Académicas y Académicos Colombianos e Internacionales en Solidaridad con Huelga de Hambre de Excombatientes FARC-EP
El pasado martes 27 de junio, horas antes de que iniciara la ceremonia que marcó el final de la dejación de armas por parte de las FARC-EP, miembros de este grupo que se encuentran presos anunciaron que iniciaban una huelga de hambre indefinida. Jesús Santrich, miembro del secretariado de las FARC, se sumó ese mismo día a la protesta declarándose en huelga de hambre hasta tanto el gobierno no cumpliera con lo pactado en la Habana y, en particular, con la ejecución de la ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales que cubriría la situación de más de 2,000 presos de las Farc, así como de cientos de personas presas por delitos relacionados con protesta social y de agentes del estado.
.
Hoy, cuando se cumple el duodécimo día de la huelga que ya suma más de 1.300 presos en 19 cárceles del país, incluidos al menos 55 que han suturado sus labios (además de 1800 presos que se han declarado en desobediencia civil en otras cárceles), las y los académicos colombianos que suscribimos esta carta manifestamos nuestro total apoyo y solidaridad con los huelguistas. Adicionalmente, requerimos la implementación sin más retrasos de la amnistía, y otras formas de exoneración de responsabilidad penal, excarcelación y libertad condicionada pactadas en el Acuerdo de Paz firmado en La Habana y previstas en la Ley 1820 de 2016, según corresponda a la situación jurídica de cada caso y con cumplimiento de los deberes de verdad, reparación y no repetición frente a las víctimas.

El 26 de junio el colectivo de prisioneros políticos Alfonso Cano de la Cárcel de Pasto Nariño pidió:

“a todas las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y populares en general, a exigir con fuerza y contundencia no sólo nuestra excarcelación sino la implementación pronta y efectiva de la totalidad de lo pactado en los Acuerdos de la Habana Cuba.”

En respuesta a este llamado, diversos sectores sociales se han manifestado públicamente en solidaridad con la huelga. El pasado viernes 30 de junio plantones en al menos diez ciudades del país alzaron sus voces exigiendo se proceda con las amnistías. Igualmente, desde el extranjero han llegado voces de apoyo pidiendo #AmnistíaYa para los presos de las FARC. Más recientemente, miembros del Congreso Nacional de Paz enviaron una carta abierta al presidente Juan Manuel Santos, su gabinete, el Fiscal General y la rama judicial en la que resaltaron la importancia de que no se dilate más la salida de los presos beneficiarios de la ley. Quienes firmamos esta carta lo hacemos no solo en respuesta al llamado de los huelguistas, sino también en desarrollo de nuestro compromiso crítico e informado con la paz y con los derechos de las víctimas.

La huelga de hambre constituye un mecanismo legítimo de protesta con una larga e importante historia en las cárceles de Colombia y el mundo. Tan sólo hace algunas semanas concluyó la huelga de hambre de más de 1,200 presos políticos palestinos en cárceles de Israel. La huelga, apoyada por movimientos solidarios con la causa palestina alrededor del mundo, fue reconocida como un trascendental acto de protesta frente a las injusticias de la ocupación de Israel en Palestina. Huelgas similares tuvieron lugar a lo largo del siglo veinte en importantes coyunturas políticas en lugares como Norte de Irlanda y España, y recientemente en cárceles de Venezuela y Estados Unidos, entre muchas otras.
La causa de la actual huelga es de la mayor importancia para Colombia. La aplicación sin demoras de la Ley 1820 de 2016 constituye un compromiso político y jurídico que el Estado colombiano asumió no sólo frente a las FARC sino frente a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional. Tal y como lo señaló el secretario de la Misión de las Naciones Unidas para Colombia, el cumplimiento de las FARC con el tercer punto del acuerdo – dejación de las armas – constituye una lección para otros procesos de paz en el mundo. Ahora corresponde al Estado colombiano cumplir con su parte de lo pactado, haciendo todo lo que sea necesario para implementar sin demoras injustificadas las amnistías y demás tratamientos penales especiales previstos por el Acuerdo de paz y desarrollados por la Ley 1820 de 2016.

No cabe duda de que la implementación de una ley como esta requiere de procedimientos administrativos y judiciales complejos, y de que existen falencias estructurales de información y coordinación institucional que han obstaculizado el desarrollo oportuno de tales procesos. Sin embargo han pasado ya seis meses de la entrada en vigencia de la norma, y los escollos se han visto significativamente reducidos por el hecho de que el gobierno ha acreditado ya a la inmensa mayoría de los presos de las Farc, y de que la Fiscalía ha empleado una tecnología que le permite identificar los casos en los que pueden estar involucrados los aspirantes. Por ello, hay lugar a pensar que falta voluntad política de parte de algunos jueces de ejecución de penas, quienes están en posición de agilizar los procesos para dar pronto cumplimiento a lo exigido por la ley. Además, dada la importancia de la causa, resulta crucial que los organismos competentes se den a la tarea de identificar y resolver con prioridad los cuellos de botella institucionales, así como de monitorear las actividades de los agentes implementadores.

