Un plan nacional por la democracia, los derechos humanos y el desarrollo
sostenible e inclusivo como salida a la crisis política nacional
Renuncia de Dina Boluarte y elecciones este 2023
Ante los recientes y graves acontecimientos
suscitados en el país las organizaciones de la sociedad civil firmantes
expresamos nuestro reconocimiento y saludamos el ejemplo de coraje y dignidad
de los pueblos, gremios, organizaciones de jóvenes, mujeres, movilizadas en
gran parte del territorio nacional en defensa de la vida, libertad, la dignidad
y la democracia que clama por una respuesta política ciudadana.
Nos sentimos parte de las luchas de nuestros
pueblos. Estamos por un nuevo pacto político que nos represente a todos y a
todas sin exclusión Con estos esfuerzos esperamos contribuir a la posibilidad
de abrir un cauce democrático para un nuevo proyecto político de los
excluidos/as, víctimas del clasismo, del racismo, del patriarcado, que durante
siglos han sido postergados.
1.
Rechazamos la actuación autoritaria y violenta,
el atropello a la libertad y la violación a los derechos humanos, como
respuesta al legítimo derecho a la protesta ciudadana y sus justas demandas
democráticas, de parte del gobierno. Esta peligrosa deriva autoritaria ha
significado hasta el momento 56 fallecidos. 9 menores de edad, 46 víctimas de
ejecuciones extrajudiciales, 912 heridos, detenciones ilegales, durante las
cuales se ha agredido a detenidos y violentado sexualmente a las mujeres, así
como más de 100 personas investigadas sin garantías de un debido proceso.
2.
Para justificar la violencia del Estado, con el
apoyo de los medios de comunicación al servicio de los grupos de poder, generan
un escenario de guerra interna al que buscan legitimar acusando a ciudadanos,y
ciudadanas a las y los dirigentes sociales y gremiales de terroristas. Esto lo
hacen sin pruebas que lo sustenten y obviando conscientemente que estas
organizaciones indígenas y populares no sólo fueron afectadas y violentadas por
el terrorismo, que les costó la vida a cientos de dirigentes populares en
defensa de sus organizaciones y de la democracia y, fueron uno de los artífices más importantes
de la derrota del senderismo criminal.
3.
Criticamos el desempeño de las fiscalías y del
poder judicial por incumplir su función de defensa de los derechos, negándose a
recibir los habeas corpus, así como al no hacerse presentes de manera oportuna
en los momentos que se reprime a la población movilizada, dejando en el desamparo
a los ciudadanos y ciudadanas. Exigimos el fortalecimiento de las fiscalías de
derechos humanos, que vienen siendo desmanteladas al reducirlas de 12 a 7 y que
sean estas las encargadas de investigar los crímenes contra la población
movilizada y no las de crimen organizado.
4.
Rechazamos con firmeza los hechos de vandalismo
cometidos por infiltrados y por grupos violentistas que actúan en las marchas y
manifestaciones pacíficas para desprestigiarlas. Exigimos que la PNP cumpla con
su responsabilidad de identificar y detener a los responsables de estos hechos,
así como que actúe cumpliendo la normatividad nacional y los estándares
internacionales establecidos para el control del conflicto social.
5.
La presencia de sectores tradicionalmente
ignorados como las organizaciones indígenas y campesinas, así como amplios
sectores de la sociedad, especialmente de las regiones con mayores niveles de
vulnerabilidad, nos compromete a todos a dialogar sobre la plataforma política
que los articula y convoca, así como construir una agenda nacional de corto y
mediano con mecanismos, objetivos y estrategias claras. Sólo así lograremos
ampliar y reconstruir un espacio político con legitimidad e iniciar un proceso
de reconstrucción de la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los
derechos humanos.
6.
