#InclusiónNoSoloPensión

Licenciado Andrés Manuel López Obrador,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

C.C.

Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación,

Alejandro Encinas Rodríguez,
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración,
Secretaría de Gobernación,

María Luisa Albores González,
Secretaria de Bienestar

Ariadna Montiel Reyes
Subsecretaria de Bienestar

Marcelo Ebrard Casaubón,
Secretario de Relaciones Exteriores,

Martha Delgado Peralta,
Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
Secretaría de Relaciones Exteriores

Alicia Loza García Formenti – Encargada del Despacho
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS)


Alejandra Haas
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)

Los al menos siete millones de personas con discapacidad (PcD) que vivimos en México no tenemos satisfechos los derechos básicos.

Más de la mitad vive en la pobreza: 54% de acuerdo con el Consejo Nacional para Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL).

De cada 100 PcD, 55 no han completado la educación primaria.
En México son inexistentes las políticas que garanticen su derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad.

Las personas sordas carecen de acceso a intérpretes certificados en lengua de señas mexicana, sólo hay 42 en el país.

Las PcD que viven en zonas rurales sufren condiciones de abandono extremo y marginación, consecuencia de la desigualdad y la discriminación múltiple por falta de acceso a salud, educación, vivienda, trabajo, justicia (Pronadis).

Estas desigualdades persisten por la falta de un marco institucional sólido que articule las acciones de todos los niveles de gobierno para hacer posible que las personas con discapacidad tengan una vida digna y acceso a todos sus derechos.

México, al firmar y ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), se comprometió a contar con un organismo de alto nivel encargado de hacer esto posible. En la Ley General para el desarrollo y la inclusión de personas con discapacidad vigente, este organismo es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS). En estos seis meses de su administración no se ha nombrado a una persona titular y sabemos que su gobierno analiza desaparecerlo.

Sabemos también, que está consciente de las necesidades apremiantes de las personas con discapacidad y de la importancia que sean incluidas al desarrollo; la agenda es un asunto de justicia social y es urgente cumplirla. Si bien el CONADIS hasta ahora no ha logrado cumplir el mandato para el cual fue diseñado, habría que mejorarlo, perfeccionarlo y no desaparecerlo. Por el contrario, proponemos colocarlo en la agenda de derechos humanos que impulsa su gobierno en lugar de limitarlo a una política de asistencia social.

Desde una visión de Derechos Humanos, la respuesta institucional para abatir el rezago debe ser echar a andar una serie de programas y acciones en todas las dependencias, nombrar a una persona responsable de coordinarlo, evaluarlo para medir resultados y que haya un compromiso desde la Presidencia para que se cumpla.

No solo la pobreza mantiene excluida a esta población, sino también la discriminación estructural por el solo hecho de tener una discapacidad. Si bien reconocemos que existe una partida presupuestal histórica para aliviar, en alguna medida, las condiciones de pobreza extrema de un millón de personas, es indispensable complementar esta acción con la articulación de políticas públicas para lograr que todos los mexicanos con discapacidad gocen de los mismos derechos y dejen de ser ciudadanos de segunda.

El 3 de mayo de 2019, la Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Catalina Devandas Aguilar, envió una comunicación al gobierno mexicano expresando “su grave preocupación sobre el anuncio de la posible disolución del CONADIS”.

También manifestó que le preocupa lo siguiente: “(Que) el enfoque de derechos humanos que introduce la CDPD sea desplazado por un enfoque desactualizado, en donde las necesidades de las personas con discapacidad se quieran remediar de manera asistencialista y no a través de intervenciones públicas tendentes a eliminar las barreras sociales que limitan su participación plena”.

Por todo esto, lo urgimos, señor presidente, para que tome acciones en favor de millones de mexicanos con discapacidad y sus familias (al menos 25 millones) y que se implementen en el corto y mediano plazo.

Proponemos que, por intermedio de la secretaría de Gobernación, se instale una mesa de trabajo plural con organizaciones de y para personas con discapacidad, aliados y expertos para que entre todos contribuyamos a construir un organismo mediante el cual el Estado Mexicano cumpla sus obligaciones. Si no es CONADIS, definamos cuál sería este mecanismo.

La transformación del país que usted ha prometido no será posible sin las personas con discapacidad que han sido siempre excluidas y discriminadas. Una respuesta institucional desde los derechos humanos en este tema sería un legado histórico de su gobierno.


Atentamente,

“Nada de nosotros, sin nosotros”.

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