Así pues, sin pretender desconocer la importancia de la independencia judicial, los aquí firmantes hacemos un llamado a todos los agentes involucrados en el proceso de implementación a que den prioridad a la aplicación de la Ley 1820, y a que tomen las medidas necesarias para superar los obstáculos que están impidiendo su cumplimiento oportuno.
Cabe recordar que la amnistía de iure que establece la Ley 1820 de 2016 solo contempla delitos políticos y conexos, y excluye por ende los crímenes atroces de carácter internacional y los delitos que no se relacionan con el conflicto armado. Además, la libertad condicional que la ley prevé para delitos más graves cometidos en el marco del conflicto armado no exonera a sus beneficiarios de la obligación de comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz. Finalmente, todos los beneficiarios de la ley están obligados a satisfacer los deberes de verdad, reparación y no repetición. Por ende, no hay lugar a que los funcionarios estatales argumenten que la implementación de la ley pone en riesgo los derechos de las víctimas.

Contrario a lo que han expresado algunos medios de comunicación, el que la Corte Constitucional aún esté pendiente de estudiar la constitucionalidad de dicha norma no es razón válida para posponer su implementación. En efecto, el artículo 16 de la Ley 1820 dispone que la amnistía es aplicable a partir del día de su entrada en vigor. Y los procesos de revisión abstracta de normas ante la Corte Constitucional no suspenden su vigencia. Pero además, la implementación inmediata de la ley es, en este caso, crucial no solo para que el Estado dé una señal inequívoca de estar cumpliendo lo pactado en el Acuerdo de Paz, sino también para que cumpla con su deber de proteger la vida y garantizar la dignidad de los huelguistas.

En uno de sus comunicados recientes, los huelguistas manifestaron que la salud de varios de ellos da claros signos de debilitamiento. Es cuestionable no solo en el plano político y jurídico, sino también moral, que el Estado colombiano ponga en riesgo la vida de los presos de las FARC, así como de aquellos que se han solidarizado con su causa.

Implementar sin demoras a la Ley 1820 no sólo implica cumplir la promesa política de que los ex combatientes y otros líderes sociales presos disfruten de la paz en libertad; también implica asegurar que esas personas no morirán de hambre mientras esperan que la ley se cumpla.

*Las firmas no aparecen inmediatamente.


Alejandra Azuero, SJD Universidad de Harvard

María Paula Saffon, Profesora Universidad Nacional Autónoma de México

Andrés Fabián Henao Castro, Profesor Universidad de Massachusetts Boston

Laura Correa Ochoa, Candidata PhD en Historia Universidad de Harvard

Paola Camargo González, Universidade Estadual de Campinas

Lina Buchely, Universidad Icesi

Luis Eslava, Universidad de Kent

Valentina Montoya Robledo, Candidata SJD Universidad de Harvard

Luz Maria Sanchez, Estudiante PhD en Ciencias Políticas, Universidad de Massachusetts Amherst

Laura Betancur, Universidad de los Andes

Natalia Ramírez Bustamante, Candidata SJD, Universidad de Harvard

Mariana Llano, MDes ULE, Universidad de Harvard

Javier Revelo Rebolledo, Candidato Ph.D en ciencia política Universidad de Pennsylvania

Marco Palacios, El Colegio de México

Juan F. González Bertomeu, ITAM

Robert Karl, Universidad de Princeton

Rodolfo Vázquez, profesor-investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Aura María Cárdenas Paulsen, Profesora Universidad Nacional de Colombia

Pablo Kalmanovitz, Profesor Investigador CIDE, Ciudad de México

Fabricia Cabral de Lira Jordao, ECA/USP

Hourya Bentouhami, Profesora Universidad de Toulouse - Jean Jaurès (Francia)

Oscar Guardiola-Rivera, Birkbeck College, University of London

Nathalia Hernández Vidal, Candidata a Ph.D LUC

María Ospina, Profesora Wesleyan University (USA)

Jennifer Cyr, Profesora-investigadora de la Universidad de Arizona

Carlos Flores, profesor, Universidad Autonoma del Estado de Morelos, Mexico.

Santiago Virgüez Ruiz, Universidad de los Andes

Natalia Sofia Pérez, Estudiante Ph.D en Geografía, Simon Fraser Universit

Juan Sebastián Jaime, becario OSF Derechos de las Personas con Discapacidad

Juanita Pinzón Caicedo, NC State University

Bertomeu María Julia. Universidad Nacional de La Plata

Carolina Sanín, escritora

Manuel Alejandro Forero Figueroa, Universidad Nacional de Colombia

Claudia Cano Betancur, Universidad de Antioquia

John A. Gómez, Estudiante Ph.D. psicologia del desarrollo-Universidad de Fordham (NY)

Pablo A. Duran Chaparro, International Institute of Social Studies (La Haya, Holanda).

