CARTA A LAS AUTORIDADES HONDUREÑAS: Exigimos cese de ataques contra comunidad liberada de Vallecito/Faya y OFRANEH /// LETTER TO HONDURAN AUTHORITIES: We demand an end to attacks against the liberated Vallecito/Faya community and OFRANEH
FORMULARIO DE ADHESIÓN ABIERTO - Fecha límite para suscribir la carta: Viernes, 13 de septiembre de 2019, 12 pm (Hora CA) /// OPEN ADHESION FORM - Deadline to sign the letter: Friday, September 13, 2019, 12 pm (CA Time)
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CARTA A LAS AUTORIDADES HONDUREÑAS: Exigimos cese de ataques contra comunidad liberada de Vallecito/Faya y OFRANEH (English version below)
Las organizaciones y personas abajo firmantes nos dirigimos a usted con el fin trasmitirle nuestra preocupación por la situación de desprotección en que se encuentran la población de la comunidad liberada de Vallecito/Faya (en garífuna Faya) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), quienes al igual que otras personas, organizaciones y comunidades que defienden un modelo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente y los derechos humanos, están sufriendo un agravamiento de la ya delicada situación de violencia y violaciones a derechos humanos que históricamente han enfrentado.

En Vallecito/Faya viven un centenar de personas pertenecientes al pueblo Garífuna que practican en sus tierras ancestrales un modo de vida basado en el respecto de la naturaleza y en la búsqueda de una vida digna para sus habitantes. Desde esta visión la comunidad se oponen a la explotación turística, al monocultivo de palma africana y al narcotráfico. En Vallecito/Faya se evita la depredación del territorio y se construyen una alternativa de vida digna a decenas de familias y jóvenes, a través del cultivo de productos alimenticios de autoconsumo y del cultivo ancestral del coco en más de 100 manzanas.

Para la defensa de su territorio, de su forma de vida y de su cultura, la comunidad, se encuentra organizada en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), la cual ha defendido y defiende los derechos del pueblo Garífuna por distintas vías, entre ellas acudiendo al Sistema Interamericano de Derechos humanos, donde se han obtenido sentencias condenatorias en contra del Estado hondureño (1).

A pesar que la cultura Garífuna fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y que desde 1997 tienen un título de propiedad del territorio en que se encuentran asentados, los intentos por despojarles de sus tierras han generado que este pueblo haya hecho frente de manera constante al acoso, la intimidación y las amenazas.

Han enfrentado las constantes apropiaciones ilegales de sus terrenos para su uso agroindustrial, como es el caso de la familia Facusse quien se ha apoderado ilegalmente de una parte importante de tierras Garífunas provocando un grave daño ambiental por usarlas para plantaciones de palma africana. Por otro lado, también tienen que hacer frente a grupos de narcotráfico que han construido pistas clandestinas de aterrizaje y han aprovechado la cercanía con el mar para usar la zona de corredor para el tráfico de droga (2).

El hostigamiento que sufre la comunidad lo enfrentan de manera más intensa líderes, lideresas y/o dirigentes comunitarios e integrantes de la de Junta Directiva de la OFRANEH, a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (3). En 2014, un grupo, fuertemente armado, vinculado al narcotráfico secuestró a la líder Garífuna Miriam Miranda y otros integrantes de OFRANEH (4). Si bien lograron escapar, hasta la fecha las investigaciones no han sido efectivas y no se ha logrado identificar ni sancionar a los responsables de estos hechos.

Si bien la violencia y el hostigamiento han representado una constante, tanto la comunidad como OFRANEH enfrentan un recrudecimiento de la situación de violencia y han sido objeto de recientes agresiones de distinto tipo que ponen en riesgo la vida y la integridad de sus habitantes. Así se ha denunciado a la opinión pública y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia constante en la comunidad y sus alrededores de grupos de hombres en motocicletas y fuertemente armados, que buscan dirigirse a la zona de la playa y que con sus actuaciones generan zozobra y miedo en la población, y ponen en riesgo la vida de sus habitantes.

