Ley 39/2015 127

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Ley 39/2015 127

Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

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Las personas físicas.

Quienes ejerzan una actividad profesional, en cualquier caso.

Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

Quienes actúen en representación de un interesado.

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De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento, sometido al principio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos respetando los principios de:

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Transparencia, publicidad e imparcialidad.

Transparencia y publicidad.

Publicidad e imparcialidad.

Transparencia e imparcialidad.

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Según el artículo 35 de la LPAC, los actos administrativos necesariamente serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

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Cuando supongan una limitación de derechos subjetivos.

Cuando se trate de actos que acepten la propuesta de pruebas hechas a instancia de los interesados.

Cuando mantengan el criterio seguido en actuaciones antecedentes y se ajusten al dictamen emitido por un órgano consultivo.

No será necesario motivar los acuerdos de suspensión de actos.

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Según la LPAC, cuando el último día del plazo sea inhábil:

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No se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Se prorrogará al primer día hábil siguiente, previa autorización del órgano administrativo.

Se entiende prorrogado al primer día hábil de la Comunidad Autónoma en la que resida el interesado, con independencia de la sede del órgano administrativo.

Se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente.

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Los procedimientos administrativos podrán iniciarse:

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De oficio o a solicitud del interesado

De oficio.

Por el interesado, siempre que se trate de un procedimiento sancionador.

De oficio por la Administración, en los procedimientos que limiten derechos de los particulares.

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Cabe recurso extraordinario de revisión:

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Contra cualquier acto administrativo.

Contra actos de trámite.

Contra los actos firmes en vía administrativa, cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

Contra los actos firmes en vía administrativa cuando al dictarlos hubieran incurrido en error de derecho.

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El recurso potestativo de reposición debe interponerse en el plazo de:

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Un mes, en todos los casos.

Un mes, cuando el acto sea expreso.

De quince días siempre que el acto sea expreso.

De quince días, a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

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Conforme a la LPAC, los actos administrativos se publicarán:

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Cuando el acto administrativo no tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.

Cuando se trate de actos no integrantes de un procedimiento selectivo.

Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.

Ninguna es correcta.

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El plazo máximo para notificar una resolución expresa es:

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El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Cuando no lo fijen, éste será de tres meses.

De nueve meses, salvo que una norma con rango de ley hubiera previsto uno menor.

De seis meses, siempre que las normas reguladoras de los procedimientos no fijen un plazo máximo.

De seis meses, siempre que las normas reguladoras de los procedimientos no fijen un plazo mínimo.

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La ejecución de un acto impugnado NO se suspenderá:

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A menos que el acto lesione derechos de terceros no personados en el procedimiento. En ese caso, se suspenderá automáticamente.

A menos que una disposición establezca lo contrario.

A menos que el acto administrativo hubiera agotado la vía administrativa.

A menos que la impugnación se base en alguna de las causas de anulabilidad previstas en la ley.

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