Como profesoras y profesores de facultades de Derecho de universidades españolas, manifestamos:

1. Nuestra firme convicción de que la Constitución es la norma que a todos nos une en libertad y en nuestra pluralidad y de que por eso el significado y el valor normativo de la Constitución debe estar por encima de las disputas políticas y de las ambiciones personales de los gobernantes, de cualquier gobernante. Nadie que tome en serio la Constitución y lo que tiene de garantía de los derechos de todos y cada uno de los españoles puede tolerar que su fuerza normativa, su integridad o el esquema institucional que establece puedan ser utilizados como moneda de cambio por ningún líder político o partido, sea de la orientación ideológica que sea. Si el precio para que gobiernen “los nuestros” se paga en degeneración del Estado de todos, los vencedores en cada caso serán, al tiempo, los verdugos de la convivencia libre de todos bajo el igual Derecho.

2. Nuestra defensa más firme del principio constitucional de igualdad de los españoles ante la ley. Al margen de las dudas que muchos podamos abrigar sobre la constitucionalidad de las amnistías, una mínima coherencia personal y académica nos deberá hacer pensar que si consideramos compatible con la Constitución la amnistía de los encausados y condenados por los acontecimientos de Cataluña conocidos como el procés, a fin de que pueda gobernar un determinado partido político, igual de legítima y jurídicamente posible habrá de estimarse cualquier amnistía que en el futuro otro partido pudiera otorgar a cualquier grupo de delincuentes y siempre que dicha medida permita alcanzar el gobierno al partido que entonces la promueva. Los efectos destructivos del orden social, de la norma constitucional, de la igualdad de los ciudadanos y de la función preventiva del Derecho penal son catastróficos con tales maneras de entender lo que la Constitución vale, lo que es políticamente legítimo y lo que funda nuestra leal convivencia en libertad y respeto a las normas que nos aglutinan y que nos identifican como ciudadanos y no como súbditos..

3. Nuestro propósito de ser congruentes con lo que en las aulas de Derecho enseñamos como fundamentos de nuestras respectivas disciplinas. Todas y cada una de ellas pierden sustento si asumimos calladamente que la obligatoriedad del Derecho está subordinada a los puros intereses personales de quien tenga poder político, económico, mediático o de cualquier clase o aspire a conseguirlo, o de quien se halle en situación de chantajear a los políticos más ambiciosos a cambio de impunidad para todo tipo de delitos, como sedición, terrorismo, delitos de corrupción económica en todas sus variantes, etc. Si hoy, por los intereses de una parte, cabe amnistiar esos delitos por obra de partidos que negaban hasta el día mismo de las elecciones la constitucionalidad de su amnistía, mañana podrán otros amnistiar, con idéntico propósito puramente político, cualesquiera delitos contra la vida, las libertades todas, los derechos de los trabajadores, el honor de las personas, el orden socioeconómico, la Administración Pública, los derechos de los extranjeros, la Administración de Justicia, etc., etc. ¿Acaso alguien puede imaginar que a cambio de votos en la investidura un partido amnistiara los delitos sexuales o los de violencia de género?

Un Estado en el que el valor de la legalidad se hace depender de la fuerza y la capacidad de negociación de quienes vulneran las leyes es y será un Estado irremisiblemente fallido y deberíamos, entonces, los profesores de Derecho incorporar esa advertencia cuando explicamos todas y cada una de nuestras asignaturas o escribimos sobre ellas. Sabemos y enseñamos a diario que no es la legalidad la que tiene que estar, en su aplicación, sometida a la política, sino la política a legalidad. En un Estado que se llame de Derecho no puede ser de otro modo.

Por lo expuesto, los firmantes de este escrito no queremos ser parte de esa triste mayoría de silenciosos enseñantes de Derecho y queremos hacer constar, con nuestros nombres, que ningún silencio institucional en nuestra Universidad nos compromete como cómplices de la degeneración de nuestro sistema jurídico y político ni nos descalifica como ciudadanos pasivos e indiferentes. Entre nosotros hay personas que simpatizan con diferentes partidos o ideologías y con bien distintas concepciones del bien y de la justicia, pero en común tenemos lo que juntos nos permite convivir afablemente: el respeto a la Constitución y la seguridad de que sin garantías legales y constitucionales el Estado constitucional y democrático de Derecho inexorablemente sucumbe.