Levantamos nuestras voces contra dos proyectos de ley presentados en el Congreso de la República, que de aprobarse afectarían gravemente la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las posibilidades de sancionar el delito de feminicidio: los proyectos de ley 11561 y 10342. 

El primer proyecto propone modificar el Código Penal para sancionar presuntas denuncias falsas en casos de violencia familiar, con el objetivo de reducir las denuncias, que en más del 80% son presentadas por mujeres víctimas de violencia machista.

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el 83.4% de los 42,365 casos de violencia atendidos este año en los Centros de Emergencia Mujer corresponden a mujeres. El año pasado el Estado registró 141,808 casos de mujeres afectadas por violencia, el 83.6% de la cifra total de casos. 

Rechazamos firmemente el proyecto de ley 11561 porque pone en riesgo el derecho a denunciar y abre la puerta al acoso judicial.  

Rechazamos también la aprobación del proyecto de ley 10342, que pretende eliminar el feminicidio y reducirlo a “asesinato de pareja” sería un gravísimo retroceso. Haría a las víctimas invisibles y debilitaría la lucha contra la violencia de género. Asimismo, genera el riesgo de que, en casos ya condenados de feminicidio —en los que el agresor no era cónyuge ni conviviente—, se reconfiguren las condenas hacia tipos penales como el homicidio. 

El feminicidio ocurre dentro y fuera de la pareja. Según las estadísticas del año 2025, el 44% de los feminicidios son cometidos por la pareja, 21% por exparejas, 7% por familiares, 5% por conocidos y 23% por desconocidos.

Eyvi Agreda Marchena, asesinada hace 8 años, es uno de los más crueles recordatorios de esta realidad. Su asesino no había sido su pareja ni ex pareja de ella.

Estos dos proyectos de ley atentan contra las obligaciones estatales de prevenir, investigar y sancionar formas específicas y estructurales de violencia. 

Prevenir el feminicidio exige no limitar el derecho a denunciar ni intimidar a las mujeres que deciden hacerlo. Sancionarlo requiere mantener su tipificación actual y fortalecer el acceso a la justicia, que suele ser largo y tortuoso para las familias de las víctimas. Asimismo, es necesario mejorar las políticas de reparación para las víctimas indirectas de este crimen.