POR UNA AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA QUE BENEFICIE REALMENTE A LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
Las y los especialistas que suscribimos este pronunciamiento, saludamos la decisión del Congreso de la República de derogar la Ley 27360, de Promoción del Sector Agrario, por las razones que motivaron la protesta laboral, vinculadas con las precarias condiciones de trabajo y la desprotección social que posibilitaba el anterior marco regulador.

Consideramos, asimismo, que la propuesta de ley presentada por la “Comisión Multipartidaria para la Creación de una Nueva Ley Agraria”, representa un punto de partida para la discusión y aprobación de una norma que realmente introduzca cambios sustanciales en las condiciones laborales en el sector agrario.

En ese sentido, cabe señalar los avances que introduce el proyecto de ley en materia de derechos y beneficios laborales, que mejoran algunos aspectos de la norma derogada, comenzando por la prohibición de la tercerización e intermediación laboral de actividades principales en el sector agrario, así como el reconocimiento expreso del derecho de los trabajadores a recibir utilidades, una asignación familiar, un pago por escolaridad, una tasa adicional por jornada laboral nocturna y el seguro por trabajo de riesgo.

Sin embargo, a pesar de estos aspectos importantes, vemos con preocupación que este proyecto de ley insista con algunos de los dispositivos de la anterior legislación que se derogó por considerarla injustificada:

• Se establece una remuneración básica agraria (RBA) que reproduce el patrón remunerativo del régimen derogado: la compensación por tiempos de servicios (CTS) y las gratificaciones se pagan conjuntamente con el jornal diario, como parte de una remuneración integral, desnaturalizando el objetivo de ambos derechos (principalmente la CTS, como soporte económico para la cesantía); razón por la cual ambos conceptos deben pagarse por separado, como establece el régimen general de la actividad privada.

• Los aportes a la seguridad social siguen estando por debajo de lo establecido en el régimen laboral general (7% de la remuneración en lugar de 9%), perpetuando el desbalance financiero de EsSalud, como si los trabajadores agrícolas y agroindustriales no estuviesen expuestos a problemas de seguridad y salud ocupacional, incluso más que en otros sectores.

• Lo que corresponde es que los trabajadores agrarios gocen de los mismos beneficios laborales que los trabajadores sujetos al régimen laboral general.

• Consideramos, además, que la demanda de un aumento remunerativo levantada por los trabajadores del campo, se justifica plenamente, dada la profunda desigualdad en la evolución de los ingresos laborales respecto de las millonarias utilidades empresariales en 20 años de recibir subsidios estatales, expresados en un menor aporte a la seguridad social de sus trabajadores, el pago de la mitad del impuesto a la renta, los beneficios del drawback, la depreciación de activos, las ventajas arancelarias de los acuerdos de libre comercio, el acceso barato al recurso hídrico, entre las principales. En ese sentido, los trabajadores de la agricultura y agroindustria debieran recibir un aumento de su RMV de al menos 50%.

• Con relación al reconocimiento del bono de productividad, este aparece condicionado a “si hay acuerdo” de los trabajadores con su empleador, lo cual resulta extremadamente difícil en un sector con una tasa de sindicalización del 4% En su lugar, debe garantizarse la libre organización y fomentar la negociación colectiva de los trabajadores con sus empleadores, con el fin de permitir que las mejoras en su productividad laboral se transformen en mejoras salariales. Para ello, resulta fundamental que los trabajadores agrarios que realizan labores permanentes sean contratados a plazo indefinido, mientras que aquellos estacionales recurrentes, accedan a un contrato estable discontinuo.

• El fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es una medida largamente demandada no solo por los trabajadores, sino que es recomendada también por nuestros principales socios comerciales, en el marco de los acuerdos comerciales suscritos con nuestro país que incorporan compromisos en materia laboral y ambiental. Sin embargo, este fortalecimiento solo será posible si se asignan mayores recursos presupuestales; de lo contrario, toda mención al respecto carece de sustento y se reduce a un mero ejercicio retórico.

