H. Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

H. Magistrado Rafael Guerra Álvarez
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México

Las organizaciones, colectivos, activistas y académicos/as abajo firmantes nos dirigimos a ustedes para urgir a que se adopten medidas emergentes para atender la ola de desalojos producida como consecuencia de la pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar el derecho a la vivienda adecuada de la población de la capital. Preocupa que, a casi un año del inicio de la contingencia sanitaria en nuestro país, las instancias de la Ciudad de México no hayan tomado medidas en este sentido. Es por eso que urgimos a adoptar una moratoria (o suspensión) urgente para desalojos de personas en situación de vulnerabilidad, sin detrimento de que esta disposición sea complementada con otras.

El 27 de julio de 2020, el Relator especial para la vivienda adecuada de la Organización de las Naciones Unidas instó a todos los países a adoptar una moratoria de desalojos y ejecuciones hipotecarias, así como de evitar desalojos forzosos, durante la pandemia. Desde entonces, distintos tipos de moratorias –e incluso previsiones mucho más integrales en materia de derecho a la vivienda- han sido adoptadas por países como Alemania, Argentina, Austria, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Malasia, Reino Unido y Sudáfrica.

Si bien en el mes de octubre del 2020 la Jefa de Gobierno de Ciudad de México dijo considerar la posibilidad de emitir un decreto para evitar la expulsión de una persona por no pagar la renta en determinados meses, ésta ha sido descartada alegando que el Gobierno de la capital federal no tendría facultades para ello. Sin embargo, las personas abajo firmantes –muchas de las cuales participamos en organizaciones que tienen a muchos integrantes contagiados y varios predios en riesgo de ser desalojados– consideramos que la Jefa de Gobierno sí tiene la facultad de ordenar como medida sanitaria la no ejecución de desalojos por vía judicial y administrativa, así como establecer otras disposiciones para prevenir y evitar desalojos a mano propia y el corte de servicios básicos como el agua ,en contra de las familias vulnerables. Lo anterior se afirma con base en los artículos 9.E.2, 16.E.c y 16.I.e de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los artículos 24.V, 102 y 199 de la Ley de Salud del Distrito Federal. También se pueden prever apoyos para los propietarios que, para satisfacer sus necesidades básicas, dependen de las rentas.

Si bien el Poder Judicial de la Ciudad de México ha suspendido actividades ya por dos periodos, se tiene programada la reanudación de labores para el 15 de febrero, la cual ocurriría aun estando en pandemia por lo que podría continuarse con la ejecución de desalojos. Además, la necesidad de la moratoria no responde al estado del semáforo sanitario en la entidad: mientras persista la pandemia y no se haya alcanzado un número importante de población vacunada, seguirán los problemas económicos, la pérdida de empleos y habrán miles de personas con problemas para pagar sus rentas. Por otro lado, no todos los desalojos en la capital federal se dan por mandamiento judicial, sino que existen otros que pueden darse por vía administrativa o de forma ilegal. Problema ya reconocido por la propia Jefa de Gobierno al referirse a las mafias inmobiliarias que operan en la ciudad.

Recordamos además, con profunda preocupación, que incluso durante la suspensión de actividades del Poder Judicial de la Ciudad de México, se han realizado desalojos (en un sondeo aplicado en el mes de mayo se reportó que por lo menos 256 personas habían sido desalojadas durante la pandemia), varios con participación de actuarios judiciales. Otros han sido causa de contagios, como ocurrió en el edificio Puebla 261, donde una familia se enfermó de COVID-19 durante un desalojo y una persona ya falleció debido a esa enfermedad. Es por ello que exigimos al Poder Judicial de la Ciudad de México que realice de manera urgente todas las acciones necesarias para investigar y en su caso sancionar a todos/as los/as actuarios/as que estén participando en desalojos ilegales, apoyados incluso por elementos de seguridad privada de las inmobiliarias.

Por todo lo anterior, urgimos a decretar una moratoria de los desalojos –lo que no implica amnistía de pago para los arrendatarios/as o perdón de la deuda– y la prohibición de realizar cortes de servicios municipales como el agua, en beneficio de las personas en situación de especial vulnerabilidad socioeconómica, incluso no derivada de la pandemia, especialmente cuando son mujeres víctimas de violencia de género, población indígena, personas con discapacidad, población LGBT y personas habitantes de asentamientos precarios.

No es opción para la Ciudad de México no hacer nada frente a la grave situación de los desalojos durante la pandemia e incluso a más largo plazo. No es posible atender la crisis sanitaria sin establecer medidas enfocadas a garantizar el derecho a la vivienda adecuada.

Está en sus manos asumir la responsabilidad para evitar mayores afectaciones en estos meses tan críticos en los cuales las autoridades, deben más que nunca, atender las obligaciones que justifican su existencia.

Atentamente,
Red de desalojos
Movimiento Urbano Popular
06600 - Plataforma Vecinal Colonia Juárez
Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)