Nicaragua enfrenta una agobiante crisis social y económica, en cuyo marco la lucha por la liberación de los presos políticos y la denuncia del continuo hostigamiento a los luchadores sociales y sus familiares es de enorme importancia. Al 5 de agosto se contabilizaban 99 presos políticos, de los cuales diez se encuentran encarcelados desde antes de la rebelión de 2018.

A pesar de que en junio de 2019 se emitió una amnistía, que redujo el número de presos políticos de alrededor de 700 a un centenar, las agrupaciones de defensa de los presos políticos describen la continuidad de la persecución con la metáfora de la “puerta giratoria”, ya que decenas de personas excarceladas han sido víctimas de nuevas detenciones. La amnistía también tuvo un gran repudio popular por estar diseñada para dejar en la impunidad los crímenes represivos del propio orteguismo, que asesinó a más de 400 personas en la represión contra la rebelión de 2018. La persecución contra toda forma de disidencia obrera, estudiantil y popular ha continuado con expulsiones masivas de estudiantes en las universidades públicas y la realización de numerosos montajes judiciales.

Entre el 4 de mayo y el 4 de agosto del año en curso hubo 63 detenciones de disidentes. De los 99 presos políticos actuales, 20 son activistas que fueron liberados y luego recapturados. Entre los presos hay personas que no han sido acusadas o que han sido absueltas de los falsos crímenes imputados, pero se les retiene arbitrariamente. Uno de los métodos preferidos por los policías orteguistas es fabricar acusaciones de posesión de drogas para encarcelar a activistas opositores y luchadores sociales e imponer largas condenas de prisión. Uno de los presos políticos, el estudiante Kevin Solís, fue condenado a diez años de prisión luego de que un simpatizante de Ortega le acusara de haberle robado el equivalente a 15 dólares. Ha sido sometido a confinamiento solitario y a torturas.

La salud de decenas de presos se ha deteriorado como consecuencia de las pésimas condiciones sanitarias de las cárceles. Más de 40 presos han denunciado haberse contagiado de covid19. El dirigente campesino Justo Rodríguez, detenido por protestar en el segundo aniversario de la rebelión de 2018, sufrió un accidente cerebrovascular estando confinado a fines de agosto, y su hermana Emérita Rodríguez también ha sido detenida al denunciar la situación. Es recurrente el hostigamiento policial y paramilitar contra las familias de las personas detenidas por razones políticas.

Varios presos políticos y sus familiares denuncian que los partidos de la oposición tradicional hacen muy poco por lograr su libertad. El empresariado y los partidos tradicionales han pactado en numerosas ocasiones con Ortega desde que volvió al poder en 2007, de la mano de varios miembros de la antigua Contra, como su vicepresidente hasta 2012, Morales Carazo. Apoyamos los intentos de sectores de la juventud y el pueblo trabajador nicaragüense de constituir una alternativa política para luchar consecuentemente por las libertades democráticas y contra el capitalismo explotador y saqueador en Nicaragua. Llamamos a las organizaciones obreras y populares latinoamericanas y del mundo a solidarizarse (*) con la exigencia de libertad para todas las personas presas por razones políticas en Nicaragua.

Petitorio

Nosotros y nosotras, activistas e integrantes de organizaciones políticas, sindicales, campesinas, de mujeres, estudiantiles y populares, exigimos al gobierno de Nicaragua la inmediata e incondicional liberación de todas las presas y los presos políticos.

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