A estos grupos se responsabiliza de los siguientes hechos:

-Solo en 2019, en más de 10 ocasiones han cortado los alambres de seguridad que protegen los límites de Vallecito/Faya.
-El pasado 2 de agosto de 2019 hombres fuertemente armados dispararon en contra de tres habitantes de Vallecito/Faya que viven en una zona próxima al mar, y tuvieron que huir al monte para salvaguardar sus vidas.
-El 14 de agosto, en horas de la mañana, ingresaron 2 vehículos con personas fuertemente armadas, generando zozobra entre la población de Vallecito/Faya.

Frente a esta situación el Instituto Nacional Agrario (INA), lejos de proteger la propiedad comunitaria del territorio Garífuna ha tolerado, e incluso promovido la invasión ilegal de tierras (5). La pasividad del INA y de otras autoridades, ha vulnerabilizado a la población de Vallecito/Faya, que se ve expuesta a la acción violenta de los grupos que buscan apropiarse de su territorio.

Los funcionarios del sistema de justicia no son solo responsables de la impunidad que OFRANEH y la población de Vallecito/Faya enfrentan, sino que también generan o facilitan los procesos de criminalización que ha enfrentado Miriam Miranda y otros líderes de la organización.

El otorgamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de medidas cautelares a favor de Miriam Miranda (6), no ha supuesto una respuesta estatal de protección y las solicitudes concretas de prevención y protección formuladas para ella y su comunidad han sido reiteradamente desestimadas por el Comité Técnico del Mecanismo de protección para personas defensoras; y permitiendo que se sigan produciendo nuevos hechos de violencia en su contra. -
Tales medidas, ni tan siquiera han inhibido las agresiones de otros funcionarios hacia la indicada defensora y sus compañeros y compañeras.

En atención a lo descrito, las organizaciones firmantes demandamos la intervención del Estado hondureño para evitar que acciones de este tipo sigan repitiéndose. Que cesen los hostigamientos por parte de integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado y de las instituciones del sistema de justicia en contra de las lideresas y líderes de OFRANEH y que se ofrezcan medidas que permitan garantizar la seguridad de la población de Vallecito/Faya y que las personas defensoras de derechos humanos en la región Garífuna, puedan ejercer y defender derechos, sin ver afectada su integridad personal y su vida, así como las de sus familias y sus proyectos comunitarios.

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(1) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs Honduras. Sentencia de 8 de octubre de 2015, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf y Corte IDH. Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs Honduras. Sentencia de 8 de octubre de 2015, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_305_esp.pdf

(2) En 2014, en la zona de Vallecito existían dos pistas clandestinas de aterrizaje, una en Farallones, zona bajo control de Miguel Facusse y otra ubicada en territorio titulado a favor del pueblo garífuna. Si bien esta pista fue dinamitada por el Ejército, meses después fue reactivada por un grupo de personas que invadían territorio garífuna, y que fueron protegidos por el INA.

(3) La coordinadora de OFRANEH, Miriam Miranda ha sufrido durante el 2019 diversos actos de intimidación y acoso, por parte de funcionarios públicos. El 16 de enero el vehículo en el que viajaba Miriam Miranda, Coordinadora de OFRANEH, junto con otras personas integrantes de la organización, fue interceptado por elementos militares en las inmediaciones de Guapinol, lugar donde las comunidades que se mantiene en resistencia en defensa del agua están sufriendo constante represión por parte del Estado. En esta ocasión la lideresa y sus compañeras fueron retenidas por militares, quienes las “trataron como delincuentes”, pretendiendo requisar el vehículo sin la orden judicial pertinente. El 2 de marzo Miriam Miranda, recibió una citación del Ministerio Público por medio de la cual se la notificó su obligación de comparecer el 7 de marzo en las instalaciones de dicha institución en Trujillo, Colón, sin aclarar en relación a qué caso, ni en calidad de qué se la citaba. Especificando tan solo la obligatoriedad de acudir bajo amenaza de sanción penal en caso de no hacerlo. Hecho que se dio en el marco de un proceso de criminalización que Miriam Miranda enfrenta por su labor de defensa del territorio y los derechos del pueblo garífuna. El 19 de abril elementos de la Policía Nacional y la Policía Militar detuvieron el vehículo en el que viajaban las defensoras Miriam Miranda y Aurelia Arzú. Los Policías retuvieron los documentos personales de las defensoras y el equipo de OFRANEH.

