Test constitucional 063

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De conformidad con lo dispuesto en la Constitución española de 1978, indique cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO:

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El derecho a la libertad de Cátedra tiene su límite en el respeto de los derechos reconocidos en el Título II de la CE, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma, no tendrá derecho al acceso a la cultura.

Los poderes públicos promoverán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Así mismo facilitaran la adecuada utilización del ocio.

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La Constitución española de 1978:

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sólo se puede reformar a través de referéndum.

sólo se puede reformar con el preceptivo dictamen favorable del Tribunal Constitucional.

no permite una reforma constitucional que afecte a los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo, Sección Primera, del Título I, dado el carácter básico de tales derechos y libertades.

exige referéndum para la aprobación de una reforma que afecte al Título II (“De la Corona”).

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Los Estatutos de Autonomía:

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pueden ser impugnados ante el Tribunal Constitucional a través de un recurso previo de inconstitucionalidad.

tienen el mismo rango que la Constitución, en la medida en que forman parte del bloque de constitucionalidad.

para ser reformados, se exige, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

para ser reformados se exige, en todo caso, la ratificación por referéndum.

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El Título I de la Constitución, en su Capítulo II, contiene:

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Tres Secciones, respectivamente tituladas “De los españoles y los extranjeros”, “De los derechos y libertades” y “De los deberes de los ciudadanos”.

Dos Secciones, respectivamente tituladas “De los españoles y los extranjeros” y “De los derechos y deberes de los ciudadanos”.

Un solo artículo, que proclama la igualdad de todos ante la ley.

Dos Secciones, respectivamente tituladas “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas” y “De los derechos y deberes de los ciudadanos”.

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La Constitución prescribe que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Y además:

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Establece que se contemplarán sanciones administrativas, pero no penales, para quienes con su conducta violen esa regla.

Dispone que se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, para quienes violen lo dispuesto en esa norma.

Recoge el principio “quien contamina, paga”, pero no hace referencia explícita al establecimiento de sanciones.

Impone al legislador el deber de establecer sanciones penales para el delito medioambiental, pero no hace referencia expresa a la obligación de reparar el daño causado.

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La Constitución determina que los parlamentarios de las Asambleas de las Comunidades Autónomas no pueden ser al mismo tiempo:

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Ni diputados ni senadores.

Diputados al Congreso.

Senadores.

Miembros de la Mesa del Senado.

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Con arreglo al principio de estabilidad presupuestaria, el vigente artículo 135 de la Constitución establece que el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas:

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Tiene que ser superior a la deuda pública.

Tiene que ser fijado por ley orgánica.

Debe ajustarse al índice que fije anualmente el Banco Central Europeo.

Tiene que ser fijado en función del valor de la deuda pública, calculado por el índice de referencia que determina el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

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La Constitución no exige expresamente que en los Estatutos de Autonomía se haga constar:

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la delimitación del territorio de la Comunidad Autónoma.

la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.

la denominación y sede de los partidos judiciales de su territorio.

la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.

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La Constitución española proclama que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal:

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aunque aclara que la religión que debe regir los actos protocolarios del Estado es la religión católica.

pero los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española.

pero especifica que los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con las confesiones religiosas mayoritarias, dando prioridad a las iglesias de tradición judeo-cristiana.

y por tanto los poderes públicos deben abstenerse de toda relación institucional o de cooperación con las confesiones religiosas.

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El derecho de petición al que se refiere el artículo 29 de la Constitución:

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se establece exclusivamente con carácter individual, reservándose la expresión colectiva al ámbito del ejercicio del derecho de sufragio.

tiene carácter exclusivamente colectivo, mediante la recogida de firmas dirigida al ejercicio de la iniciativa popular.

no es un derecho fundamental de los comprendidos en el art. 53.1 CE, aunque su ejercicio, de forma individual o colectiva y por escrito, ha sido desarrollado por ley.

es un derecho fundamental que ha sido desarrollado por Ley Orgánica.

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