indefendible en términos
estrictamente democráticos.
Quinto. Llevamos décadas de dinámicas
confederales letales para la integridad de nuestra ciudadanía y para enfrentar
los retos de justicia social y transformación productiva pendiente. Un Estado
centrifugado como el nuestro, en el que se han generado dinámicas de dumping
fiscal y laboral inaceptables, así como disfuncional en cuestiones básicas como
la existencia de diferentes calendarios vacunales, planes de estudios o
coberturas sanitarias, es un Estado debilitado en el que la desigualdad social
y económica aumenta por las dinámicas de competición que genera la
descentralización.
Sexto. La derecha, en sus múltiples facciones, esta incapacitada para frenar
este proceso de deterioro social. Por un lado, la derecha más reaccionaria
reivindica una idea de España vacía de contenido social y repleta de demandas
identitarias, especialmente lesivas para un proyecto de lo común, filtrando los
derechos de ciudadanía con criterios religiosos, culturales y étnicos para
formular demandas y aspiraciones insensibles a las desigualdades materiales. Por
otro lado, la derecha foral está anclada en conceptos como nacionalidades o
derechos históricos que son inevitablemente excluyentes, demostrando que su discurso presuntamente
igualitario está totalmente vacío de contenido. Y, por último, la derecha
liberal abraza dinámicas neoliberales en materia educativa – privilegio de la
educación concertada, bonificaciones fiscales, cheque escolar –, en materia de
vivienda – liberalización del suelo –, o en materia fiscal – descentralización
de varios impuestos y eliminación de tantos otros con gran impacto
redistributivo como el de Sucesiones y Donaciones o Patrimonio, agravando así
la brecha regresiva entre rentas de capital y del trabajo (IRPF). Si criticamos,
como es muy necesario, la competencia fiscal a la baja del PP en Madrid, ¿cómo
no darnos cuenta de que los socios confederales de nuestra izquierda oficial
comparten fundamentos en cuanto a la defensa de una secesión de los ricos?
Séptimo. Por todo ello, consideramos que hace falta una izquierda que albergue
una salida a la parálisis política en la que nos encontramos y que proteja a
quienes no tienen otro patrimonio y poder, respecto a la arbitrariedad de los
poderes públicos y económicos, que el cumplimiento de la ley y el Estado de
derecho. Una izquierda que haga frente a los argumentarios neoliberal y
nacionalista que desembocan indefectiblemente en ciudadanos de primera y de
segunda. Una izquierda que se oponga a la amnistía y a la secesión, que no son
otra cosa que privilegios para unos pocos a costa de todos, así como a la
concesión de nuevos privilegios con cargo a la igualdad de todos. Una izquierda
que vuelva a articular un proyecto dirigido a las mayorías sociales, que
defienda lo común frente a lo particular, que apueste por la igualdad frente a
la exaltación diferencial o identitaria y frente a la vergonzante desigualdad
económica.
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*Guillermo del Valle, es portavoz de El Jacobino.
Martín Alonso Zarza es Doctor
Ciencias Políticas.
Juan Francisco Martín
Seco, es exsecretario de Estado de Hacienda.
Félix Ovejero es profesor de la Universidad de Barcelona.
Jahel Queralt es profesora de la Universidad Pompeu Fabra.
Laura R. Montecino es profesora enseñanza secundaria.
Paula Fraga es divulgadora feminista.
Jon Viar es cineasta.
Ángel Pérez es ex diputado
de IU.
José Domingo es letrado de
la Administración de la Seguridad Social.