005 - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

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El artículo 24 del Código Penal define los conceptos de autoridad y funcionario público a efectos penales.

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Todas las autoridades son funcionarios públicos.

Se remite al Estatuto Básico del Empleado Público para definir el concepto de funcionario público.

Considera autoridad a quien por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.

Considera funcionario público a quien por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.

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El artículo 11 de la ley 10/95 de 23 de noviembre, Código Penal, dice que los delitos consistentes en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un deber jurídico especial el autor, equivalga a su:

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Obligación.

Causación.

Recusación.

Pasividad.

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La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito:

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Obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados.

Exige, en todo caso, que el perjudicado acuda a la Jurisdicción Civil para resarcirse de los daños sufridos.

No da lugar a resarcimiento alguno. Sólo dan lugar a indemnización los daños causados por las faltas, aunque hayan sido despenalizadas.

Supone que el Estado central o autonómico deberá resarcir al perjudicado con cargo al Erario Público y sin derecho de repetición contra el culpable.

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El Código Penal tipifica como delito de cohecho:

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Que una autoridad o funcionario público, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo.

Que una autoridad o funcionario público, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar.

Que las autoridades o funcionarios públicos se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales.

Que los funcionarios públicos o autoridades influyeren en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.

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La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, comete un delito de:

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Prevaricación.

Cohecho.

Tráfico de influencias.

Malversación.

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Indique cúal de los siguientes delitos exige expresamente la concurrencia de ánimo de lucro como elemento subjetivo del tipo:

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Hurto de uso de vehículo a motor (artículo 244 Código Penal)

Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural (artículo 289 Código Penal).

Daños (artículo 263 Código Penal)

Estafa (artículo 248 Código Penal).

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¿Cual de las siguientes penas no es aplicable a las personas jurídicas?

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Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los socios.

Disolución.

Multa por cuotas.

Suspensión de sus actividades.

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El artículo 511 de la ley 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal, establece que serán castigados los que denieguen a una persona una prestación de un Servicio Público a la que tengan derecho por razón de su ideología, religión, etnia, raza, sexo, orientación sexual, situación familiar, género, enfermedad, discapacidad. Los autores del delito han de ser:

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Autoridades.

Autoridades y empleados públicos.

Particulares encargados de un servicio público.

Todas son incorrectas.

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La suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad:

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Se acordará en fase de ejecución, tan pronto sea firme la sentencia, aunque excepcionalmente puede acordarse en la sentencia si el Ministerio Fiscal está de acuerdo.

Puede acordarse sin sujeción a ningún requisito cuando el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.

Puede condicionarse a cualquier deber que el juez o tribunal estime conveniente, aunque no cuente con la conformidad del penado, siempre que no atente contra su dignidad.

Se revocará automáticamente cuando el penado sea condenado por un delito cometido durante el periodo de suspensión.

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Señale la respuesta correcta, según establece la ley 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal:

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En su artículo 550.2, se consideran actos de atentados los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios.

En su artículo 554.2, se impondrán las mismas penas de los artículos 550 y 551 a quien acometan, empleen violencia o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.

En su artículo 554.1 serán también castigados con las mismas penas de los artículos 550 y 551 los que cometan los actos contra un miembro de las Fuerzas Armadas que estuviera prestando servicio que le hubiera sido legalmente encomendado.

Todas son correctas.

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