CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES, ESPECIALIDAD DE PSICOLOGÍA (GRUPO A - SUBGRUPO A1), TURNO LIBRE Preguntas 51-100

Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿cuál es el concepto de subvención?

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Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en la normativa de contratos, a favor de personas privadas, y que cumpla los siguientes requisitos.

Toda disposición normativa realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos.

Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, cumpliendo una serie de requisitos.

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La Ley 38/2003 General de Subvenciones, determina que para poder otorgar una subvención:

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Debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado la existencia de crédito adecuado y suficiente para la concesión de la subvención en cuestión.

Deben aprobarse las bases reguladoras, una vez se ha tramitado el procedimiento de concesión.

Deben aprobarse, con carácter previo a su otorgamiento, las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión de la subvención.

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A tenor de lo establecido por la norma legal reguladora de los contratos administrativos de las Administraciones Públicas, señale de las siguientes respuestas aquélla que haga referencia a un órgano de contratación:

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El Consejero.

La Mesa de Contratación.

El Gobierno.

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En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe de:

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Ministerio de Justicia.

Consejo General del Poder Judicial.

Abogacía del Estado.

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Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, indique cuál de los siguientes es un contrato de suministro:

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Las dos anteriores son ciertas.

Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.

Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.

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¿Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la disposición dineraria realizada ha de hacerse con contraprestación directa de los beneficiarios? *

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No.

Sí.

Sí, salvo los menores.

De acuerdo con la Ley 38/2003 General de Subvenciones será nula la resolución de una concesión que:

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Sea constitutiva de infracción administrativa.

Se otorgue a favor de persona que no haya justificado la entrega de los fondos percibidos.

Se otorgue a favor de persona que no esté al corriente de sus obligaciones tributarias.

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En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder su emisión de un plazo de:

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1 mes.

10 días.

15 días.

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Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dentro de los requisitos para el otorgamiento de las subvenciones, con carácter previo a dicho otorgamiento deberán:

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Ninguna de las anteriores es cierta.

Aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en la Ley de Contratos.

Aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en la Ley General de Patrimonio.

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La apertura del periodo de prueba dentro de un procedimiento administrativo tendrá un plazo:

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No superior a cuarenta y cinco días ni inferior a quince.

No superior a dos meses ni inferior a un mes.

No superior a treinta días ni inferior a diez.

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Siguiendo el artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, acordar en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo, lo denomina:

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Acumulación de trámites.

Concatenación de trámites.

Concentración de trámites.

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Por «obra» se entenderá, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

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El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.

Ninguna de las anteriores es cierta.

La restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos.

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De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley General de Subvenciones, ¿cuál de los siguientes informes se debe recabar con carácter previo a la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones?

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El informe del Ministerio de Administraciones Públicas.

El informe del Ministerio de Economía y Hacienda.

El informe de la Intervención Delegada correspondiente.

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Siguiendo el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se dará al interesado, el denominado:

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Trámite de audiencia.

Trámite de conocimiento.

Trámite de alegaciones.

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Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos:

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Ninguna de las anteriores es correcta.

Cuyas prestaciones no estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

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Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos, son contratos de:

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Suministro.

Obras.

Ninguna de las anteriores es cierta.

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¿Puede la Administración celebrar contratos administrativos verbalmente?

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La Administración no podrá contratar verbalmente, salvo pacto excepcional realizado con la empresa y previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

La Administración no podrá contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia.

La Administración no podrá contratar verbalmente, en ningún caso.

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Ordinariamente ¿qué se consideran contratos menores?

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Solo los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 40.000 euros y superior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos de obras.

Los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o de 15.000 euros, cuando se trate de otros contratos.

Los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 15.000 euros, cuanto se trate de contratos de obras, o a 40.000 euros, cuando se trate de otros contratos.

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Según lo que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no podrán obtener la condición de beneficiario de una subvención:

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Los que hayan dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

Los que tengan la residencia fiscal fuera de España.

Los condenados mediante sentencia a la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas.

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Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes:

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La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.

La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente, con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I.

Las dos anteriores son ciertas.

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De acuerdo la Ley 38/2003, la subvención es un instrumento de la actividad administrativa:

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De fomento.

De servicio público.

De limitación.

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Conforme a la Ley General de Subvenciones, el procedimiento de concesión de una subvención en régimen de concurrencia competitiva se inicia:

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De oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.

A instancia de los beneficiarios de una subvención.

A instancia del centro gestor de los créditos a distribuir.

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Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son contratos de concesión de servicios, los:

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De adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte material.

Que tienen por objeto la realización por el concesionario de algunas prestaciones, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes.

Que en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

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Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no tienen carácter de subvenciones, entre otras:

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Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora.

Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones de guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de terrorismo. Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial. Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social.

Las dos anteriores son correctas.

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Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el perfil de contratante podrá incluir:

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Cualesquiera datos y documentos referentes a la actividad contractual de los órganos de contratación.

En cualquier caso, deberá contener tanto la información de tipo general que puede utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación como puntos de contacto, números de teléfono y de fax, dirección postal y dirección electrónica, informaciones, anuncios y documentos generales, tales como las instrucciones internas de contratación y modelos de documentos, así como la información particular relativa a los contratos que celebre.

