Proclama de movimientos y organizaciones sociales sobre las propuestas de la I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales // Statement of social movements and civil society organisations regarding the proposals of the I Ministerial Conference of Latin American States affected by the interests of transnationals

** english below**

Como movimientos y organizaciones sociales consideramos que los Acuerdos Internacionales de Inversiones (AII) –como son los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y los capítulos de inversiones en los Tratados de Libre Comercio (TLC) y otros tipos de acuerdos similares llamados de “asociación”– son parte de la arquitectura de impunidad de las empresas transnacionales. Como tal amenazan los derechos de los pueblos y de la naturaleza, la soberanía y constituciones de las naciones, la democracia y el interés público. Estos acuerdos consolidan aún más la asimetría de la ley donde los derechos y el poder de las corporaciones están protegidos por una "ley dura" y priman sobre los derechos de los pueblos y comunidades. Creemos que los Estados nacionales deben tener no sólo la obligación sino también la plena libertad de establecer y aplicar legislaciones y políticas públicas a favor de los pueblos y el medio ambiente y en cumplimiento de sus responsabilidades en materia de derechos humanos, sin la amenaza de coacciones y demandas del capital transnacional.

Por eso, desde hace muchos años impulsamos y formamos parte de campañas a nivel nacional, regional e internacional como las luchas contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones, el ALCA, la OMC y su ampliación, los TBI y los TLC de la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá con países llamados en vías de desarrollo; el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPPA, por su siglas en inglés); la Alianza Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por su sigla en inglés). Asimismo, formamos parte de la Campaña continental contra los TBI y por una nueva arquitectura financiera y comercial, y de la Campaña Desmantelemos el Poder Corporativo y Pongamos fin a la Impunidad, entre otras.

En este sentido, proponemos el avance de un marco legal de relaciones económicas internacionales alternativo, basado en principios democráticos, de solidaridad y justicia, y que priorice los derechos humanos y de la naturaleza sobre los intereses y las ganancias privadas. Este marco debe incluir obligaciones vinculantes para las empresas privadas y públicas respecto a los derechos humanos, económicos, laborales, sociales, y de respeto a la naturaleza. Se debe garantizar a los Estados sus derechos a la soberanía y la autodeterminación, incluyendo la posibilidad de implementar políticas públicas para la realización de esos derechos. En este contexto, cualquier acuerdo de inversiones también debe incluir a nivel interno de los Estados un mecanismo de participación pública y discusión democrática con representación de los sectores sociales involucrados.

Por tanto, las organizaciones firmantes:

1) Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos que sufren a diario los impactos y consecuencias de la acción de las empresas transnacionales privadas y públicas. Asimismo, reconocemos el esfuerzo de pueblos y gobiernos que han emprendido acciones concretas para impedir inversiones dañinas de empresas y asegurar que sea respetada su soberanía, su autodeterminación y los derechos de los pueblos.

2) Manifestamos nuestro rechazo a las demandas de inversionistas y empresas transnacionales en tribunales internacionales, y particularmente a los fallos arbitrales multimillonarios en contra de los Estados; tribunales que en su inmensa mayoría sólo velan por los intereses del capital transnacional por sobre los intereses de los pueblos de los países demandados. Reiteramos nuestra solidaridad con los pueblos y países afectados, junto a nuestro reclamo de que los Estados anulen, denuncien y dejen de firmar o renovar los diversos acuerdos y tratados que los someten ilegítimamente a jurisdicciones extranjeras o a imposiciones que conculcan derechos.

3) En ese mismo espíritu, saludamos la realización de la I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por los intereses transnacionales, realizada en Guayaquil, Ecuador, el 22 de abril pasado, y mantenemos la esperanza de que sea una iniciativa que prospere en función de la necesidad urgente de poner fin a las inversiones transnacionales de capitales privados o públicos que no contribuyan al buen vivir de los pueblos y de la naturaleza.

4) Tomamos nota de las diversas propuestas incluidas en la Declaración final de esa Conferencia, y respaldamos entre ellas la creación de un Observatorio Internacional sobre litigios en materia de inversiones, la constitución de la Conferencia permanente de Estados Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales, y la búsqueda de acuerdos globales entre los países del Sur que refuercen la defensa de nuestros pueblos y países frente a la acción de las empresas transnacionales; y nos comprometemos a contribuir a este proceso con nuestra experiencia, observaciones y recomendaciones.

Nos mantendremos vigilantes para que esto se concrete, aspirando a que esta iniciativa no se limite a corporaciones transnacionales privadas, sino que abarque también a las empresas transnacionales estatales, así como un mecanismo de reparación integral para con los pueblos y la naturaleza.