Esta es la ruta para enfrentar y revertir la
clara amenaza conservadora y autoritaria que busca imponer en nuestro país su
agenda ideológica contra los derechos de todos y todas, así como un régimen
vertical y excluyente, al servicio de los poderes fácticos. Es desde la
solución de las demandas políticas de la población movilizada, que se debe
articular integralmente las diversas agendas regionales, generando propuestas
para los temas críticos que permitan cerrar las brechas estructurales que están
en la base de las masivas movilizaciones en gran parte de las regiones del
país.
7.
Esta agenda nacional y descentralizada, debe
tener como base esencial la defensa del derecho a la vida, la libertad, la
dignidad y el desarrollo pleno como pilares esenciales de nuestra
sociedad, así como la defensa de los derechos civiles y políticos, los de las
mujeres, así como los económicos, sociales, culturales y ambientales. Para
darle contenido democrático y sostenibilidad, esta agenda debe construirse
mediante el diálogo y la concertación entre la población y sus organizaciones,
los gobiernos regionales y locales, así como con los múltiples actores
económicos, sociales, medioambientales y culturales de cada uno de los
territorios.
8.
Frente a la gravedad de la crisis que estamos
atravesando como componentes de la sociedad civil proponemos con carácter de
urgencia:
a. Renuncia
de la presidenta Dina Boluarte
b. Adelanto
de elecciones al 2023, sin cambios en el JNE y la ONPE. Se debe realizar la
primera vuelta en octubre, la segunda vuelta en noviembre y el cambio de ambos
poderes del Estado antes del 31 de diciembre.
c. Ni
un muerto más. Reconocimiento y garantía para el ejercicio del derecho a la
protesta sin criminalizarla y en cumplimiento de los estándares
internacionales.
d.
Renovación de la Mesa Directiva del Congreso
para que se elija una presidencia con un mínimo de legitimidad ciudadana para
conducir el proceso electoral y la transición hacia nuevas autoridades.
e.
Referéndum para que el pueblo decida iniciar un
proceso Constituyente.
f.
Cambio de mandos policiales responsables de
ejecuciones extrajudiciales, y reforma policial.
- Impulso a la articulación
nacional de las representaciones territoriales de la sociedad movilizada,
para fortalecer su capacidad de negociación con los poderes del Estado de
la agenda que vienen exigiendo desde hace semanas como la salida política
a la crisis. Rechazamos todo intento de obviar esta agenda y acotar el
diálogo a lo que el gobierno denomina agenda social.
- Apelamos a los diversos organismos
internacionales, así como a instituciones con legitimidad como la ANGR o
las universidades nacionales, para que asuman un rol activo de mediadores
entre la sociedad movilizada, con el Gobierno y el Congreso, para abordar
las demandas políticas urgentes
- Asumimos el compromiso de
participar con nuestras propuestas y desde nuestras posiciones, en un
amplio diálogo nacional desde los territorios de cara a la instalación de
un nuevo gobierno, para consensuar agendas de corto y mediano plazo.
- Acompañaremos y participaremos
en diálogos y reuniones con organizaciones y representantes sociales,
económicos y políticos en los diversos territorios para concertar
propuestas y acordar prioridades en las agendas de desarrollo. Coordinar y
hacer alianzas con los gobiernos regionales, y con las articulaciones
sociales del norte, centro y sur del Perú, para abrir espacios de diálogo
regional representativos y autónomos.
Finalmente llamamos a las organizaciones de la sociedad civil a realizar
el monitoreo y veeduría de la investigación de las muertes de las más de 56
personas, de los cientos de heridos/as, y de las violaciones a su dignidad de
las mujeres detenidas en San Marcos y durante las protestas e investigaciones
sobre derechos humanos, a la vez de reiterar que se adopten las políticas
públicas eficaces para reparar a las víctimas de estos recientes hechos.
Y
exhortamos a los representantes de las delegaciones del sistema de Naciones
Unidas, de la Unión Europea y de la OEA a que sigan vigilantes y pronunciándose
ante los graves acontecimientos que se viven en nuestro país, a fin de evitar
que la estigmatización de la protesta social y la represión violenta se
profundicen.
Lima, 26 de enero de 2023
Articulación de
Organizaciones, Redes y Plataformas de la Sociedad