Paola Ruiz-Rodríguez UNIMINUTO

Tatiana Castillo Arévalo. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá

Humberto Ballesteros, Instructor de Humanidades, Universidad de Columbia en Nueva York

Paola Ruiz-Rodríguez PROFESORA Comunicación Social- Periodismo UNIMINUTO Bogotá-Colombia

Valentina Franco M, Universidad EAFIT

Jose Antonio Ramirez, Estudiante PhD Planeación Urbana, Columbia University

Valentina Cabana

Nina M. Rojas Vanegas

Hernán Alejandro Cortés, estudiante del Doctorado en Filosofía de la Universidad de Los Andes.

Jose David Torrenegra Ariza, Universidad Cooperatiiva de Colombia

Cristian Hernandez

FABIO ANDRES DIAZ, RHODES UNIVERSITY

Tatiana Bachiller Echeverry. Universidad del Cauca

Luis Carlos Espeleta, Universidad Industrial de Santander

Erika Yidid Homez, Universidad del Tolima

Oscar Orlando Posada Mejía

Diana Bocarejo, Universidad del Rosario

Marco Fidel Gómez Universidad de Antioquia

Carlos Becerra, consultor internacional

Esteban Alarcon, Estudiante Ingenieria Industrial de la Universidad Central-Bogotá-Colombia

Andrés F. Rodríguez, Politics MSc. University College London

Sebastian Hurtado Salazar. Postdoc, University of Chicago.

Leonardo Avendaño R. Estudiante Maestría en Estudios Sociales.

Carlos Cely

Juan Francisco Remolina Caviedes, PhD. Educación, Universidade Federal de Uberlândia (MG-Brasil)

Paola Andrea Navia Garrido

David Benítez Monroe, CUN

Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la Universidad del País Vasco

José Manuel Arias Botero, Institution des Chartreux (Lyon-Francia)

Hollman Lozano, Simon Fraser University

Leidy Carolina González, Pontificia Universidad Javeriana

Julio Ríos Figueroa, CIDE (México)

Luismi Uharte. Universidad del Pais Vasco

Luis Alarcon, Universidad de Barcelona

wilson melo sanchez - uniminuto

Alcira Escobar, estudiante maestría Instituto de Altos Estudios Europeos. Madrid

HENRY HERNÁN CASTRO PELÁEZ - SOCIOLOGÍA UNIVERISDAD DE ANTIOQUIA. TECNOLOGÍA GOBIERNO LOCAL, SENA

Yesica Paola Meneses Alfonso, Universidad Pedagógica Nacional

Juan F. Gonzalez Bertomeu, profesor, ITAM

Paulo Ilich Bacca, Universidad de Kent

Juan Carlos Wolff Idárraga, profesor de Dermatología, Universidad de Antioquia

Joanna Rojas Franco

Fran P, Galiza

Tatiana Alfonso, estudiante PhD Sociología, Universidad de Wisconsin-Madison

Jorge Pelaez Padilla, Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Alberto Uribe Correa, Universidad de Antioquia, Facultad de Medicina

Juan Manuel Hernández Vélez, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Andrés Felipe López, doctorante Université Toulouse Jean Jaurès UT2J

Alexander Molina Cabrera, Universidad Tecnológica de Pereira

Pastor Iván Giraldo Gómez, Universidad de Antioquia, Facultad de Artes, Sindicato AspUdeA.

Louise Mallinder, Transitional Justice Institute, Ulster University

Mónica Arias Fernández, doctorante, Université Paris VII Denis-Diderot

Viviana Palacio-Betancur, PhD Student, University of Chicago

Andrea Pozas Loyo, IIJ UNAM

Lina Britto, Northwestern University

Ana María Durán, Profesora Colegio Campoalegre de Bogotá

Catherine LeGrand, McGill University

Juan Ricardo Aparicio, Profesor Asociado, Universidad de los Andes

Kristina Lyons, University of California, Santa Cruz

Laura Ordóñez, Universidad del Rosario

Atticus Ballesteros, University of Chicago

Mercedes Mendoza. U. Distrital Fco José de Caldas

Sara Koopman, Assistant Professor, Kent State University, EEUU

Kiran Asher, Univ. de Massachusetts, Amherst

Juana Durán, Estudiante Unicersidad Nacional de Colombia

Teo Ballvé, Colgate University, Peace & Conflict Studies

Juan Sebastián Ospina, University of Oregon

Estefanía Calderón Potes, Universidad del Norte

Cristiam Sabogal Salazar, Creatorio

Antonio Barreto, Universidad de los Andes

Jasmin Hristov, Profesora, Universidad de British Columbia Okanagan

Luis van Isschot, University of Toronto

Libardo José Ariza, Profesor Asociado, Universidad de los Andes

Miguel Rábago Dorbecker Universidad de los Andes

Maria Laura Manrique (Conicet Argentina)

Diana Cordoba, University of Victoria

William Payne, Doctoral Candidate, York University (Canada)

María del Rosario Acosta López, DePaul University

Francisca Pou, Derecho, ITAM

Mariana Castrellon, Candidate JSD Stanford Law School

Isabel C. Jaramillo, Universidad de los Andes

Firma, Institución
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms