Las organizaciones indígenas y la sociedad civil manifestamos nuestra indignación ante la aprobación por insistencia de la Propuesta de modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promovida por el Congreso a través de los Proyectos de Ley Nº 649, Nº 894 y Nº 2315 denominada “Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la Zonificación Forestal”, que generará la deforestación en la Amazonía peruana e impactará el derecho al territorio de los pueblos indígenas. Con esta aprobación de la modificatoria de la ley forestal se agudizará la disputa por tierras y la violencia contra los defensores de la Amazonía; donde 14 líderes indígenas han sido asesinados impunemente desde el año 2020.
A solo 2 días de culminar la Cumbre Mundial sobre cambio Climático COP 28, el Congreso peruano aprobó por insistencia la modificación de la Ley Forestal, con medidas que promueven la deforestación en la Amazonía. En un proceso irregular y en debate express, el 14 de diciembre de 2023, el Congreso de la República no consideró que la principal causa del cambio climático en el Perú es la deforestación que ocurre por el cambio de uso del suelo, por ello este proceso no se debe permitir sin los debidos estudios técnicos y ambientales.
Entre los 70 votos a favor para aprobar esta autógrafa, que fue observada por el poder ejecutivo del gobierno anterior, se encuentran congresistas de la Comisión de Cambio Climático. Esta propuesta que viene siendo evaluada desde julio del 2022, durante esta evaluación en meses posteriores, la Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó un Dictamen insistiendo en la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) que, entre otras cosas, elimina la obligación de contar con una autorización previa antes de realizar actividades agropecuarias que impliquen retirar los bosques.
Nuevamente, en un nuevo golpe a la institucionalidad ambiental y derechos de pueblos indígenas, esta propuesta convertida en ley vulnera los derechos al medio ambiente y territorios de pueblos indígenas, pasando por encima de la participación ciudadana, la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Estos derechos reconocidos por normas internacionales y nacionales que deben cumplirse en un Estado Democrático han sido ignorados, vejados en un debate de menos de 15 minutos.
El debate debió incluir la posición y análisis de los propios pueblos indígenas, garantizando su derecho a la consulta legislativa, pues les afectaría directamente esta norma que será publicada en el Peruano próximamente. Los y las congresistas no respetan la lucha histórica de los pueblos, por la cual la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos, fueron consultados ampliamente a los pueblos indígenas, como resultado de las mesas de diálogo establecidas tras las muertes de Bagua. La aprobación de está ley evidencia el desprecio de la vida no solo de los pueblos indígenas sino de toda la humanidad, porque atentar contra la Amazonía es ecocidio y recrudece aún más la crisis climática actual, que además puede traducirse en el exterminio de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, así como la afectación de la salud y vida de todos y todas.
Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente para que mantengan su posición firme en el respeto de derechos en este difícil contexto de retroceso en temas ambientales y de pueblos indígenas, de institucionalidad en general. Más aún si la sociedad civil, a nivel nacional e internacional ha compartido varios análisis sobre el impacto de la autógrafa y ha observado la falta de análisis técnico de la misma. Considerando que la pérdida de bosques asciende a 2,774,562 hectáreas en el periodo 2001-2021 es vital que tanto el Ejecutivo y el Legislativo contemplen la magnitud del daño que ocasiona la propuesta de modificatoria.
Entre los efectos nefastos que puede producir esta ley, están la agudización los problemas de tala ilegal, cambio de bosques a monocultivos, incremento de los cultivos ilícitos - narcotráfico, tráfico de tierras, pérdida de biodiversidad por degradación de ecosistemas, procesos de sabanización, incendios forestales, despojo de tierras de población indígena, conflictos atomizados, ocupación desordenada del territorio por proyectos de conectividad y extractivos de gran escala. Generando gran inseguridad ciudadana, mayor exposición y vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos, sobrepasando con creces la capacidad del estado para el control, fiscalización ambiental.
De otro lado, la aprobación de esta modificatoria de la ley forestal, no sólo promovería el avance de la deforestación en la Amazonía peruana y crearía un mal precedente jurídico y social al otorgar impunidad a empresas que han deforestado la Amazonía ilegalmente durante los últimos años, sino que además pone a nuestro país en riesgo de no cumplir con los compromisos internacionales suscritos como la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+ suscrita entre los gobiernos de Perú, Noruega y Alemania (DCI), el Tratado de Libre Comercio de Perú con Estados Unidos, los compromisos internacionales en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y de Diversidad biológica (CDB), entre otros, para combatir el cambio climático, la reducción de gases de efecto invernadero en el país y la protección de nuestra biodiversidad.
Alertamos de la situación de debilitamiento de las normas ambientales, sociales y de derechos humanos y de los pueblos indígenas, en nuestro país, que es una situación que viene siendo permitida tanto por el ejecutivo como por el Congreso de la República vulnerando con ello los compromisos internacionales, debilitando la democracia y el futuro de las nuevas generaciones.
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