Justicia para las mujeres Maya Achi
**Justice for Maya Achi Women! Full English text of letter below**

El viernes 21 de junio, la juez Claudette Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, dictó sobreseimiento definitivo para tres ex-patrulleros de autodefensa civil (ex-PACs) en Guatemala, acusados de violencia sexual y crímenes de lesa humanidad cometidos a principios de la década de 1980 durante los regímenes genocidas de los dictadores militares Benedicto Lucas García y José Efraín Ríos Montt, contra las mujeres Maya Achi en el municipio de Rabinal, del departamento de Baja Verapaz. La jueza Domínguez clausuró provisionalmente el caso contra otros tres para dar más tiempo al Ministerio Público a continuar su investigación. Le solicitó documentación que es imposible obtener y por consiguiente, básicamente despejó el camino para que los cargos en su contra sean desestimados posteriormente. En su decisión, la jueza Domínguez rechazó los relatos de primera mano de las sobrevivientes y de múltiples testigos presenciales, declarando que no había pruebas suficientes para confirmar que los acusados eran miembros de las patrullas de autodefensa civil. Sin embargo, cinco de los seis acusados han recibido pagos del gobierno para compensar a los ex-PACs y todos fueron identificados en los registros militares como PACs.

El caso histórico Maya Achi que documenta los horrendos crímenes de violencia sexual cometidos entre 1981 y 1985 está encabezado por sobrevivientes Maya Achi sus familias y la Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal. En la acusación privada y la de la Fiscalía Especial para los Delitos Cometidos durante el Conflicto Armado, se presentaron más de 200 medios de prueba, incluyendo testimonios de testigos presenciales, registros militares y testimonios de testigos expertos. Entre los testigos se encontraban no sólo las víctimas, sino también muchos testigos oculares, entre ellos patrulleros civiles y otros prisioneros de los puestos militares dentro los que las mujeres fueron detenidas y torturadas durante un máximo de un mes.

El fallo de la juez Domínguez llega en un momento en que aumenta la presión para desacreditar y rechazar el llamado a la justicia para las víctimas del conflicto armado interno de Guatemala, en el que más de 200.000 personas fueron asesinadas y desaparecidas. Este año, el Congreso realizó esfuerzos para enmendar la Ley de Reconciliación Nacional a fin de favorecer a los autores de crímenes de lesa humanidad, genocidio, violencia sexual, desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos, lo que aumenta los riesgos para las víctimas que persiguen la justicia a través de los tribunales. La resolución de la juez pone en peligro el cumplimiento por parte del Estado de la resolución relativa a actos de genocidio contra el pueblo Achí emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día 30 de noviembre del 2016 en la cual ordena al estado de, "remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad en este caso, e iniciar, continuar, impulsar y reabrir las investigaciones que sean necesarias para determinar y, en su caso, sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos objeto del presente caso. Todo ello en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, en los términos de los párrafos 285 a 289 de esta Sentencia."

Ocho de las mujeres involucradas en el caso se benefician de Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Guatemala tiene la responsabilidad de garantizar su seguridad y la de las 36 mujeres en este caso que valientemente persiguieron el procesamiento de sus agresores, a pesar del riesgo. Las patrullas de autodefensa civil (PACs) eran una estructura paramilitar, creada por el ejército guatemalteco. Operaban en comunidades para controlar y, en muchos casos, realizar actos de violencia y graves violaciones de los derechos humanos contra sus vecinos, la población civil, durante el conflicto armado interno. Las sobrevivientes que buscan justicia en este caso viven en el mismo municipio, Rabinal, donde residen sus violadores. Aunque existe una gran posibilidad de que el fallo del juez Domínguez sea revocado en la apelación, se espera que se liberen los acusados el lunes 24 o martes 25 de junio.

No es la primera vez que la juez Claudette Domínguez, cuya hermana es comandante de las Fuerzas Armadas de Guatemala, ha dictado sentencias que desestiman arbitrariamente pruebas y violan la Constitución para favorecer a los militares. En marzo, concedió la libertad bajo fianza al coronel de infantería Juan Chiroy Sal y a otros ocho oficiales militares acusados de los asesinatos extrajudiciales de seis campesinos en una masacre el 4 de octubre de 2012 en Alaska, Totonicapan. Chiroy fue nombrado por el Presidente Jimmy Morales el viernes como Inspector General del Ejército. En 2017, en el caso denominado CREOMPAZ, lo que es el caso más grande que se conoce de desaparición forzada en América Latina, la juez Domínguez concedió la libertad bajo fianza a Edgar Ovalle, un militar retirado poderoso, acusado de desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad por su en hechos cometidos entre 1981 y 1988 en la Zona Militar 21 (ahora nombrado CREOMPAZ). En el momento de su arresto, Ovalle era miembro electo del congreso del partido FCN-Nación de Jimmy Morales. Después de que Domínguez le concediera la libertad bajo fianza, Ovalle presuntamente huyó del país y desde entonces se encuentra prófugo. También ha concedido la libertad bajo fianza a representantes del Congreso acusados de corrupción.

