Ley 39/2015 203

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Ley 39/2015 203

Según lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta INCORRECTA:

1 point

Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos.

El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo.

Las disposiciones de creación de los registros electrónicos de cualquier Administración Pública se publicarán, en todo caso, en el "Boletín Oficial del Estado" y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro.

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente Interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

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En virtud de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta INCORRECTA:

1 point

No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.

Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos dos meses, se producirá la caducidad del procedimiento.

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En los términos regulados en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

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Las personas físicas podrán elegir, siempre y en todo momento, si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.

El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas no podrá ser modificado por aquella.

En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

No están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos quienes representen a un interesado que a su vez esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

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En el procedimiento de elaboración de los Reglamentos, ¿se garantiza legalmente la participación de los ciudadanos?

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Sí, a lo largo de todo el procedimiento.

Sí, mediante consulta pública previa a la elaboración del proyecto.

Solo está prevista en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley.

En ningún caso.

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De conformidad con el artículo 11 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:

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Presentar declaraciones responsables.

Solicitar práctica de prueba.

Cuando se realice el trámite por medios electrónicos.

Ninguna es cierta.

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El artículo 17.3 de la Ley 39/2015, establece que los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad, en particular asegurarán. Señale la respuesta INCORRECTA.

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El cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.

La identificación de los usuarios.

El control de accesos.

Que el formato de los documentos sea el adecuado para garantizar su conservación.

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Según lo establecido en el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (señale la respuesta incorrecta):

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Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56.

Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio

Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su desestimación.

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En relación a las medidas provisionales reguladas en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:

1 point

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.

Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos fundamentales amparados por las leyes.

En todo caso, se extinguirán cuando se dicte la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

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Según el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías (señale la respuesta incorrecta):

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Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.

Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.

Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder.

Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier instancia administrativa y ante cualquier Administración.

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Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes, de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos (señale la respuesta incorrecta):

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A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

A la protección de datos de carácter personal, y, en particular, a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

Al uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

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