(4) Mientras integrantes de OFRANEH realizaban tareas relacionadas con las plantaciones en sus territorios, observaron que la pista clandestina de aterrizaje que habían sido inutilizada por el Ejército previamente estaba siendo reparada, lo que generó que dos hombres que portaban el rostro cubierto, chalecos antibalas y armas de grueso calibre (Ak47 y R15), interceptaran a Odilio Padilla, administrador de la OFRANEH, y a otros miembros de la organización. Les quitaran los teléfonos que llevaban, manifestando interés en las fotos tomadas de la pista, e indicando que por orden de su jefe éstas debían ser borradas. Estando bajo custodia de estos sujetos, a un integrante de OFRANEH una persona que le habló por teléfono y le indicó que iba a llegar un “negociador”, quien determinaría si los dejaban ir o no. Media hora después llegó un hombre en un auto de lujo, e indicó que no querían problemas, que solo querían evitar que se denunciara la reparación de la pista clandestina. Mientras tanto una integrante de OFRANEH que había evitado ser capturada llamó a Radio Globo alertando de la situación, lo que generó acciones de solidaridad nacionales e internacionales que evitaron que la situación se agravara y que generó la intervención del Ejército.

(5) En los años 90, se dieron lugar a una serie de invasiones de tierra causadas por las presiones territoriales sobre la franja comprendida en el corredor Bonito Oriental Punta Piedra. En este periodo militares de alto rango se fueron apropiando de la zona con la complicidad del INA.

(6)MC-322-11
LETTER TO HONDURAN AUTHORITIES: We demand an end to attacks against the liberated Vallecito/Faya community and OFRANEH
We, the undersigned organizations and persons, are writing to express our concern over the lack of protection for the liberated Vallecito/Faya community (Faya in the Garifuna language) and the National Black Fraternal Organization of Honduras, OFRANEH. As is the case with other persons, organizations, and communities who defend a development model that is respectful of the environment and human rights, the community is undergoing an escalation of the vulnerable situation of violence and human rights violations faced historically.

Around a hundred members of the Garifuna people live in Vallecito/Faya, where their life style on ancestral lands is based on respect for nature and the search for a dignified life for all. Accordingly, the community opposes the development of tourism, the monoculture of the African oil palm, and drug trafficking. In Vallecito/Faya the pillage of the territory is rejected, while an adequate life alternative is being constructed for dozens of families and young people through raising agricultural products for self-consumption and the ancestral cultivation of coconut palm trees on more than 100 plots of land.

In order to protect their territory, way of life, and culture, the community has organized itself as part of OFRANEH, which has defended and continues to defend the rights of the Garífuna people in different ways, such as working with the Inter-American Human Rights System, which has obtained convictions against the Honduran government. (1).

The Garifuna Culture has been declared Intangible Cultural Heritage by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), and since 1997 has been entitled to property rights. Yet attempted land grabs have resulted in constant harassment, intimidation and threats against the people.

Community members have faced constant illegal attempts to take over their territory for agro-industrial use, such as those perpetrated by the Facusse family, which has caused serious environmental damage by operating African palm plantations on an important part of Garifuna lands. At the same time, the community is beset by drug trafficking groups that have built clandestine landing strips on their territory, taking advantage of the proximity to the sea to establish a corridor for running drugs (2).

The harassment endured by the community is felt even more intensely by leaders and/or community members on the Board of Directors of OFRANEH, even though they are beneficiaries of precautionary measures granted by the Inter-American Commission on Human Rights (3). In 2014, a heavily armed group associated with drug cartels kidnapped the Garifuna leader Miriam Miranda and other OFRANEH members (4). Even though they managed to escape, no effective investigations have been conducted to date and none of those responsible for the kidnapping have been identified or punished.

While it is true that harassment and violence have long existed against OFRANEH and the community as a whole, the situation is now worse than ever. They have recently been the target of different kinds of attacks that place the lives and integrity of the people at risk. For this reason, they have made denouncements to the general public and to the Inter-American Commission on Human Rights concerning the constant presence in and around the community of heavily armed groups of men on motorcycles near the beach, who spark anxiety and fear among the people and place their lives at risk.

These groups have been accused of the following acts:

-More than ten times in 2019 alone, they have cut the security fences that mark the boundaries of Vallecito/Faya and protect the community.
-On August 2, 2019, heavily armed men fired at three residents of Vallecito/Faya who live near the sea, yet were obliged to flee to the hills to save their lives.
-On the morning of August 14th, two vehicles filled with heavily armed persons entered the community, provoking anxiety among the people of Vallecito/Faya.

