Chile nos pertenece a todos. Perfeccionar sus instituciones es probablemente el esfuerzo que mayores beneficios traerá a la larga a nuestros hijos y nietos. La calidad de nuestra democracia y el nivel de desarrollo dependen de ello.

La institucionalidad que esboza la propuesta elaborada por la Convención Constitucional presenta reparos graves. Concentra el poder en organismos con mucho poder político y débiles contrapesos.

A modo de ejemplo, el Poder Judicial, nuestro baluarte para el ejercicio de un adecuado control jurisdiccional, se estructura de forma tal que depende del poder político. En efecto, el proyecto crea un Consejo de Justicia que, tal como lo señala el art. 342, está encargado de los nombramientos, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. Este Consejo cuenta con múltiples atribuciones y está compuesto por una minoría de jueces (8 de 17). El resto de sus integrantes son designados por el poder político. El congreso de Diputadas y Diputados designa 5 de sus miembros, los integrantes de pueblos indígenas, dos más y los dos restantes son funcionarios del Sistema de Justicia elegidos por sus pares.

En cuanto a sus atribuciones, nos preocupa muy especialmente aquella establecida en el art. 343 c) que permite al Consejo efectuar una revisión integral de la gestión de todos los tribunales del sistema. Aunque la misma norma indica que dicha revisión en ningún caso incluirá resoluciones judiciales, dicha facultad, unida a otras que establece el mismo artículo, como evaluar en forma periódica el desempeño de los  jueces y sus eventuales promociones, traslados, permutas y ceses de funciones o la de definir sus necesidades presupuestarias, entregan al Consejo herramientas muy poderosas que permiten instalar un sistema sesgado, que dificulte en demasía, y eventualmente impida a los jueces resolver en su mérito las controversias sometidas a su conocimiento.

El proceso legislativo también pierde el balance y control propio del bicameralismo. Producto de la eliminación del Senado, Chile pierde una institución de profunda raigambre histórica y política, la cual ha permitido perfeccionar el trabajo legislativo articulando acuerdos amplios, mejorando la calidad técnica de las normas en discusión e incorporando en forma equitativa las posturas de cada una de las regiones del país.

En todos estos organismos se garantizan escaños reservados para los representantes de pueblos indígenas, alterando la representación de los chilenos en dichas instancias.

Esta institucionalidad, estamos convencidos, no logrará unir a los chilenos, sino que imponer con fuerza un ideario político que hará muy difícil, quizás imposible, la alternancia en el poder.

Los abogados tenemos una misión y no podemos eludirla. Debemos levantar la voz y explicar en términos claros y precisos los alcances de estas y muchas otras normas que afectan el estatuto de nuestras aguas, minerales, naturaleza, la educación que queremos dar a nuestros hijos, la libertad de optar por sistemas privados de pensiones o de salud y la garantía con que se protegen los bienes que con esfuerzo hemos podido adquirir. En todos estos ámbitos la iniciativa privada y la libertad de elección se reducen y, en muchos casos, desaparecen.

La democracia requiere cuidados. En nuestra región son especialmente frágiles. Chile debe robustecer la suya con instituciones sólidas que den garantías de certidumbre y racionalidad.

Nadie puede restarse de esta tarea, menos los abogados. Por ello hemos dejado de lado nuestras diferencias políticas y de cualquier naturaleza para conformar un bloque transversal que aporte en forma seria e informada al debate constitucional. Muchos de nosotros estuvimos por aprobar en el plebiscito de entrada. Hoy, por el contrario, y con mucha tristeza, sentimos que nuestro deber es anteponer el interés de Chile y velar porque su institucionalidad nos permita formar un país de hermanos, iguales ante la ley, un país donde los derechos y libertades fundamentales se respeten siempre, donde nuestras iniciativas en cualquier campo sean bienvenidas.

Buscaremos la manera adecuada de ayudar pues el costo de restarnos hoy es demasiado alto. Queremos poder decirle a las futuras generaciones: cuando se necesitó a los abogados estuvimos disponibles, recorrimos Chile y sacamos la voz. El proyecto que se plebiscitará el 4 de septiembre debe ser rechazado.

Chile no quedará a la deriva, buscaremos consensos que permitan plasmar en un Pacto Social los sueños de los chilenos y hacerlos realidad con instituciones concebidas con un alto estándar democrático, respetuosas de los derechos fundamentales y dotadas de legitimidad popular.

Nuestro capital es nuestra formación, nuestra vocación por la justicia y nuestra adhesión a los principios de igualdad, libertad y fraternidad para todos los chilenos.

Queremos un Chile más equitativo, donde el poder se distribuya por igual entre todos. Sus instituciones deben ser un espejo de esta justicia. Ningún grupo puede capturar el Poder y ejercerlo sin control, menos aún, en provecho propio.

No queremos repetir los errores del pasado. Ellos significaron grandes sufrimientos para muchos compatriotas. Necesitamos aprender de nuestra historia.

Comenzar a construir este nuevo Chile, DEMOCRÁTICO, JUSTO Y SOLIDARIO, es urgente. Hacer de estos anhelos una realidad depende de todos nosotros.

Invitamos a todos los chilenos y chilenas que compartan nuestra profesión y nuestra postura a trabajar unidos, con respeto, madurez cívica y dedicación, orientados a conseguir los acuerdos que permitan a Chile contar con una Constitución que sea Casa de Todos. Para ello es necesario comenzar por rechazar el proyecto propuesto por la Convención Constitucional que se plebiscitará el próximo 4 de septiembre.

Abogadas por Chile                                                               Abogados por Chile