Israel está bombardeando intencionadamente en la Franja de Gaza barrios residenciales, escuelas, campos de refugiados, hospitales y ambulancias. El fiscal de la Corte Penal Internacional ha abierto investigaciones por crímenes de guerra y organizaciones de derechos humanos y agencias de Naciones Unidas urgen a que la comunidad internacional tome medidas urgentes para detener esta masacre. Solo entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre de 2023 han sido asesinadas en Gaza más de 10 000 personas, entre ellas al menos 4 000 niños y niñas. Save the Children denuncia que ha habido más muertes infantiles en la Franja de Gaza en solo 3 semanas que en todo el mundo desde el 2019. Según esta organización, un niño muere cada 10 minutos en Gaza.
Expertos de Naciones Unidas alertan de que lo que está pasando a día de hoy en Gaza podría ser un genocidio e instan a los gobiernos a pasar a la acción afirmado que "los aliados de Israel también tienen responsabilidad y deben actuar ahora para impedir su desastroso curso de acción (...) todas las partes deben cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos."
El Artículo I de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de la que el Estado español es firmante, obliga a los estados a tomar medidas para prevenir y sancionar este tipo de crímenes contra la humanidad. Recordemos que, además, este indicio de genocidio se comete contra un pueblo que lleva décadas sometido a un régimen de apartheid, tal como denuncian Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El embargo de armas es un paso necesario en esta dirección y una obligación no solo moral, sino también legal, tal como se recoge en el marco jurídico español que prohíbe la venta de armas a países en conflicto o en los que se dan importantes vulneraciones de Derechos Humanos. Estas normas son:
- Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso,
- Tratado sobre comercio de armas, ratificado por España el 17 de marzo del 2014
- Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.
El Gobierno español ya ha tomado decisiones similares anteriormente como cuando suspendió las ventas de armas en Libia, durante su guerra civil o la venta de material antidisturbios en Venezuela. Contamos incluso con un precedente de suspensión temporal de venta de armas a Israel en agosto de 2014. En esta fecha, bajo la Presidencia de Mariano Rajoy, Israel asesinó a 2.205 palestinos en Gaza, de los que 538 eran niños y niñas. Si en aquel momento el embargo de armas estaba justificado, hoy es más necesario que nunca.
Es importante entender este embargo de armas de manera bidireccional, es decir, es necesario prohibir tanto la venta como la compra de armamento y tecnología de seguridad a Israel. España compra muchas más armas a Israel de las que vende. Israel usa Palestina, sobre todo la Franja de Gaza, como campo de experimentación para testar nuevas armas y métodos de represión que luego exporta para ser usados contra población civil alrededor del mundo. Estos productos se publicitan como “probados en combate” y esto se ha convertido en un valor añadido en el mercado de la seguridad y la defensa internacional. La marca “probado en combate” que Israel promociona, hace referencia a productos que se han probado sobre población civil palestina. Un genocidio debería rendir cuentas y no beneficios económicos.
Los gobiernos, entre ellos el Gobierno del Estado español, tienen la responsabilidad y el deber de contribuir al mantenimiento de la paz y al respeto de los derechos humanos en todo el mundo y esto pasa por acabar con la impunidad de Israel ante sus sistemáticos crímenes contra el pueblo palestino.
Las entidades firmantes creemos que el Estado español puede y debe liderar este proceso y convertirse en un referente mundial para la construcción de paz y la justicia global.
Por todos estos motivos, le exigimos al Gobierno de España el fin inmediato del comercio militar y de seguridad con Israel.
