Con grave preocupación hemos visto la aprobación esta semana (3 a 2), en la Comisión de Salud del Senado, de la idea de legislar de un Proyecto de Ley que reforma el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y crea un plan de salud universal.

Este proyecto, enviado el lunes, y aprobado el martes en general, modifica sustantivamente el sistema público y nada hace con las Isapre. Mantiene la lógica de un sistema de salud segmentado y fragmentado, para ricos y para pobres. No avanza en lo que ha sido la gran demanda en salud de la población: un Sistema Universal que otorgue una salud digna y de calidad.

No sólo no avanza en el sentido deseado, sino que además retrocede en Derechos, y desmantela la autoridad sanitaria y  la Red Pública. En detalle:

     • No aborda los problemas reales de los pacientes del sistema público cuyas demandas se relacionan con la atención oportuna, cercana y digna es decir, la resolución integral de sus problemas de salud. Los nuevos recursos sólo irán a acciones de salud dispersas de privados.
     • El bullado Plan Universal restringe Derechos lo que hoy disponen los usarios de Fonasa. Hoy existe un Plan general que tiene dificultades en ser cumplido por falta de recursos pero aquí se pretende disminuirlo y no ampliarlo.
     • El proyecto mantiene la lógica del sistema segmentado y fragmentado. No impacta a las ISAPRE, es decir, no resuelve el problema mayor del que se quejan sus usuarios que es la falta de cobertura adecuada a sus necesidades generando un excesivo gasto de bolsillo.
     • La orientación de salud pasa de lo sanitario actual a una lógica económica. La red pública, que tanto nos ha ayudado en pandemia, pasa a depender de la entidad económica (FONASA) al que sólo lo controla Hacienda.
     • Deja a todo el sistema salud y sus recursos entregado a un directorio de Fonasa donde sólo 7 personas, 6 de ellas nombradas por el Presidente, decidirán a qué prestador se compra, precios, entre otras materias, dejando fuera al Ministerio de Salud y a las redes descentralizadas hoy existentes.

Manifestamos nuestro repudio a una ley de amarre a menos de un año del término del gobierno, pretende  desviar el propósito de una verdadera reforma de la Salud chilena que termine con los abusos e inequidades en el acceso y que no considera la salud como un derecho garantizado.

Llamamos a rechazar este proyecto que va a contrapelo de la historia de la salud pública en Chile, y en especial, de la responsabilidad rectora y sanitaria que los equipos de salud están desplegando a lo largo del país durante la Pandemia por COVID-19 que aún nos golpea, pese a las dificultades y carencias del sistema público. ¡Nuestro agradecimiento no puede ser el desmantelarlo!