Ley 39/2015 123

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Ley 39/2015 123

Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para inicíar o instruir el procedimiento:

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No podrá acordar nínguna medida cautelar.

podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcíonadas, que deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes.

Podrá adoptar medidas provisionales de forma motivada que se mantendrán, en todo caso, hasta la finalización del procedimiento.

podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas que deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes.

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Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

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Los actos que limiten derechos objetivos.

Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.

Los actos que se dicten en ejercicio de potestades regladas.

Los actos que reflejen el dictamen de los órganos consultivos.

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Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación por medios electrónicos se entenderá rechazada:

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Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

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En un procedimiento administrativo, el acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de:

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Siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas.

Diez días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas"

Diez días naturales para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas.

Quince clías para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas.

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Según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale el acto administrativo que no es nulo de pleno derecho:

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El que sea constitutivo de infracción penal.

El que tenga un contenido imposible.

El que incurra en cualquier vulneración del ordenamiento jurídico.

El dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio.

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Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

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En el registro electrónico de la Administración.

En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

Todas son correctas.

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Según el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, si un interesado no dispone de los medios electrónicos necesarios:

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Esto no es posible, ya que todos los ciudadanos deberán disponer de estos medios.

Su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público. Será necesario, entre otras cosas, que el interesado preste su consentimiento expreso.

Se procederá a la emisión de un certificado para el interesado.

Su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo será automáticamente realizada por un funcionario público.

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De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, señala en que caso de suspensión del plazo máximo legal para resolver un procedimiento NO se exige la comunicación a los interesados:

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Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución.

Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea.

Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios propuestos por los interesados.

Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de distinta Administración.

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Según dispone el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de:

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Seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

Dos meses.

En ningún caso, puede ser superior a seis meses.

Tres meses.

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Según dispone el artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

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Contra los actos definitivos en vía administrativa, solamente procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

Contra los actos firmes en vía administrativa, procederá el recurso de alzada y el potestativo de reposición cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

Contra los actos firmes en vía administrativa, solamente procederá el recurso de alzada cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

Contra los actos firmes en vía administrativa, solamente procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

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