Las organizaciones sociales y
personas que suscribimos manifestamos nuestro rechazo al impulso del proyecto
de ley sobre “Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas”
(Boletín 8467-12) que se encuentra actualmente en segundo trámite
constitucional ante la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes
Nacionales del Senado, integrada por los senadores Sergio Gahona (UDI), Isabel Allende (PS), Francisco Chahuan (RN), Ricardo Lagos (PPD), y Rafael Prohens (RN).
El ejecutivo ha anunciado que
dará urgencia a dicho proyecto de ley en el contexto del llamado “Pacto Fiscal”
y de la agenda sobre “permisología”. En los hechos, con esto el gobierno
demuestra que cede ante las presiones de los intereses corporativos que buscan
consolidar la privatización de nuestro mar, ríos y lagos y sus zonas costeras.
El proyecto de ley que rechazamos
se originó en el primer gobierno del ex presidente Piñera al alero de una
manifiesta intervención de grupos de interés.
A lo largo de su tramitación
dicho proyecto de ley ha sido unánimemente criticado por múltiples actores,
tanto de la sociedad civil como del mundo académico y científico. Sin embargo,
haciendo oídos sordos a la evidencia científica incontestable de que las zonas
costeras están en la primera línea de los efectos adversos del cambio climático
(IPCC, AR6, 2022) y al imperativo mundial de adoptar políticas públicas de
retiro progresivo de las áreas costeras expuestas a inundación y a los eventos
extremos en aumento, este gobierno ha optado por impulsar una ley que facilita
la ocupación, explotación privada y degradación del mar, ríos, lagos
navegables y sus costas.
De aprobarse esta ley, se seguirá
exponiendo irresponsablemente a la población a los riesgos de desastres
naturales, agudizados ahora por los efectos adversos del cambio climático y se
agravará la apropiación y explotación insostenible de los bienes comunes
costeros, lo que se traduce en la vulneración de derechos fundamentales de la
ciudadanía.
Entre los aspectos más críticos
del proyecto que el Gobierno busca impulsar se cuentan:
- De acuerdo con el mensaje de
la ley su motivación es “contar con un régimen regulatorio de las concesiones
marítimas que permita una mayor celeridad en su tramitación y que garantice de
mejor manera la seguridad jurídica para los titulares” y asegurar “los
intereses económicos que tanto el Estado como los particulares tienen en cuanto
al aprovechamiento del borde costero…”.
- Se establece un procedimiento
que simplifica y facilita el otorgamiento de concesiones marítimas sin
contemplar ningún elemento de pertinencia ecológica, territorial o justicia
ambiental lo que conducirá al sacrificio de territorios, en beneficio de agendas
que responden a intereses económicos, como el plan de acción del llamado
hidrógeno “verde”.
- Se les otorga a los
concesionarios marítimos un título “oponible al Estado y a cualquier persona”
que concede a su titular “el derecho a conservarla y a no ser privado de ella”.
La consecuencia práctica de esto es que, tal como ocurre actualmente con las
concesiones de acuicultura de la corrupta ley de pesca, las concesiones
marítimas se convertirán, de hecho, en indefinidas, es decir, indistinguibles
de un derecho de propiedad privada sobre los bienes comunes costeros.
- Se habilita al Estado para
otorgar la propiedad de playas fiscales a las personas que acrediten ocupación
de dichos bienes nacionales por 10 años o más, es decir, institucionaliza,
abiertamente, la privatización de nuestras costas (artículo 6° transitorio).
- Los “terrenos de playa”
artificiales que resulten de rellenos de playas efectuados por empresas
portuarias, ahora serán de propiedad privada de éstas, en lugar permanecer como
bienes nacionales, como es actualmente, estableciendo un verdadero incentivo a
la destrucción de dichos ecosistemas costeros (artículo 2°, N° 14).
- El proyecto de ley no
contempla presupuesto alguno para la nueva división de concesiones marítimas
que se crearía en el ministerio de Bienes Nacionales, ni para fiscalización de
las concesiones, ni para la formulación de la Política Costera y las zonificaciones
costeras regionales.
- No se contemplan instancias
de participación ciudadana incidente ni de consulta indígena en la toma de
decisiones sobre la explotación y apropiación privada de bienes comunes
costeros marinos, fluviales y lacustres.
- El proyecto de ley en
cuestión se opone manifiestamente a compromisos internacionales adquiridos por
nuestro país por medio del Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992, el Acuerdo de París, el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Acuerdo de
Escazú.
Las personas y organizaciones
firmantes hacemos un urgente llamado al Presidente de la República señor Gabriel Boric a desistir de la idea, manifestada a través de su Ministro de Hacienda, de darle urgencia
al señalado proyecto de ley sobre Administración del Borde Costero y
Concesiones Marítimas y a la Comisión de Medio Ambiente del Senado a rechazarlo
de plano, por las graves razones manifestadas.
Desde ya muchas gracias a todas y todos por apoyar y defender la costa!
La Costa Se Defiende
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