The attack against Lorena is the latest in a long series of unacceptable misogynistic attacks that is characteristic of Nayib Bukele as a politician, of his administration, and of some of his supporters who have routinely harassed, threatened, and defamed women within the opposition, particularly leftist women with affiliations to the FMLN and ties to the Salvadoran popular social movement.
Join CISPES to call:
1. On the judge presiding over the case and others in El Salvador’s judiciary branch not to act in submission to the Bukele administration’s political agenda but rather to uphold their obligation to abide by the law
2. That Lorena Pena’s constitutionally and internationally protected rights to due process rights be respected and upheld.
3. On the prosecution to not act illegally by opening a criminal trial based on fabricated charges.
4. On the Salvadoran government to cease its lawfare tactics against Lorena Pena and other political opponents.
--- español --
Lea la carta completa aquí: https://bit.ly/3F5rtuL
Fecha límite para firmar: Cierre del miercoles 15 de marzo de 2023
Para firmar como individuo, favor de firmar nuestra peticion: https://cispes.salsalabs.org/SolidaritywithLorena.
Complete este formulario para adherir a su organizacion a esta carta de solidaridad con Lorena Peña, activista feminista de vida y dirigente del partido izquierdista de El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), que actualmente se enfrenta a ataques misóginos y persecución política a manos del gobierno de Bukele en El Salvador.
Lorena Peña es una dirigente histórica del FMLN que ha dedicado su vida a la lucha revolucionaria del pueblo salvadoreño por construir una sociedad justa. Fue delegada del equipo negociador del FMLN en la firma de los Acuerdos de Paz de 1992. Posteriormente fue diputada legislativa del FMLN durante casi una década y fue elegida presidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador en 2015-2018.
Lorena ha soportado años de ataques misóginos y difamatorios contra su persona y su carácter como mujer de alto rango en la política salvadoreña y debido a su liderazgo abierto en temas de justicia social, económica y de género. Cuando era Presidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador, el partido derechista ARENA llevó a cabo una campaña de difamación alimentada por los medios de comunicación acusándola de mala conducta financiera, que resultó vacía.
Durante su carrera como legisladora, desempeñó un papel destacado en la defensa de los derechos de la mujer en los espacios de toma de decisiones. Presentó y promovió propuestas legislativas a las que la élite derechista de El Salvador se opuso sistemáticamente y a menudo obstaculizó, entre ellas: despenalizar el aborto en determinadas circunstancias; crear la institución financiera estatal para las mujeres, FOSOFAMILIA; reformar el código penal para tipificar los delitos contra las personas LGBT como delitos de odio y abordar mejor la violencia contra las mujeres y los niños; la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia; la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra las
mujeres; y abogó por las cuotas de participación política de las mujeres, entre otras iniciativas importantes.
El presidente Bukele y su partido han intensificado los ataques contra ella, probablemente en respuesta a sus críticas abiertas al retroceso de las normas democráticas fundamentales por parte de su gobierno y a las innumerables irregularidades en el gasto público.
En febrero de 2023, la Corte Suprema de Justicia anunció un caso civil contra Lorena por cargos de mala conducta financiera durante su mandato como Secretaria de Cultura del FMLN, notificó al Fiscal General y sugirió que su oficina podría abrir un juicio penal por la misma causa, poniéndola en peligro inminente de ser encarcelada injustamente dado que la garantía del debido proceso ya no existe en El Salvador.
El poder judicial salvadoreño actúa ahora sistemáticamente a instancias de la administración Bukele después de que los legisladores de Nuevas Ideas destituyeran y sustituyeran ilegalmente a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General en mayo de 2021 y la posterior destitución, sustitución y traslado de jueces y fiscales en todo el país en violación de la Constitución.
A pesar de que Lorena ya ha presentado todas las pruebas necesarias para absolverla de las acusaciones infundadas, el hecho de que esté siendo amenazada con la detención por cargos no penales de naturaleza administrativa afirma que el sistema judicial salvadoreño se ha convertido en un arma de persecución contra los opositores políticos del presidente Bukele y no se puede confiar en el Organo Judicial para hacer cumplir la ley, y mucho menos para garantizar el debido proceso o un juicio justo a cualquier ciudadano.
Esta cruzada anticorrupción contra exfuncionarios del FMLN pone de manifiesto la hipocresía del gobierno de Bukele, que ha desmantelado los numerosos avances en materia de transparencia gubernamental que tanto costó conseguir a la sociedad civil salvadoreña bajo la dirección ejecutiva del FMLN, incluido el cierre de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción y profundos retrocesos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y ahora utilizando un poder judicial y un Fiscal General sumisos para perseguir acusaciones infundadas de corrupción contra el FMLN, lo que ha resultado en el encarcelamiento y exilio de más de docenas de miembros y líderes del partido desde 2020. La misoginia dirigida contra Lorena Peña es motivo de creciente preocupación.
El ataque contra Lorena es el último de una larga serie de ataques misóginos inaceptables que es característica de Nayib Bukele como político, de su administración y de algunos de sus partidarios que han acosado, amenazado y difamado rutinariamente a las mujeres dentro de la oposición, particularmente a las mujeres de izquierda con afiliaciones al FMLN y vínculos con el movimiento social popular salvadoreño.
Únete a CISPES para pedir
1. Al juez que preside el caso y a otros en el sistema judicial de El Salvador a no actuar en sumisión a la agenda política del gobierno de Bukele; su role debe ser apagado a la ley.
2. Que se respeten y hagan valer los derechos al debido proceso de Lorena Peña protegidos constitucional e internacionalmente.
3. Que la fiscalía no actúe ilegalmente al abrir un proceso penal, con delitos fabricados.
4. Que el gobierno salvadoreño cese sus tácticas de guerra contra Lorena Peña y otros opositores políticos.