• Con relación al régimen tributario, si bien consideramos necesaria una adecuación progresiva al régimen general para las empresas que se beneficiaron menos de cinco años con los beneficios tributarios del régimen agrario, esta debiera considerar un menor plazo al propuesto (2025 en lugar del 2028), además de modificar el orden de las condicionalidades establecidas para acceder a este derecho: las empresas agrícolas no podrán acceder a los beneficios tributarios si cuentan con infracciones en el ámbito laboral y ambiental.

Por lo expuesto, creemos que el Congreso de la República tiene una oportunidad histórica para corregir un marco normativo que cumplió con creces su objetivo original, consolidando económicamente a un sector que se ha visto beneficiado con las políticas comerciales, el acceso a los recursos naturales y a vías de comunicación subsidiadas con recursos públicos, por lo que es momento que quienes han hecho posible este despegue y consolidación –como son las trabajadoras y los trabajadores del agro– se beneficien también y de manera proporcional, con una mayor participación en las ganancias generadas por la agricultura.

Se adhieren individualmente:
1. Javier Neves Mujica
2. Christian Sánchez Reyes
3. Fernando Cuadros Luque
4. María Bastidas Aliaga
5. Adolfo Ciudad Reynaud
6. Elmer Arce Ortiz
7. Javier Mujica Petit
8. Lily Ku Yanasupo
9. Mariela Belleza
10. Carlos Mejía Alvites
11. Saúl García
12. Eduardo Zegarra
13. Enrique Fernández-Maldonado
14. José Marcos-Sánchez Zegarra
15. Edgardo Balbín Torres
16. Pedro Francke Ballve
17. Henry Carhuatocto Sandoval
18. Julia Cuadros Falla
19. Pablo Ricardo Abdo
20. Luis Miguel Sirumbal Ramos
21. Juan Diego Motta Villegas
22. Irma Elvira Ganoza Macchiavello
23. Julia Carmen Espinoza Bernal
24. Ibis Fernandez Honores
25. Mirtha Villanueva Cotrina
26. Ruth Luque Ibarra
27. Julia Cuadros Falla
28. Jorge Bracamonte Allaín
29. Amire Romina Ortiz Arica
30. Rayza Collazos Alvarado
31. Sonia Johana Asurza Espiritu
32. Diana Miloslavich Tupac
33. César Mariano Figueroa Vergara
34. Rosario Narváez Vargas
35. Magali Aguilar Cortez

Se adhieren colectivamente:
1. Federación de Trabajadores del Agua Potable del Peru - FENTAP
2. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ
3. Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos
4. Programa Laboral de Desarrollo - PLADES
5. Red de Propuesta y Acción - Red Muqui
6. Asociación Nacional de Centros - ANC
7. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible -IDLADS PERÚ
8. Asamblea de Delegados de Organizaciones de la sociedad civil de Lambayeque - ADOSCIL
9. Movimiento Manuela Ramos
10. CPM Micaela Bastidas - Trujillo
11. Colectiva Mujer y Poder
12. COOPERACCIÓN
13. Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú-CITE
14. Acción por Igualdad
15. CEAS- Comisión Episcopal de Acción Social
16. Centro de Desarrollo Étnico - CEDET
17. Comisión de Derechos Humanos Alto Huallaga – CODHAH
18. Colectiva Obstetras Feministas
19. SEDYS Trujillo
20. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
21. Asociación Servicios Educativos Rurales
22. Asociación de Productores Agrarios, Pecuarios y Agroindustriales de la Provincia del Alto Amazonas – ASPROAPEC
23. Derechos Humanos y Medio Ambiente - DHUMA
24. Plataforma de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible - RENADES
25. Colectivo Uniones Perú
26. Grupo de Mujeres Diversas
27. CMP Flora Tristán
28. Asociación Mujeres Las Karahuayllas
29. Colectivo Juntos Perú por justicia basta de impunidad



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