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Equipos técnicos de organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes de las provincias, y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes queremos manifestar la preocupación por la falta de información oficial por parte de las autoridades nacionales del Ministerio de Capital Humano, Secretaria de Niñez y Familia y Subsecretaría de Políticas Familiares sobre el desarrollo y continuidad del Programa de Acompañamiento al Egreso (P.A.E.) destinado a 3.500 adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales de Argentina, que estuvieron bajo protección del Estado por haber sufrido vulneraciones graves como malos tratos y abusos en sus familias de origen.

El P.A.E. es una política pública creada por Ley N° 27.364, sancionada en 2017 por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, que garantiza derechos desde el principio de igualdad y no discriminación: por un lado, el derecho a recibir un acompañamiento personal y afectivo para el desarrollo de su autonomía; y por otro, el derecho a una asignación económica equivalente al 80% del salario mínimo vital y móvil, que les permite pagar el alquiler de sus viviendas, cubrir su alimentación y sostener sus estudios.

Desde hace 3 meses, la transferencia de la asignación económica se demora cada vez más, y el último pago -correspondiente al mes de febrero de 2024- no ha sido depositado y no hay información oficial sobre fecha cierta de cobro. Esta falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales impacta gravemente en las condiciones de vida de los jóvenes incluidos en el programa ya que muchos de ellos se enfrentan a la posibilidad de ser desalojados, deben discontinuar sus estudios y se les dificulta planificar el desarrollo de su vida autónoma.

La gestión del programa cuenta con información pública y transparente y, desde hace 7 años, se realizan monitoreos y evaluaciones por parte de diferentes organismos e instituciones -como la Universidad Católica Argentina- que dan cuenta de sus impactos positivos en una población que ha atravesado una historia de vulneraciones. Además, a través de diferentes consultas participativas, los adolescentes y jóvenes expresan que el P.A.E ha favorecido su desarrollo integral tanto en aspectos económicos, educativos como de salud, lo que permite equiparar su situación frente a otros adolescentes y jóvenes que viven y crecen con sus familias y tienen garantizada por ley la protección hasta los 21 años (o 25 años si estudian).

Desde el principio de corresponsabilidad que tenemos como actores del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes exigimos que las nuevas autoridades del Ministerio de Capital Humano, Secretaria de Niñez y Familia y Subsecretaría de Políticas Familiares se comprometan a:
• Brindar información fehaciente a las áreas competentes de todas las jurisdicciones del país sobre la continuidad de esta política pública y sobre las autoridades a nivel nacional que lo tienen a su cargo.
• Ejecutar el pago de la asignación económica que se adeuda a los y las jóvenes incluidos en el Programa, regularizar los pagos y activar mecanismos para que la transferencia económica pueda llegar sin demoras y en fecha cierta a los titulares, de modo que puedan -junto a sus adultos referentes- trabajar en su organización financiera y proyectos de autonomía.
• Habilitar canales de comunicación oficiales entre las jurisdicciones del país y las autoridades nacionales que tienen a su cargo la coordinación del Programa, donde se difunda información certera para los equipos de las provincias, adolescentes y jóvenes beneficiarios, con el fin de disminuir la incertidumbre y la circulación de información falsa.
• Renovar los convenios de adhesión e implementación del Programa con los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes de las provincias.
• Actualizar la formación y registro de los adultos referentes del Programa y promover la realización de nuevas cohortes de capacitación y garantizar la inclusión de nuevos titulares.


ADHIEREN
Coordinadores provinciales y municipales del PAE de Provincia de Buenos Aires, Chubut, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Salta, Corrientes, Tucumán, Chaco, Catamarca. Mendoza, Santiago del Estero, La Rioja. - Equipos técnicos de Niñez y Juventud provinciales y municipales de Buenos Aires, Corrientes, Mendoza,
Provincia de Buenos Aires (Villa Gesell, Gral Rodriguez, Escobar, Moreno, Ezeiza, Lobería, La Plata, Almirante Brown), Tucumán, Santiago del Estero. - Referentes PAE de Neuquén, Misiones, Río Negro, Buenos Aires, Formosa, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Corrientes, Mendoza. - Asociación Civil Doncel por los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes - Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) - Aldeas Infantiles - Red por los derechos de las niñeces, adolescencias y juventudes de Corrientes (REDNAJ) - Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina - Red de organizaciones de niñez y adolescencias territoriales (RONAT) - FEIM - Asociación Civil Adopten Niñes Grandes - Red Encuentro - Organización Multipolar - SEHAS Córdoba - Fundación SES - Fundación por Nuestros Niños de Salta - Asociación Civil Pantalón Cortito - RELAF - La Casita del Padre Elvio - Fundación Lasalle - Asociación Niños Visibles de Santa Fe - Asociación Civil El Arca - Ternura Revelde - Referentes Académicos de CONICET UBA, Observatorio Adolescentes y Jóvenes UBA, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Y más de 300 adhesiones de trabajadores de infancia y organizaciones sociales de todo el país.