Español:Las personas y organizaciones firmantes denunciamos la injusta criminalización de 11 defensores ambientales y de derechos humanos provenientes de comunidades ubicadas en la provincia de Cotabambas, Apurímac, quienes enfrentan penas de hasta 9 años de prisión por ejercer su legítimo derecho a la protesta contra los abusos de la empresa minera MMG Las Bambas.
Desde hace 10 años, las comunidades afectadas por el megaproyecto minero Las Bambas han sido víctimas de represión, violencia y persecución judicial. En septiembre de 2015, la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de un convenio de seguridad privada firmado con Minera Las Bambas S.A.C., reprimió brutalmente una protesta legítima contra la modificación del Estudio de Impacto Ambiental sin consulta previa. La represión dejó como saldo el asesinato, por parte de la PNP, de tres comuneros: Beto Chahuallo Huillca (24 años), Alberto Cárdenas Chalco (23 años) y Exaltación Huamaní (30 años). Un año después, la PNP asesinó a otro comunero, Quintino Cereceda (42 años). Pese a la violencia estatal, ni la PNP ni los ejecutivos de la empresa involucrados en la misma han sido procesados por estos hechos.
Por el contrario, la empresa MMG Las Bambas impulsó un proceso penal contra más de 300 personas defensoras del territorio, de las cuales 37 fueron llevadas a juicio y, finalmente, 11 han sido condenadas. La sentencia dictada el 25 de julio de 2024 por el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas se basa en supuestas pruebas de cargo que en realidad no son tales, por lo que no acreditan la participación individual y/o colectiva de los acusados. Cabe precisar que este proceso ha estado plagado de irregularidades, dilaciones indebidas y falta de garantías, evidenciando la parcialidad de la fiscalía y el juzgado unipersonal en favor de los intereses de la empresa.
El fallo condenatorio aquí referido no solo vulnera los derechos fundamentales a la protesta y el debido proceso judicial, sino que sienta un grave precedente para la criminalización y denuncia penal contra quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos en el Perú. Actualmente, la defensa legal ha apelado la sentencia, y en los próximos días, esto es el 19 de marzo, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac iniciará la Audiencia de Apelación y tomará una decisión clave que puede marcar o la inmediata absolución o una arbitraria privación de libertad de estos 11 defensores.
Exigimos al Poder Judicial del Perú un fallo absolutorio que garantice justicia para las personas defensoras y ponga fin a este proceso arbitrario que solo busca desmovilizar la legítima protesta social. Enfatizando que la defensa del territorio no es un delito.
Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre el peligroso uso del sistema de justicia para favorecer los intereses de MMG Las Bambas y reprimir a las comunidades afectadas. La empresa no solo se ha constituido como parte civil en el juicio, sino que ha exigido una reparación civil de 80 mil dólares, que en primera instancia le ha sido otorgada sin mayor fundamento en los hechos ni en la ley, agravando aún más la situación de los defensores y defensoras criminalizados.
Hacemos un llamado a la solidaridad de organizaciones sociales, de derechos humanos y ambientales, así como a la ciudadanía en general, para que alcemos la voz contra este abuso de poder. No permitamos que 11 defensores sean privados de su libertad por exigir respeto a sus derechos y a su territorio.
Las Bambas es un caso emblemático de la persecución de quienes defienden el medio ambiente y los derechos de las comunidades. Hoy más que nunca, exigimos justicia y un alto a la criminalización.
English:
The undersigned individuals and organizations denounce the unjust criminalization of 11 environmental and human rights defenders from communities located in the province of Cotabambas, Apurimac, who are facing prison sentences of up to 9 years for exercising their legitimate right to protest against abuses by the mining company MMG Las Bambas.
For the past 10 years, communities affected by the Las Bambas mining megaproject have been victims of repression, violence and judicial persecution. In September 2015, the Peruvian National Police (PNP), under a private security agreement signed with Minera Las Bambas S.A.C., brutally repressed a legitimate protest against the modification of the Environmental Impact Study without prior consultation. The repression resulted in the murder by the PNP of three community members: Beto Chahuallo Huillca (24 years old), Alberto Cárdenas Chalco (23 years old) and Exaltación Huamaní (30 years old). A year later, the PNP murdered another community member, Quintino Cereceda (42 years old). Despite the state violence, neither the PNP nor the company executives involved have been prosecuted for these acts.
On the contrary, the MMG Las Bambas company initiated criminal proceedings against more than 300 land defenders, of which 37 were brought to trial and 11 were finally convicted. The sentence issued on July 25, 2024 by the Unipersonal Criminal Court of Cotabambas is based on alleged evidence that in reality is not such, and therefore does not prove the individual and/or collective participation of the defendants. It should be pointed out that this process has been plagued with irregularities, undue delays and lack of guarantees, evidencing the bias of the prosecution and the unipersonal court in favor of the company's interests.
The conviction referred to here not only violates the fundamental rights to protest and due process, but also sets a serious precedent for criminalization and criminal charges against those who defend the environment and human rights in Peru. Currently, the legal defense has appealed the sentence, and in the next few days, that is on March 19, the Criminal Appeals Chamber of the Superior Court of Justice of Apurimac will begin the Appeal Hearing and will make a key decision that can mark either the immediate acquittal or an abritrary deprivation of liberty of these 11 defenders.
We demand that the Peruvian Judiciary acquit the defenders and put an end to this arbitrary process that only seeks to demobilize legitimate social protest. We emphasize that the defense of territory is not a crime.
We alert the national and international community about the dangerous use of the justice system to favor the interests of MMG Las Bambas and repress the affected communities. The company has not only become a civil party in the trial, but has also demanded a civil reparation of 80 thousand dollars, which in the first instance has been granted without any basis in fact or law, further aggravating the situation of the criminalized defenders.
We call on the solidarity of social, human rights and environmental organizations, as well as citizens in general, to raise our voices against this abuse of power. Let us not allow 11 defenders to be deprived of their freedom for demanding respect for their rights and their territory.
Las Bambas is an emblematic case of the persecution of those who defend the environment and the rights of communities. Today more than ever, we demand justice and a stop to criminalization.