5) Tomamos nota en particular que la Declaración hace referencia a la necesidad de crear mecanismos permanentes de interlocución con las organizaciones y movimientos sociales. Consideramos que tales mecanismos puedan ser un paso propicio hacia la creación y consolidación de un proceso de participación directa de los pueblos y movimientos, y ofrecemos el conocimiento y capacidad de nuestros movimientos y organizaciones acumulado durante décadas de trabajo para contribuir en la tarea planteada. Quedamos pendientes de la convocatoria a un diálogo inicial sobre cómo avanzar en la concreción de estos mecanismos.

6) En ese mismo contexto de interlocución, solicitamos puntualmente se nos facilite la información relacionada con las propuestas que se están avanzando, como el mecanismo regional de solución de disputas inversor-Estado actualmente en negociación en la UNASUR, para así poder tener una participación sustantiva al respecto.

9 May 2013
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Statement of social movements and civil society organisations regarding the proposals of the I Ministerial Conference of Latin American States affected by the interests of transnationals

As social movements and civil society organisations, we consider International Investment Agreements (IIAs) – such as the Bilateral Investment Treaties (BITs) and investment chapters in the Free Trade Agreements (FTAs) and other similar, so called, Association Agreements – to be part of an architecture of impunity of transnational corporations (TNCs). As such they undermine peoples’ and nature’s rights, as well as the sovereignty and constitutions of nations, democracy and the public interest. These agreements further consolidate the asymmetry of laws that propagate that the rights and power of corporations are protected by ‘hard law’ and are above the rights of peoples and communities. We believe that Nation-states should have not only the obligation but also the full freedom to implement laws and policies in favour of the people and the environment, without the threat of being sued by transnational capital.
For this reason, for many years, we have been promoting and we are part of active national, regional and international campaigns like the struggles against the Multilateral Agreement on Investment (MAI), the FTAA, the WTO, and later the struggles against BITs and FTAs from the European Union, the United States and Canada with developing countries; the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP); and the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). We also form part of the continental campaign against BITs and for a new regional financial architecture, and the Global Campaign Dismantle Corporate Power and Stop Impunity, among others.

In this regard, we propose advancing an alternative legal framework for international economic relations that is based on democratic principles of solidarity and justice, and prioritises the rights of humans and nature over private interests and profits. This framework should include binding obligations for private and public transnational corporations on issues of human rights, as well as economic, labour, social rights, and respect for mother nature. It should also guarantee governments’ possibility to enact public policy for the realisation of these rights. In this context, any investment agreement should also include a mechanism for public participation and democratic discussion with representatives of the relevant social sectors.

Therefore, we, the undersigned organisations:

1) Express our solidarity with the people who suffer daily the impacts and consequences of the actions of corporations, either private or public. We also recognize the efforts of people and governments that have undertaken specific actions to prevent harmful corporate investments and ensure that sovereignty, self-determination and the rights of peoples and nature are respected.

2) Reject the demands of investors and transnational corporations in international tribunals, and particularly the billionaires’ arbitration awards against States. These tribunals that overwhelmingly represent the interests of transnational capital over the interests of people from sued countries. We reiterate our solidarity with the people and countries affected, along with our demand that States annul, denounce and stop signing the various agreements and treaties that unlawfully subjected them to foreign jurisdictions and violate rights.

3) In the same spirit, we welcome the organisation of the First Ministerial Conference of Latin American States affected by transnational interests, held in Guayaquil, Ecuador, on 22 Aprill. We remain hopeful that this initiative flourishes, especially because of the urgent need to put an end to transnational investments from private or public capital that do not contribute to the good living of people and of nature.

4) Taking note of the various proposals included in the final declaration of the Conference, we support the creation of an International Observatory on investment disputes, the establishment of the Permanent Conference of Latin American States affected by the interests of transnational corporations; and the search of global agreements between countries of the South that reinforces the defense of our people and countries against the actions of transnational corporations. We are committed to contribute timely to these processes with our experience, observations and recommendations.

We will remain vigilant to make this happen, with the hope that this initiative is not limited to private transnational corporations but also covers state corporations as well as a comprehensive mechanism for repairing the impacts on people and nature.

5) Taking note that the Declaration refers to the need to create mechanisms for ongoing dialogue with social movements and organisations. We believe that such mechanisms could be a step conducive to the creation and consolidation of a process of direct participation of the people and movements. We offer the knowledge and experience of our organizations and movements, accumulated over decades of work, to contribute to the task at hand. We are ready to start a dialogue to discuss the way forward in making concrete these mechanisms.

6) In the same context of dialogue and in order to have meaningful participation, we specifically request information regarding some of the regional proposals that are moving forward, such as the regional mechanism for the settlement of investor-State disputes currently under negotiation in UNASUR.

9 May 2013

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