No solo ha liberado a actores acusados de graves crímenes, sino ha obstaculizado el camino a la justicia a través de la desestimación arbitraria de pruebas importantes, en particular los testimonios de los más afectados por las crímenes, es decir sobrevivientes y testigos oculares. En el caso CREOMPAZ, la juez Domínguez excluyó alrededor del 80% de las pruebas y testimonios presentados por el Ministerio Público y las organizaciones querellantes. Entre ellos, se incluyen todas las acusaciones de violencia sexua, sobre las cuales la juez simplemente no se pronunció. Por lo tanto, el caso CREOMPAZ se encuentra en espera, mientras las sobrevivientes de violencia sexual acuden a la Sala de Femicidio para que ordene que la juez se pronuncie. En su actuar, hay un patrón de desprecio al derecho a justicia para las sobrevivientes de violencia sexual sistemática cometida por el Ejército y los ex-PACs bajo su comanda.

Las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos tienen derecho a ser oídas por jueces objetivos, imparciales e independientes.

Nosotros, las organizaciones abajo firmantes:

- Expresamos nuestro pleno apoyo y solidaridad a las Mujeres Maya Achi y a la Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal . Reiteramos nuestro respeto, gratitud y admiración por su valiente lucha y reafirmamos que estamos con ustedes en la búsqueda continua de la justicia integral.

- Apoyamos plenamente su decisión de apelar la decisión de la Juez Domínguez y la solicitud de recusarla del caso.

- Reiteramos el llamado de las víctimas al Poder Judicial para que retire a la Juez Domínguez de un caso relacionado con la justicia transicional y donde los militares están siendo acusados de graves violaciones a los derechos humanos.

- Pedimos al Estado que garantice la protección y la seguridad física de las víctimas, de sus familias, sus abogados y miembros de la Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal.

ENGLISH

On Friday, June 21, High Risk Court "A" Judge Claudette Domínguez dismissed charges against three former Civil Defense Patrollers PAC in Guatemala, accused of sexual violence and crimes against humanity committed in the early 1980s during the genocidal regimes of military dictators Benedicto Lucas García and José Efraín Ríos Montt, against Maya Achi women in the municipality of Rabinal, in the department of Baja Verapaz. Judge Domínguez provisionally closed the case against three others to give the Public Prosecutor's Office more time to continue its investigation. She requested documentation that is impossible to obtain, essentially clearing the way for the charges to later be dismissed. In her decision, Judge Dominguez rejected the first-hand accounts of the survivors and multiple eyewitnesses, stating that there was not enough evidence to confirm that the defendants were members of the civil self-defense patrols. However, five of the six defendants have received payments from the government to compensate the ex-PACs and all were identified in the military records as PACs.

The historic Maya Achi case documenting the horrendous crimes of sexual violence committed between 1981 and 1985 is headed by Maya Achi survivors, their families, and the Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal. The private prosecution and the Special Prosecutor's Office for Crimes Committed during the Armed Conflict presented more than 200 pieces of evidence including eyewitness testimony, military records, and expert witness testimony. Among the witnesses were not only the victims but also many eyewitnesses, including civilian patrolmen and other prisoners of the military posts within which the women were detained and tortured for up to a month.

Judge Dominguez's ruling comes at a time when pressure is mounting to discredit and reject the call for justice for victims of Guatemala's internal armed conflict, in which more than 200,000 people were killed and more than 45,000 disappeared. This year, Congress made efforts to amend the National Reconciliation Law to favor perpetrators of crimes against humanity, genocide, sexual violence, enforced disappearances, and other serious human rights violations, increasing the risks for victims who seek justice through the courts. The judge's ruling jeopardizes the State's compliance with the ruling on acts of genocide against the Achí people issued by the Inter-American Court of Human Rights on November 30, 2016, in which it orders the State to "remove all obstacles, de facto and de jure, that maintain impunity in this case, and initiate, continue, promote and reopen the investigations that are necessary to determine and, where appropriate, punish those responsible for the human rights violations that are the subject of this case. All of this within a reasonable period of time, in order to establish the truth of the facts, in the terms of paragraphs 285 to 289 of this Judgment."

Eight of the women involved in the case benefit from Provisional Measures of the Inter-American Court of Human Rights and the State of Guatemala has the responsibility to guarantee their safety and that of the 36 women in this case who courageously pursued the prosecution of their aggressors, despite the risk. The civil self-defense patrols (PACs) were a paramilitary structure, created by the Guatemalan army. They operated in communities to control and, in many cases, carry out acts of violence and serious human rights violations against their neighbors, the civilian population, during the internal armed conflict. The survivors who seek justice, in this case, live in the same municipality, Rabinal, where their rapists reside. Although there is a strong possibility that Judge Dominguez's ruling will be overturned on appeal, the defendants are expected to be released on Monday, June 24 or Tuesday, June 25.