Las dos anteriores son correctas.

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Tienen carácter de subvención pública, a los efectos de la Ley General de Subvenciones:

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Las actividades subvencionables de las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

Las prestaciones por razón de terrorismo.

Las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.

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Conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en la gestión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva:

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El reconocimiento de la obligación es previo a la justificación de la aplicación de los fondos por el beneficiario y a la acreditación de que éste se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El proceso de selección de los beneficiarios culmina con una resolución del órgano concedente, que llevará consigo el compromiso de gasto por el importe de las subvenciones concedidas.

La tramitación del expediente de gasto se inicia una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y abierto el plazo de presentación de solicitudes.

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¿Cuándo se aprueban los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los contratos administrativos?

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Siempre conjuntamente a la autorización del gasto y antes de la licitación del contrato.

Siempre con carácter previo a la autorización del gasto y antes de la perfección y, en su caso, licitación del contrato.

Previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre antes de la adjudicación del contrato.

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Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los contratos de concesión de obras:

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El riesgo operacional entre el concesionario y la Administración es compartido.

Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión.

No existe riesgo operacional para el concesionario, sino que lo asume la Administración.

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Siguiendo el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver:

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Se resuelve el expediente sin imponer sanción alguna.

Debe continuarse el procedimiento hasta el final.

Se puede resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

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Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a:

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A las Unidades Administrativas de cada contrato.

A las Direcciones contractuales.

Los órganos de contratación que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.

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Salvo disposición expresa en contrario, los informes que deban emitirse dentro de los procedimientos administrativos serán:

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Facultativos y vinculantes.

Facultativos y no vinculantes.

Obligatorios y vinculantes.

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Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el gasto de subvenciones, ¿en qué momento debe efectuarse la aprobación del gasto?

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Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva.

Con carácter previo a la convocatoria de la subvención.

Durante la instrucción del procedimiento de concesión.

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De conformidad con la Ley General de Subvenciones, el beneficiario de una subvención: *

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Ha de ser una persona jurídica necesariamente, ya que las personas físicas reciben ayudas, no subvenciones.

Puede ser sólo una persona física.

Puede ser una persona física o jurídica.

Siguiendo el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de:

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Transparencia y publicidad.

Economía y simplificación.

Eficacia y eficiencia.

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Es obligación de la entidad colaboradora, según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre otras:

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Las dos anteriores son correctas.

Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.

Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

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Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se entenderá por contrato mixto aquel que:

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Ninguna de las anteriores es cierta.

Contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase.

Los contratos no pueden ser mixtos.

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Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son contrato de servicios:

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Aquellos en los que se está obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que esta cumpla la finalidad determinante de su construcción.

Aquellos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.

Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.

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Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los órganos de contratación pueden ser:

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Unipersonales o colegiados.

Sólo colegiados.

Sólo unipersonales.

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Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones:

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La persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.

Ninguna de las anteriores es correcta.

Aquellos que la soliciten dentro del plazo.

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El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y fundamentos a la resolución, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, se denomina:

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Procedimiento administrativo.

Expediente administrativo.

Cuerpo probatorio.

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El procedimiento de reintegro de subvenciones:

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La resolución de este procedimiento se dictará previa instrucción de procedimiento administrativo con audiencia del interesado por un plazo no inferior a 15 días hábiles.

Se iniciará de oficio, como consecuencia de la propia iniciativa del órgano concedente, a propuesta de la Intervención General o de otros órganos o de denuncia.

Se iniciará de oficio y no interrumpe el plazo de prescripción de que dispone la Administración para exigir el reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley General de Subvenciones.

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Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables, ¿son contratos de suministro?

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No.

Sí.

Sí, pero solo los relativos a propiedades incorporales.

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Las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿están comprendidas en el ámbito de aplicación de la citada Ley?

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No.

Sí.

Sí, cuando la cuantía sea superior a la cantidad subvencionada.

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Los contratos administrativos se perfeccionan, cualquiera que sea el procedimiento o la forma de adjudicación utilizados:

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Mediante la adjudicación realizada por el órgano competente.

Cuando se licitan.

Cuando se formalizan.

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Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no podrán ser objeto de contrato de servicios:

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Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información.

Los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

Ninguna de las anteriores es cierta.

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Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deben concederse por concurrencia competitiva las subvenciones:

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Con asignación nominal en los Presupuestos Generales del Estado.

Las que se concedan con criterios de valoración previamente fijados.

Las de cuantía impuesta por una norma de rango legal.

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Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la ley:

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Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario. Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos.

Las dos anteriores son correctas.

Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, en los términos previstos en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, así como las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Asambleas autonómicas y a los grupos políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa.

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Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son contratos administrativos: *

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Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público.

Ninguna de las anteriores es cierta.

Todos los contratos que celebren las entidades pertenecientes al sector público.

En un procedimiento administrativo que se esté instruyendo, el instructor podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados:

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Siempre.

Nunca.

Sólo cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.

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