In this situation, the National Agrarian Institute (INA), far from protecting the Garifuna community property, has tolerated and even fostered the illegal invasion of lands (5). The passivity of the INA and other authorities has heightened the vulnerability of the Vallecito/Faya population that is exposed to the violent actions of groups seeking to take over their territory.

Officials of the system of justice are not only responsible for the impunity granted to the violent groups that have done harm to OFRANEH and the community of Vallecito/Faya; they also foster or facilitate the criminalization of Miriam Miranda and other leaders of the organization.

The conferral by the Inter-American Commission on Human Rights of precautionary measures in favor of Miriam Miranda (6), has not entailed a State response of protection for her, and the concrete requests for prevention and protection for defenders submitted by Miranda and the community have been repeatedly dismissed by the Technical Committee of the Protection Mechanism, thereby allowing new acts of violence to take place. Neither have these measures inhibited the attacks of other officials against the defender and her comrades.

In view of the above, the undersigned organizations demand the intervention of the Honduran government to avoid the repetition of actions of this type, and also demand an end to the harassment by members of State security forces and institutions of justice against OFRANEH leaders. Moreover, we demand the implementation of measures that guarantee the security of the Vallecito/Faya population and that permit human rights defenders in the Garifuna region the right to exercise and defend rights without experiencing harm to their life and personal integrity or to that of their families and community projects.

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(1) Inter-American Human Rights Court. Case of Garifuna Community of Punta Piedra and its Members Vs Honduras. Sentence of October 8, 2015, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Available at: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf
and IDH Court.
Garífuna Community of Triunfo de la Cruz and its Members Vs Honduras. Sentence of October 8, 2015, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. Available at: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_305_esp.pdf

(2) In 2014, in the Vallecito área, there were two clandestine landing strips, one in Farallones, in the area under the control of Miguel Facusse, and the other located in territory entitled to the Garifuna people. This strip was blown up by the Army, and months later was reactivated by a group that had invaded Garifuna territory and were protected by the INA.

(3) During 2019, OFRANEH Coordinator Miriam Miranda has been the target of a number of different actions of intimidation and harassment by public officials. On January 16th, the vehicle in which she and other OFRANEH members were traveling was intercepted by military personnel near Guapinol, where communities in resistance in defense of their water have experienced constant State repression. The leader and her comrades were “treated like criminals” by the soldiers who attempted to seize the vehicle without the required warrant. On March 2nd, Miriam Miranda, received a subpoena from the Public Prosecutor’s Office requiring her to appear at the Office in Trujillo, Colón on March 7th, without clarifying which case would be heard or the capacity in which she was being summoned. The subpoena only specified her obligation to appear under the threat of criminal penalties if she failed to do so. This action took place in the context of the criminalization process to which Miriam Miranda has been subjected for her defense of the territory and rights of the Garifuna people. On April 19th, agents of the National Police and the Military Police stopped the vehicle in which defenders Miriam Miranda and Aurelia Arzú were traveling. The agents retained the defenders’ personal documents and OFRANEH equipment.

(4) While several OFRANEH members were engaged in work related to the plantations in their territories, they observed that the clandestine landing strip previously used by the Army was being repaired. OFRANEH administrator Odilio Padilla and other members of the organization were intercepted by two men with their faces covered, wearing bullet-proof vests and carrying high-caliber weapons (AK47 and R15). The armed men took telephones from the defenders, expressing interest in the photos they had taken of the landing strip and indicating that their boss had ordered them to erase the photos. While under the custody of these individuals, an OFRANEH member received a telephone call from someone who said that a “negotiator” was going to arrive who would decide whether they would be released or not. Half an hour later a man in a luxury vehicle arrived and told them that authorities didn’t want any problems; they just wanted to avoid a denunciation of the landing strip repair. Meanwhile, an OFRANEH member who had avoided capture called Radio Globo to alert listeners of the situation. This led to national and international solidarity actions that prevented the situation from getting worse and avoided the intervention of the Army.

(5) In the 1990s, a series of land invasions occurred, caused by territorial pressures on the Bonito   Oriental   Punta   Piedra Corridor. During this period, high-ranking military officers gradually took over the area with the complicity of the INA.

(6) MC-322-11
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