It is not the first time that Judge Claudette Domínguez, whose sister is a commander of the Guatemalan Armed Forces, has handed down rulings that arbitrarily dismiss the evidence and violate the Constitution in favor of the military. In March, she granted bail to infantry colonel Juan Chiroy Sal and eight other military officers accused of extrajudicial killings of six peasants in an October 4, 2012 massacre in Alaska, Totonicapan. Chiroy was appointed by President Jimmy Morales on Friday as Army Inspector General. In 2017, in the so-called CREOMPAZ case, the largest known case of forced disappearance in Latin America, Judge Dominguez granted bail to Edgar Ovalle, a powerful retired military man accused of forced disappearance and crimes against humanity for his acts committed between 1981 and 1988 in Military Zone 21 (now named CREOMPAZ). At the time of his arrest, Ovalle was an elected member of Jimmy Morales' FCN-Nación party congress. After Dominguez granted him bail, Ovalle allegedly fled the country and has been a fugitive ever since. Judge Dominguez has also granted bail to congressional representatives accused of corruption.

Not only has she released actors accused of serious crimes, but he has obstructed the path to justice through the arbitrary dismissal of important evidence, in particular, the testimony of those most affected by the crimes, i.e. survivors and eyewitnesses. In the CREOMPAZ case, Judge Dominguez excluded about 80% of the evidence and testimonies presented by the Public Prosecutor's Office and the plaintiff organizations. These include all accusations of sexual violence, on which the judge simply did not rule. Therefore, the CREOMPAZ case is on hold, while survivors of sexual violence go to the Femicide Chamber to order the judge to rule. In their actions, there is a pattern of disregard for the right to justice for survivors of systematic sexual violence committed by the army and ex-PACs under their command.

Victims of serious human rights violations have the right to be heard by objective, impartial and independent judges.

We, the undersigned organizations:

- Express our full support and solidarity to the Mujeres Maya Achi and the Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal. We reiterate our respect, gratitude, and admiration for your courageous struggle and reaffirm that we stand with you in the continued pursuit of integral justice.

- Fully support your decision to appeal Judge Dominguez's decision and the request to recuse her from the case.

- Reiterate the victims' call on the Judiciary to remove Judge Dominguez from a transitional justice case where the military is being accused of serious human rights violations.

- Ask the State to guarantee the protection and physical safety of the victims, their families, their lawyers and members of the Bufete Jurídico Popular de Rabinal Association.

Global
Just Associates JASS

Regional
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL
Comision Internacional de Juristas
Plataforma Internacional Contra la Impunidad

Canadá
Comité por los derechos humanos en América latina
Common Frontiers
Communities at play Society
Elders for Environmental Justice
Guatemala Community Network
Guatemala Research Group, University of Northern BC
MiningWatch Canada
Todos por Guatemala
Waterloo Region Mayan Project

Cataluña
Entrepobles

Chile
Hagamos Lo Imposible

Colombia
Coordinador Nacional Agrario
Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC

El Salvador
JPIC Franciscanos
España
Asun Terol
Col.lectiu Maloka
Compañia de Jesus
CUP Olesa de Montserrat
Entrepobles
Institut Català de la Salut
Plataforma Suport Persones Refugiades de Santa Coloma de Cervelló

Estados Unidos
Asociación de Guatemaltecos sin Fronteras DMV
Austin Research Associates
C4RR
Casa solidaria del Sur
Claremont For Refugee Rights
Code Pink
Colectivo Guatemalteco
Commitee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES)/Comite en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador
Despertar Maya
First United Methodist Church, Downers Grove
Grace Presbytery
Guatemala Human Rights Commission GHRC-USA
GuatemayaLA mujeres resistiendo
IFCLA Inter-Faith Committee on Latin America
International Mayan League
L.A. Alvarado Dds Inc.
NISGUA/Network in Solidarity with the People of Guatemala
Northern Virginians for Peace and Justice
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Philippines-US Solidarity Organization
Raices Migrantes
Santa Rosa Junior College
School of the Americas Watch (SOAW)
SOS Immigracion
St. Gertrude Parish
The CUNY Graduate Center
Tom Neilson Music
Taprock Center for Peace and Justice
United Church of Christ
Western Massachusetts Venezuela Solidarity
Workers Center
Xun Biosphere Project

France
Collectif Guatemala

Guatemala
AEU
Amerindia
APDAS MANOS FRATERNAS
Asecsa
Asociación Chomija'
Asociación COMUNICARTE
Asociación Pop No’j
Autónoma/ Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia en Guatemala
Bufete para Pueblos Indígenas
C. A. Autoridades Ancestrales
Chomija
Chomoja'
CODECA
Diputada Sandra Moran
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial - ECAP
Festivales Solidarios
Fundación Guillermo Toriello
GuateMaya LA Mujeres Resistiendo
H.I.J.O.S. Guatemala
Human Rights Defenders Project
IIHAA - USAC
Impunity Watch
Instituto Nueva Esperanza, Rio Negro
La Cuerda
Mono Imagen
Movimiento Nacional de Victimas Q’anil Tinamit
Nim Alaxik
ONU mujeres
Proyectos y Servicios
Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala
Red Tz'ikin - Realizadoras-es Independientes de Guatemala
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas
Uxiljuj Batz (Trece Batz)
Verdad y Justicia en Guatemala
Visibles
Voces de Mujeres

Honduras
Comité por la Libre Expresión
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Indonesia
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TBC

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